Federación denuncia que la entrada en vigencia del nuevo servicio se posterga hasta 2028 sin diálogo con los trabajadores y advierte que el incumplimiento de los plazos establecidos por ley son responsabilidad de las actuales autoridades.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia, FENADAJ, cuestionó duramente al Ministerio de Justicia por la decisión de postergar hasta 2028 la entrada en vigencia del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, determinación que, según la organización, fue adoptada sin informar ni dialogar previamente con los representantes de las y los trabajadores.
Para las y los representantes de las Corporaciones de Asistencia Judicial, resulta especialmente grave que la organización haya conocido esta decisión precisamente en el Día Nacional del Acceso a la Justicia, mientras se encontraba en el Congreso Nacional suscribiendo una Carta de Compromiso para fortalecer esta garantía fundamental.
“No compartimos esta postergación. Lo mínimo que esperábamos era diálogo con las y los trabajadores que hemos sido parte de este proceso y que conocemos directamente las necesidades del sistema”, señaló la presidenta de la Federación, Victoria Escalante.
La organización puso además el foco en los plazos establecidos por la propia ley, advirtiendo que cualquier incumplimiento de estas obligaciones es responsabilidad de las actuales autoridades del Ministerio de Justicia.
En este sentido, FENADAJ cuestionó directamente el compromiso asumido por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, para avanzar en la implementación del nuevo Servicio y sostuvo que la postergación anunciada representa un incumplimiento de ese compromiso político e institucional, situación que debe ser explicada públicamente por la autoridad.
La Federación también manifestó su preocupación por las consecuencias que esta decisión tendrá sobre los presupuestos de las Corporaciones de Asistencia Judicial para 2027, particularmente considerando que sus trabajadores han participado activamente en la construcción del nuevo modelo institucional.
“El nuevo Servicio no puede convertirse simplemente en un cambio de nombre. La ley debe implementarse tal como fue aprobada, con los recursos, la dotación y las condiciones necesarias para superar las brechas que hoy existen en acceso a la justicia y condiciones laborales”, sostuvo Escalante, acusando además abandono de quienes hoy son las víctimas de uno de los principales daños sociales como es la delincuencia, incorporados en la nueva orgánica.
La Federación exigió al Ministerio de Justicia abrir de manera inmediata un diálogo formal con las organizaciones de trabajadores, entregar explicaciones sobre la postergación y precisar cómo se garantizará el cumplimiento de los plazos y obligaciones establecidos en la ley.
Finalmente la entidad que reúne a las y los funcionarios las Corporaciones junto con reconocer su preocupación, analizan el actual escenario con sus bases para determinar los próximos pasos a seguir ante lo que consideran un retroceso grave tanto para trabajadores, usuarios y víctimas de delitos.
