Administrador público, MBA y consultor en gestión institucional y modernización del Estado. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector público, trayectoria desarrollada en ministerios, municipios y servicios nacionales, donde ha ejercido funciones directivas, técnicas y de asesoría. Es fundador de TSD Consulting y columnista de opinión sobre Estado, política, gestión pública e innovación, materias que aborda desde la experiencia práctica y una mirada crítica sobre los desafíos del país.
Chile enfrenta una evolución grave de la criminalidad: organizaciones que financian, reclutan, controlan territorios y operan desde las cárceles. No podemos responder con las mismas fórmulas ni con anuncios elaborados entre cuatro paredes para luego diluirse en la disputa digital. La ciudadanía tiene derecho a exigir protección efectiva, no discursos que compitan por viralizarse.
En Chile, la seguridad no ha tenido posta: ha tenido zancadillas. Cada gobierno formula su propuesta y, demasiadas veces, la oposición la lee antes como una oportunidad de derrota política que como una obligación de Estado. La premisa parece ser que nada de lo construido por el gobierno anterior puede conservarse, aun cuando funcione. Así se desarman capacidades antes de evaluarlas y se confunde la firmeza necesaria con la urgencia de diferenciarse.
La Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric, no fue solo recursos: articuló coordinación y capacidades, con avances en fiscalización de armas y control fronterizo. Pero su eficacia no se reduce a los homicidios. Hay que evaluar qué capacidades quedaron, cuánto poder se quitó a las organizaciones y qué brechas persisten.
La continuidad no exige renunciar a las convicciones de un nuevo gobierno. Exige reconocer, mediante diálogo y con el bienestar de la ciudadanía como premisa, qué capacidades sirven, cuáles requieren corrección y cuáles deben descartarse por no producir resultados.
Las propuestas de Kast recogen ámbitos de la PNCO: coordinación interinstitucional, inteligencia financiera, control fronterizo, medidas penitenciarias y fortalecimiento policial y tecnológico. Añaden énfasis, como la “desarticulación de la narcocultura” y un régimen especial para cabecillas que operen desde prisión. La discusión no es quién llegó primero, sino qué funciona, bajo qué controles y con qué resultados verificables.
Perseguir con firmeza a quienes organizan el delito no autoriza a concentrar poder, debilitar controles judiciales o parlamentarios ni prolongar restricciones a libertades bajo una emergencia permanente. El debate sobre un estado de excepción de hasta 240 días obliga a separar seguridad efectiva de excepcionalidad sin contrapesos.
Nuestra historia impide tratar ese límite como un detalle jurídico. Cuando la seguridad se ejerce sin contrapesos y las garantías se vuelven condicionales, la democracia se destruye. Chile necesita un Estado capaz de proteger a todos, con fuerza legítima y bienestar como su principal directiva.
La conversación pública tampoco ayuda: el insulto y la deslegitimación del adversario como sustitutos de debate en polémicos programas de TV y plataformas que amplifican desinformación, convierten asuntos y desafíos importantes en combustible para la polarización y no para buscar solución.
Chile no requiere otro eslogan de seguridad ni un Estado que reinvente sus herramientas al ritmo de una inoficiosa disputa política. Requiere continuidad, instituciones que compartan información y respondan coordinadamente, y una conducción que persiga a las organizaciones allí donde obtienen poder: el dinero, las armas, los barrios, las fronteras y las cárceles. La firmeza se prueba en resultados; la legitimidad, en que esa fuerza no se sustraiga de los controles que protegen a todos.
El crimen organizado busca ocupar los vacíos del Estado y quebrar la confianza entre las personas. Si para enfrentarlo debilitamos la democracia, le habremos cedido algo más profundo que un territorio: la idea misma de República.
