Periodista.
No fue novedad que el gobierno consiguiera los votos para aprobar el último artículo de su mega reforma tributaria. Los 26 votos que necesitaban los tenían desde hace algunos días. Solo faltaba saber quiénes del otro lado del Rubicón lo cruzarían para apoyar una reforma que en cada artículo impulsado por el ministro Quiroz, beneficia a los más poderosos del país. Sólo hubo uno, el senador Pedro Araya Guerrero del Partido por la Democracia, representante de la 3ª Circunscripción de la Región de Antofagasta.
En realidad, a nadie le extrañó el paso de Araya. Acostumbra a votar por las derechas y pocos entienden por qué lo cobija aun el PPD. El Partido de la Gente de Jiles y Parisi hace rato que está en la derecha y vota en consecuencia. Y faltaba el voto de Matías Walker Prieto, senador de la Región de Coquimbo, ex Demócrata quien condicionó su voto a la entrega de recursos del gobierno hacia su región, asolada por temporales y desbordes de ríos. Esperó y esperó hasta que Quiroz llegó con un acuerdo para incorporar un mecanismo de financiamiento para la región, cuestión que obviamente el gobierno lo haría sí o sí, dada la magnitud de la tragedia en ese territorio-, pero que le sirvió al experto parlamentario para aparecer defendiendo a su gente. De hecho, el ministro Quiroz declaró que los recurso estaban: “Hemos llegado a un protocolo, un acuerdo en el que básicamente se le da garantía a la región de que ya están los recursos para la reconstrucción “.
Entonces, por 27 votos a favor, gracias a Araya porque el gobierno tenía 26 seguros, y 22 en contra se aprobó la norma que establece un mecanismo de compensación fiscal a los municipios que sufrirán una merma en sus ingresos producto de la exención en el pago de contribuciones a mayores de 65 años.
El Gobierno propuso una compensación directa a los municipios que dejen de recaudar contribuciones. Pero, los alcaldes opositores sostienen que ese mecanismo reproduce las desigualdades actuales, porque las comunas con mayor recaudación por contribuciones recibirían una compensación mucho mayor que las comunas pobres. Y citaron como ejemplo el municipio de Las Condes que recibiría alrededor de $13 mil millones, mientras San Ramón: recibiría cerca de $4 millones. Para ellos, esa diferencia refleja que el sistema favorece a los municipios con mayor riqueza territorial.
La eterna desigualdad
Tras la votación, los jefes comunales aclararon que la fórmula aprobada profundiza la desigualdad entre las municipalidades del país y cuestionaron que una parte importante de los recursos fiscales termine beneficiando a las comunas con mayores ingresos, en desmedro de los municipios más vulnerables.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, aseguró que el mecanismo aprobado destina recursos significativamente mayores a las comunas de mayores ingresos. “Hoy lo que se ha aprobado en el Congreso, a solicitud y a propuesta del gobierno, es una iniciativa profundamente injusta y desigual. Lo que hoy día se aprobó es entregar vía impuestos generales cerca de 13 mil millones de pesos a la comuna de Las Condes y 30 mil millones de pesos a las comunas que más recursos tienen: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sostuvo que la decisión del Congreso perjudicará directamente a las comunas de más bajos ingresos. “Lo que vemos es que quienes están perdiendo son los vecinos de los sectores populares que van a estar, mediante impuestos generales, financiando el lujo de las comunas con mayores recursos”.
Y explicó cómo la distribución de los recursos favorece principalmente a un reducido grupo de municipios. “De los 80 mil millones que se van en compensación directa a los municipios, la mitad es para seis comunas y el resto de las 339 municipalidades tendremos que ver cómo administramos la otra mitad”, señaló. La alcaldesa agregó que esa situación dificultará seguir financiando proyectos comunales y cuestionó el impacto global de la reforma tributaria.
“Cuando nos digan que no hay recursos para poder seguir haciendo inversión en la comuna, que no se nos olvide que hoy fueron entregados 30 mil millones de pesos a los sectores más ricos del país”.
Aún falta para las terminaciones finas, como lo que decidirá el Tribunal Constitucional, así como la discusión de tres vetos presidenciales que ingresó el ministro Quiroz para corregir -dijo- aspectos técnicos aprobados durante el debate: las indicaciones sobre anatocismo, olvido financiero y la exención al pago a 30 días. «Las tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias y por eso las estamos vetando», argumentó.
Victoria ¿para quiénes?
Todos en el mundo político suelen decir que es más lo que los une que lo que los divide. ¿Será tan verdad? Es la pregunta que no pocos se hacen luego de ser testigos de las peleas internas entre los partidos que apoyan a Kast y que se tomaron las agendas mediáticas y las redes sociales en los últimos días.
Por eso sorprende la euforia del ministro de Hacienda que cuando se aprobó el último artículo, se apresuró a decir que ya, con esta ley, “Chile comienza nuevamente a crecer; Chile vuelve a abrir las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayores posibilidades de empleo para jóvenes, para adultos, hombres, mujeres, jefes de hogar».
Curioso, porque desde que Quiroz presentó el proyecto, la respuesta más repetida por economistas, organismos técnicos y la evidencia internacional es que, si la megarreforma logra producir efectos positivos, estos no serían inmediatos. Existe un amplio consenso en que los cambios tributarios orientados a incentivar la inversión tardan varios años en reflejarse en crecimiento, empleo y salarios, que es lo que ha ofrecido Quiroz. Es más. Hay quienes dudan si esos beneficios finalmente ocurrirán y si compensarán el costo fiscal inicial.
De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) declaró que los costos fiscales son inmediatos, pero que los beneficios son inciertos. Señaló que la caída de la recaudación ocurre prácticamente desde el inicio; en cambio dice, el aumento de inversión es inseguro y, si ocurre, demoraría varios años. Es más. Advierte que existe riesgo de mayores déficits fiscales hasta, al menos, 2031 si el crecimiento esperado no se materializa. Es decir, el CFA no afirma que la reforma vaya a fracasar, pero sí que el Estado asume primero un costo seguro y espera un beneficio que no está garantizado.
Las diferencias que se asoman
Toda esta inseguridad se reflejó en los últimos días en las peleas que se dieron a vista y paciencia de la ciudadanía, entre los partidos que apoyan al gobierno. En apenas cuatro meses de administración se han acumulado diferencias demasiado evidentes como para ocultarlas, ya sea por la estrategia política, el liderazgo dentro de la coalición, el contenido de algunas reformas y el reparto de poder. El propio presidente ha debido convocar reuniones extraordinarias con los dirigentes oficialistas para recomponer las relaciones y mejorar la coordinación. Según personeros opositores, el barco está un poco a la deriva y falta el capitán para darle el rumbo que necesita.
Diversos analistas coinciden en que Republicanos, la UDI y los sectores nacional-libertarios compiten por la hegemonía ideológica del bloque. Porque es evidente la competencia por el liderazgo de la derecha, de largo plazo, lo que indica que nuevos roces aparecerán en el horizonte. Los partidos buscan fortalecer su propia identidad pensando en las próximas elecciones parlamentarias. Por ello aparecen diferencias respecto de quién representa mejor a la derecha; quién obtiene mayor influencia en La Moneda; quién liderará el sector cuando termine este gobierno.
Las diferencias se exacerban justamente porque el gobierno no tiene mayoría propia en el Congreso. De ahí que necesita negociar constantemente, lo que genera diferencias sobre hasta dónde ceder, y a quienes se prioriza en La Moneda. Todos pensando en lo que viene en tres años más. Es que los partidos compiten entre sí por el mismo electorado, especialmente la UDI y Republicanos, o entre Chile Vamos y los nacional libertarios.
Y aunque José Antonio Kast proviene del Partido Republicano, hoy gobierna junto con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), que le han dado muestras de mayor incondicionalidad que sus propios compañeros de partido. Eso ha generado una competencia permanente por quién lidera políticamente la derecha y quien obtiene los favores presidenciales.
Las diferencias aparecen cuando Republicanos impulsa posiciones más duras que incomodan a Chile Vamos. Un ejemplo reciente fue la propuesta de privatizar parcialmente Codelco planteada por Arturo Squella, que fue descartada por el propio Gobierno y recibió reparos incluso desde la UDI y RN.
La derecha más dura no se queda atrás. El Partido Nacional Libertario ha impulsado iniciativas más radicales en materias de seguridad; aborto; empresas estatales; reducción del Estado y ahora, la presión por los indultos.
Lo que desató las pasiones fue lo ocurrido con el ex subsecretario de Hacienda, cuyo test de drogas oficial dio positivo. No quiso realizar la contramuestra en el mismo laboratorio y entones realizó un peregrinaje por varios de ellos para demostrar su presunta inocencia. Pero no en el mismo laboratorio. Los republicanos soltaron amarras y clamaron por una disculpa pública del subsecretario del Interior. Los ministros políticos lo apoyaron y luego de dimes y diretes, todos volvieron a su esquina, dando por superado el problema.
Así va esta administración que ha dado muestras de que la improvisación ya es parte de su impronta. Pero, lo que está quedando claro es que peldaño a peldaño, el gobierno intenta cambiar todos los avances, conquistas, beneficios y en definitiva, todo lo que tenga perfume a progresismo. Las señales en tal sentido se acumulan. ¿La última? La decisión gubernamental de abandonar, después de 55 años de pertenencia, a la organización de Países no Alineados de la ONU.
