Cinco organizaciones de mujeres de Australia, Canadá, Corea del Sur, Nigeria y Reino Unido dirigieron una carta abierta a integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado de Chile, en momentos en que el Congreso discute distintas iniciativas legislativas relativas a la denominada “gestación subrogada”. A partir de las experiencias de sus respectivos países, sostienen que los distintos modelos jurídicos, incluidos aquellos que permiten la modalidad denominada “altruista”, no han logrado garantizar una protección efectiva a las mujeres gestantes cuando surgen conflictos.
El documento se refiere especialmente al Boletín N.º 17.337-07, iniciativa que busca prohibir la gestación subrogada sin distinguir entre sus modalidades comercial y denominada altruista, y se inserta en un debate legislativo en el que también existen propuestas orientadas a regular esta práctica.
La carta fue coordinada por la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS) y transmitida en Chile por WDI Chile. Las organizaciones firmantes son FINRRAGE y ABSA, de Australia; SOS-GPA, de Canadá; Women’s Right Plus Korea, de Corea del Sur; Naija Feminists Media, de Nigeria; y Stop Surrogacy Now UK, de Reino Unido.
Una pregunta común
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es que las organizaciones escriben desde países que han adoptado respuestas jurídicas diferentes frente a la gestación subrogada: desde modelos que permiten la modalidad denominada altruista hasta sistemas sin legislación específica o que establecen la maternidad a partir del parto.
Las firmantes señalan que no buscan decidir qué legislación debe adoptar Chile, sino aportar antecedentes provenientes de sus propias experiencias nacionales. La carta plantea una pregunta que articula los cinco casos: cuando el acuerdo de gestación subrogada salió mal, ¿qué protección proporcionó realmente el marco jurídico a la mujer que había gestado al niño o niña?
Precisamente allí radica la particularidad del documento: sus argumentos no se construyen sobre un único modelo normativo, sino que contrastan experiencias de países con regulaciones muy distintas.
En Australia, la gestación subrogada denominada altruista se encuentra regulada en sus seis estados y dos territorios. La carta recoge los testimonios de dos mujeres, Bev y Odette, quienes gestaron para una amiga y una prima, respectivamente. Según el documento, ambas llevan alrededor de diez años sin ver a los niños que gestaron, mientras que una de ellas quedó además con una deuda de 60 mil dólares producto de gastos legales y médicos.
El caso de Canadá es presentado como otro ejemplo de las dificultades que puede enfrentar un sistema regulado. Desde 2004, la legislación canadiense prohíbe pagar a una mujer por actuar como gestante y permite únicamente el reembolso de determinados gastos. Sin embargo, las organizaciones cuestionan la capacidad efectiva del sistema para fiscalizar esas disposiciones.
La carta pone especial atención en Quebec, que hasta 2023 declaraba absolutamente nulos los contratos de gestación subrogada y posteriormente optó por regular la práctica. Las firmantes sostienen que algunas de las salvaguardias establecidas han podido ser eludidas mediante acuerdos realizados en otras jurisdicciones canadienses.
En Corea del Sur, en tanto, no existe una legislación específica sobre gestación subrogada. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes expuestos en la carta, la maternidad legal se determina por el parto y los contratos de esta naturaleza carecen de reconocimiento jurídico. El documento señala que este criterio fue reafirmado por la Corte Suprema surcoreana en abril de 2025.
La situación de Nigeria es diferente. Allí no existe actualmente una ley que permita o prohíba explícitamente la gestación subrogada, mientras se han presentado iniciativas destinadas a regularla. Naija Feminists Media advierte que, en ese contexto, mujeres jóvenes y en situación de vulnerabilidad económica son reclutadas para gestar y pueden enfrentar posteriormente dificultades para obtener atención sanitaria, indemnizaciones o reparación judicial.
En el Reino Unido, en tanto, la gestación subrogada denominada altruista está permitida desde 1985. Según los antecedentes entregados por las firmantes, la dimensión internacional de esta práctica ha adquirido una importancia creciente y actualmente representa el 77 % de las solicitudes de órdenes parentales en Inglaterra y Gales.
No se trata de un fallo de redacción
Tras comparar los cinco escenarios, las organizaciones sostienen que la discusión no debiera limitarse a determinar qué salvaguardias podrían incorporarse a una eventual regulación.
Su conclusión es que, pese a las importantes diferencias entre los modelos jurídicos examinados, ninguno habría proporcionado protección suficiente a la mujer gestante cuando se produjo un conflicto en el acuerdo. Para las firmantes, la dificultad no radicaría simplemente en una regulación deficiente, sino en la estructura misma de este tipo de acuerdos.
Desde esa perspectiva, llaman al Congreso chileno a considerar las experiencias internacionales antes de adoptar una decisión legislativa y plantean que la respuesta debiera ser la prohibición, y no la regulación, de la gestación subrogada.
Las organizaciones también manifestaron su disponibilidad para entregar documentación, fuentes y testimonios adicionales, ya sea por escrito o mediante reuniones telemáticas, con el propósito de profundizar en las experiencias descritas en la carta.
La CIAMS, organización que coordinó el documento, reúne a 60 organizaciones de 20 países y cuatro continentes y cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fundada en 2018, declara trabajar por la abolición de la gestación subrogada y otras formas de explotación reproductiva desde una perspectiva de derechos de las mujeres y autonomía corporal.
