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El dirigente sindical y militante socialista cuestiona la agenda económica y laboral de José Antonio Kast, advierte sobre los riesgos de reducir el Estado y acusa despidos selectivos en el sector público. Además, critica la respuesta de las AFP ante las pérdidas del Fondo E y anuncia una mayor articulación con organizaciones sociales para enfrentar eventuales retrocesos en derechos. laborales.
A siete meses de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, las primeras decisiones de su administración han abierto un flanco de preocupación para el movimiento sindical. Los recortes presupuestarios, la reducción del tamaño del Estado y las propuestas de flexibilización laboral forman parte de una agenda que, a juicio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), amenaza con debilitar las condiciones de empleo y la capacidad de los organismos públicos para garantizar derechos.
A ello se suma el desempleo, que continúa siendo uno de los principales problemas del mercado laboral chileno, y la incertidumbre provocada por las pérdidas que afectaron al Fondo E de las AFP, especialmente entre quienes se encuentran próximos a jubilarse.
En conversación con Página 19, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, militante del Partido Socialista, entrega su balance de los primeros meses del gobierno, cuestiona el rumbo de las reformas económicas y laborales, y explica cómo la multisindical busca fortalecer su articulación con organizaciones estudiantiles, territoriales y sociales.
Desde la defensa del empleo público hasta la discusión sobre el sistema previsional, Díaz plantea que el debate no puede reducirse a la cantidad de puestos de trabajo que se generen, sino que debe considerar su estabilidad, las remuneraciones, los derechos laborales y las condiciones de vida de quienes dependen de un salario.
—A varios meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, ¿qué balance hace la CUT de su gestión y cuáles son las principales preocupaciones que han surgido a partir de las medidas impulsadas por el Ejecutivo?
—Nosotros tenemos la opinión de que este es un gobierno de ultraderecha, más que conservador, que tiene claro lo que viene a implementar en Chile. A nuestro juicio, se inspira en modelos como el de Orbán en Hungría, los de Francia e Italia, el bolsonarismo en Brasil y el de Milei en Argentina.
Es un modelo que busca precarizar el Estado, reducirlo y debilitar las relaciones laborales en el sector privado para que los empleadores tengan más poder. Eso es evidente.
En estos meses, el gobierno ha ido implementando medidas que para el mundo progresista parecían difíciles de concretar. Hace un año, desde la CUT y los partidos progresistas pedíamos aumentar los impuestos a los superricos. Hoy resulta impactante observar cómo las grandes empresas han conseguido una reducción de la carga tributaria.
Este es un triunfo importante de la derecha y no hay que desconocerlo. Lo que siempre hemos dicho es que este gobierno llegó para gobernar para una minoría y lo están haciendo.
A diferencia de los gobiernos progresistas, que muchas veces comienzan consultando a distintos sectores antes de avanzar, esta administración es disruptiva: llega con una agenda y la está ejecutando.
Además, no actúa solamente a través del Parlamento. También utiliza la vía administrativa, los decretos, las circulares y los dictámenes de los distintos organismos del Estado para modificar normas y transformar la institucionalidad.
Su objetivo es recuperar ese Chile que añoran, más conservador y apegado a determinadas tradiciones. Para nosotros, eso supone intentar revertir avances que se han conseguido durante años.
—El gobierno ha instalado con fuerza el discurso de reducir el tamaño del Estado y ha impulsado instancias para su modernización. ¿Cómo interpreta la CUT esta estrategia y qué riesgos identifica para los trabajadores públicos y la calidad de los servicios?
—Entre junio y agosto, el gobierno aplicó un recorte del 3% a los ministerios y sus programas. Después planteó un presupuesto con un crecimiento del 1,5%, pero ese cálculo se realiza sobre una base que ya fue recortada. Eso implica menos recursos para los servicios, menos trabajadores y menos insumos para atender a la ciudadanía.
Nos preocupa que quieran refundar el Estado porque consideran que es demasiado grande. Esa afirmación es falsa. Cuando se compara a Chile con los países de la OCDE, nuestro Estado es uno de los más pequeños en relación con las necesidades de la población que debe atender.
El gobierno ha constituido dos comisiones para abordar estas transformaciones. Una se relaciona con la nueva arquitectura del Estado y busca definir cómo debería organizarse la institucionalidad pública en el futuro. La otra aborda las nuevas formas de relación laboral y el estatuto administrativo. En ese ámbito, nuestras organizaciones han planteado la necesidad de avanzar hacia una proporción de 80% de trabajadores de planta y 20% a contrata u honorarios. Hoy ocurre prácticamente lo contrario.
Si esa comisión apunta a dar estabilidad, certeza y seguridad a los trabajadores, estaríamos de acuerdo con ese objetivo. El problema es que tenemos dudas respecto de la orientación general de estas transformaciones.
—¿La CUT ha sido convocada a participar en estas comisiones? ¿Qué espacio ha tenido para plantear sus propuestas?
—Para ser transparentes, la CUT ha sido convocada a conversatorios informativos sobre cómo se van implementando estas iniciativas. También han participado gremios de nuestras organizaciones. Nosotros no nos negamos a participar en ninguna instancia de diálogo social, sea formal o informal, vinculante o consultiva. No queremos que después se diga que la CUT fue invitada y no quiso participar. Vamos, planteamos nuestros puntos de vista, debatimos y presentamos propuestas. Nuestra posición es que el Estado chileno es demasiado pequeño para las necesidades que debe cubrir.
—El 30 de noviembre termina el período de numerosas contratas del sector público. ¿Qué preocupación existe frente a las decisiones que pueda adoptar el gobierno?
—El gobierno va a tener que decidir si renueva o no esas contratas, y ahí existe una preocupación importante. Ya han comenzado los despidos selectivos.
Desde la CUT Nacional, junto con nuestros gremios, hemos desplegado acciones en defensa de quienes han sido desvinculados arbitrariamente, sin procedimientos adecuados. En algunos casos, incluso se ha llegado a notificar a los trabajadores y sacarlos inmediatamente de sus lugares de trabajo. Es una de las formas más brutales de desvinculación.
Un caso especialmente paradójico es el de la Dirección del Trabajo, que es precisamente el organismo encargado de velar por los derechos de los trabajadores.
Nuestra exigencia es que las personas sean evaluadas por sus méritos, capacidades técnicas y profesionales. Todos tenemos derecho a pensar distinto y a tener una opción política. Si esa opción no interfiere con el desempeño laboral, no puede transformarse en un motivo para perder el empleo.
No estamos hablando solamente de cargos de confianza. Hemos visto situaciones en distintos servicios, entre ellos Obras Públicas, Transportes y Educación. También nos preocupan instituciones como Prodemu y el Instituto Nacional de la Juventud, así como los cambios que puedan afectar a organismos como Indap y Fosis.
El gobierno puede definir sus prioridades, pero eso no le da derecho a realizar despidos selectivos sin procedimientos legítimos. Ahí está nuestra diferencia.
—En el sector privado también existe preocupación por eventuales cambios a la jornada de 40 horas, la indemnización por años de servicio y otras materias laborales. ¿Cuáles son las líneas que la CUT no está dispuesta a transar?
—Como te decía al comienzo, el gobierno tiene una idea de flexibilización laboral. Las medidas relacionadas con las 40 horas, la indemnización por años de servicio, el trabajo por hora y las modificaciones a los contratos buscan, a nuestro juicio, facilitar el despido.
El problema es que los trabajadores entrarían a sus empleos sin tener certeza sobre cuánto tiempo podrán permanecer en ellos. Para nosotros, eso representa un retroceso respecto de conquistas históricas que han entregado estabilidad y seguridad a las relaciones laborales.
El gobierno está intentando instalar un discurso ideológico basado en tres ideas. La primera es que quienes trabajan y tienen beneficios serían responsables de que otras personas no encuentren empleo. La segunda es considerar los derechos laborales y el trabajo decente como costos. Y la tercera es contraponer la empleabilidad al trabajo decente.
Nosotros decimos que no basta con que una persona tenga cualquier empleo. Los trabajadores necesitan remuneraciones justas, condiciones básicas, calidad de vida y estabilidad.
Las empresas necesitan trabajadores, pero los trabajadores no necesitan estar empleados a cualquier precio. Ese es el problema de fondo.
—¿Qué consecuencias concretas podrían tener estas modificaciones en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias?
—Hay que mirar, por ejemplo, la distribución de las jornadas durante períodos extensos y los cambios que podrían afectar a sectores como el turismo.
Si una persona debe trabajar durante el verano, cuando sus hijos y su familia están de vacaciones, y después recibe sus días libres en invierno, cuando disminuye la actividad, se produce una alteración importante de su vida familiar.
Eso es lo que nosotros llamamos movilidad: que te cambien las condiciones y los tiempos de trabajo de acuerdo con las necesidades de la producción, sin considerar suficientemente la vida de las personas.
También nos preocupa el debilitamiento de las instituciones que tienen capacidad para enfrentar los abusos. A la Dirección del Trabajo se le estarían limitando sus facultades fiscalizadoras. Lo mismo nos preocupa respecto de organismos como el SAG, Conaf y Sernageomin.
Cuando se debilitan las instituciones fiscalizadoras, el Estado no solo se reduce en número de funcionarios: también pierde capacidades para hacer cumplir la ley.
—Frente a este escenario, ¿cómo buscará la CUT articularse con otras organizaciones sindicales, gremiales y sociales? ¿Existe una estrategia para enfrentar eventuales retrocesos en derechos laborales?
—Nosotros comenzamos a trabajar en esa dirección en agosto de 2025, cuando anticipábamos que José Antonio Kast tenía grandes posibilidades de llegar a la Presidencia. No porque fuéramos adivinos, sino porque había ganado la primera vuelta, el Partido Republicano había crecido y existían señales políticas que permitían prever ese escenario.
Para nuestro aniversario, en agosto del año pasado, creamos una alianza que llamamos Frente Común. Desde entonces comenzamos a apoyar la recomposición y el fortalecimiento de las federaciones de estudiantes universitarios y de las organizaciones secundarias. También hemos trabajado con la confederación y las coordinadoras de pobladores.
Hicimos una demostración de esa capacidad de convocatoria el 21 de agosto, en el Teatro Coliseo, donde reunimos a cerca de 3.000 dirigentes.
Pero no queremos quedarnos solamente en el nivel nacional ni concentrar todo frente a La Moneda. Estamos constituyendo los Comités Provinciales de Articulación Social, los COMPAS, cuyo eje son los pobladores, los estudiantes y el movimiento sindical.
A partir de esa coordinación pueden incorporarse distintas expresiones territoriales y sociales: organizaciones medioambientales, defensores del agua, grupos vinculados a la minería, artesanos, microempresarios y otras organizaciones que quieran participar.
—¿Qué buscan conseguir con estos comités territoriales?
—Queremos volver a encontrarnos. Después de los procesos constituyentes, el movimiento sindical se fue separando. También hubo divisiones entre quienes ponían el acento en la movilización y quienes defendían el papel de las instituciones permanentes.
Los COMPAS nos están permitiendo juntarnos, visibilizarnos y volver a encontrarnos. Esa articulación es fundamental para reconstruir una capacidad de acción colectiva.
No se trata solamente de una coordinación entre organizaciones sindicales. Queremos recuperar los vínculos con los estudiantes, los pobladores y las distintas expresiones sociales que comparten preocupaciones sobre el futuro del país.
Los COMPAS son para acompañarnos. Eso ocurrió el 1 de octubre, cuando la Confech convocó a una movilización nacional y la CUT acompañó a los estudiantes en los distintos territorios.
Próximamente habrá una movilización de los pobladores, a la que se sumarán la Confech y la CUT. Lo más probable es que, cerca del 30 de noviembre o después de esa fecha, también tengamos una movilización en la que participen los pobladores y los estudiantes. Lo que queremos es recomponer el tejido social, debatir, conversar y volver a encontrarnos. Ese es el objetivo de los COMPAS y del Frente Común a nivel nacional.
—La desocupación sigue siendo una preocupación, pese a las promesas del gobierno de impulsar el empleo. Hace algunas semanas se anunció el plan Chile Despega, que busca generar más de 100 mil puestos de trabajo. ¿Cómo evalúa la CUT esta iniciativa y cuáles considera que son las causas de la situación actual?
—Para la CUT, un trabajador desempleado es motivo de suma preocupación. Nos ocupan y nos preocupan quienes buscan empleo y no lo encuentran, especialmente las mujeres y los jóvenes.
Nosotros valoramos y reconocemos toda iniciativa que pueda impulsar este gobierno, como también lo hicimos con el anterior, cuando apunta a darles a los trabajadores la posibilidad de incorporarse al mercado laboral y llevar el sustento diario a sus hogares. Una de las cosas más dolorosas que puede vivir una persona es no tener qué llevar a su casa.
Sin embargo, el plan tiene una dificultad: el propio gobierno ha señalado que contempla la generación de más de 100 mil puestos de trabajo, una parte importante de ellos mediante subsidios a la contratación. Eso nos genera alertas, porque si como país terminamos creando empleos de subsistencia y precarios, tenemos un problema. A largo plazo, eso puede deteriorar la sociedad. Se están perdiendo las capas intermedias y la clase media tiene cada vez menos posibilidades de progresar mediante su propio esfuerzo.
¿Qué le hemos dicho al gobierno? Que hay dos formas en que el Estado puede contribuir a enfrentar el desempleo. Primero, aumentando la inversión pública, no solamente a nivel central, sino también apoyando a los gobiernos regionales, que son fundamentales para generar empleo en los territorios.
Lo segundo es que falta un actor muy importante: los empresarios del sector privado. Aquí no hay suficiente inversión. Se les redujeron los impuestos para incentivar la inversión, pero nosotros cuestionamos que esos beneficios se traduzcan efectivamente en nuevas inversiones y empleos. También hemos advertido sobre la salida de capitales hacia paraísos fiscales. Si los empresarios no invierten y no se crean nuevos puestos de trabajo, podemos entrar en un túnel sin salida.
Además, en vez de aumentar los presupuestos de los gobiernos regionales, se han reducido recursos destinados a inversión. Eso limita la capacidad de los gobiernos regionales para impulsar iniciativas y obras. Los gobiernos regionales potencian a los municipios y estos, a su vez, apoyan a los microempresarios y desarrollan obras públicas. Cuando se reduce esa inversión, también se debilita la capacidad de generar actividad económica y empleo en los territorios.
Hay un principio que debemos entender: cuando un trabajador queda cesante, hay un comprador menos para reactivar el mercado interno. Son los trabajadores y las trabajadoras quienes, con sus ingresos mensuales, contribuyen a sostener el consumo y la actividad económica.
—¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores el debilitamiento del mercado interno y el aumento de los costos, particularmente cuando suben los combustibles?
—Los trabajadores y las trabajadoras están asumiendo los costos de las alzas del petróleo. Cuando aumenta el precio del combustible, los transportistas traspasan ese incremento al costo de la carga y, finalmente, al precio que pagan los consumidores. Los salarios, en cambio, no crecen necesariamente al mismo ritmo. Eso termina afectando el poder adquisitivo de las familias. Lo que nos llama la atención es que se pueda estar debilitando tanto la capacidad económica de los trabajadores que terminen dependiendo cada vez más de los subsidios del Estado y de la ayuda de otros.
Nosotros creemos que los trabajadores tienen capacidades, habilidades y talentos para salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Pero esa movilidad social requiere trabajo, remuneraciones adecuadas y oportunidades reales de desarrollo. Por eso, insistimos en que no basta con generar cualquier empleo. Necesitamos empleos que permitan vivir con dignidad, sostener a las familias y construir un futuro con mayor seguridad.
—En las últimas semanas se conocieron las importantes pérdidas que afectaron al Fondo E de las AFP, lo que generó preocupación entre quienes están próximos a jubilarse. ¿Cómo evalúa la CUT la respuesta de las administradoras y del gobierno? ¿Qué garantías deberían recibir los trabajadores?
—Las AFP se están corriendo de la responsabilidad que tienen. Deben dar la cara y responderles a quienes están a punto de pensionarse. Tienen que buscar cómo reponer esos fondos que se perdieron, porque jugaron a la ruleta rusa, jugaron a las cartas con capitales ajenos, que son los capitales de los trabajadores.
Tiene que haber responsabilidades tanto administrativas como políticas. Nosotros apoyamos las comisiones investigadoras, las denuncias y las demandas que se han presentado para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes. Las AFP son responsables de entregar tranquilidad y seguridad a quienes cotizan.
Acá perdieron los trabajadores, pero las AFP no dejaron de recibir sus comisiones ni desaparecieron los bonos millonarios que se reparten entre los directores, muchos de los cuales van pasando de una administradora a otra. Lo que tiene que ocurrir es que las AFP respondan por lo sucedido. No puede ser que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes ahorraron durante años para financiar su jubilación.
—¿Qué le parece que se haya llamado a los cotizantes a postergar su jubilación y esperar a que los fondos recuperen su rentabilidad?
—Lo que ha dicho el gobierno nos resulta indolente. Decirles a las personas que posterguen su jubilación, que esperen a que los fondos vuelvan a ganar y que tengan paciencia mientras se soluciona el problema no es una respuesta suficiente. La solución, desde nuestra perspectiva, es que se restituyan los recursos que perdieron los trabajadores y que las AFP respondan por sus decisiones de inversión.
Los ahorros previsionales son el resultado del esfuerzo de las y los trabajadores. Las administradoras han lucrado con la gestión de esos fondos y ahora deben asumir las responsabilidades que correspondan.
No se trata solamente de responsabilidades políticas, sino también administrativas. Tiene que haber una reformulación de las responsabilidades hacia el futuro, para que una situación como esta no vuelva a ocurrir sin que existan consecuencias claras.
