periodista.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, aborda los primeros efectos del cambio de gobierno, denunciando desvinculaciones de cientos de trabajadores y trabajadoras de reparticiones estatales de forma arbitraria, determinaciones que están generando impacto en los servicios públicos, según afirma y advierte acciones legales en defensa de los trabajadores de parte de la ANEF.
– ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la ANEF respecto de los despidos en el sector público en este inicio de gobierno?
Un despido sin fundamentos es siempre violento. Lo que hemos visto en estas primeras semanas genera preocupación, porque no solo afecta a los trabajadores, sino también al funcionamiento del Estado. Estamos frente a situaciones que consideramos arbitrarias y que no responden a criterios técnicos ni de desempeño.
– Usted ha señalado que no se puede transformar el empleo público en un botín político. ¿A qué se refiere concretamente?
No se puede transformar en un botín político los empleos en el sector público. Existe una institucionalidad que debe respetarse. Hoy hay más de 4 mil cargos que pueden ser nombrados por el gobierno entrante, por lo tanto, no es justo que funcionarios de carrera sean despedidos por criterios más bien políticos, sin considerar su desempeño profesional ni su trayectoria.
– ¿Qué impacto tienen estas desvinculaciones en el funcionamiento de los servicios públicos?
Estos despidos afectan directamente el buen servicio de los estamentos públicos. Cuando se desvincula a trabajadores con experiencia, eso repercute en la calidad de la atención que se le entrega a la ciudadanía. No es solo un problema laboral, es también un problema para el país.
– ¿Qué rol ha jugado el recorte presupuestario en esta situación?
El recorte del 3% ha afectado el empleo en diversos servicios. Se han desvinculado trabajadores producto de esta medida, lo que tiene un doble impacto: en la vida de las familias afectadas y en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
– ¿Tienen alguna estadística de cuántos trabajadores han sido despedidos hasta ahora?
Todavía no se conoce la dimensión real de los despidos. Hemos recibido alertas desde distintos servicios, como el Servicio de Migraciones, el Ministerio de Energía y servicios de salud, pero esto recién está comenzando. Además, hay situaciones muy complejas: a algunos funcionarios se les han cerrado sus correos y cuentas de trabajo, enterándose de su despido de manera abrupta.
– ¿Cómo está reaccionando la ANEF frente a estos casos?
Somos dialogantes y democráticos, pero estamos alerta y en defensa de los trabajadores, sus derechos y el trabajo decente. Estamos entregando respaldo legal a funcionarios despedidos arbitrariamente y esperamos poder dialogar con el presidente José Antonio Kast para abordar esta situación.
– También ha habido críticas por la presencia de ciertas autoridades en el gobierno. ¿Cuál es su postura?
Es lamentable que personas que han menospreciado a los trabajadores del sector público hoy estén en el gobierno siendo también funcionarios públicos. Eso genera una señal contradictoria y preocupante, especialmente considerando que algunos ya han tenido roles previos en el Estado, como es el caso de Cristian Valenzuela.
– ¿Ha existido contacto o acercamientos con el Gobierno para abordar esta situación?
Sí, ha habido un primer acercamiento para concretar una reunión con el Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, en esa oportunidad no pudimos participar debido a que me encontraba en Chaitén cumpliendo actividades gremiales previamente programadas, y además la convocatoria se realizó con muy poca anticipación, cerca de 24 horas, lo que dificultó la coordinación.
Aun así, quiero ser muy claro: existe plena disposición al diálogo. De hecho, ya está planificada una reunión con el Presidente, la cual esperamos concretar prontamente. Nuestro objetivo es poder abordar con seriedad la situación que afecta a los trabajadores del sector público y buscar soluciones a través de este espacio de conversación.
