Presidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y la Producción y Vicepresidente de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile.
La propuesta de establecer un régimen de invariabilidad tributaria por hasta 25 años para grandes inversiones puede presentarse como una fórmula para atraer capital, generar certezas y promover nuevas inversiones. Sin embargo, no podemos guardar silencio al detectar que esta medida no sólo crea privilegios económicos, sino que también distorsiona el mercado laboral, afecta la libertad sindical y la negociación colectiva y vulnera principios constitucionales y convenios internacionales.
La propuesta que hoy abre su discusión pública en el tribunal constitucional, establece un tratamiento tributario especial para empresas con inversiones superiores a los US$50 millones, lo que significa que determinadas empresas podrían quedar protegidas frente a futuros cambios tributarios, mientras el resto de los contribuyentes seguiría sujeto a las decisiones que adopten los gobiernos y el congreso de turno.
Aquí detectamos un primer problema: la igualdad ante la ley. Esta modificación podría ocasionar que dos empresas que desarrollen actividades similares terminen enfrentando reglas tributarias diferentes, sólo porque una tuvo la capacidad de superar un determinado umbral de inversión. Se crea así un grupo de contribuyentes «blindados», mientras otros quedan expuestos a las modificaciones futuras del sistema tributario.
Pero existe una discusión todavía más profunda. Los impuestos son materia de ley y, por lo tanto, forman parte de las decisiones que una sociedad adopta democráticamente. Si hoy establecemos contratos que impiden modificar determinadas condiciones tributarias durante décadas, ¿qué espacio dejamos para que las futuras generaciones puedan decidir qué sistema tributario necesitan?
No se trata de defender impuestos altos o bajos. Se trata de defender la posibilidad de que la ciudadanía, a través de sus instituciones democráticas, como el Congreso, pueda discutirlos y modificarlos. Una sociedad puede cambiar de opinión, puede enfrentar nuevas crisis, nuevas necesidades sociales, transformaciones tecnológicas o cambios profundos en su estructura económica. La legislación debe tener la capacidad de responder a esas transformaciones. La invariabilidad, en cambio, corre el riesgo de convertir una decisión política del presente en una obligación para el futuro.
Y aquí aparece una dimensión que muchas veces queda fuera del debate y que para nuestras organizaciones es fundamental: el trabajo y los derechos de las y los trabajadores.
La invariabilidad tributaria no garantiza por sí sola mejores empleos. Tampoco asegura que las nuevas inversiones se traduzcan necesariamente en más contratación, mejores salarios o mayor capacitación para trabajadores nacionales. La propia transformación tecnológica demuestra que grandes niveles de inversión pueden convivir con procesos de automatización que reducen la necesidad de mano de obra. El problema es que esta política puede profundizar una desigualdad que ya existe en nuestro mercado laboral.
Sectores como la minería, la energía y la infraestructura cuentan, en general, con trabajadores más calificados, mayores niveles de organización sindical y remuneraciones superiores. En cambio, sectores como el comercio y los servicios concentran una enorme cantidad de empleos, pero enfrentan salarios más bajos, mayor rotación y menores niveles de organización. Si a los sectores que ya cuentan con mejores condiciones laborales les agregamos una estabilidad tributaria que no estará disponible para los demás, corremos el riesgo de ampliar todavía más esa brecha.
Esto también tiene consecuencias para la negociación colectiva.
Una negociación colectiva no ocurre en el vacío. Depende de la capacidad económica de la empresa, de su estabilidad y de la fuerza organizativa de sus trabajadores. Una empresa con reglas tributarias aseguradas durante décadas tiene un escenario muy distinto al de una empresa que debe enfrentar cambios tributarios, económicos y regulatorios.
Por eso, hoy advertimos sobre la posibilidad de terminar construyendo negociaciones «premium» y negociaciones «precarias»: trabajadores de empresas altamente capitalizadas y protegidas, por un lado; trabajadores de sectores más vulnerables y expuestos a la incertidumbre, por otro.
La discusión tampoco debería plantearse como una oposición entre inversión y trabajadores. Chile necesita inversión. Necesita crecimiento. Necesita nuevas empresas y nuevos empleos, pero debemos preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos construir.
Una buena política de inversión debería preguntarse cuánto empleo genera, qué calidad tienen esos puestos de trabajo, cuánto capacita, cuánto aporta al desarrollo local y cuánto contribuye efectivamente al financiamiento de las necesidades del país.
Porque si una empresa puede invertir miles de millones de dólares y, gracias a la automatización, emplear cada vez a menos personas, la magnitud de la inversión por sí sola no puede ser considerada sinónimo de bienestar social.
El debate, entonces, es entre un modelo que busca atraer capital entregando certezas excepcionales y otro que busca compatibilizar inversión, recaudación, derechos laborales y democracia. Chile necesita reglas claras, no reglas inmodificables.
Por eso, la pregunta fundamental no es cuánto capital podemos atraer ofreciendo invariabilidad tributaria, la pregunta es qué democracia queremos dejar cuando esos 25 años hayan terminado.
Porque los impuestos pueden subir o bajar, las políticas económicas pueden cambiar, los gobiernos pueden equivocarse y corregir. Eso es parte de una democracia viva. Lo que no deberíamos congelar es la posibilidad de decidir.
La democracia también consiste en que las generaciones futuras tengan derecho a discutir, modificar y construir sus propias reglas. Y ninguna promesa de inversión debería llevarnos a olvidar que ese derecho es, finalmente, mucho más importante que cualquier régimen tributario.
