Luego del fracaso de las negociaciones de la oposición para enfrentar unidos los desafíos electorales futuros, particularmente el de gobernadores regionales (antiguos intendentes) que por primera vez en la historia de Chile serán elegidos por la ciudadanía, surgió de inmediato el pacto “Unidad Constituyente”, integrado por los partidos Socialista, PPD, Radical, Democracia Cristiana, PRO, de Marco Enríquez Ominami, y Ciudadanos. Estas colectividades competirán en primarias para las mencionadas autoridades en todo el país.
“Nos hemos articulado sin vetos o exclusiones, y con la convicción de que es la ciudadanía la que debe pronunciarse en primarias sobre nuestras candidaturas”, señalan en una declaración, donde explican que este conglomerado surge “conscientes que la unidad social y política de los demócratas progresistas es una tarea inacabada” y con “la decisión de continuar trabajando por su búsqueda”.
Explican que Unidad Constituyente es un aporte al camino para lograr lo que chilenos y chilenas están demandando: “cambios profundos, que pongan fin a los abusos y la desigualdad, a las injusticias y a la exclusión. Han manifestado su aspiración de una Nueva Constitución para dar el paso a establecer un Estado Social de Derecho, con participación ciudadana y derechos sociales, poniendo en el centro la igualdad de género”.
Afirman que la democracia, la inclusión social y la sustentabilidad son principios indispensables para construir un nuevo pacto social. “Ello pasa -dicen- por materializar el propósito de la descentralización del poder, en un proceso que transfiera recursos y facultades a las Regiones y supere el lastre del centralismo que ha prevalecido en la historia del país”, e incluir en todas las políticas públicas regionales el enfoque de género.
Las colectividades progresistas señalan que se necesitan gobiernos regionales que dispongan de autonomía política y administrativa, facultades y recursos suficientes para el desarrollo territorial, como base de la unidad de Chile. ”Ello es necesario para cerrar todas las diferencias de bienestar y oportunidades entre regiones y comunas de Chile, y cimentar un desarrollo inclusivo”.
Defensoría Regional Ciudadana
Para ello, es necesario hacerse cargo de desafíos de envergadura y menciona entre ellos el diseño e implementación de las estrategias y políticas de desarrollo regional, que consideren las políticas y los planes comunales, incluyan la participación ciudadana en todos los niveles y tengan la sustentabilidad como eje principal, procurando equilibro entre los requerimientos del crecimiento, las necesidades de las comunidades y el respeto por el medio ambiente.
Asimismo, “poner en marcha políticas de participación ciudadana temprana, que incluyan las consultas y plebiscitos, en materias fundamentales para el territorio; establecer una Defensoría Regional de la Ciudadanía, que se haga cargo de los problemas de vulneración de derechos, que deriven de un deficiente funcionamiento de los servicios de la administración estatal o gestionados por empresas privadas; promover en sus territorios la innovación y desarrollo, la inversión pública, la promoción de la pequeña y mediana empresa, los talentos deportivos y culturales, la seguridad ciudadana, el derecho al agua, la energía, el turismo sustentable, la asociatividad en el campo y la ciudad, y la protección social de los débiles y más vulnerables”.
Entre otras materias, Unidad Constituyente entiende la elección de Gobernadores y Gobernadoras Regionales “como el punto de partida de un proceso de contar con más y mejor Estado en todos los espacios regionales de Chile, que impulse el desarrollo, emprendimiento económico y productividad; que garantice el acceso, calidad y satisfacción de los servicios públicos que entrega, que incorpore a las y los mejores profesionales y técnicos de cada región al servicio público, que desarrollen una gestión en que prevalezca la transparencia y la participación ciudadana efectiva”.
Finalmente señalan que “somos Unidad Constituyente porque estamos firmemente comprometidos con la tarea de lograr una amplia victoria del Apruebo a una nueva Carta Fundamental y de la opción por una Convención Constitucional en el próximo plebiscito del 25 de octubre, que es la única que garantiza que la constitución se redacte de manera paritaria. Necesitamos una Constitución que reconozca y garantice sus derechos civiles y políticos, y sus derechos sociales: una Carta Fundamental para la ciudadanía y no para los negocios, sustentada en la confianza en la soberanía popular. Es el único camino para resolver la profunda crisis de legitimidad las instituciones y el sistema político, y establecer una convivencia basada en la justicia social y la libertad, la participación, la inclusión de la diversidad, los valores de la dignidad humana y la solidaridad”.
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