La Asociación de funcionarios de trabajadores parlamentarios de Chile, (AFUTRAPARCH), emitió una extensa declaración pública ante la denuncia dada a conocer en la sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por parte de una de sus asociadas, por “acoso sexual y labora de parte de un diputada del Congreso Nacional.
“Por la naturaleza de la denuncia, seguiremos especial cuidado al principio de privacidad, de todo aquello que la denunciante desee mantener en reserva mientras dure la investigación. Nuestra preocupación principal es representar los intereses de las y los trabajadores de apoyo parlamentario, quienes por su modalidad contractual se encuentran en condiciones asimétricas de estabilidad laboral respecto a trabajadores de planta de cualquier servicio público de país, hecho que en este tipo de situaciones cobra especial preocupación para el trabajador y su organización”, señala el comunicado.
Agregan que “al momento de surgir este tipo de denuncias, lo que corresponde es aplicar aquellas normas reglamentarias que se encuentran vigentes, tal es el caso del Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados, instrumento oficial desde enero del 2019, que define cursos de acción y estándares a cumplir para esclarecer hechos con este tipo de connotación”.
Sostiene que les parece importante que quienes cumplen funciones dentro de la Cámara, conozcan el reglamento, “sobre todo las trabajadoras, que deben ver en él, un pilar de apoyo para trabajar en condiciones dignas y libres de cualquier tipo de violencia. Por ello velaremos por su aplicación, respeto y actualización constante. La correcta aplicación del mismo, obliga a tomar acciones para que ello ocurra, situación que ha quedado de manifiesto no se han concretado del todo. A casi 4 años de su creación, el no contar con la encargada de género mencionada en el protocolo, quien debiese recepcionar y procesar las denuncias, ocasiona alteraciones del normal curso investigativo, que en ningún caso son de responsabilidad de quienes acuden con alguna denuncia, mucho menos si son trabajadores sin responsabilidad administrativa directa, recordamos que debido al fuero parlamentario, las y los trabajadores están impedidos de denunciar ante la Comisión de Ética a los legisladores”.
Y hacen un llamado a solucionar esta situación a la brevedad, para cumplir con el principio de celeridad y oportunidad de la investigación, que permitan el esclarecimiento de las situaciones denunciadas.
“Llamamos además a dar realce, difusión y valor a este protocolo, pues ante la existencia de denuncias de este tipo, no cabe otra opción que su aplicación, independiente de quienes sean los involucrados, cualquier forma alternativa de solución de hechos de esta naturaleza no es válida. Un protocolo nace para no dejar espacio a interpretaciones y dobles lecturas. Además, el fuero de los parlamentarios, no los excusa ante eventuales responsabilidades contempladas en este protocolo y de ser necesario ante el ministerio público. Llamamos a revisar el equilibrio, respecto a las sanciones que se contemplan cuando se encuentran responsabilidades ciertas entre un funcionario versus el parlamentario, ya que debiese primar una lógica de igualdad ante la norma”, señalan en otro punto de su declaración.
En este momento la denunciante se encuentra con licencia médica, después que el diputado en cuestión le quitara las credenciales para continuar con su trabajo en el Parlamento.
Radio Cooperativa informa que la funcinaria trabaja con el diputado Enrique Lee (PRI).
