Periodista.
La economía suele ser una cosa abstracta, en la cual, en las campañas solo se meten los asesores económicos de los comandos, que dan cuenta rigurosamente al “mercado”, por no decir derechamente a la ENADE, de sus propuestas en la materia.
Lo cierto es que cada una de esas alambicadas palabras tiene mucho que ver con nuestra vida diaria y cotidiana, de cada jornada en este país.
Más de algunos habrá escuchado esa conocida frase de “yo mañana igual tengo que trabajar”. Pensemos en ello: en primer lugar, ¡qué bueno que puede trabajar!… porque aún hay miles de personas que no recuperan sus empleos tras la pandemia y aunque el gobierno se ufana en decir lo contrario, la participación laboral de las mujeres, por ejemplo, retrocedió en cerca de 10 años. En segundo lugar, ojalá pueda trabajar por un buen sueldo, porque como sabemos (Casen 2020, INE) la mitad de los trabajadores chilenos gana 400 mil pesos o menos…esto es, algo superior al salario mínimo ($337.000, es decir, 270.000 líquidos). Y eso que este salario mínimo ha subido sustantivamente desde que la dictadura lo dejó en el suelo al dar paso a la democracia.
Existe una muy alta probabilidad de que ese trabajo del que hablamos sea de tipo informal, es decir, por el que debiera lucharse para pasar a la formalidad, esto es, a tener contrato, cotizaciones previsionales y todo lo demás. Esto nos lleva a que este señor que “igual tiene que trabajar”, el día de mañana ya no le va a dar el físico para ello y tendrá que empezar a jubilarse (con suerte) o al menos a descansar, empezará a tener algunas enfermedades, y comenzarán los gastos médicos de rigor. Es decir, ese trabajo debe implicar algún tipo de ahorro para ocupar esos dineros cuando ya no se es parte de la fuerza de trabajo. Entonces, ese señor que igual tenía que trabajar va a necesitar algún tipo de pensión de algún sistema previsional, sea el que sea. Precisamente es una de las grandes demandas de la ciudadanía en la actualidad y donde claramente no da lo mismo por quién votar.
En ese contexto, y en los tópicos previsional, salario mínimo, negociación colectiva y carga tributaria- temas claves para una mejor distribución de la torta entre los chilenos- y algo de temas ambientales, daremos una pincelada de porqué es importante votar por el progresismo este próximo 21 de noviembre. Porque, efectivamente, se deberá levantar a trabajar igual, pero se hará- se espera- en mejores condiciones en el futuro…aunque hoy no se tenga demasiado claro.
Veamos en el tema previsional: Sabemos que José Antonio Kast pone todas sus fichas en un supuesto alto crecimiento económico que sería la salvación de todo lo que el Estado debería aportar en materia social y, por cierto, no cambiará en absoluto el sistema de capitalización individual actual; Sichel está preocupado de que no les “roben” sus actuales recursos previsionales personales, aunque está dispuesto a darle una mano de gato al sistema (del tipo de la reforma que propone el mismo Sebastián Piñera). Propone avanzar hacia una Pensión Básica Universal, aumentando la pensión mínima estatal para quienes nunca ahorraron en el sistema, de modo que ningún pensionado quede bajo la línea de la pobreza ($179 mil por persona). Además, incrementar el aporte del Estado de modo que todas las personas que hayan ahorrado obtengan un Aporte Previsional Solidario (APS) hasta que su pensión alcance el ingreso mínimo líquido ($270 mil). Una vez alcanzado el ingreso mínimo líquido, el aporte del Estado (APS) “corresponderá a un monto gradualmente decreciente”. Propone, asimismo, que cada cotizante “pueda elegir si su plan de ahorro para la vejez lo administra una institución del Estado, una institución privada con fines de lucro, o una institución privada sin fines de lucro, de entre una lista más amplia que la actual”. Es decir, permite que entidades privadas similares a las AFP puedan seguir administrando el negocio previsional, si los imponentes así lo determinan.
Los que sí quieren hacer transformaciones relevantes son Yasna Provoste y Gabriel Boric (vamos a centrarnos en los de mayores probabilidades de salir electos, perdón MEO, Artés y Parisi).
Provoste propone una Pensión Básica Universal garantizada de $225.000, para el 90% de la población sobre los 65 años. Asimismo, se mantiene la actual cotización del trabajador e incorporará una nueva cotización obligatoria del empleador, implementada de manera gradual para llegar a un porcentaje que oscilará entre el 6% y 8%. Las cotizaciones se destinarán, en la proporción que determine la ley, al ahorro individual y al ahorro colectivo, el que considerará un componente solidario, tanto inter como intra generacional. Por último, habrá una nueva institucionalidad para administrar, “con un gobierno corporativo colegiado que gozará de la debida autonomía institucional”. Y, por último, se incorporará una compensación que elimine las brechas de género.
Boric, en tanto, propone crear un nuevo sistema que establezca de manera gradual una Pensión Básica Universal de $250.000 mensuales para toda la población de 65 y más años, independiente de si la persona tiene o no cotizaciones. Asimismo, a la PBU se suman los beneficios que dependen de la contribución durante la vida laboral activa. Estas contribuciones sociales de las personas irán a un “nuevo sistema de cuentas de registro individual previsional administrado por un órgano público autónomo y técnicamente idóneo”. Además de los aportes individuales, se considerará el trabajo de cuidados no remunerado, y se subsidiarán los periodos de desempleo, con tablas unisex para cada generación. Asimismo, plantea un aumento en 6% de la cotización a cargo del empleador, por lo tanto, la contribución total será́ de 18%.
En otras palabras, una clara mejoría en la situación de los pensionados de más bajos ingresos, componentes de solidaridad, mayor aporte patronal y enfrentar las diferencias de género, que son muy relevantes en este campo.
En materia de salario mínimo, uno de los elementos que hacen una diferencia fundamental a la hora de mejorar los ingresos de los chilenos menos favorecidos (unos 900 mil trabajadores lo ganan y es un piso fundamental para el resto de los salarios que están solo algo más arriba, por ejemplo, “el mínimo más propinas” o “el mínimo más porcentaje de ventas”) en un país que sigue manteniendo una pésima distribución del ingreso. Allí tenemos que, mientras Sichel propone, por ejemplo, más subsidios al empleo, los que complementarían, por ejemplo, el ingreso mínimo, de allí para arriba iría decreciendo y extinguiéndose en el tiempo, es decir apostando a un crecimiento de la economía y los salarios que tiende a no existir en Chile, si se mira la experiencia pasada. Kast radica prácticamente todo en el crecimiento de una economía, que hasta los más ortodoxos le han dicho que no cuadra.
Yasna Provoste propone, en este campo, “aumentar el salario mínimo a la par con la actualización de la línea de pobreza familiar y el avance de la recuperación de la economía”. Para ello, “combinaremos un mejoramiento real de la remuneración con un aumento del subsidio salarial centrado en los trabajadores de las empresas de menor tamaño. También se planea la reducción de jornada hacia las 40 horas semanales, con los resguardos necesarios para que ello no afecte la competitividad y las pymes. Asimismo, fortalecer el subsidio al empleo femenino (Bono al Trabajo de la Mujer). Ello implica aumentar el monto del subsidio, ampliar gradualmente la cobertura de beneficiarios hasta el 80% más vulnerable y ampliar su extensión a un máximo de 6 años.
Boric, en tanto, plantea que se requiere reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, “generando nuevos empleos para acompañar esta modificación”, precisando que dicha medida será de forma más gradual en las pymes y cooperativas. También se fortalecerá una normativa tendiente a la igualdad en las labores de cuidado. Asimismo, muy relevante, propone aumentar el salario mínimo “de forma escalonada, superando los $500.000 pesos al final del gobierno”. En el caso de las micro y pequeñas empresas, se creará un mecanismo que permita que estas empresas aumenten de manera más pausada sus salarios, pero asegurando el acceso al derecho de un salario mínimo.
En resumen, aumento del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, ayuda especial a las mujeres, también afectadas al ganar menos por igual trabajo.
Negociación colectiva e impuestos
Los temas laborales y específicamente de negociación colectiva, también resultan fundamentales para mejorar la “repartición de la torta” en Chile, dado que es un hecho que el país posee un nivel de sindicalismo, y por ende, de negociación colectiva, muy limitado. Otro tema que ciertamente influye, aunque no quiera, al que al otro día se tiene que levantar a trabajar. Y además, si es informal, y por ejemplo es vendedor ambulante, lo afecta por el lado de menores ventas al existir salarios bajos en el país.
Provoste plantea establecer la titularidad sindical exclusiva, “de manera tal que solo los sindicatos debidamente constituidos podrán ejercer el derecho a la negociación colectiva y no las coaliciones transitorias de trabajadores”. Además de que “reconoceremos la posibilidad de efectuar negociación a nivel ramal”. “Fortaleceremos los sindicatos, promoviendo relaciones laborales basadas en el diálogo, la cooperación y el equilibrio entre las partes”, indica el programa de la candidata y “reconoceremos y garantizaremos los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en el sector público, en línea con los estándares de la OIT”. Asimismo, muy importante, ya que es una realidad que afecta a miles de trabajadores subcontratados, “analizaremos la restricción de la subcontratación de las actividades pertenecientes al giro principal de las empresas”. Y “abogaremos por el reconocimiento y regulación de las relaciones laborales realizadas a través de plataformas digitales”. Dos puntos fundamentales de la realidad laboral actual.
Boric, por su parte, postula “ampliar la cobertura de la negociación colectiva, caracterizada como multinivel, lo que incluye la negociación ramal, simplificando su procedimiento, ampliando las materias de negociación, eliminando las restricciones actuales”. Además, se reconocerá la huelga como un instrumento de la organización de los y las trabajadoras para la defensa de sus intereses. Agrega que “revisaremos las normas de término de la relación laboral en el sector privado, analizando el alcance del despido por necesidades de la empresa y el tope de las indemnizaciones por años de servicio. Asimismo, revisaremos la situación de dicho derecho en el caso de muerte del trabajador o trabajadora. Para fortalecer la igualdad en el empleo, revisaremos la regulación de la subcontratación en Chile. Y, se expresa, “ratificaremos el Convenio 177 de la OIT sobre trabajo en el domicilio, con el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores en teletrabajo, una modalidad que llegó para quedarse”.
Subcontratación, negociación ramal, plataformas digitales, teletrabajo, todos aspectos centrales de nuestra realidad laboral y que hacen una gran diferencia en esta materia.
Otro elemento fundamental para un país que quiere, no solo trabajar, sino que tener acceso a la salud, la vivienda y la educación, es la carga de impuestos que se propone administrar. Como sabemos Kast quiere reducirla drásticamente- en un tema que definitivamente no cuadra-, Sichel quiere hacer algunas adecuaciones menores (del estilo Piñera). Nada sobre impuestos a los sectores más ricos ni a las empresas, aunque sí un aumento de la carga impositiva. Sichel a lo más plantea “devolver el IVA que se gasta en medicamentos y alimentos” e “implementar un plan tributario de largo plazo, con fuerte consenso político, y no una seguidilla de reformas continuas. Establecer como meta aumentar la carga tributaria de manera gradual en torno a 3 puntos porcentuales del PIB hacia finales de la década” (esto es al 2030). Finalmente plantea “impuestos a las sustancias dañinas, incluyendo alimentos con nutrientes especialmente dañinos, como el exceso de azúcar y sal”, además de perfeccionar la tributación al tabaco y los alcoholes.
Veamos que nos dicen Provoste y Boric: Yasna, como se sabe, ha señalado que se requiere aumentar la carga tributaria global. “En concreto, impulsaremos una reforma tributaria que, sobre la base de la experiencia comparada y un diálogo amplio y transversal en el que estén representadas todas las visiones, permita lograr la mejor combinación de herramientas para el logro de los objetivos previamente enunciados y alcanzar, en régimen, una meta de recaudación en torno a 5% del Producto Interno Bruto”, expresa su programa. Además de “incrementar la progresividad del sistema tributario, a fin de lograr que el mayor peso de la carga tributaria recaiga sobre los contribuyentes de mayores ingresos. Para darle una mayor progresividad a nuestro sistema tributario debemos apuntar a aumentar la carga tributaria efectiva de las rentas del capital” y “perseguir la evasión y la elusión”. Para ello-dice- es clave fortalecer la capacidad y las atribuciones de las entidades fiscalizadoras, como el Servicios de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas” y, por último, “hacerse cargo de las externalidades negativas ambientales, aumentando los impuestos correctivos”. Además, se propone que “el Estado se apropie de manera relevante de las rentas que genera la explotación de los recursos naturales, en cuanto varios de ellos debieran definirse como bienes nacionales de uso público”.
Boric, en tanto, propone un nuevo régimen de impuesto a la renta, lo que “sin alterar la situación de las pymes y la clase media, implicará una mayor contribución de aquellas personas (cerca de un 1,5% del total de contribuyentes) que obtienen rentas mensuales de más de $4.500.000. Suma la “reducción de exenciones, y aplicación de impuestos a la riqueza. Entre estos se incluye un impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan domicilio o residencia en Chile. Y el royalty a la gran minería del cobre. También se plantean impuestos verdes. Entre otras medidas, también “incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional, considerando para estos efectos el impuesto óptimo que internalice las externalidades ambientales”. Al final, plantea subir la carga tributaria en un 8%, de acá a 6 u 8 años.
Y, a propósito de esto último, si al otro día voy a tener que ir a trabajar, también se ha estado haciendo relevante la pregunta de que en qué voy a ir a trabajar: Quizá pudiera hacerlo en algo que pudiera contribuir en algo, en alguna parte, a que no sigamos destruyendo aceleradamente el planeta (con obvias repercusiones en la economía), es decir, en inversiones verdes o, al menos pronunciarse por el tema del derecho humano al agua. Aquí hay un candidato que ni siquiera cree en el cambio climático (Kast), otro que sí lo cree, pero las fuerzas políticas que lo apoyan (las del Rechazo, conviene recordar) se han opuesto sistemáticamente a realizar cambios relevantes en esta materia.
Yasna Provoste propone impulsar la Ley Marco de Cambio Climático que crea una institucionalidad y contiene los instrumentos principales para la gestión del cambio climático. Además “se declarará Estado de Emergencia Climática en todo el territorio” y se creará una Defensoría Ambiental, “además del fortalecimiento de entidades reguladoras y fiscalizadoras en pos del cuidado y respeto medioambiental, tales como la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental”. Busca construir, asimismo, en los primeros 100 días de Gobierno, una propuesta sobre una Autoridad Nacional del Agua, “que permita unificar la definición de política en materia de agua, ordenando adecuadamente su ejecución y garantizando su debida fiscalización”.
Y, finalmente, Boric plantea Firmar el Acuerdo de Escazú́ sobre participación, Derechos Humanos y justicia ambiental “durante la primera semana de gobierno”. Además, de “llevar adelante un proceso de transformación de la Institucionalidad Ambiental», para que esta se adecue a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática de cada territorio. Por último, plantea Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas.
Como puede verse, efectivamente- y con suerte- habrá muchas personas que se levantarán a trabajar al día siguiente de la elección, pero con la promesa de mejores tiempos de verdad bajo el brazo. Estas cuatro piezas claves del entramado socioeconómico que hemos vivido en las últimas décadas en el país: los salarios, lo tributario, lo laboral y lo ambiental, hacen toda la diferencia a la hora de levantarse después del proceso eleccionario que se avecina.
