A medio año de la instalación del gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast, la relación con las organizaciones sindicales del sector público entra en una etapa de definición crucial. La creación de comisiones asesoras en materia de empleo público y arquitectura del Estado por parte del Ejecutivo ha levantado alertas en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ante el riesgo de que se pretenda instalar un diagnóstico fundado en la idea de un aparato estatal sobredimensionado para justificar despidos, fusiones o recortes en la función pública.
Frente a la negociación del Reajuste General, la tramitación del Presupuesto 2027 y los informes presentados ante la comisión asesora en La Moneda, Página19.cl conversó en profundidad con José Pérez Debelli, presidente de la ANEF, para evaluar la situación de los trabajadores fiscales, desmitificar las cifras sobre el tamaño del Estado y conocer las líneas rojas del gremio en este nuevo ciclo político.
– Cumplidos seis meses del gobierno de José Antonio Kast, ¿cuál es el diagnóstico que hace la ANEF sobre la situación de los empleados fiscales y el escenario de diálogo con el Ejecutivo?
Desde el primer momento, y por acuerdo ratificado en nuestra asamblea nacional, hemos asistido a los espacios de diálogo institucional con una posición clara: el mandato de nuestra organización es defender con firmeza los derechos sociales de la ciudadanía, el rol del Estado garante y la estabilidad de las y los trabajadores. Nos encontramos en un momento decisivo en el que debemos abordar tres pilares clave: la discusión del Presupuesto 2027 —que garantice recursos suficientes para atender las necesidades del territorio—, la certeza en el proceso de renovación de contratas y la Ley de Reajuste General para el Sector Público.
Le hemos dejado en claro al Gobierno y al propio Presidente que todo cambio debe realizarse con la participación directa de las trabajadoras y trabajadores organizados. No vamos a aceptar ser un «vagón de cola» ni que las reformas se diseñen a espaldas del funcionariado o de la ciudadanía. Si la orientación de las políticas pretende precarizar o concentrar aún más la riqueza en este país, la ANEF cuenta con un plan de movilización escalonada listo para ser ejecutado en la calle.
-El Gobierno ha instalado comisiones para la modernización del Estado y el empleo público. ¿Cuál es el diagnóstico que han presentado desde la ANEF ante estos espacios?
Fuimos a exponer al Palacio de La Moneda ante la comisión y fuimos muy enfáticos: el debate debe basarse en evidencia rigurosa, comparable y verificable, no en prejuicios ideológicos. Rechazamos categóricamente la premisa de que Chile tiene un Estado «sobredimensionado».
Según el informe Government at a Glance y los reportes de la OCDE, el empleo público en Chile representa solo el 8,5% del empleo total, muy distante del 18,4% promedio de los países de la OCDE. En términos de gasto del gobierno general, Chile ejecuta el 28,2% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE alcanza el 42,6%. Por tanto, la evidencia indica que Chile no tiene un Estado grande; al contrario, lo que Chile necesita es un Estado Suficiente para garantizar salud, educación, seguridad y protección social en todo el territorio.
-Suele argumentarse desde algunos sectores que el empleo en el Estado es «rígido». ¿Qué señalan las cifras que maneja el gremio?
Eso es un mito absoluto. El problema de la administración central en Chile no es la rigidez, sino la profunda precariedad contractual. De acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), solo el 22,2% de la dotación corresponde a personal de planta, mientras que la modalidad a contrata alcanza un abrumador 68,3%. A eso se suma el uso extendido e impropio de contrataciones a honorarios para cubrir funciones que son permanentes.
Incluso cuando se observan los incrementos recientes de dotación entre 2024 y 2025, el 94% del aumento responde a traspasos puntuales hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y a regularizaciones en el sector salud, no a un crecimiento estructural desmedido. Los funcionarios sufren una inestabilidad anual discrecional, una fragmentación de regímenes laborales y plantas obsoletas que frenan el desarrollo de una verdadera carrera funcionaria.
–El Gobierno suele apelar al deterioro del juicio ciudadano sobre las instituciones para justificar cambios estructurales. ¿Es la crisis de confianza responsabilidad de los trabajadores públicos?
En absoluto, y los datos internacionales lo respaldan de forma categórica. La Encuesta de Confianza en Instituciones Públicas de la OCDE muestra un deterioro transversal del vínculo entre la ciudadanía y las instituciones en Chile. Sin embargo, la propia medición demuestra que las personas distinguen con claridad: los aspectos mejor evaluados por los usuarios son la cortesía (74%) y la competencia (72%) del personal funcionario. Lo que la ciudadanía evalúa negativamente son los tiempos de espera, los cobros o la falta de canales y oficinas; aspectos que dependen directamente de la falta de presupuesto y de la falta de personal.
Además, en el ranking de confianza, las y los funcionarios públicos nos ubicamos por sobre el Congreso Nacional y los partidos políticos. La pérdida de confianza no es responsabilidad de quien atiende en un hospital o en una oficina pública, sino de los diseños de políticas de los gobiernos de turno que mantienen un Estado subfinancianciado. Son los funcionarios, y no la clase política, quienes sostienen la poca confianza institucional que va quedando.
-¿Cuáles son las banderas rojas o «líneas infranqueables» que la ANEF no va a transar frente a eventuales propuestas de reestructuración?
José Pérez Debelli: Nuestra consigna es categórica: modernizar no es precarizar. No vamos a permitir que bajo la fachada de un «rediseño institucional» se fusionen servicios únicamente para suprimir cargos, se traslapen funciones o se eliminen los equipos territoriales que atienden directamente a las comunidades. Tampoco toleraremos que se reemplace el conocimiento técnico y de carrera por discrecionalidad o confianza política.
Cualquier intento de reducir dotaciones o ampliar la vulnerabilidad en las renovaciones de contrata atenta contra las recomendaciones directas de la OCDE para construir una administración pública confiable, basada en el mérito, la continuidad operativa y la integridad.
-Si hay apertura al diálogo, ¿en qué materias sí está disponible la ANEF para generar avances?
Estamos plenamente disponibles para avanzar en iniciativas que fortalezcan la capacidad pública: impulsar la digitalización con garantías laborales, la interoperabilidad de sistemas, la capacitación continua, la transparencia en el uso de recursos y la evaluación de programas con impacto medible en las personas.
Sin embargo, estos avances deben encuadrarse dentro de la agenda de trabajo decente: estabilidad laboral, regulación de la negociación colectiva, actualización de la carrera funcionaria, equidad de género y pleno cumplimiento del Convenio 190 de la OIT y la Ley Karin.
En el pilar económico, exigimos recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación, reconociendo además el aporte que realizamos los trabajadores al crecimiento del país. Esperamos que el Gobierno entienda que el Estado se fortalece dignificando a sus trabajadoras y trabajadores, no debilitándolos.
