La acusación constitucional presentada este jueves 12 de noviembre contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abre una discusión que va bastante más allá de la suerte política de un secretario de Estado. En sus 189 páginas, los diputados opositores plantean tres capítulos relacionados con las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y las explicaciones que el ministro entregó al Congreso. La acusación deberá seguir su procedimiento constitucional y sus fundamentos tendrán que ser examinados junto con la defensa. Pero mientras eso ocurre, hay una pregunta que no puede quedar suspendida: ¿qué significa que un presidente reconozca públicamente un error y, al mismo tiempo, mantenga intacta su confianza en la autoridad encargada de las decisiones cuestionadas?
El 26 de octubre, José Antonio Kast compareció ante el país para reconocer que el Estado les había fallado a las víctimas. Admitió que las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes constituían un error que debía corregirse. Anunció medidas administrativas y una iniciativa legislativa para impedir que situaciones semejantes volvieran a ocurrir. Sin embargo, decidió mantener a Rabat al frente del Ministerio de Justicia y le encargó conducir las soluciones.
El presidente presentó esa decisión como una expresión de responsabilidad. Remover a un ministro, sostuvo en esencia, podía ser una respuesta inmediata, pero no resolvía el problema de fondo. La explicación merece examinarse, porque contiene una alternativa que nunca fue suficientemente esclarecida: ¿por qué corregir el problema y remover a la autoridad responsable debían ser caminos excluyentes? Un gobierno podía impulsar exactamente las mismas reformas con otra persona a cargo de Justicia. También podía conservar al ministro y disponer una revisión independiente de los procedimientos cuestionados. La permanencia de Rabat era una opción presidencial, no una condición indispensable para modificar la legislación.
Esa diferencia es fundamental. La Constitución entrega al presidente la facultad de nombrar y remover a sus ministros. Por tanto, Kast tiene atribuciones para mantener su confianza en Rabat. Pero la existencia de esa facultad no responde por sí sola a la pregunta sobre la conveniencia institucional de ejercerla de determinada manera. Una autoridad puede tener pleno derecho a adoptar una decisión y, aun así, estar obligada a explicar las razones y consecuencias de esa decisión ante la ciudadanía.
En política, reconocer un error tiene un significado que depende de lo que ocurre después. Si el reconocimiento no modifica los procedimientos, no esclarece las responsabilidades ni establece mecanismos de control, corre el riesgo de convertirse en una respuesta discursiva. No porque toda equivocación deba terminar necesariamente en una destitución, sino porque la responsabilidad exige demostrar qué se aprendió del problema y qué se hizo para impedir su repetición.
El caso Rabat permite examinar esta cuestión con antecedentes concretos.
La Ley 19.856 creó un mecanismo de reducción de condenas asociado al comportamiento sobresaliente de las personas privadas de libertad. Su propósito se relaciona con la reinserción social, una finalidad legítima dentro de un sistema democrático que reconoce derechos incluso a quienes han sido condenados por delitos graves. Sin embargo, el legislador estableció exclusiones. El artículo 17, letra e), contempla restricciones para determinadas condenas, incluidas aquellas relativas a delitos sexuales contra menores. La aplicación temporal de algunas de esas restricciones, modificadas en 2022, ha sido objeto de controversias judiciales.
Esto último importa. No sería serio afirmar que todos los casos están jurídicamente resueltos ni que cualquier rebaja concedida constituye necesariamente una infracción. Hay diferencias entre los expedientes, sentencias judiciales que deben cumplirse y debates sobre la aplicación de las reformas legales a condenas anteriores. Precisamente por eso resulta indispensable conocer las razones utilizadas por el Ministerio en cada resolución.
Lo que ha complicado la explicación ministerial es la aparición de antecedentes que cuestionan la consistencia de su interpretación.
Rabat sostuvo ante el Congreso que, una vez aprobado el beneficio por las respectivas comisiones de reducción de condenas, la autoridad ministerial tenía un margen muy limitado para rechazarlo. Presentó su intervención como una formalización de una decisión adoptada en una etapa anterior del procedimiento. Sin embargo, investigaciones de CIPER identificaron resoluciones judiciales que reconocían competencias del Ministerio para pronunciarse sobre la procedencia del beneficio.
El antecedente más reciente es todavía más significativo. Este mismo 12 de noviembre, CIPER publicó una investigación que identificó al menos 22 casos, entre junio y octubre, en los cuales el Ministerio rechazó rebajas previamente aprobadas por las comisiones. Se trataba de condenados por otros delitos, incluidos homicidios y tráfico de drogas. En esos expedientes, la cartera ejerció la facultad de comprobar causales legales de exclusión y negar el beneficio.
El reglamento de la Ley 19.856, en su artículo 77, establece que el Ministerio debe dictar un decreto de rechazo cuando, al revisar una postulación, verifica alguna de las exclusiones legales. La disposición entrega un antecedente específico para discutir el alcance de las facultades ministeriales. Si la cartera las ejerció para negar determinadas rebajas, corresponde explicar por qué aplicó un razonamiento diferente en otros casos.
Puede existir una justificación jurídica para esa diferencia. La ley aplicable, las fechas de los hechos y los fundamentos judiciales de cada expediente deben examinarse individualmente. Pero precisamente esa explicación es la que corresponde entregar, con documentación completa y verificable. La confianza presidencial no puede sustituirla.
La controversia adquirió otra dimensión cuando los parlamentarios solicitaron antecedentes sobre los decretos y sus fundamentos. El Ministerio entregó al Senado una primera remesa de documentación bajo reserva, invocando la protección de datos sensibles y el riesgo de revictimización. La protección de las víctimas constituye una obligación legítima y necesaria. Ninguna investigación pública debería exponer identidades de niños que sufrieron agresiones sexuales ni divulgar antecedentes íntimos que puedan provocarles nuevos daños.
Pero proteger a las víctimas y permitir la fiscalización del Estado no son objetivos incompatibles. La legislación chilena reconoce el principio de divisibilidad: la información que puede divulgarse debe distinguirse de aquella que requiere protección. No es necesario publicar nombres ni informes clínicos sensibles para conocer los fundamentos jurídicos de un decreto, las fechas relevantes o las razones administrativas utilizadas para conceder un beneficio. Los organismos competentes pueden necesitar, además, acceso a antecedentes reservados bajo las garantías correspondientes.
Por eso, el debate no puede limitarse a una confrontación entre transparencia y privacidad. La pregunta es qué antecedentes fueron solicitados, cuáles se entregaron, cuáles permanecen pendientes y qué fundamentos justifican cada restricción. Un decreto permite saber qué resolvió la autoridad. Su expediente permite examinar cómo llegó a esa resolución.
La acusación constitucional incorpora estas materias al cuestionar la información proporcionada por Rabat al Congreso. También plantea reparos por las rebajas concedidas a tres personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, respecto de las cuales deberán examinarse las obligaciones legales e internacionales aplicables. Ninguna de estas imputaciones equivale todavía a una infracción demostrada. Esa determinación corresponde a los órganos competentes y exige considerar los argumentos de la defensa.
No obstante, la existencia de procedimientos administrativos, investigaciones penales y una acusación constitucional formalmente ingresada modifica el escenario político. Ya no estamos solamente frente a una diferencia entre autoridades y parlamentarios sobre la conveniencia de determinadas decisiones. Existen cuestionamientos jurídicos específicos respecto de competencias, procedimientos, probidad y cumplimiento de la ley.
Conviene recordar una distinción elemental. Contraloría debe examinar la legalidad de las actuaciones administrativas dentro de sus atribuciones. El Ministerio Público investiga los hechos que podrían constituir delitos. El Congreso tiene facultades para establecer responsabilidades constitucionales por las causales previstas en la Carta Fundamental. Cada instancia tiene requisitos y consecuencias diferentes. Ninguna reemplaza a las otras.
El artículo 52, numeral 2, letra b), de la Constitución permite acusar a un ministro por infringir la Constitución o las leyes, o por haberlas dejado sin ejecución. La responsabilidad constitucional, por tanto, no exige necesariamente una condena penal previa. Tampoco se configura automáticamente porque una decisión sea impopular o políticamente cuestionada.
Hasta aquí estamos ante las responsabilidades que podrían corresponder al ministro. Pero falta examinar otra dimensión: la responsabilidad del presidente.
Max Weber, al desarrollar su reflexión sobre la ética de la responsabilidad, planteó que la acción política no puede juzgarse solamente por las convicciones que la inspiran. Quien ejerce el poder debe considerar las consecuencias previsibles de sus decisiones. No basta con creer que se actúa correctamente; también importa lo que ocurre cuando esas decisiones afectan a otras personas.
Esta distinción resulta particularmente pertinente cuando el propio presidente reconoce que las consecuencias de una actuación estatal fueron inaceptables. Kast afirmó que el Estado había fallado a las víctimas. Esa declaración identifica la gravedad humana del problema, pero deja abiertas preguntas sobre cómo se ponderaron originalmente sus derechos, qué advertencias recibieron las autoridades y qué medidas se adoptaron para protegerlas.
Las víctimas no pueden aparecer únicamente al momento de justificar una respuesta gubernamental. Sus derechos deben formar parte del procedimiento desde el comienzo. La Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación chilena de garantías de la niñez establecen obligaciones de protección que las autoridades deben considerar conforme a las competencias y procedimientos de cada caso.
Esta exigencia tampoco elimina los derechos de las personas condenadas. El Estado debe respetar las garantías legales de quienes cumplen penas, ejecutar las decisiones judiciales y proteger a las víctimas. Lo difícil de gobernar consiste precisamente en cumplir esas obligaciones simultáneamente, incluso cuando producen tensiones jurídicas y políticas.
La responsabilidad presidencial aparece, entonces, en un terreno distinto del penal o administrativo. No necesitamos conocer las deliberaciones privadas de Kast ni atribuirle intenciones ocultas para examinarla. Basta con observar las decisiones que ha adoptado, los antecedentes que han surgido y las explicaciones públicas que ofrece para sostener su posición.
Durante estos meses, el Gobierno ha realizado modificaciones ministeriales y ajustes en la coordinación política de La Moneda. Las salidas de Mara Sedini, Trinidad Steinert y Natalia Duco mostraron que el presidente puede retirar la confianza a integrantes de su gabinete por razones vinculadas con el desempeño y la conducción política, sin que sea necesaria una sentencia judicial. Naturalmente, los hechos que rodearon esas salidas no son equivalentes a los del caso Rabat. Precisamente por eso importa conocer cuáles son los criterios utilizados para mantener o remover a una autoridad.
El mismo examen corresponde a los cambios anunciados en la coordinación del Gobierno. Modificar quién preside reuniones o distribuye tareas no demuestra, por sí solo, que haya cambiado la manera en que se toman las decisiones. Una reorganización adquiere relevancia cuando modifica efectivamente las atribuciones, los mecanismos de deliberación y la capacidad de los ministros para presentar advertencias y alternativas.
Este aspecto conduce a una cuestión institucional que suele quedar oculta detrás de las controversias públicas. Los gobiernos no se equivocan únicamente porque una autoridad interprete mal una norma o anticipe incorrectamente una consecuencia. También pueden surgir problemas cuando las estructuras encargadas de procesar información no incorporan oportunamente las objeciones o cuando determinadas decisiones quedan excesivamente concentradas en un círculo reducido.
Herbert Simon mostró que las decisiones de las organizaciones están condicionadas por la información disponible, la distribución de responsabilidades y las limitaciones del proceso deliberativo. Trasladado a la conducción presidencial, esto significa que la calidad de una decisión no depende solamente de las convicciones de quien finalmente la adopta. También depende de la capacidad institucional para contrastar alternativas, escuchar advertencias y revisar sus fundamentos.
En el caso Rabat no sabemos todavía cómo se desarrollaron todas esas deliberaciones. Tampoco conocemos qué recomendaciones específicas recibió Kast respecto de la continuidad del ministro. Por tanto, sería aventurado concluir que el presidente desestimó deliberadamente antecedentes decisivos o que su decisión responde a una característica personal determinada.
Lo que sí podemos examinar es el resultado institucional: el Gobierno reconoció un error, mantuvo al ministro, anunció correcciones y posteriormente enfrentó cuestionamientos adicionales sobre la legalidad y consistencia de las actuaciones ministeriales.
La cuestión no consiste en exigir que el presidente cambie de opinión cada vez que aparece una crítica. Gobernar también implica sostener decisiones impopulares cuando existen razones suficientes para hacerlo. Pero esa firmeza necesita explicaciones que puedan ser examinadas públicamente. De lo contrario, resulta difícil distinguir la defensa de una convicción fundada de la preservación de una decisión por razones de autoridad o conveniencia política.
Hay, además, una diferencia entre la responsabilidad que corresponde exigir desde la oposición y aquella que se ejerce desde el Gobierno. Kast fue un crítico severo de la conducción de administraciones anteriores, particularmente cuando consideró que sus autoridades no habían respondido adecuadamente ante controversias ministeriales. El caso Monsalve, durante el gobierno de Gabriel Boric, ofrece un antecedente para examinar la consistencia de los estándares políticos, aunque las acusaciones y responsabilidades involucradas sean distintas.
En una democracia, las exigencias de responsabilidad no deberían depender únicamente de quién gobierna. Los criterios pueden variar según la gravedad de los hechos, las atribuciones de las autoridades y los antecedentes disponibles. Lo que requieren es una justificación coherente.
La acusación contra Rabat introduce también una dimensión parlamentaria. Su presentación coordinada por partidos opositores demuestra la capacidad de utilizar una herramienta constitucional para someter actuaciones ministeriales a un procedimiento de control. Sin embargo, presentar una acusación no equivale a demostrarla. La Cámara deberá pronunciarse y, si corresponde, el Senado examinará las infracciones imputadas. El valor institucional del mecanismo depende tanto del rigor de los acusadores como de las garantías de defensa y de la seriedad con que se evalúen los antecedentes.
Algo semejante ocurre con la confianza presidencial. Kast puede sostener que Rabat cuenta con su respaldo y que debe continuar al frente de Justicia. Pero esa declaración no resuelve la controversia administrativa, penal ni constitucional. Tampoco responde por sí sola a la pregunta sobre la independencia de los mecanismos encargados de revisar decisiones adoptadas durante su gestión.
El desafío político no es menor. Cuando un gobierno declara que se ha equivocado, abre legítimamente la expectativa de que esclarecerá el origen del problema, identificará las responsabilidades que correspondan y adoptará medidas proporcionadas a sus consecuencias. Si posteriormente mantiene a las mismas autoridades, debe explicar por qué esa continuidad es compatible con tales objetivos.
La responsabilidad política no puede confundirse con la obligación automática de destituir. Pero tampoco puede agotarse en una declaración presidencial de confianza.
Chile ha conocido otras crisis que alteraron profundamente la relación entre los gobiernos y la ciudadanía. El caso Caval afectó la credibilidad de Michelle Bachelet; el estallido social modificó el horizonte político del segundo mandato de Sebastián Piñera; el rechazo constitucional de 2022 obligó a Gabriel Boric a reconsiderar aspectos importantes de su proyecto original. Ninguno de esos episodios significó que el gobierno correspondiente dejara de existir políticamente de un día para otro. Sí mostraron que una crisis puede cambiar las condiciones bajo las cuales una administración debe ejercer el poder.
El gobierno de Kast enfrenta hoy preguntas de esa naturaleza. No porque la acusación constitucional determine anticipadamente el futuro de su administración, sino porque el modo en que responda a esta controversia puede contribuir a definir los criterios de responsabilidad que aplicará durante el resto de su mandato.
La confianza ciudadana no depende exclusivamente de la popularidad de las decisiones. También se construye mediante la consistencia de las explicaciones, el respeto a los controles institucionales y la capacidad de reconocer sus consecuencias.
El caso Rabat está lejos de resolverse. Será necesario examinar los decretos, las normas aplicables, las razones ofrecidas por el ministro y los antecedentes que sustenten los tres capítulos de la acusación. Habrá que escuchar su defensa y respetar las decisiones de los órganos competentes.
Pero hay una reflexión que no necesita esperar el desenlace parlamentario. La Presidencia posee atribuciones importantes para nombrar, remover y respaldar a sus colaboradores. Esas facultades sostienen la autoridad del Ejecutivo, pero no sustituyen la obligación de explicar cómo se ejerce el poder.
Cuando el presidente reconoce que el Estado ha cometido un error, la pregunta pública no puede terminar en quién tiene la facultad de mantener a un ministro. Debe extenderse a cómo se produjo ese error, qué advertencias fueron consideradas, cómo se protegieron los derechos afectados y qué mecanismos garantizarán que las correcciones no dependan solamente de la voluntad de las mismas autoridades.
Porque gobernar no consiste únicamente en decidir y defender lo decidido. También significa aceptar que las decisiones del Estado pueden ser revisadas, fiscalizadas y eventualmente corregidas.
Y cuando esa revisión se vuelve necesaria, la responsabilidad no se demuestra solamente diciendo que se asume. Debe poder reconocerse en los actos que vienen después.
