Periodista.
Un viejo socialista de Viña del Mar reflexionó con pesar el miércoles pasado: “lo único que falta es que veamos nuevamente en nuestras calles a militares armados patrullando en busca de delincuentes. Va a ser triste. Y muy peligroso no sólo para los delincuentes”. Una reflexión que no pocos se han hecho en las últimas horas.
Es que la petición de Estado de Excepción solicitada por varios parlamentarios de derecha, incluyendo inexplicablemente -que se sepa hasta ahora- a un socialista, retrotrajo a varios a la historia de las peores épocas de la dictadura. Todo a propósito del lamentable y alevoso asesinato en Santiago de un nuevo carabinero, padre de un niño de cuatro años y otro en camino, casado con otra funcionaria de la institución, el cabo Daniel Palma.
Al parecer, por la actitud y los hechos mostrados hasta ahora por las derechas del país, nada importan las medidas y las palabras de apoyo a las policías expresadas en todos los tonos por el Presidente Boric y sus ministros. Las declaraciones de parlamentarios y alcaldes de la derecha, particularmente del presidente de Renovación Nacional, dejando al desnudo su interés por aprovechar la situación y seguir en su estrategia de cerco y debilitamiento del gobierno, dejan en evidencia una vez más, sus reales intenciones. Hasta ahora, no se han querido poner a la altura de la necesidad de Estado de enfrentar unidos al crimen organizado. Ese había sido el llamado del Mandatario desde el minuto uno.
El enemigo es el crimen organizado
Con todos estos asesinatos, queda más que claro que el enemigo de Chile es el crimen organizado. No sólo el narcotráfico. Lo aclaró muy bien en una reciente entrevista el abogado Francisco Cox, uno de los cinco expertos que nombró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la tragedia de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Cox recorrió México. Conversó con decenas y decenas de mexicanos y pudo hacerse una idea fehaciente de cómo operan los carteles, cómo crecen, cómo cooptan a funcionarios públicos. Tienen todo el dinero que necesitan para corromperlos.
Para el abogado, el problema no es la droga. El objetivo es el control territorial, hacerse dueño de un territorio. Dice que en Chile “se pone el foco en el número de incautación de drogas más que en el análisis de la estructura de las bandas. ¿Para qué? Bueno, para saber qué funcionarios están más expuestos a la cooptación. Por ejemplo, aquí todo el mundo encuentra súper razonable que la policía no intervenga en un narco funeral. Se dice que puede ser mucho peor el resultado. ¿Pero sabemos cómo se acuerda ese contacto? ¿Quién se acerca a hablar? ¿El policía? ¿Los que vienen con armas? ¿Hay una conversación ahí? ¿Sabemos algo de eso? Porque, ojo, así fue cómo surgieron los Zetas” en México. Queda claro que un esfuerzo por disponer de inteligencia profunda, se hace cada día más indispensable.
Cuenta que “los Zetas eran militares enviados a combatir la delincuencia a la zona norte de México. Viviendo allí empezaron a frecuentar los bares y, según tengo entendido, los prostíbulos también que eran controlados por el cartel. Entonces, se empiezan a encontrar, dialogan y ahí viene la propuesta: “¿Y qué tal si mejor pasan a ser nuestro círculo de protección? …. Así se dan esos contactos. Por eso pongo el acento en la importancia de la investigación interna en las fuerzas policiales, de la fiscalización”.
Y critica duramente la labor de los parlamentarios que se ponen “en modo matinal” para sacar una legislatura que también es de matinal. No ven el problema real. Sin duda que la muerte de dos carabineros en tan poco tiempo es una situación dramática, brutal. Imposible no solidarizar, pero el enfoque de estas leyes que se están aprobando no va a resolver el problema. De hecho, ni siquiera hay un problema ahí”.
Y termina afirmando, categórico: …”la postura de una parte del mundo político es no cuestionar ni fiscalizar ni controlar a la fuerza policial. Dicen que eso se traduce en un debilitamiento de las policías, lo cual es absurdamente equivocado y sumamente peligroso”, recordando nuevamente la experiencia de México, cosa que le haría muy bien a la derecha y al país, investigar.
Las medidas
Los disparos al rostro del joven carabinero repercutieron en cada rincón del país. Algunos, como el Presidente, actuaron no para la televisión, como suele ocurrir en casos de conmoción pública. Ordenó hacer un plan urgente de reforzamiento de las protecciones a las policías. Una de las medidas más importantes es la intervención de 30 comunas. “Para cada una de estas comunas se va a hacer un plan específico, un plan que va a contar con apoyos extraordinarios en base a estos recursos que vamos a destinar, incluyendo dotaciones, y que va a desarrollarse a partir de una línea de base que mes a mes va a ser evaluada”, anunció la ministra del Interior.
El paquete de medidas anunciado por el Gobierno tras el asesinato del cabo Daniel Palma fueron:
- Reasignación de recursos del presupuesto para las medidas especiales de seguridad
- Reforzamiento de protecciones a policías en sus equipamientos.
- Mejoramiento de planes operativos para reducir riesgos.
- Adelantar el Plan de intervención en 30 comunas donde se concentra un tercio de la población nacional y el 50% de los delitos más violentos cuyo para mayo.
- Criterios para elegir estas comunas: Concentran impunidad penal; Tráfico de drogas y presencia de armas; Deterioro barrial y alta presencia de incivilidades e infracciones. Dependiendo de la presencia de estos factores, se realizará plan específico para cada una de las 30 comunas y La intervención reforzará la persecución penal como ha permitido resultados concretos en Alto Hospicio.
- Focos investigativos y fiscalización especialmente en tráfico de armas: incremento de patrullajes, operativos masivos y puntos de control en busca de prófugos de la justicia. Para ello se adelantarán los planes focalizados de refuerzo de dotaciones policiales.
- Reforzamiento del trabajo con fiscalía en sectores con mayor incidencia de homicidios.
- Fiscalización de infracciones e incivilidades que no son propiamente delictuales, pero amparan crimen organizado: comercio ilegal, locales de venta de alcohol y venta de comida en las calles.
- Operativos de servicios públicos por parte de organismos sociales para intervenir y marcar presencia en los territorios.
Las exigencias de los mismos de siempre
Habían pasado pocos minutos desde el anuncio de la muerte del cabo de Carabineros y muy pronto comenzaron a repletar trasnoches y matinales los que están pendientes de esas vitrinas comunicacionales.
Y, en primer lugar -quien otro si no- el alcalde de La Florida. El mismo que ha aprovechado cuanto hecho doloroso se relacione con Carabineros para aprovechar las cámaras que se despliegan en distintas partes del territorio. Baste recordar su presencia en Quilpué, a propósito del funeral de la carabinera que se enfrentó al crimen organizado.
Esta vez y con su habitual inquina contra el gobierno, comenzó y terminó solicitando la renuncia de la Ministra del Interior por su supuesta responsabilidad en los hechos. Pidió un Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana. “Tenemos un Gobierno que es un fracaso. Estamos tan encima de los hechos, que no somos capaces de darnos cuenta”, añadió. Y sobre la renuncia de la Ministra dijo: “Esta noche es un punto de no retorno. El Gobierno no puede seguir improvisando. No puede seguir aparentando que entiende el sentir de Carabineros con el comportamiento que ha tenido durante estos dos últimos días. Con una ministra del Interior taimada porque no se hacía lo que ella quería”.
Como en el pedir no hay engaño, también llegó Francisco Chahuán a La Moneda solicitando también una renuncia: la del subsecretario de Prevención del Delito. El líder del partido de oposición señaló: “Qué se le puede decir a las familias de carabineros que han perdido a los suyos. Hoy tenemos otro mártir, tres en tres semanas (…) Renovación Nacional fue el partido que presentó la Ley Retamal y logró darles más facultades a las policías”. Pero, no le fue tan fácil al senador de derecha instalar sus banderas.
La diputada Gazmuri lo emplazó en las redes sociales señalando que existe una “evidente contradicción cuando parte de su sector impide pronta promulgación de la Ley Antinarco que dota de más y mejores herramientas para la persecución del crimen organizado y el Narcotráfico, aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras”, recordando que RN acudió al Tribunal Constitucional para frenar la legislación ya aprobada por el Senado. “¿Cómo explica eso senador Chahuán?”.
Obras son amores
El Presidente Boric, a quien junto a la ministra Tohá o cualquier autoridad de gobierno, lo sigue una turba de fanáticos de ultraderecha para gritarle ni más ni menos que “asesinos” (¡¡¡) actuó de inmediato. No sólo quedará en la retina de la gente de bien no fanatizada, el abrazo cariñoso del Mandatario a la madre del mártir de la institución, sino también lo que está haciendo por la institución de ese hijo asesinado.
El Mandatario anunció que destinará US$1.500 millones de dólares para mejorar la acción del Estado en contra del crimen organizados, los cuales serán destinados en mayor parte a fortalecer la protección de las policías. Una cifra que representa casi 0,5% del PIB y es prácticamente igual al presupuesto total destinado para Carabineros en 2023.
Por supuesto que parlamentarios de todos los colores ya estaban pidiendo utilizar el 2% constitucional para el combate contra la delincuencia. Se trata de una facultad excepcional que tiene el Presidente de la República para decretar pagos no autorizados por ley, giros que no pueden exceder el 2% de los gastos permitidos en Ley de Presupuestos.
Pero el Presidente fue más allá. Según el Ministro de Hacienda Mario Marcel, lo anunciado por Boric «significa más que lo que involucra el 2% constitucional. El 2% del gasto público equivale, más o menos, a US$1.200 millones. Lo que el Presidente ha señalado es que se van a comprometer recursos por US$1.500 millones de dólares». Explicó, además, que “la norma del 2% constitucional tiene vigencia solamente por un año. Pero lo que el Presidente ha planteado y uso específicamente las palabras, un incremento anual en régimen de US$1.500 millones. Eso significa que estamos mirando mucho más allá del presupuesto», es decir, “lo que se está haciendo es considerablemente mejor que el 2% constitucional y lo más importante es que también se está haciendo dentro del marco de la política fiscal, que es importante que preservemos», acotó.
