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El Plan Nacional de Búsqueda no puede quedar sin financiamiento

El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda expresa su grave preocupación y exige al Presidente de la República que asuma su responsabilidad y disponga la reposición de los recursos necesarios para garantizar la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia en el Presupuesto 2027.

La dimensión de esta deuda respecto de la desaparición forzada es especialmente grave: de las 1.469 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de sus restos, solamente 307 han sido encontradas e identificadas, mientras que 1.162 personas continúan sin ser encontradas e identificadas. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de la tarea pendiente y de la urgencia de sostener y fortalecer una política pública que permita avanzar en la búsqueda, identificación y restitución digna de sus restos a sus familiares.

Lo ocurrido durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 constituye una señal de extrema gravedad. El Plan Nacional de Búsqueda, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 98-2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, corre el riesgo de quedar sin los recursos indispensables para desarrollar su labor, poniendo en cuestión la continuidad de una política pública fundamental para avanzar en verdad, justicia y reparación respecto de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

¿Cómo se llegó a esta situación y quién debe hacerse cargo de resolverla?

 En el proyecto original de Presupuesto 2027, el Ejecutivo había considerado recursos para la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda mediante glosas de dos programas: el Servicio Médico Legal y el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Sin embargo, en octubre de 2026, la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó por unanimidad dichas glosas, aprobando el resto de la partida de Justicia y Derechos Humanos. Posteriormente, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos mantuvo estos rechazos y aprobó la partida en los mismos términos, por 16 votos a favor y 10 en contra.

Frente a este escenario, correspondía al Ejecutivo, a través del Presidente de la República, impulsar la reposición de los recursos rechazados. Ello, considerando que, conforme al artículo 67 de la Constitución, el Congreso Nacional no puede aumentar los gastos contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Sin embargo, el Gobierno no impulsó dicha reposición en esa instancia. Así, el 11 de noviembre, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 85 votos a favor y 59 en contra, sin que las glosas rechazadas fueran sometidas a votación. El resultado es que los recursos previstos para el Plan Nacional de Búsqueda quedaron reducidos a una asignación de apenas $1.000.

Esta situación no puede ser considerada un asunto meramente administrativo ni una consecuencia inevitable del debate parlamentario. La continuidad del Plan requiere una decisión y una acción concreta del Ejecutivo.

Recordamos que la búsqueda, localización e identificación de las personas víctimas de desaparición forzada, así como la restitución digna de sus restos a sus familiares, constituyen obligaciones del Estado de Chile, conforme a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado suscrito y vigente en nuestro país.

El Plan Nacional de Búsqueda representa un avance fundamental en el cumplimiento de esas obligaciones. Su labor requiere esfuerzos sistemáticos, coordinados y sostenidos en el tiempo. No se trata de un programa accesorio ni de una iniciativa que pueda quedar sujeta a las prioridades circunstanciales de un gobierno. Se trata de una política de Estado, indispensable para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

Por estas razones, exigimos al Presidente de la República que, en la siguiente etapa de tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, impulse la reposición de los recursos necesarios para asegurar el financiamiento y la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda.

Asimismo, requerimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos que informen públicamente y a la brevedad qué gestiones y medidas concretas adoptarán para garantizar este objetivo.

El Comité de Seguimiento y Participación, como instancia que reúne a representantes de organizaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos, sitios de memoria, academia, la Iglesia Católica y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no puede permanecer indiferente ante una decisión que pone en riesgo la continuidad de esta política.

Las personas detenidas desaparecidas siguen siendo buscadas. Sus familias siguen esperando verdad y justicia. El Estado tiene la obligación de responder.

La continuidad del Plan Nacional de Búsqueda no es optativa. No puede quedar reducida a

$1.000 ni depender de la voluntad de un gobierno. Exigimos que el Presidente de la República actúe y garantice los recursos necesarios para que esta obligación del Estado se cumpla.

Comité de Seguimiento y Participación Plan Nacional de Búsqueda

Erika Hennings Cepeda, presidenta del Comité de seguimiento y participación y presidenta “Londres 38, espacio de memorias”.

Mónica Díaz García, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta.

Juan Carlos Chávez Pilquil, Colectivo 119 Familiares y Compañeros

Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos de Santiago (AFEP)

Carlos Oliva Troncoso, presidente de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía.

Ida Sepúlveda Miranda, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia

María Erita Vera Vera, presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos Coyhaique.

Daniela Accatino Scagliotti, doctora en Derecho, Académica Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Austral de Chile.

Patricio Bernedo Pinto, doctor en Historia, profesor del Instituto de Historia y director del Centro para el Diálogo y la Paz, Universidad Católica de Chile.

Lidia Casas Becerra, doctora en Derecho y directora del Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales.

Yerko Ljubetic Godoy, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Tomás Scherz Take, sacerdote propuesto por el Cardenal Arzobispo de Santiago.

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