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El viernes recién pasado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por delitos de corrupción, interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), contra el presidente Sebastián Piñera, el Ministro de Salud Enrique Paris, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich y el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga.
Se les acusa de haber cometido los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, además, la acción judicial solicita investigar posibles delitos tributarios. Todas estas irregularidades habrían ocurrido “en el marco de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia Covid-19 en nuestro país”, relata un comunicado de prensa de la CCHDH.
Según la denuncia, a partir de antecedentes públicos existentes y los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia (Residencias sanitarias). “Existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados”, se describe en la querella.
Corrupción como atentado a los derechos humanos
Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conversación con Página19 señaló que hace muchos años, Naciones Unidas declaró la corrupción contraria a los derechos humanos. “Impide que los Estados puedan recoger los recursos que correspondan o hacerse de los ingresos que salen de la corrupción, para efectos de enfrentar sus obligaciones en materia de necesidades básicas de la población, como el derecho a la salud, educación, seguridad social”.
En el comunicado de la CCHDH se consigna que “los actos de corrupción amenazan en definitiva, la Calidad de Vida y la seguridad de las personas, fomentan la desigualdad y socavan la confianza de la opinión pública, atentando contra normas expresas contenidas en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y, por tanto, obligatorias en su cumplimiento, para todos los Órganos y Poderes del Estado.
Margotta también expresó que la corrupción que están denunciando se da en el medio de una estrategia sanitaria que tiene por objetivo resguardar los derechos humanos a la vida y a la salud de la población. “Cuando los recursos que necesitamos para enfrentar debidamente la pandemia y resguardar como corresponde estos derechos humanos tan fundamentales, se utilizan ilícitamente a través de delitos de corrupción. Es nuestro deber, desde la perspectiva de nuestra misión institucional, denunciarlos y poner en conocimiento a los tribunales de justicia”.
