Periodista.
Ya lo había dicho la ex Presidenta Bachelet, hoy Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Hizo hace algunos días un llamado a los gobiernos del mundo a liberar a presos poco peligrosos y a los vulnerables, debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Aseguró entender que “los gobiernos están bajo mucha presión, que existe una gran demanda de recursos y que tienen que tomar decisiones muy difíciles. No obstante ello, les instó a que no olviden a los que están presos o en lugares como los centros de reclusión para personas con enfermedades mentales, residencias para ancianos y orfanatos. En caso contrario, las consecuencias podrían ser catastróficas”.
Era la ocasión para que el engranaje pinochetista comenzara a funcionar en un nuevo intento por sacar de la prisión a violadores de derechos humanos confinados no sólo en Punta Peuco. También en Quirihue, Colina 1 y el Centro de Reclusión Femenina.
La excusa ahora fue la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Familiares de estos reos enviaron una carta al Presidente Piñera, pidiéndole que “por humanidad” los encarcelados puedan cumplir sus condenas en sus domicilios, tomando en cuenta que varios de los internos son “adultos mayores con enfermedades graves y crónicas”. “VE. no nos discrimine por lesa humanidad, castigando a todas las familias al horror de ver morir a nuestros seres más queridos encerrados (…) nos aflige sobremanera que el Proyecto de Conmutación de Penas, presentando y discutido en el Congreso, excluya a nuestros familiares por estar condenados por delitos de lesa humanidad”, decía la carta.
El proyecto de gobierno para indultos conmutativos y descongestionar así las cárceles del país en medio de la pandemia del coronavirus provocó otro desencuentro al interior del oficialismo. Es que la iniciativa, que busca beneficiar a cerca de 1.300 reos que se encuentran cumpliendo condena en las cárceles de Chile permitiéndoles salir de los recintos, debido a la crisis del COVID-19, no incluía a los condenados por violaciones de los Derechos Humanos. Este proyecto establece un indulto para que adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas que están en prisión, cumplan sus penas en sus domicilios; excluyendo del beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad. Si bien el Congreso visó el indulto, los diputados rechazaron -con votos en contra de Chile Vamos- la propuesta de la comisión mixta sobre el proyecto, gatillando que aquellos beneficiados con medida de arresto domiciliario que incumplan la medida no quedaran con sanción.
La ira hizo presa de los sectores más pinochetistas, con la excepción del presidente de RN quien defiende a carabineros -arma de la cual se siente parte– confinados por los mismos delitos. Y votaron en contra de la iniciativa despachada por el parlamento, pero sin la norma que permitiría sancionar el incumplimiento de quienes se acojan al beneficio, y les permita cumplir la pena en arresto domiciliario total.
Rápidamente diputados y senadores particularmente de la UDI ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, asegurando que la iniciativa era arbitraria, ya que discriminaba por tipo de delito y no por grupo de riesgo por un posible contagio de COVID-19. Firmaron los senadores de Chile Vamos -Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN), Kenneth Pugh (Independiente) y Carmen Gloria Aravena (Independiente). Buscan que se declarara la inconstitucionalidad de la exclusión del resto de la población penal, es decir, presos por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco y todo aquel que haya cometido un ilícito de gravedad.
Entre presión y presión liderada por Jacqueline van Rysselberghe un abogado amenazó directamente al Mandatario si no incluía a sus defendidos en “Advertimos legalmente al Presidente Piñera que será de su exclusiva responsabilidad, si algunos de los internos adultos mayores que se encuentran en el penal de Punta Peuco y Colina 1 contraen el Covid 19 o fallecen”, dijo el abogado Meza.
Un veto y un regalo
La ofensiva sorprendió al gobierno y a la oposición. Elministro Larraín pidió a los parlamentarios de su sector retirar el requerimiento, asegurando que con la medida impulsada por los senadores podrían verse beneficiados “condenados de lesa humanidad y abusadores sexuales”. Más categórico fue el senador socialista Alfonso de Urresti quien catalogó como “inadmisible” que los senadores de Gobierno, a través de una presentación ante el TC, estén paralizando esta ley que da un indulto a quienes están en serio riesgo de contraer el coronavirus. “Acá hay un tema ideológico de una derecha dura que quiere extender estos beneficios a violadores de derechos humanos de Punta Peuco”, dijo de Urresti. Y agregó que la salud de la población penal estaba siendo impedida de llevar a cabo “por una visión ideológica de los nostálgicos de la dictadura”.
Rápidamente el ministro Larraín anunció el envío de un veto aditivo para reponer los artículos rechazados y agregar delitos que no podrán optar al beneficio, como casos de violencia intrafamiliar. Pero, como siempre, hubo un regalo para la UDI. Porque junto con el veto, el gobierno comunicó también que pondría discusión inmediata al proyecto de ley humanitaria, que lleva un buen tiempo sin avances en el Senado y que permite la conmutación de penas a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, “que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de una invalidez total”, según dijo el ministro Larraín. El jefe de Justicia agregó que “no excluye algún tipo de delitos”. Y con eso esperaban que los firmantes retiraran el escrito.
Pero todo indica que no quedaron contentos. La jefa UDI había advertido a La Moneda que ella y los otros diez firmantes del escrito al TC no lo bajarían por ningún motivo, a menos que el gobierno aplicara una solución “razonable”. La apuesta del Ejecutivo en todocaso es que el requerimiento ingresado por los senadores de Chile Vamos sea retirado, porque, según explicó el ministro de Justicia Hernán Larraín, una de las consecuencias de conmutar penas a toda la población penal mayor de 75 años, incluiría beneficiar también a «violadores, abusadores sexuales, parricidas, femicidas (…) personas que a nuestro juicio no deben salir por la gravedad de lo que han cometido».
En la UDI reaccionaron como era obvio. La presidenta del gremialismo Jacqueline Van Rysselberghe sostuvo que los anuncios del Gobierno fueron «absolutamente insuficientes». «El darle discusión inmediata a una ley que está hace dos años durmiendo en el Congreso no es suficiente”…dijo. Y con respecto al recurso ingresado al TC, la senadora indicó que «nosotros no tenemos ninguna intención de retirarlo del Tribunal Constitucional porque creemos de verdad que acá se está cometiendo una discriminación arbitraria que no corresponde”. “Duele que nuestro Gobierno esté cometiendo una discriminación de esa naturaleza. Por esa razón vamos a conversar entre los senadores que firmamos este requerimiento», añadió.
Rechazo al intento de impunidad
Para el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, “es francamente inaceptable que se aproveche la coyuntura del Covid 19 para consagrar la impunidad en materia de violación a los derechos humanos en el país”. A su juicio, el Gobierno “de contrabando pretende legislar para que quienes están condenados por la justicia por crímenes de lesa humanidad en nuestro país terminen sin cumplir sus penas. La democracia exige respeto irrestricto a los derechos humanos y la sanción efectiva a quienes los violan para sentar un precedente para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estas atrocidades”.
El diputado PS Leonardo Soto sostuvo que “el Gobierno perdió completamente la brújula de las prioridades de los chilenos (…) Mientras millones de hombres y mujeres están clamando por ayuda social, económica y laboral para enfrentar el confinamiento frente al avance del coronavirus, el Gobierno está preocupado de liberar a los reos de Punta Peuco”. “Si el Gobierno quiere llevarnos a las prioridades de la UDI y RN, la oposición desde ya debe decir que no cuentan con nosotros”, recalcó.
Heraldo Muñoz, del PPD, sostuvo por su parte que resulta “lamentable que parlamentarios de Chile Vamos no estén de acuerdo con un proyecto presentado por el Gobierno para proteger a la población carcelaria más vulnerable al coronavirus, mujeres con hijos o mayores de dos años, mujeres embarazadas y condenados mayores de 60 años que tendría que cumplir el resto de la pea con arresto domiciliario”.
“Nos parece bien que el Presidente haya decidido reponer, a través de un veto aditivo, el indulto conmutativo a personas que están privadas de libertad por delitos menores, pero esto que le hace un gesto a la ultraderecha de la Ley Humanitaria no lo vamos a aceptar”, dijo el senador PPD Felipe Harboe. Según el parlamentario, «nosotros no vamos a aceptar que salgan ni homicidas, ni violadores, ni menos aún violadores de derechos humanos, eso sí que no, aunque haya una ley humanitaria eso no va a ocurrir ni va a contar con los votos nuestros».
Para el senador RD Juan Ignacio Latorre, las decisiones del Gobierno responden a la “presión del pinochetismo y la derecha dura”, pero además puso foco en otro punto: “Hay un llamado de atención al Gobierno y al Poder Judicial para considerar la situación de las dos mil personas que están en prisión preventiva, presos de la revuelta popular del 18 de octubre, y que perfectamente podrían seguir su proceso judicial con arresto domiciliario”
Maya Fernández, también socialista, sostuvo que lo anunciado por el gobierno “es un gesto hacia un sector de la derecha para que le aprueben veto aditivo. De ser cierto sería impresentable buscar una salida a quienes violaron los derechos humanos y nunca se han arrepentido”. El diputado DC, Matías Walker, planteó sobre la ley humanitaria que «eso lo tienen que discutir los senadores. Sólo recordar que de acuerdo a todos los principios de tratados internacionales de DD.HH. ratificados por Chile, los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser acreedores de beneficios. Y eso es muy importante tenerlo presente en la discusión de ese proyecto de ley”.
El diputado RD, Pablo Vidal, indicó que “el compromiso del Gobierno con el indulto conmutativo era excluir a violadores de DDHH. Hoy el gobierno da la razón a la derecha dura y pone urgencia al proyecto de Ley Humanitaria que beneficiaria a criminales de lesa humanidad. Inmorales”. La diputada de Comunes, Claudia Mix, aseguró en tanto que “es impresentable que en nuestro país aún quieran dar beneficios a los criminales de lesa humanidad. Les pido a los parlamentarios de Chile Vamos que no ocupen está pandemia para sacar provecho».
