Periodista.
Enojos que lentamente se pueden convertir en ira, están recorriendo el país. Cada uno en su área, se califica de grave a gravísimo. Es lo ocurrido con el engaño del Fondo E y D de las AFPs. Mismas que habían prometido el oro y el moro a quienes se sumaran a esos tramos de las administradoras, calificados como conservadores y, por ende, menos riesgosos.
¿Qué ocurrió? Sencillamente que las AFP hicieron inversiones con los ahorros de millones de trabajadores chilenos, esperando ganar dinero si bajaban las tasas de interés en Estados Unidos. Pero ocurrió lo contrario y esas inversiones perdieron muchísimo valor.
La cuestión es que la costosa «apuesta» de los fondos chilenos de pensiones dejó miles de millones en pérdidas a estos chilenos y chilenas que confiaron en un sistema denunciado hace años como un negocio de unos pocos -los dueños de las administradoras- con las platas de muchos, la ciudadanía. Entre enero y septiembre de este año, el Fondo E acumuló una caída del 10,4% en su rentabilidad real, liderando las pérdidas de todo el sistema de multifondos. Y lo grave es que este es el más conservador del sistema. Allí se encuentran muchos trabajadores de mayor edad, que necesitan proteger sus ahorros porque están próximos a jubilar y, cuando una persona está cerca de pensionarse, tiene menos tiempo para esperar que sus ahorros recuperen su valor. El fondo D registró una caída del 6,38%. Lo que provoca la indignación es que se trata de dinero que representa décadas de trabajo, sacrificio y esperanza de una jubilación digna.
Es tan vergonzoso, tan impresentable, está provocando tanta ira en el país, que hasta el gobierno -defensor permanente de las AFPs-, debió salir a condenar el nuevo ¿robo? cometido por estas entidades contra quienes, en los sectores más vulnerables de los trabajadores confiaron en las promesas de los fondos de pensiones. El nuevo portavoz del gobierno, Gonzalo Arenas Hödar -a quien hay que ponerle mucha atención dado su historial agresivo en su pasado parlamentario-, calificó la situación como de “máxima gravedad” y aseguró que el Ejecutivo acompañará las indagatorias destinadas a esclarecer las responsabilidades por el desplome del fondo E.
Las reacciones
Solo por poner un ejemplo de las reacciones provocadas por este hecho: la ex candidata presidencial de la derecha tradicional, Evelyn Matthei primero identificó quienes a su juicio son culpables: “La primera responsabilidad claramente es de la primera que decidió invertir en swaps. La segunda responsabilidad es de la Superintendencia que no los paró en seco de inmediato”.
Luego expresó su posición al respecto: “Yo estoy indignada con esto ¿Cómo no fueron capaces los directores, los directores de finanza de entender que si efectivamente subían las tasas de interés y tú no eres mago y no tienes una bola de cristal y por lo tanto no puedes decir que eso nunca va a ocurrir? Esto es gravísimo y me da una rabia inmensa aquellos que tratan de explicarlo con cosas que son inexplicables».
Sin mencionarlo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para variar responsabilizó, sin mencionarlos, a personeros del gobierno anterior de no tomar las medidas a tiempo para una mejor regulación. La respuesta llegó muy rápido. Mario Marcel, ex ministro de Hacienda en el gobierno anterior señaló: “me sorprende la declaración del ministro Quiroz, porque todos los pasos previos a la firma de la resolución con la nueva norma, están registrados en el mismo texto de la resolución, en su sección de Considerandos. Esto incluye la presentación de la propuesta al Consejo Técnico de Inversiones y una consulta pública. Ahí queda claro que el proceso se inició en octubre de 2025, durante la gestión del anterior superintendente. De hecho, la resolución esta visada por Heidi Berner, como subsecretaria de Hacienda, antes del cambio de gobierno”.
El exsecretario de Estado añadió que “este proceso previo es exigido por la ley, por lo que, si Joaquín Cortes (actual superintendente de Pensiones) hubiera querido iniciar él un proceso regulatorio, habría tenido que dar todos esos pasos y la norma no habría estado en abril de 2026, sino que varios meses después. Quiero creer que el ministro Quiroz no vio estos antecedentes”.
Abusadores de niños sueltos
Una investigación publicada por Interferencia el 21 de octubre de 2026 reveló que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de reducción de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, pese a que desde 2022 existe una ley que excluye determinados delitos de esos beneficios.
La Ley 19.856 contempla reducciones de condena por comportamiento sobresaliente. Sin embargo, en febrero de 2022 se promulgó la Ley 21.421, que excluyó expresamente de ese beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El problema jurídico que se presentó ahora es que algunos delitos fueron cometidos antes de esa reforma. Y ahí se ha refugiado el Gobierno: sostiene que, según distintos fallos de la Corte Suprema, no corresponde aplicar retroactivamente la exclusión de 2022. Por ello, afirma que debía conceder los beneficios cuando se cumplían los demás requisitos legales.
No es tan así. La jurisprudencia no ha sido completamente uniforme y, según los antecedentes que existen, el Ministerio de Justicia anteriormente rechazaba solicitudes semejantes y defendía esos rechazos ante los tribunales. Así ocurrió en el gobierno anterior, según explicó la ex vocera Camila Vallejo. En otras palabras, el gobierno no puede presentar sin más estas 56 decisiones administrativas como si fueran 56 órdenes judiciales específicas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, es el principal cuestionado y en el Parlamento se ha pensado en interpelarlo para que explique por qué ha defendido las resoluciones invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El escándalo no consiste simplemente en que 56 delincuentes sexuales recibieran rebajas de condena. Consiste en que el Estado, que tiene una obligación especial de proteger a los niños, modificó su manera de aplicar la legislación y permitió reducciones de penas sin que existieran órdenes judiciales individuales que lo obligaran en esos casos. La discusión exige determinar si ese cambio fue jurídicamente correcto y por qué se produjo.
La pregunta más importante que surge es ¿por qué un gobierno que promete máxima dureza contra la delincuencia decidió adoptar una interpretación favorable a condenados por violación y abuso sexual de menores, en lugar de mantener el criterio restrictivo y defenderlo ante los tribunales? Es una más de las tantas interrogantes que han surgido estos siete meses de gestión de Kast.
Un año “extraordinario” promete Kast
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de José Antonio Kast ha abierto una discusión que va mucho más allá de las cifras fiscales: qué sectores deben soportar el ajuste, qué programas pueden perder recursos y cuáles serán las consecuencias para la población.
Si Kast prometió no afectar los beneficios sociales, ¿por qué propone recortar programas que atienden a niños, mujeres, jóvenes y familias vulnerables, en lugar de explicar cómo protegerá efectivamente a sus beneficiarios?
Educación es uno de los conflictos más graves porque combina reducciones de recursos, eliminación de beneficios y temor a consecuencias laborales. La eliminación de “Yo elijo mi PC” provocó un gran revuelo. Parlamentarios y alcaldes, incluidos sectores oficialistas, han cuestionado que se suprima la entrega de computadores a escolares. El gobierno ha defendido la decisión, aunque se abrió a revisarla.
Entre otros temas, se ha informado de reducciones en aportes a universidades estatales, fondos basales por desempeño y gratuidad. existen advertencias sobre ajustes de horas docentes y posibles reducciones de profesores. En abril, Hacienda había sugerido revisar o descontinuar 15 programas del Ministerio de Educación, incluyendo iniciativas vinculadas a alimentación escolar, acceso a la educación superior y apoyo a la formación docente.
En Salud, existe preocupación por recortes que pueden afectar tratamientos y enfermedades de alto costo. De hecho, la oposición ha concentrado sus críticas en la insuficiencia de los recursos para garantizar prestaciones.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, advirtió que las restricciones presupuestarias podrían afectar la capacidad del sistema público para responder a las necesidades de la población.
Cultura y Ciencia son dos sectores especialmente perjudicados. En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se ha informado de una disminución ministerial del 10,1%, mientras que el análisis de partidas culturales específicas registra recortes superiores, afectando ámbitos como las artes escénicas, el audiovisual y el fomento lector. En ciencia, la reducción ministerial informada alcanza el 6,4%.
A ello se suman 48 iniciativas sociales bajo cuestionamiento. Y peor aún, instituciones que se supone autónomas, como Servel, Fiscalía y Contraloría; han levantado su voz reclamando no solamente por la cantidad de recursos, sino también por su propia autonomía. La presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, advirtió sobre una propuesta de reducción del 15%, señalando que el organismo necesita recursos para modernizar tecnologías, actualizar registros y fortalecer su fiscalización. En el Ministerio Público y la Contraloría, se han formulado objeciones a disposiciones presupuestarias que podrían someter determinados gastos a controles de la Dipres. La preocupación es que se comprometa la autonomía constitucional de estas instituciones. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó la controversia con el ministro Quiroz.
Respecto a Derechos humanos y memoria, existen críticas por la reducción de recursos destinados a las políticas de búsqueda de víctimas de desaparición forzada y al trabajo de memoria histórica. Se habla de una disminución real de 20,9% en los recursos operacionales del Plan Nacional de Búsqueda, además de ajustes que afectan al Servicio Médico Legal y sitios de memoria.
Mientras tanto, el Presidente y su gobierno, siguen el guión preparado por el segundo piso para insuflar entusiasmo y confianza en los chilenos. La encuesta Criteria del 11 de octubre marcó un 27% de respaldo a Kast y reveló que un 82% de los consultados consideraba que el gobierno estaba por debajo de sus expectativas. Por eso, un Mandatario casi suplicante llamó a los empresarios agrícolas a recuperar la confianza. “Si ustedes nos dan ese voto de confianza, el próximo año va a ser un año extraordinario”, afirmó, en uno de los pasajes más enfáticos de su intervención en el reciente encuentro de Enagra.
