La defensa buscaba rebajar la medida cautelar a firma. Vecinos y el municipio de Hualpén aseguran que los camiones siguieron entrando al humedal después de la formalización.
El Juzgado de Garantía de Talcahuano rechazó el miércoles 11 de noviembre la solicitud de la defensa de Heraldo Parra Pincheira de reemplazar su arresto domiciliario total por firma periódica. El imputado está formalizado por el relleno ilegal del humedal Vasco da Gama-Chimalfe, en Hualpén.
La defensa presentó una oferta de trabajo como peoneta en Coronel y un informe social. La Fiscalía y la Municipalidad de Hualpén, querellante en la causa, se opusieron: el arresto domiciliario total se pidió, en lugar de la prisión preventiva, sólo por la salud del imputado.
Fernando Cortés, abogado del municipio, sostuvo que “existe una contradicción evidente y relevante”, porque la labor ofrecida “naturalmente exige un esfuerzo físico considerable”.
Según la Fiscalía, la formalización del jueves 9 de julio fue por tres delitos. El relleno del humedal con residuos sólidos tiene pena desde cinco años y un día. La de desobediencia a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) parte en 541 días. El tercero es lavado de activos, por el dinero que Parra habría cobrado al permitir las descargas.
La Red de Humedales del Biobío (RHBB) pide las penas máximas para quienes resulten responsables, que paguen la restauración de lo dañado y que se desaloje el terreno. También exige sancionar al dueño del predio, que a su juicio ha permitido los rellenos. Su vocera, Luisa Valenzuela, es encargada de Medio Ambiente de la Junta de Vecinos Parque Central y vive junto al humedal.
“Los camiones siguen ingresando, continúa el relleno”, afirmó Valenzuela. Relató que el paso de vehículos de gran tonelaje hace vibrar las casas y ha provocado socavones. Agregó que el alcantarillado se hundió y dejó de funcionar, y que una vivienda está en riesgo por una napa que se desplazó bajo ella.
La vocera registra el ingreso de camiones y presenta las denuncias. Señaló que, desde la formalización de Parra, los vecinos que antes temían a los choferes ahora toman fotografías, anotan patentes y le avisan.
Cortés precisó que esos ingresos, declarados ante la PDI, siguieron al menos hasta el lunes 2 de noviembre de 2026 y que permitir el relleno es un delito por omisión. Según informes técnicos, el daño al humedal viene desde 2009. La SMA ordenó en 2025 la clausura definitiva del vertedero y multó a su titular con 2,3 UTA (unos $1,8 millones).
El abogado querellante afirmó que, hasta donde ha podido verificar el municipio, “no existe ninguna otra querella que haya sido declarada admisible y presentada a título de municipalidad como víctima” por delitos ambientales de la Ley 21.595, y menos con medidas cautelares antes del juicio. Esto, dijo, “puede constituir un precedente importante para la protección de los humedales urbanos”.
La Fiscalía continúa la investigación.
