Hay algo extraño en la conversación pública de nuestras democracias. No es sólo la violencia verbal ni la velocidad con que una sospecha desplaza a una rectificación. Es la sensación de respirar un aire ya intervenido: un ambiente donde ciertos miedos parecen omnipresentes, algunas voces adquieren de pronto la apariencia de mayoría y cualquier adversario puede ser convertido, en pocas horas, en enemigo de la nación.
Llamamos “toxicidad” a ese fenómeno, pero la palabra se queda corta. Describe el malestar sin explicar cómo se produce, quién sabe explotarlo y qué efectos políticos genera. Tampoco basta hablar de polarización, como si estuviéramos ante dos sectores equivalentes que simplemente han perdido la cortesía. La pregunta decisiva es otra: ¿qué ocurre con la democracia cuando actores opacos pueden intervenir, de manera profesional y transnacional, el ambiente informativo y emocional en que los ciudadanos forman su voluntad?
La trayectoria del consultor argentino Fernando Cerimedo abre una ventana hacia ese problema. Su relevancia no reside solamente en su biografía ni en las controversias judiciales que lo rodean. Importa por el lugar que ocupa en la intersección entre consultoría electoral, medios ideologizados, campañas negativas, dirigentes políticos, influencers, cuentas coordinadas y circulación internacional de contenidos.
La politóloga y periodista peruana Laura Arroyo propone por eso una pregunta especialmente fértil: no sólo quién es Cerimedo, sino qué es Cerimedo. El cambio de pronombre modifica la investigación. Dejamos de mirar a un individuo excepcional y comenzamos a observar una función: el intermediario que traduce una orientación política en operaciones comunicacionales; el proveedor que lleva repertorios de un país a otro; el punto de contacto entre partidos, consultoras, portales y operadores locales. También, posiblemente, una pieza sustituible.
La metáfora de la Hidra resulta tentadora: se corta una cabeza y aparecen otras. Pero debemos usarla sin fabricar la fantasía de una conspiración omnipotente, dirigida desde una habitación secreta. Los antecedentes disponibles sugieren algo más contemporáneo y quizás más resistente: un ecosistema policéntrico, modular y de coordinación variable. En él pueden coincidir partidos de derecha radical, encuentros internacionales, centros de pensamiento, empresas de comunicación, portales militantes, influencers, cuentas anónimas y grandes plataformas. No todos obedecen a una jefatura común ni toda afinidad prueba una operación ilícita. Comparten, sin embargo, lenguajes, adversarios y técnicas que pueden converger en momentos críticos.
Brasil mostró hasta dónde puede llegar esa convergencia. Después de la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, Cerimedo difundió en “Brazil Was Stolen” afirmaciones desacreditadas sobre las urnas electrónicas. El relato no necesitaba persuadir a todo el país. Bastaba con impedir que una parte de la sociedad reconociera la derrota, sostener la desconfianza en el sistema electoral y hacer imaginable el desconocimiento del resultado. La Policía Federal lo incluyó entre los investigados por la trama golpista; posteriormente, la acusación principal de la Procuraduría no lo incorporó al estimar insuficientes los antecedentes para establecer cuánto conocía del proyecto criminal y cuál era su adhesión a él.
Esa diferencia jurídica no es un detalle: separa un hecho documentado de una conclusión que todavía exige prueba. La honestidad intelectual también forma parte de la crítica democrática. Una estructura distribuida puede producir efectos convergentes sin que todos sus participantes conozcan un plan completo. Pero esa posibilidad no nos autoriza a inventar una cadena de mando, un financista único o una responsabilidad penal que los antecedentes no demuestran.
En Chile, una investigación de CIPER documentó que Numen, empresa vinculada a Cerimedo, prestó servicios a Casa Común durante la campaña del Rechazo de 2020. Otros antecedentes y denuncias permiten examinar redes coordinadas, campañas de hostigamiento y conexiones entre operadores. Justifican investigar contratos, pagos, infraestructura y secuencias de difusión. No bastan, por sí solos, para afirmar que una sola persona dirigió cada cuenta, que todo respondió a órdenes partidarias directas o que existió un financiamiento único. La intuición política puede abrir una investigación; no puede reemplazarla.
El error más frecuente consiste en reducir el problema a las noticias falsas. La intervención digital más eficaz no necesita convencer a cada ciudadano de una mentira específica. Le basta con alterar el entorno dentro del cual juzgamos: decidir qué asuntos parecen urgentes, qué amenazas se vuelven ubicuas, quién merece ser escuchado y qué soluciones comienzan a sentirse inevitables. Los bots no votan, pero pueden modificar lo que las personas creen que los demás piensan. Los trolls no necesitan refutar un argumento si consiguen que participar en la conversación sea demasiado costoso.
La unidad de análisis, por tanto, no es la cuenta aislada, sino el circuito. Un contenido nace en un portal partidista, un influencer lo recorta, cuentas coordinadas lo amplifican, la etiqueta se convierte en tendencia, la televisión la recoge y luego regresa a las redes investida con la autoridad de una noticia nacional. En ese trayecto, la circulación artificial enciende circulación auténtica. Ciudadanos reales, movidos por problemas reales, reproducen espontáneamente un marco cuya visibilidad inicial pudo ser fabricada o acelerada profesionalmente.
Esto último es crucial: la rabia no fue inventada por una consultora. La inseguridad, la precariedad, la corrupción, el temor al descenso social y la pérdida de confianza en las instituciones tienen causas materiales e historias nacionales. Negarlo sería una forma cómoda de desprecio hacia quienes se sienten abandonados. La operación política consiste en capturar esos malestares, intensificarlos y asignarles enemigos funcionales a un proyecto de poder. El miedo al delito se transforma en hostilidad contra el migrante; la frustración con la burocracia, en rechazo de cualquier Estado social; la desconfianza hacia los partidos, en demanda de un líder sin contrapesos.
La maquinaria funciona porque reorganiza afectos verdaderos dentro de una explicación simple. Y encuentra una infraestructura económica dispuesta a premiarla. Las plataformas comerciales compiten por nuestra atención y monetizan la intensidad de la interacción. La indignación, el temor y la condena suelen viajar mejor que el contexto. Lo que para la democracia es degradación, para el modelo de negocios puede ser permanencia, datos y rentabilidad.
Aquí conviene distinguir dos conceptos que suelen confundirse. El tecnofeudalismo, popularizado por Yanis Varoufakis y desarrollado desde otras perspectivas por Cédric Durand, describe una mutación del poder económico: las plataformas no se limitan a competir en mercados, sino que controlan los territorios digitales donde otros trabajan, comercian y se comunican, extrayendo rentas, datos y atención. La tesis es discutida, pero ilumina un hecho difícil de negar: buena parte del espacio donde se forma la opinión pública pertenece a poderes privados cuyas reglas carecen de un equivalente democrático.
El tecnofascismo nombra otra dimensión. El término no pertenece a Varoufakis ni nació con Arroyo; tiene antecedentes históricos y usos contemporáneos, entre ellos los de Janis Mimura y Mark Coeckelbergh. Arroyo lo lleva al escenario latinoamericano para pensar la convergencia entre infraestructura digital y política autoritaria: tecnologías de vigilancia, clasificación y manipulación puestas al servicio de la construcción de enemigos internos, el hostigamiento, la deslegitimación de tribunales y organismos electorales, los relatos preventivos de fraude y la exaltación de un liderazgo salvador.
No toda campaña agresiva es fascista ni todo uso de datos conduce al totalitarismo. El concepto adquiere sentido cuando esas capacidades ayudan a sustituir el pluralismo por la ficción de una nación homogénea y presentan al adversario como amenaza existencial. La tecnología no produce automáticamente autoritarismo, pero puede ofrecerle una potencia inédita para administrar emociones, disciplinar voces y representar a una minoría intensamente coordinada como si fuese el pueblo entero.
Por eso necesitamos hablar de soberanía comunicacional. Una democracia no consiste únicamente en contar bien los votos. También requiere condiciones mínimas para que la ciudadanía forme sus preferencias: pluralismo, posibilidad de reconocer quién habla, transparencia sobre los recursos utilizados y un suelo compartido de hechos discutibles, pero verificables. Esa condición nunca fue perfecta. La concentración de la propiedad de los medios y la desigualdad son anteriores a internet. La novedad está en la escala, la velocidad, la personalización y la opacidad con que hoy puede intervenirse la conversación.
Hay soberanía comunicacional intervenida cuando actores nacionales o transnacionales alteran sistemáticamente el ambiente informativo y emocional sin transparencia suficiente sobre su identidad, financiamiento, métodos y alcance. El voto sigue perteneciendo formalmente al ciudadano, pero el territorio simbólico donde se forma su voluntad queda parcialmente colonizado por poderes que no rinden cuentas. Esto no equivale a afirmar fraude electoral. Una elección puede estar comunicacionalmente degradada y, a la vez, conservar íntegros la emisión y el conteo de los sufragios. Confundir ambos planos sólo reproduce la irresponsabilidad que se pretende denunciar.
La respuesta democrática tampoco puede ser la censura ni la explicación paternalista de que todo apoyo a la derecha radical es fruto de una manipulación. Debe comenzar por devolver trazabilidad al espacio público: saber quién financia, quién contrata, quién automatiza, quién segmenta y quién se beneficia. Exige regulación democrática de las plataformas, transparencia en la publicidad política, acceso independiente a datos para investigar operaciones coordinadas y responsabilidades claras para quienes convierten la opacidad tecnológica en poder.
Pero ninguna política comunicacional bastará si la democracia no responde también al suelo material de la rabia. Mientras la precariedad, el miedo, la soledad y el agotamiento sigan tratándose como fallas individuales, permanecerán disponibles para quienes saben transformarlos en resentimiento organizado. Defender el debate público supone recuperar instituciones capaces de proteger, explicar y escuchar, no sólo de desmentir.
Cerimedo importa porque, al quedar expuesto, permite observar durante un instante una maquinaria normalmente invisible. Pero concentrar toda la atención en él sería tranquilizador y equivocado. Si desaparece un operador, permanecen las plataformas, las audiencias, los aprendizajes, los portales y los incentivos. El problema no es una cabeza, sino la arquitectura que hace posible reemplazarla.
La psicopolítica digital no elimina formalmente nuestra libertad: interviene el ambiente en que la ejercemos. Allí reside la amenaza democrática. Las urnas pueden permanecer intactas mientras se transforma silenciosamente el mundo previo a la decisión; un mundo donde la rabia encuentra enemigos prefabricados, las métricas adquieren apariencia de verdad y la repetición coordinada termina pareciendo sentido común. Hacer visible esa intervención no debilita la democracia. Es una de las condiciones para recuperarla.
