El pasado viernes en la población 16 de abril de Conchalí, tras la invitación del diputado independiente Andrés Giordano, a la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, visitaron con la presidenta de la Junta de Vecinos N°24, Teresa Meneses, el vertedero ilegal que se encuentra en un sitio privado de Calle G, entre Pedro Fontova y General Gambino, cerca de Américo Vespucio.
El diputado del distrito 9 valoró la presencia de la autoridad regional, “por la relevancia que han tenido las organizaciones sociales, en buscar la recuperación de espacios públicos y también espacios privados que han sido mal utilizados y que, por lo tanto, han afectado la calidad de vida de vecinos y vecinas de esta zona”.
Ante esto, Martínez indicó que para erradicar el vertedero ilegal “tenemos una mesa de trabajo con el Gobierno Regional y con los distintos Seremis de la Región Metropolitana para poder abordar esa situación. Tenemos que preocuparnos del correcto uso de los bienes, tanto públicos como privados”.
En ese sentido, Giordano afirmó que frente a “un privado que ha sido negligente, que ha desaparecido, que además ha sido fiscalizado y ha sido multado, multas que todavía no paga, hemos puesto en relevancia la pertinencia de nuestro proyecto de Ley de Requisas, que permitirá a municipios y también al Ministerio de Bienes Nacionales requisar espacios que terminan generando problemas de seguridad pública y que perfectamente podrían tener un tremendo uso para la comunidad”.
Esto fue reafirmado por la delegada metropolitana, quien señaló “que es una ley importante para poder avanzar en la responsabilidad de cada una de las personas que vivimos en nuestra región. Vamos a seguir avanzando para recuperar espacios públicos y dale dignidad, tranquilidad y seguridad sobre todo, a nuestros vecinos y vecinas”.
Anteriormente, el parlamentario Giordano junto al Consejero Regional Leonardo Jofré, y las vecinas y vecinos del sector, entregaron una carta a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud Metropolitana, para que fiscalizara el lugar y se tomaran medidas, tras años denunciando condiciones insalubres e inseguras para las comunas de Conchalí y Huechuraba. La SEREMI concretó esa fiscalización, la que derivó en una multa al dueño del terreno correspondiente a 70 UTM.
