Una sociedad nunca puede eliminar completamente el riesgo. Puede crecer, acumular reservas, desarrollar tecnología y construir instituciones extraordinariamente sofisticadas, pero siempre habrá momentos en que una persona enferme, pierda su empleo, envejezca, tenga que cuidar a otro o vea disminuir inesperadamente sus ingresos. También existirán crisis que ningún hogar puede prever: una pandemia, una recesión internacional, una guerra que eleva el precio de la energía o una catástrofe que destruye en horas aquello que una familia construyó durante décadas. La diferencia fundamental entre sociedades no consiste entonces en la existencia del riesgo, sino en quién debe soportarlo cuando aparece.
Ésa es probablemente la pregunta que mejor permite comprender la filosofía económica y social que comienza a dibujarse detrás del gobierno de José Antonio Kast y de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. No porque el Ejecutivo haya anunciado la eliminación de toda política social —la evidencia no permite sostener algo semejante—, sino porque sus decisiones y declaraciones muestran una jerarquía bastante reconocible sobre cómo debería producirse el bienestar. La inversión privada ocupa el comienzo de la cadena; de ella deberían surgir crecimiento y productividad, del crecimiento debería emerger empleo y, mediante el empleo, los hogares adquirirían progresivamente capacidad para resolver sus propias necesidades. Las transferencias y políticas sociales no desaparecen, pero tienden a ocupar un lugar subsidiario, focalizado o funcional a la incorporación productiva.
El FMI describe de manera bastante transparente esta dirección. Su evaluación de 2026 señala que la administración busca elevar el crecimiento potencial mediante desregulación y reformas tributarias, mientras consolida fiscalmente mediante reducciones de gasto. El paquete incluye una disminución gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, reducción del tamaño del aparato estatal y eliminación o consolidación de programas considerados de bajo rendimiento. Al mismo tiempo, el organismo observa que el Gobierno limitó rápidamente el mecanismo de estabilización del precio del petróleo y lo sustituyó por apoyos más focalizados y fiscalmente menos costosos.
Esta combinación permite entender mejor lo que está en disputa. No estamos simplemente frente a un Estado que se retira. Estamos frente a una discusión acerca de qué riesgos seguirá absorbiendo colectivamente y cuáles volverán a caer en mayor medida sobre el mercado, el empleo y las familias.
Chile ya conoce esta discusión, aunque durante décadas la haya formulado con otros nombres.
A fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, la dictadura realizó una transformación económica que fue mucho más profunda que privatizar empresas o abrir el país al comercio internacional. El Plan Laboral de 1979 concentró la negociación colectiva en la empresa y redujo la capacidad de negociación supraempresarial. Paralelamente, la previsión transitó hacia capitalización individual, la educación fue municipalizada y organizada crecientemente mediante subsidios a la demanda y provisión privada, y salud, vivienda y otras necesidades comenzaron a depender en mayor medida de ingreso, ahorro, crédito y decisiones familiares.
Vistas por separado, aquellas reformas parecían pertenecer a mundos distintos. Una trataba sobre sindicatos, otra sobre AFP y otra sobre colegios. Pero observadas conjuntamente muestran una transformación más profunda: una parte considerable del riesgo que antes poseía una dimensión colectiva comenzó a administrarse individualmente.
El trabajador debía preocuparse por su trayectoria laboral y por la continuidad de sus cotizaciones. La familia debía decidir cuánto ahorrar, cuánto endeudarse, dónde educar a sus hijos y cómo complementar su protección sanitaria. El individuo comenzó a relacionarse con una parte creciente de su existencia como administrador de riesgos. Y precisamente allí Michel Foucault permite comprender una dimensión que la economía por sí sola no alcanza a describir. El neoliberalismo no transforma únicamente mercados; también produce un sujeto que debe invertir permanentemente en sí mismo, mejorar su empleabilidad, administrar su capital humano y asumir como responsabilidad personal una cantidad creciente de contingencias. El trabajador termina siendo simultáneamente trabajador, inversionista previsional, comprador de educación, consumidor de salud, deudor hipotecario y administrador doméstico de incertidumbre.
David Harvey observa el mismo proceso desde otro lugar. Su pregunta no es qué tipo de individuo produce esa racionalidad, sino cómo cambian las relaciones de poder cuando cambian las reglas. Privatización, liberalización, debilitamiento de determinadas formas colectivas de negociación, financiarización o reducciones tributarias no modifican solamente indicadores de eficiencia; pueden cambiar también la distribución del poder entre quienes poseen capital y quienes dependen principalmente de vender su trabajo.
La importancia de Harvey no está en utilizarlo como autoridad para demostrar que Chile fue neoliberal. Está en preguntar si instituciones que parten desde tradiciones diferentes observan mecanismos compatibles con su hipótesis. Y allí aparece el PNUD. En Desiguales, el organismo identificó entre los mecanismos que reproducen la desigualdad chilena la existencia de salarios bajos en sectores relevantes, elevada rotación laboral, concentración de ingresos y propiedad, una capacidad insuficiente de impuestos y transferencias para moderar completamente esas diferencias, un sistema educativo incapaz de igualar suficientemente las oportunidades y una sobrerrepresentación de los grupos de mayores ingresos en determinados espacios de decisión.
La convergencia es importante. Harvey parte desde economía política; PNUD desde desarrollo humano. Ambos conducen a una constatación fundamental: la desigualdad no es únicamente el resultado final del esfuerzo individual. Las instituciones determinan también desde qué posición participa cada persona, cuánto poder tiene para negociar y cuánta incertidumbre puede soportar.
Por eso la frase según la cual “la mejor política social es el empleo” necesita ser examinada con más cuidado de lo que permiten los eslóganes. El empleo es indispensable. Proporciona ingreso, autonomía, reconocimiento y pertenencia social. Pero la existencia de un trabajo no determina por sí sola cuánto ganará una persona, cuánto durará ese empleo ni qué ocurrirá cuando deje de trabajar. Fundación SOL, utilizando microdatos de CASEN 2024, estimó que aproximadamente la mitad de quienes trabajan recibe alrededor de $600.000 líquidos o menos, mientras el propio PNUD lleva años identificando bajos salarios y alta rotación como parte de los mecanismos que reproducen desigualdad.
La experiencia previsional es todavía más reveladora. Durante décadas se sostuvo que empleo, ahorro y capitalización permitirían financiar adecuadamente la vejez. Sin embargo, el Estado terminó construyendo Pilar Solidario y posteriormente PGU para complementar pensiones que las trayectorias contributivas individuales no conseguían financiar suficientemente. CEPAL había advertido ya en 2006 sobre problemas de cobertura, equidad y efectos distributivos de los sistemas contributivos y sobre las dificultades que enfrentan trabajadores precarios, informales o de bajos ingresos.
Esta historia permite comprender de manera distinta lo ocurrido después de 1990. La democracia chilena no desmanteló completamente la economía de mercado heredada, pero tampoco se limitó a administrarla pasivamente. AUGE/GES, Seguro de Cesantía, Chile Solidario, Chile Crece Contigo, Pilar Solidario y posteriormente PGU fueron agregando capas de protección distintas que compartían un aprendizaje práctico: trabajo y crecimiento son esenciales, pero no consiguen por sí mismos asegurar todos los riesgos que atraviesan una vida humana.
Ese aprendizaje ocurrió junto con una reducción histórica de la pobreza. Bajo la metodología utilizada durante décadas, ésta cayó desde 38,6% en 1990 hasta 6,5% en 2022. Cuando posteriormente se reconstruyó una serie utilizando un estándar más exigente, las magnitudes cambiaron sustantivamente, pero la trayectoria siguió mostrando una caída extraordinaria.
El problema fue que salir de la pobreza no significó salir automáticamente de la vulnerabilidad.
La CASEN 2024 resulta decisiva precisamente porque actualiza aquello que Chile considera una vida mínimamente protegida. Con la nueva metodología, la pobreza por ingresos alcanza 17,3% en 2024, frente a 20,5% en 2022 bajo el mismo estándar reconstruido. La pobreza extrema llega a 6,9%. Bajo la metodología antigua, en cambio, la pobreza monetaria habría sido apenas 4,9%. La nueva metodología también eleva las exigencias de la pobreza multidimensional, que llega a 17,7%, amplía sus indicadores de 15 a 20 e incorpora dimensiones vinculadas con cuidados, aprendizaje y conectividad.
Esto es particularmente importante frente a las críticas posteriores de Kast a CASEN. Hubo una discusión metodológica legítima sobre mediciones anteriores y, precisamente por eso, el instrumento fue revisado mediante un proceso que incorporó a una Comisión Asesora Presidencial y una mesa técnica donde participaron la Subsecretaría de Evaluación Social, INE, CEPAL y PNUD. La nueva metodología eliminó, entre otras cosas, el alquiler imputado dentro del ingreso y diferenció líneas para hogares arrendatarios y no arrendatarios.
Lo relevante es que, después de introducir un estándar más exigente y aplicar el mismo criterio retrospectivamente, la reducción entre 2022 y 2024 continúa apareciendo.
La discusión deja entonces de ser únicamente estadística. El conflicto de fondo es qué entendemos por progreso social. Una persona puede tener un empleo y seguir siendo vulnerable. Puede estar fuera de la pobreza monetaria y no disponer de una pensión suficiente. Puede trabajar y no contar con una red de cuidados. Puede recibir ingresos y no tener suficiente capacidad para soportar una enfermedad o una cesantía.
Eso explica por qué el PNUD habla actualmente de fragilidad estructural y por qué la pobreza multidimensional incorpora justamente aquellas dimensiones que el ingreso no puede expresar. El problema chileno no fue que el mercado no produjera riqueza. La produjo. El problema es que producir riqueza y producir seguridad social nunca fueron exactamente la misma cosa.
Esta diferencia permite mirar nuevamente la trayectoria política del país. Una generación que vivió la dictadura podía comprender determinadas instituciones como herencias históricas y valorar la democracia por la distancia recorrida desde 1990. Para una persona nacida en 1995, que tenía 24 años durante el estallido de 2019, AFP, Isapres, endeudamiento, segregación educacional o precariedad laboral no eran necesariamente “instituciones heredadas”. Eran simplemente el país en el que había nacido.
Su pregunta podía ser más dura. Después de tres décadas de democracia, ¿por qué estas inseguridades seguían formando parte de la vida cotidiana?
El movimiento estudiantil de 2011 anticipó esa transformación. Una generación que ya había accedido masivamente a educación dejó de discutir solamente cómo entrar y comenzó a discutir calidad, endeudamiento, segregación y desigualdad de oportunidades. El conflicto avanzó desde acceso hacia ciudadanía.
En 2019 ese malestar dejó de caber dentro de una sola demanda. Pensiones, salarios, salud, transporte, educación, deuda, abusos y desconfianza hacia las élites confluyeron dentro de una crisis heterogénea de legitimidad. El PNUD ha estudiado posteriormente aquellas “deudas del cambio” y la relación entre una percepción negativa de las transformaciones recientes y determinadas disposiciones políticas y democráticas.
Kast no produjo ese malestar, pero construyó una interpretación capaz de apropiarse políticamente de una parte de él.
Aquí aparece el trabajador que aprendió a salvarse solo. Durante décadas debió ahorrar, endeudarse, buscar colegio, resolver salud, capacitarse y enfrentar incertidumbres apoyándose principalmente en los recursos de su propio hogar. Esa experiencia puede producir legítimamente orgullo: trabajé, pagué mis cuentas, eduqué a mis hijos, cumplí. El problema comienza cuando una necesidad histórica se transforma en moral general: si yo pude hacerlo, todos deberían poder.
Entonces la autosuficiencia forzada puede convertirse en virtud política.
Ese sujeto es particularmente receptivo a un mensaje que promete menos dependencia, más empleo, más responsabilidad individual y mayor orden. Y aquí la propuesta de Kast y Quiroz no necesita abolir el Estado social para representar una inflexión. Le basta con cambiar su jerarquía.
El caso de Sala Cuna Universal resulta muy instructivo.
A primera vista parece contradecir la hipótesis de un gobierno que pretende contener el Estado social. Y en parte lo hace: la política amplía protección y corrige una discriminación histórica que afecta especialmente la contratación femenina. Pero el diseño de financiamiento revela simultáneamente la racionalidad que hemos venido observando. El nuevo Fondo de Sala Cuna se financiaría, para trabajadores dependientes, mediante una cotización patronal de 0,35%; sin embargo, esa cotización será compensada exactamente mediante una reducción de 0,35 puntos en la cotización que actualmente paga el empleador al Seguro de Cesantía. El Ministerio del Trabajo explica explícitamente que el diseño busca operar “sin alza en los costos laborales de los empleadores”. También contempla un aporte fiscal inicial de aproximadamente $10.000 millones durante dos años y garantía estatal en caso de insuficiencia del fondo.
Por tanto, no estamos frente a una simple ausencia estatal. El Estado crea, administra, garantiza y fiscaliza un nuevo mecanismo. Pero intenta hacerlo sin aumentar el costo neto del trabajo para las empresas, reasignando parcialmente capacidad contributiva que anteriormente financiaba otro riesgo: la cesantía.
Esto cambia el modo de evaluar la política.
La pregunta ya no es solamente cuántos programas sociales existen, sino cuánto aumenta realmente la capacidad agregada de la sociedad para absorber riesgos y quién aporta los recursos adicionales necesarios para hacerlo.
Sala cuna cubre un riesgo o necesidad real: cuidados infantiles y barreras de inserción laboral. Seguro de Cesantía cubre otro: pérdida del empleo. Si parte del financiamiento del nuevo beneficio proviene de disminuir el flujo hacia el segundo, el Estado reorganiza protección entre riesgos sin necesariamente incrementar en igual magnitud su capacidad total de aseguramiento.
La política es además presentada explícitamente como instrumento para aumentar participación femenina en el mercado laboral. El propio Ministerio del Trabajo destaca que la tasa de desempleo femenino supera 10% y que la sala cuna debe facilitar la integración de miles de mujeres al trabajo.
Nada de esto vuelve ilegítima la política. Al contrario, aumentar autonomía laboral femenina puede ser un enorme avance. Pero permite identificar la jerarquía del proyecto: la protección social adquiere especial legitimidad cuando facilita inserción productiva, formalización y empleo sin incrementar de manera importante el costo empresarial.
Eso es mucho más preciso que hablar simplemente de un Estado mínimo.
El mismo patrón aparece en la política contracíclica. El FMI destaca que el Gobierno limitó rápidamente el mecanismo de estabilización de precios del petróleo y lo reemplazó por apoyos más focalizados y fiscalmente menos costosos.
Desde la perspectiva fiscal existe una razón evidente: un mecanismo amplio de amortiguación puede resultar muy costoso cuando el shock internacional se prolonga. Pero desde la perspectiva distributiva ocurre algo adicional. El Estado deja de absorber una parte tan grande de la variación y permite que una mayor proporción del precio internacional llegue a hogares y empresas, concentrando después la ayuda sobre quienes considera particularmente vulnerables.
El riesgo no desaparece.
Cambia de lugar.
Y esta idea probablemente constituye el centro de toda la filosofía que estamos investigando.
Un Estado contracíclico utiliza su capacidad financiera precisamente porque reconoce que una familia individual no posee el balance necesario para soportar una crisis macroeconómica. Cuando cae el empleo, el seguro de cesantía amortigua ingresos. Cuando ocurre una pandemia, el gasto público aumenta. Cuando un shock energético golpea la economía, mecanismos de estabilización evitan que toda la variación llegue inmediatamente al consumidor. Cuando una recesión reduce demanda privada, inversión y gasto públicos pueden ayudar a sostener actividad.
La lógica del aseguramiento colectivo es sencilla: utilizar la capacidad financiera de toda la sociedad para impedir que un shock agregado se transforme inmediatamente en catástrofe individual.
La racionalidad que aparece en Kast y Quiroz parece más contenida. El Estado conserva capacidad de intervención, pero prioriza sostenibilidad fiscal y focalización, procurando que empleo, precios y mercados realicen una mayor parte del ajuste inicial.
Incluso el FMI —una institución que no puede ser razonablemente presentada como adversaria de la economía de mercado— advierte sobre los límites de esta estrategia. Su misión de 2026 reconoce que las reformas de desregulación y reducción tributaria pueden aumentar inversión y crecimiento, pero advierte que recortes generalizados del gasto destinados a compensar menores ingresos pueden reducir el espacio para gastos que también mejoran productividad, mencionando explícitamente el cuidado infantil.
Esto rompe la falsa oposición entre Estado social improductivo y mercado productivo. Una sala cuna puede ser protección social y simultáneamente aumentar participación laboral. Una buena salud pública puede ser un derecho y elevar productividad. Una educación de calidad puede reducir desigualdad y aumentar capital humano. Un seguro de cesantía puede proteger ingresos y permitir que una persona busque un empleo adecuado en lugar de aceptar inmediatamente cualquier trabajo disponible.
CEPAL y PNUD llevan décadas insistiendo precisamente en que protección, igualdad y capacidades humanas no son necesariamente costos externos al crecimiento. Pueden formar parte de las condiciones que lo hacen sostenible.
Esta diferencia filosófica puede expresarse de manera muy sencilla. Una racionalidad productivista pregunta qué condiciones sociales debemos crear para que la economía crezca. Una concepción de desarrollo humano pregunta qué tipo de economía necesitamos para que las personas puedan desarrollar una vida digna, libre y segura.
La primera tiende a observar a la persona principalmente como trabajador, consumidor, emprendedor o contribuyente.
La segunda recuerda que esa misma persona también será niño, anciano, enfermo, cuidador, ciudadano y habitante de un territorio, y que atravesará momentos en los que no podrá competir ni producir en las mismas condiciones.
Por eso la seguridad social no es simplemente transferencia.
Es infraestructura de libertad.
Una persona protegida frente a la cesantía dispone de un margen de decisión que no tiene quien debe aceptar inmediatamente cualquier trabajo para sostener a su familia. Del mismo modo, una familia que puede acceder a salud sin vender sus bienes, un adulto mayor que cuenta con una pensión suficiente o una mujer que dispone de una red de cuidados poseen una autonomía material que no depende únicamente de que el Estado “no interfiera” en sus decisiones. La libertad, vista desde esta perspectiva, no consiste solamente en ausencia de prohibiciones; también depende de contar con las condiciones materiales que permiten elegir realmente entre alternativas. Esa diferencia es importante porque las personas no llegan al mercado, a la escuela ni al mundo laboral desde un punto de partida neutral. Como mostró Pierre Bourdieu, patrimonio, educación familiar, lenguaje, redes, territorio, salud y capital cultural se acumulan mucho antes de que una sociedad comience a hablar de mérito. Por eso una selección basada aparentemente solo en rendimiento individual puede terminar reproduciendo ventajas que fueron construidas mucho antes de la competencia.
Esa observación adquiere especial relevancia frente al proyecto de “elección mutua” que amplía la capacidad de determinados establecimientos para seleccionar dentro del sistema de admisión escolar. Como el proyecto continúa en tramitación, no corresponde atribuirle desde ya todos sus efectos futuros. Pero sí obliga a formular una pregunta sociológica elemental: qué significa hablar de libertad de elección cuando las familias que participan del proceso poseen cantidades radicalmente diferentes de información, tiempo, redes, educación y alternativas territoriales. El mérito existe, pero no nace en el momento en que dos niños rinden una prueba. Se construye a lo largo de trayectorias familiares y sociales muy diferentes, y precisamente por eso la desigualdad comienza mucho antes de que una institución la convierta en un resultado aparentemente individual.
Esta discusión sobre riesgo, libertad y mérito conduce directamente hacia la interpretación que el gobierno de Kast ha construido sobre el país que recibió. Desde antes de llegar a La Moneda, Kast presentó a Chile como una sociedad deteriorada: un país que “se cae a pedazos”, con cuentas fiscales peores de lo reconocido, pérdida de dinamismo económico, expansión excesiva del aparato estatal y expectativas sociales que, desde su perspectiva, habrían dejado de guardar relación con la capacidad productiva de la economía. La denominación “Reconstrucción Nacional” no es entonces un simple nombre administrativo. Organiza todos esos problemas dentro de una misma narración: para reconstruir algo primero debe suponerse que existe un orden previo que ha sido dañado y que necesita ser recuperado.
Ese relato tiene puntos de apoyo reales. Boric dejó un déficit estructural importante y el espacio fiscal se redujo; el FMI ha advertido que Chile necesita reconstruir amortiguadores y mantener la deuda pública bajo control. Pero la misma institución describió en julio de 2026 a la economía chilena como resiliente, registró un crecimiento de 2,5% durante 2025 y destacó la solidez del sistema financiero. Por eso la idea de un “Chile quebrado” no puede tratarse como una simple descripción técnica de la economía. Es una interpretación política de una realidad mucho más contradictoria, donde coexistían problemas fiscales relevantes con crecimiento positivo, inflación previamente normalizada, reducción de pobreza y vulnerabilidades sociales todavía profundas.
La controversia sobre CASEN entra justamente en esa tensión. La nueva metodología, más exigente que la anterior, mostró que la pobreza por ingresos cayó desde 20,5% en 2022 hasta 17,3% en 2024 y que la pobreza multidimensional descendió desde 20% hasta 17,7%. Estos datos no demuestran que el gobierno de Boric haya resuelto la pobreza ni eliminan la fragilidad económica de millones de hogares. Lo que hacen es dificultar una representación completamente homogénea de un país que solo habría retrocedido. Cuando Kast relativiza esos resultados apelando a problemas metodológicos anteriores, la discusión deja de ser únicamente estadística y comienza a tocar una cuestión más delicada: qué sucede cuando una institución técnica produce evidencia que contradice parcialmente el diagnóstico político utilizado para justificar una transformación.
No basta, por supuesto, una crítica presidencial a una encuesta para hablar de autoritarismo o captura institucional. Sería una conclusión desproporcionada. El problema aparecería si comenzara a repetirse un patrón en el que los datos compatibles con la narrativa gubernamental fueran presentados como la realidad finalmente descubierta, mientras aquellos que la contradicen fueran desacreditados sin evidencia técnica equivalente. En ese escenario, la disputa económica comenzaría a convertirse también en una disputa epistemológica: no solo acerca de qué políticas debe adoptar Chile, sino sobre qué conocimientos y qué instituciones poseen autoridad para describir la realidad social.
Ese punto resulta especialmente importante porque una reorientación profunda del Estado necesita algo más que una preferencia ideológica para volverse políticamente dominante. Es mucho más eficaz presentarla como una necesidad. Si el país es descrito como quebrado, estancado y desordenado, entonces bajar impuestos, reducir regulación, contener gasto y devolver espacio al mercado dejan de aparecer simplemente como alternativas discutibles y comienzan a presentarse como condiciones inevitables de una reconstrucción. La disputa por los últimos treinta y seis años de democracia se vuelve entonces decisiva, porque existen dos lecturas completamente diferentes de la expansión de la protección social ocurrida desde 1990.
La primera interpreta ese proceso como una acumulación excesiva de regulación, transferencias y expectativas que habría terminado debilitando inversión, crecimiento y responsabilidad individual. Desde esa lectura, Kast puede presentarse como quien corrige una desviación y devuelve al país a principios que alguna vez permitieron crecer. La segunda interpretación parte de una observación histórica distinta: muchas de las instituciones sociales creadas o ampliadas durante la democracia no surgieron porque el Estado quisiera reemplazar innecesariamente al mercado, sino porque la experiencia fue mostrando que determinados riesgos no podían ser absorbidos adecuadamente por individuos y familias. El Pilar Solidario apareció porque las pensiones autofinanciadas resultaban insuficientes para una parte importante de los jubilados; el Seguro de Cesantía nació porque perder el trabajo puede destruir rápidamente los ingresos familiares; AUGE buscó impedir que enfermedad y capacidad de pago quedaran totalmente unidas; y la pobreza multidimensional no inventó nuevas carencias, sino que comenzó a medir dimensiones de vulnerabilidad que el ingreso monetario dejaba fuera.
La diferencia entre ambas interpretaciones es mucho más que historiográfica. Si la expansión de la protección social fue principalmente una desviación que debilitó el modelo, reducirla puede presentarse como una modernización necesaria. Pero si aquella expansión fue una respuesta acumulativa a fallas y riesgos que la arquitectura original había dejado excesivamente sobre los hogares, disminuirla puede significar trasladar nuevamente hacia las familias cargas que la democracia pasó décadas intentando compartir.
Por eso tampoco es necesario atribuir a Kast o a Quiroz una intención deliberada de perjudicar a los trabajadores. Esa explicación psicológica sería innecesaria y empobrecería el análisis. Una política puede redistribuir riesgo, riqueza y poder hacia arriba aunque quienes la diseñan estén sinceramente convencidos de que sus efectos terminarán beneficiando al conjunto de la sociedad. La megarreforma permite observar ese mecanismo con relativa claridad. La reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23% produce un beneficio fiscal jurídicamente definido. En cambio, cuánto de ese ahorro terminará convertido en inversión, cuántos empleos creará, qué salarios pagará y cuánto retornará posteriormente al fisco dependen de decisiones empresariales y condiciones macroeconómicas que ninguna ley puede garantizar.
El FMI reconoce que las reformas podrían aumentar crecimiento, pero también estima que el Plan mantiene un costo fiscal neto y advierte que algunas de las ganancias proyectadas pueden resultar optimistas. Más aún, en el escenario en que el crecimiento se aproxima a 3% entre 2027 y 2030, el propio Fondo señala que más de la mitad del impulso provendría de los altos precios del cobre y no exclusivamente de las reformas. Esa diferencia permite comprender la asimetría que atraviesa todo el proyecto: el beneficio tributario se materializa primero y de manera cierta, mientras el beneficio social depende de una cadena económica posterior.
Es allí donde la idea de “certeza arriba, incertidumbre abajo” deja de ser solamente una frase retórica y adquiere un contenido distributivo concreto. Una gran empresa puede diversificar inversiones, cambiar activos, obtener financiamiento o absorber temporalmente una caída de ingresos. Una familia que depende de uno o dos salarios no dispone de esas mismas posibilidades. Cuando aparece una cesantía, una enfermedad o un aumento brusco del costo de la vida, la incertidumbre se convierte inmediatamente en una decisión doméstica: qué gasto postergar, cuánto endeudarse, a quién pedir ayuda o cuánto tiempo puede sostenerse el hogar antes de perder estabilidad.
Por eso la discusión sobre Kast y Quiroz se entiende mejor si dejamos de preguntar si quieren construir literalmente un Estado mínimo. La evidencia apunta hacia algo más complejo: una posible re-subsidiarización del Estado chileno, donde la protección social se vuelve más contenida y focalizada, especialmente cuando puede vincularse con participación laboral y sostenibilidad fiscal; donde el Estado económico se orienta activamente a crear condiciones favorables para inversión y acumulación privada; y donde, al mismo tiempo, el Estado puede fortalecer sus capacidades en seguridad, propiedad, fronteras, disciplina y orden. El Estado no desaparece. Cambia la dirección de su fuerza y, con ello, cambia también la distribución de los riesgos que decide compartir y de aquellos que deja nuevamente en manos de las familias.
El Estado, entonces, no desaparece: cambia el objeto de su fuerza. Esa transformación puede comprenderse mejor si dejamos de pensar a Harvey, Foucault o Bourdieu como autores que deben aparecer sucesivamente para “explicar” partes distintas del problema y comenzamos a leerlos como dimensiones de una misma experiencia social. Harvey permite observar qué ocurre con el poder cuando el Estado reduce ciertos riesgos para el capital y deja que una mayor proporción de las contingencias económicas recaiga sobre los hogares; Foucault ayuda a comprender cómo esa redistribución termina produciendo un individuo obligado a administrarse permanentemente, a mejorar su empleabilidad, prever su vejez, financiar su salud y asumir como responsabilidad personal aquello que muchas veces depende de estructuras que exceden su control; y Bourdieu recuerda que tampoco ese individuo llega a la vida económica desde un punto de partida neutral, porque patrimonio, educación familiar, redes, territorio y capital cultural condicionan mucho antes las oportunidades que después suelen presentarse como simple resultado del mérito.
Las investigaciones del PNUD, CEPAL y la propia CASEN permiten llevar estas preguntas desde la teoría hacia la experiencia concreta. PNUD obliga a mirar si las instituciones amplían realmente las capacidades humanas y no solamente el ingreso; CEPAL ha insistido en que igualdad, protección social y productividad no son necesariamente objetivos contradictorios; y CASEN, especialmente desde su nueva metodología, muestra que una familia puede participar normalmente del mercado laboral y seguir expuesta a una fragilidad considerable. Cuando esa mirada entra finalmente en una casa, la discusión deja de ser abstracta. Una crisis económica ya no significa una caída del PIB, sino alguien preguntándose si podrá pagar el dividendo del próximo mes; una enfermedad no es una categoría estadística, sino una familia reorganizando sus gastos y postergando otras necesidades; una cesantía significa calcular cuánto durarán los ahorros y qué deudas pueden aplazarse; un hijo pequeño puede obligar a decidir quién reduce su jornada o abandona temporalmente el trabajo; una pensión insuficiente puede convertir décadas de autonomía en una nueva dependencia respecto de los hijos.
Eso es, en términos humanos, el riesgo social. Y allí aparece también una dimensión de la desigualdad que los indicadores monetarios capturan solo parcialmente. La diferencia entre quien posee patrimonio y quien carece de él no consiste únicamente en cuánto dinero tiene cada uno, sino en cuánto tiempo puede resistir cuando algo sale mal. Quien posee ahorros puede esperar algunos meses antes de aceptar cualquier empleo, puede endeudarse en mejores condiciones, pagar atención privada o absorber una caída transitoria de ingresos. Quien carece de ese respaldo debe decidir antes y generalmente desde una posición más débil: aceptar un trabajo peor, recurrir a crédito más caro, postergar una consulta médica o depender de familiares. En ese sentido, la desigualdad también puede entenderse como una diferencia en la capacidad para decir que no: no a un empleo abusivo, no a una deuda imposible, no a vender patrimonio para enfrentar una enfermedad, no a aceptar que una contingencia momentánea determine el resto de la vida.
La seguridad social intenta precisamente democratizar una parte de esa capacidad. Por eso no debería entenderse necesariamente como el opuesto de la libertad. Puede ser una de sus condiciones materiales. Una persona protegida frente a la cesantía dispone de más margen para buscar un trabajo adecuado; una familia con acceso garantizado a salud enfrenta con mayor autonomía una enfermedad; una mujer que dispone de cuidados puede decidir con más libertad si trabaja, estudia o participa públicamente; un adulto mayor con una pensión suficiente depende menos de la buena voluntad o de la capacidad económica de sus hijos. Desde esta perspectiva, la protección social no sustituye la responsabilidad individual: evita que esa responsabilidad deba ejercerse bajo condiciones de vulnerabilidad extrema.
Es precisamente esta discusión la que el gobierno de Kast vuelve a abrir. Chile lleva casi medio siglo definiendo cuánto riesgo debe permanecer en manos del individuo y cuánto debe compartirse colectivamente. Desde fines de los años setenta trasladó una parte importante hacia trabajadores y familias. Desde 1990, sin abandonar la economía de mercado, la democracia fue construyendo mecanismos destinados a volver a compartir algunos de esos riesgos. Aquella trayectoria permitió reducir de manera extraordinaria la pobreza y elevar el desarrollo humano, pero no eliminó la vulnerabilidad ni las desigualdades de origen, y justamente esas insuficiencias terminaron alimentando parte del descontento que se acumuló durante las décadas posteriores.
Kast llegó al poder dentro de ese desencanto, pero interpreta sus causas de una manera distinta. Su proyecto no necesita restaurar literalmente el Chile institucional de 1980 para representar una inflexión. Le basta con recuperar algunos de los principios que organizaban aquella racionalidad: mayor confianza en la acumulación privada, mayor responsabilidad individual, centralidad del empleo como principal mecanismo de integración, protección social más focalizada, disciplina fiscal más estricta y un Estado dispuesto a disminuir determinados riesgos de la inversión bajo la expectativa de que ese dinamismo permita posteriormente a las familias enfrentar mejor los suyos. En esta lectura, el problema de Chile no habría sido que la protección social llegó demasiado tarde o de manera insuficiente, sino que el país habría terminado confiando demasiado en regulación, transferencias y acción estatal, debilitando con ello inversión, crecimiento y autonomía.
Ahí se encuentra la verdadera prueba de la arquitectura que comienza a construirse. No basta con observar si aumenta la inversión o si el PIB crece algunos puntos más. Habrá que mirar simultáneamente qué ocurre con los salarios, la estabilidad del empleo, la recaudación fiscal, la cobertura de los mecanismos de protección, la capacidad del Estado para actuar frente a una nueva recesión y, sobre todo, quién absorbe finalmente los costos cuando las promesas de crecimiento tardan más de lo esperado o cuando aparece un shock que ninguna familia pudo anticipar. Si la reforma consigue combinar mayor inversión con mejores salarios, reducción de desigualdad, cuentas fiscales sostenibles y mayor seguridad material, la crítica deberá revisarse. Pero si el capital recibe primero certeza y los hogares terminan absorbiendo una proporción mayor de la incertidumbre, entonces estaremos frente a algo más profundo que una agenda de crecimiento: una nueva distribución institucional del riesgo.
Por eso la pregunta final no debería formularse simplemente como una elección entre Estado y mercado. Esa oposición dice demasiado poco. Toda economía moderna necesita empresas, inversión, responsabilidad individual y también instituciones públicas capaces de actuar cuando esas herramientas no bastan. La pregunta verdaderamente importante es qué riesgos consideramos razonable dejar en manos de cada familia y cuáles creemos que una sociedad democrática debe compartir porque ningún individuo puede controlarlos completamente.
Detrás de las cifras de crecimiento, de las curvas tributarias, de CASEN, de los balances fiscales y de las proyecciones de inversión siempre termina apareciendo alguien intentando sostener una vida concreta. Una persona que quiere trabajar, cuidar, enfermar sin quebrar, envejecer sin convertirse en una carga y saber que un golpe inesperado no destruirá en semanas aquello que tardó décadas en construir. Si un modelo económico consigue producir riqueza pero obliga a una parte creciente de la sociedad a vivir permanentemente a una crisis de distancia de perderla, entonces la discusión sobre su éxito no puede terminar en el PIB. También debe preguntarse cuánta seguridad, autonomía y libertad real produce esa riqueza para quienes viven dentro de ella.
