Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ANFUSEPNA
El viernes 4 de septiembre iniciaron las sesiones de la Comisión para la Nueva Arquitectura del Estado. Una convocatoria del Ejecutivo orientada a la reducción y fusión de ministerios junto a modificar el Estatuto Administrativo. Quienes somos parte de estos cimientos institucionales que esperan ser renovados hemos iniciado por nuestra parte un diálogo directo con algunos de los integrantes de esta comisión para conocer el alcance de estas transformaciones.
La conversación reciente con el ex Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade parte de esta comisión, por ejemplo, nos abrió la puerta a analizar no sólo los diagnósticos que motivan esta reforma, sino las alertas y prioridades que los trabajadores del sector público debemos instalar de manera urgente en la discusión nacional. Desde la perspectiva planteada en dicho espacio, resulta evidente que el aparato público requiere optimizar su funcionamiento y revisar áreas de duplicidad funcional (como la superposición de roles entre direcciones regionales de servicios y secretarías regionales ministeriales en diversas carteras, entre otras).
Sin embargo, cualquier proceso de modernización debe alejarse de la mera lógica del recorte y enfocar sus esfuerzos en potenciar la presencia, efectividad y suficiencia de la acción estatal. En este horizonte, constatamos que la decisión del Ejecutivo de tramitar por cuerdas separadas la Comisión de la Nueva Arquitectura del Estado y la revisión del Estatuto Administrativo generan un nudo crítico institucional, pues avanzar de manera desarticulada dificulta en el largo plazo una mirada integral.
Ambos procesos no solo tienen que conversar, sino avanzar integrados, garantizando que el rediseño de las estructuras públicas responda directamente a los derechos de la ciudadanía y al resguardo de las condiciones laborales de quienes sostienen las funciones del Estado.
Para nuestro sector, la protección especializada de la niñez y adolescencia, la ineficiencia estatal y las demoras burocráticas se traducen en listas de espera dramáticas. Cada día de retraso en la atención de un niño, niña o adolescente bajo medidas de protección significa mantenerlo en un escenario de riesgo grave y postergar la restitución de sus derechos fundamentales.
Superar estas problemáticas requiere superar la atomización institucional. La Ley de Garantías de la Niñez exige una articulación interinstitucional real. No basta con reestructurar el Servicio de Protección; se necesita que Salud responda con celeridad frente a las emergencias de salud mental, que el SENDA garantice tratamientos ante el consumo problemático de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes, que el SENADIS entregue cobertura frente a la discapacidad de muchos de ellos y que Educación y las áreas de Reinserción Social actúen con simultaneidad y efectividad cuando un joven enfrenta una medida de protección y, al mismo tiempo, la infracción de ley.
Agradecemos y valoramos la disposición del comisionado Osvaldo Andrade para abrir espacios de diálogo y coordinación permanente con las organizaciones de trabajadores. Espacios que nos permiten proponer, en el contexto de esta Nueva Arquitectura, enfoques relevantes para incidir sobre los aspectos importantes de una eventual demolición, fusión de vigas, reemplazo del piso o las terminaciones de la obra gruesa que puedan afectar a servicios fundamentales del sector público.
Creemos que todo rediseño institucional debe construirse con la participación activa de quienes se desempeñan en él. Un Estado moderno sólo es viable si resguarda los derechos laborales y fortalece la capacidad de la función pública para garantizar, con solvencia y estabilidad, la protección de las personas más vulnerables de nuestro país.
