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Diputada Gazmuri y Confedeprus presentan proyecto para fortalecer la Ley Karin en el sector público: “El Estado no puede seguir siendo cómplice por omisión”

A casi un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la diputada Ana María Gazmuri presentó este miércoles, junto a dirigentas de la Confederación de Profesionales de la Salud (Confedeprus), un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para corregir falencias críticas en la implementación de esta norma en el sector público.

La iniciativa busca enfrentar los nudos que hoy impiden una aplicación efectiva de la Ley N.º 21.643 en servicios públicos y municipios, entre ellos, la falta de fiscales, la ausencia de protocolos estandarizados, la demora en investigaciones y la carencia de apoyo real a las víctimas.

“Sabemos que la Ley Karin —su nombre en honor a Karin Salgado— fue sin duda un paso histórico en materia de derechos laborales. Costó mucho sacarla adelante. Detrás hubo el esfuerzo valiente de muchas mujeres, funcionarias y funcionarios que no bajaron los brazos frente al abuso. Esta ley fue una conquista necesaria para comenzar a erradicar el acoso laboral y sexual en nuestros espacios de trabajo”, señaló la diputada Ana María Gazmuri.

“Pero a casi un año de su entrada en vigencia, nos enfrentamos a una dura realidad: una violencia más extendida e invisibilizada de lo que imaginamos, y un sector público donde la ley no se cumple como corresponde. Las víctimas siguen sin ser escuchadas, los procedimientos se entrampan, no hay fiscales suficientes y muchos servicios aún no cuentan con protocolos claros. Esta reforma busca justamente eso: garantizar que nadie quede desprotegido al momento de denunciar, que las investigaciones sean serias, rápidas y con respaldo real para las víctimas. El Estado tiene que dejar de ser cómplice por omisión”, agregó la parlamentaria.

El proyecto incorpora cambios al Código del Trabajo, al Estatuto Administrativo y a las leyes de base de la administración pública, estableciendo nuevas obligaciones para los servicios del Estado, permitiendo la designación de fiscales ad hoc, asegurando atención médica y psicológica para víctimas, y reconociendo el tiempo con licencia como efectivamente trabajado. Además, promueve la participación obligatoria de asociaciones de funcionarios en la elaboración de protocolos y abre la posibilidad de crear oficinas encargadas de velar por los derechos fundamentales en el ámbito laboral.

Desde la Confedeprus, Emilia Iturriaga, encargada de la unidad de género y diversidad, valoró la iniciativa y la necesidad de avanzar en una implementación real de la ley: “desde la Confederación de Profesionales de la Salud compartimos este proyecto porque creemos que la Ley Karin debe dejar de ser solo letra en el papel. Hoy somos el segundo sector más afectado por acoso laboral y sexual, y venimos a exigir que se incorpore de forma obligatoria a los gremios en la elaboración de los protocolos, además de acompañar a quienes denuncian”, indicó Iturriaga.

“También pedimos que existan oficinas de seguimiento que protejan los derechos fundamentales de las y los trabajadores, y que se reincorpore la inhabilidad de cinco años para quienes hayan sido destituidos por acoso o agresión sexual. A las autoridades y a los medios, les pedimos visibilizar esta lucha, porque también sufrimos violencia externa, y somos miles quienes día a día servimos a la función pública con compromiso y respeto”, finalizó.

“No más cobros en UF”: Comisión de Economía inicia discusión de proyecto

“O se deja de cobrar a la gente en UF, o se le paga el sueldo en UF. Ese es el debate que estamos abriendo”, indicaron los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, autores de la moción.

Esta semana la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados inició oficialmente la discusión del proyecto de ley denominado “No más cobros en UF”. La moción, presentada en 2023 por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini sumado a legisladores de distintas bancadas, busca eliminar la aplicación del cobro en Unidades de Fomento en caso de arriendos, pagos de aranceles estudiantiles y contratos de salud previsional.

Con el fin de impulsar la tramitación de la moción en el Congreso, los parlamentarios realizaron una campaña viral en redes sociales, sumando más de 5 millones de reproducciones en plataformas como Instagram, TikTok y X (exTwitter).

La moción cobra notoriedad considerando que la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, propuso incorporar los lineamientos de “No más cobros en UF” en su programa de gobierno.

Al respecto, Manouchehri apuntó a la urgencia de tramitar este proyecto de cara a las próximas alzas de la UF previstas por el Banco Central y el Servicio de Impuestos Internos (SII), superando los $39.200.

“La UF golpea a los chilenos. La UF sube, se cobra en UF, pero a la gente le pagan en pesos. Con este proyecto queremos proteger a la gente y queremos abrir un debate nacional respecto de si es correcto cobrar en Unidades de Fomento. La UF nació para proteger los ahorros de los chilenos y hoy día la UF golpea los ahorros de los chilenos”, indicó.

En esa línea, el legislador e integrante de la Comisión de Economía de la Cámara agregó que “este es un debate que tiene que darse en nuestro país. Queremos que sea parte de la discusión parlamentaria y queremos invitar a todos los actores a que puedan opinar respecto de esto, porque esto efectivamente golpea a la gente”.

Asimismo, la diputada Daniella Cicardini remarcó la importancia de la moción, señalando que “no es posible que los trabajadores tengan sus contratos laborales en pesos y que terminen pagando en UF los dividendos, los aranceles educativos, los planes de salud y los contratos de arriendo”.

“La UF nació en los años 60 como un mecanismo para resguardar los ahorros de los chilenos ante la inflación, pero se transformó en una herramienta de abuso contra las personas y no se condice

con la realidad de muchos de los trabajadores y trabajadoras. O se deja de cobrar a la gente en UF, o se le paga el sueldo en UF. Ese es el debate que estamos abriendo”, recalcó.

La iniciativa de Manouchehri y Cicardini se enmarca en su agenda de ayuda a los endeudados y consumidores, a la que se suman proyectos como el “Chao Dicom” o el “Derecho al olvido financiero”, proyectos aprobados en la Cámara de Diputados y que se encuentran en la Comisión de Economía del Senado esperando ser tramitados.

Mineduc y la UNESCO presentan Marco Orientador de Competencias Digitales Docentes

La iniciativa busca favorecer la reflexión pedagógica y profesional de las y los profesionales de la educación en el uso de tecnologías digitales, impulsando prácticas innovadoras, inclusivas y acordes a los desafíos del mundo actual.

El Ministerio de Educación, junto a la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, lanzaron el Marco Orientador de Competencias Digitales Docentes en una actividad realizada en el Salón de Honor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), una acción que es parte del proyecto de Fortalecimiento de las Competencias Digitales Docentes en Chile, impulsado por la UNESCO con apoyo financiero de Huawei Technologies.

Esta herramienta, elaborada por el Mineduc, a través del Centro de Innovación (CIM) y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), con el acompañamiento de la UNESCO y un comité de personas expertas, busca fortalecer el desarrollo profesional docente y orientar la integración efectiva de tecnologías digitales en los procesos educativos.

La ceremonia fue encabezada por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez; el jefe de Educación de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, ValtencirMendes; el vicerrector Académico de la UMCE, Guillermo Castro; la directora de Docencia de la UMCE, Mónica Espina; la rectora electa de la UMCE, Solange Tenorio; y la gerente de Asuntos Públicos de Huawei Technologies Chile, Leqi Deng. Además, contó con las palabras de la rectora de la universidad, Elisa Araya Cortez.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, destacó que “durante las últimas décadas, hemos avanzado en el acceso y uso de tecnologías digitales en el sistema educativo, pero la irrupción de nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, nos ha planteado nuevos desafíos para la labor docente. Con este Marco Orientador buscamos acompañar a las y los profesores, ofreciendo una guía clara y contextualizada para integrar el uso de las nuevas tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas, fortaleciendo el desarrollo profesional e impulsando una educación más pertinente y alineada con los desafíos del mundo actual”.

Por su parte, el jefe de Educación de la Oficina Regional de la UNESCO, Valtencir Mendes, enfatizó: “El Marco Orientador de Competencias Digitales Docentes representa un hito para Chile y un referente para la región. Desde la UNESCO valoramos esta iniciativa como una contribución concreta al fortalecimiento de políticas educativas centradas en el desarrollo profesional docente, la equidad y la inclusión. Felicitamos al Ministerio de Educación de Chile por este logro y reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando en una transformación digital con profundo sentido pedagógico, humano y al servicio del aprendizaje de todas y todos”.

Durante la jornada se realizó también una presentación interactiva a cargo de Martín Cáceres, director del CIM, con la participación de representantes del sistema educativo y estudiantes de la UMCE, quienes reflexionaron colectivamente sobre los desafíos que implica la digitalización para la labor docente.

Posteriormente, se llevó a cabo el conversatorio «Desafíos de la integración del entorno digital en el aula», liderado por Lilia Concha, directora del CPEIP, y que contó con las intervenciones de Pilar de la Maza, docente; David Reyes, académico de la UMCE; y Daniel Rebolledo, representante de Google for Education. Este espacio permitió visibilizar experiencias y debatir sobre el rol transformador de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Al respecto, la directora del CPEIP, Lilia Concha, señaló que este Marco Orientador «es fundamental, porque estos son instrumentos referenciales que orientan la construcción de una ruta de desarrollo profesional docente. Se van identificando los ejes principales que se deben abordar, las acciones formativas que vamos a ofrecer a los profesores y profesoras, y cómo se va progresando en esa ruta. Además, vamos visualizando dentro de la escuela el espacio que debe ocupar la tecnología y realizando esta reflexión en torno a distinguir o diferenciar lo que es consumir tecnología de lo que es formar ciudadanía digital.»

Adicionalmente, la UNESCO anunció el desarrollo de una experiencia piloto, en la que, a través de una plataforma digital, las y los docentes podrán acceder a una innovadora herramienta de autovaloración de competencias digitales, y a una oferta de módulos formativos en línea asociada a las competencias del Marco Orientador que se presentó. Esta aplicación, que estará disponible en los próximos días, permitirá que las y los docentes puedan diagnosticar su nivel de desarrollo en competencias digitales y acceder a rutas de formación pertinentes y personalizadas.

Tecnologías para mejorar la vida

Foto de Alex Knight en Unsplash

Por mucho tiempo, se nos ha dicho que cuanto más digital sea una sociedad, más desarrollada será. Que la inteligencia artificial (IA), los servicios automatizados y las plataformas virtuales representan el futuro. Y, en muchos casos, eso puede ser cierto. Pero también es cierto que la tecnología, por más inocua que se nos presente, no es neutra ni en las relaciones sociales ni mucho menos en las relaciones de poder. Tampoco en sus efectos sobre el medioambiente.

En cuanto a  lo último, el relato de lo digital como “verde” o “invisible” empieza a mostrar sus grietas frente a los datos concretos: Centros de datos que consumen cantidades siderales de electricidad y agua; modelos de IA que generan una huella de carbono comparable a la de miles de vuelos; producción de dispositivos dependiente de minerales extraídos en precarias condiciones laborales y ambientales; ingentes cantidades de residuos electrónicos que apenas sabemos cómo gestionar. Algunas de estas aristas, se podrá consultar más en profundidad en el Informe UNCTAD año 2024. https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024

El énfasis en este artículo es resaltar que, si bien las nuevas tecnologías digitales y la IA pueden contribuir a generar bienestar y cohesión sociales, considerarlas al margen de las relaciones sociales, puede tener un efecto contrario y ahondar las desigualdades si solo priorizan eficiencia, control o ganancia.

En términos históricos, ningún modelo social, político ni tecnológico ha logrado incluir de manera plena y equitativa a todas las personas al progreso y al bienestar generado por los avances científicos y tecnológicos, aunque algunos modelos se acercan a ello mucho más que otros.

Incluso los grandes avances —la escritura, la imprenta, la revolución industrial, las revoluciones democráticas de Francia y EEUU, los modernos Estados de Bienestar, la educación, la salud pública, y la seguridad social que se expandieron tras esta, que han sido habilitantes de hondas  transformaciones culturales y políticas de largo alcance, también han estado acompañados de claroscuros y exclusiones. Son ejemplos de que la historia humana no es lineal sino más bien recovequeada y sinuosa, con riesgos permanentes de retrocesos y nacimiento de nuevos desafíos, que entendemos corresponde preverlos y procesarlos a la política democrática.

En términos más actuales, la visión tecnocrática de las tecnologías digitales y la IA al reducir problemas complejos a cuestiones técnicas, ignorando sus dimensiones sociales, y al centrarse únicamente en la eficiencia, el control experto y la supuesta neutralidad tecnológica, despolitiza los problemas. El  diseño, acceso y uso  de estas tecnologías están, en cambio, profundamente influenciadas por las estructuras de poder, razón por lo que resulta esencial debatir no solo de sus impactos en los ecosistemas, sino también sobre  justicia social y derechos.

Es entonces pertinente  preguntarse: ¿Qué pasa con quienes no pueden adaptarse al nuevo entorno digital y que son casi los mismos que ya vienen siendo marginados del progreso por un modelo de sociedad clasista y excluyente como la neoliberal, cuyo leitmotiv consiste en acumulación excesiva de riqueza en unos pocos y exclusión de muchos otros – en que  la  tecnocracia y la meritocracia son sus mejores vástagos -para lograr superarla constructivamente?  

La digitalización de trámites, servicios y vínculos sociales ha sido presentada como un avance indiscutible, que sin duda lo es. Pero existe otra realidad que el marketing digital no muestra: personas mayores que no pueden con las interfaces digitales; comunidades sin acceso estable a internet, como lo mostró la pandemia con estudiantes sobre el techo de sus casas para poder conectarse; o gente que simplemente necesita o prefiere el contacto humano para resolver sus asuntos.

Cuando lo digital es la única opción de vida, lo que para algunos es comodidad, para otros se vuelve una nueva y moderna forma de marginación. La equidad no se alcanza obligando a todos a lo mismo, sino ofreciendo caminos diversos para llegar a un destino razonable y accesible para todos.

En ese sentido, proponer  sistemas híbridos —que ofrezcan tanto canales digitales como presenciales— no tendría que ser visto como un paso atrás: es un acto de respeto y de inclusión para quienes decidan construir sus proyectos de vida en una u otra modalidad, o en ambas a la vez, según se prefiera.

Por otra parte, tampoco queremos eludir la pregunta de por qué razón debería ser esta vez diferente, más justo y equitativo con las tecnologías digitales y la IA. En principio, no hay ninguna garantía de que lo sea. La tecnología, por sí sola, no tiene un destino automático hacia la justicia social. Es una herramienta. Y como toda herramienta, su impacto depende de quién la diseña, quién la controla, y para qué se la utiliza.

Si las tecnologías y la  IA se desarrollan con los mismos valores y lógicas que han guiado nuestro diario vivir hasta ahora  —maximización del beneficio, concentración del poder, eficiencia sin ética—, es muy probable que repita o incluso profundice los patrones de exclusión y desigualdad que ya conocemos. Sin justicia social, la IA puede reproducir o incluso agravar la discriminación y la exclusión existente.

De hecho, ya hay señales de advertencia: Sistemas de IA que reproducen sesgos raciales o de género. Plataformas que precarizan el trabajo bajo la lógica del “algoritmo”. Concentración del poder tecnológico en manos de unas pocas corporaciones globales. Automatización que reemplaza empleo sin ofrecer alternativas, un fenómeno que en Chile se ha hecho recurrente al no reconvertir fuerza de trabajo, y reinsertarla para evitar paro forzoso. Y lo que conocemos de sobra, la utilización de estas tecnologías para la manipulación política a través de la mentira y el miedo.

En cambio, puede ser de un invaluable valor social si el desarrollo alcanzado por las tecnologías, lo orientamos a apoyar la educación pública universal y contribuibuir a desarrollar  una cultura solidaria y colaborativa; para mejorar  la salud; a transparentar la gestión en distintos niveles del Estado  y abrir  caminos para la cada vez más esquiva participación ciudadana en la toma de decisiones; ayudar  a monitorear la crisis climática que no da tregua y cuidar los ecosistemas, empoderar  a comunidades para resolver sus propios desafíos; suprimir funciones repetitivas y tediosas en ambientes laborales; la entretención y el ocio, entre varios otros.

En sintesis, si bien las tecnologías digitales y la inteligencia artificial pueden ser herramientas poderosas, no son la clave para resolver los problemas contemporáneos. Esa clave está en la sociedad y en la política, entendida como el espacio donde decidimos colectivamente qué futuro queremos y cuáles usos y bajo qué condiciones necesitamos que funcionen, cómo distribuir sus beneficios y con cuáles políticas públicas enfrentamos las causas estructurales de la desigualdad y los desafíos futuros. Es un contrasentido. Porque si bien hay oportunidades por delante, nos encontramos justamente en una etapa de ensimismamiento crónico de la política y descrédito de sus instituciones.

Salir de esa anomia requiere de una sociedad activa, crítica y participativa, porque en el fondo no se trata de rechazar la tecnología, sino de integrarla con sentido ético y social a una visión país que nos ayude a resolver las contradicciones y problemas que siguen sin ser canalizados.

Para que eso llegue a pasar, la clave somos nosotros como sociedad, no las herramientas que usamos.

 

*Foto de Alex Knight en Unsplash

Sindicato Silwalmart denuncia ante la OIT inacción de la Dirección del Trabajo en la protección de derechos laborales

Foto de Jack Lee en Unsplash

En el marco de la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile (SIL) presentó una reclamación formal contra el Estado de Chile por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia laboral, específicamente por la inacción de uno de sus órganos: la Dirección del Trabajo.

La reclamación se basa en la sistemática vulneración de los convenios 187 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 122 sobre Política de Empleo y 29 sobre Trabajo Forzoso, todos ratificados por el Estado de Chile. Desde 2021, el sindicato ha solicitado la declaración de ilegalidad del cargo “Operador de Tienda” debido a que atenta contra la certeza jurídica que deben tener las relaciones laborales y afecta los derechos fundamentales de las y los trabajadores. La propia Dirección del Trabajo reconoció dicha ilegalidad mediante un dictamen. Sin embargo, pese a ello, el organismo no ha adoptado medidas efectivas para detener la aplicación de este cargo.

“La Dirección del Trabajo no ha cumplido el mandato legal que le entrega la ley laboral chilena ni el rol que le corresponde en el marco de los convenios internacionales ratificados por el Estado. Lejos de proteger los derechos fundamentales de las y los trabajadores, ha permitido que esta ilegalidad continúe frente a sus propios ojos”, señaló Juan Moreno, presidente del SIL.

Por su parte, Alejandra Barra, directora de gestión y finanzas del sindicato, agregó: “No basta con declarar ilegal un cargo si no se actúa para hacer cumplir la ley. El silencio o la omisión también vulneran derechos, especialmente cuando se trata de un organismo cuya función es fiscalizar y proteger a los trabajadores”.

Este tipo de omisión no es un caso aislado. En los últimos dos años, cinco organizaciones sindicales del sector público y privado han presentado 14 reclamaciones ante la OIT en contra del Estado de Chile por la violación sistemática de convenios internacionales y por no adoptar medidas efectivas para hacer cumplir los derechos fundamentales de las y los trabajadores.

Desde el SIL afirman que ratificar convenios internacionales no basta si se violan de forma reiterada sin consecuencias. La protección de los derechos laborales no puede seguir dependiendo de la voluntad política ni de interpretaciones administrativas: debe ser una obligación efectiva y vinculante para todos los órganos del Estado, incluida la Dirección del Trabajo, sostienen.

Colegio de Periodistas sobre llamada Ley Mordaza 2.0: “Es peligrosa y antidemocrática”

Crédito foto: Patricio Muñoz Moreno
Crédito foto: Patricio Muñoz Moreno

El Colegio de Periodistas emitió una declaración donde alerta sobre el debate que se inició esta semana en el Senado por la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar con penas de cárcel a quienes informen sobre casos reservados, donde advierte que en Chile la libertad de emitir opinión e información es una garantía establecida constitucionalmente, específicamente en el Artículo 19, Nª12 de es decir, que “este derecho no es exclusivo de las y los periodistas sino de la sociedad a ser informada. Estas garantías están reforzadas en la ley 19.733 donde se establece que se “les reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”.

Por esta razón, la orden profesional asegura que la moción presentada por cuatro senadores -que busca tipificar en el Código Penal y sancionar con cárcel la divulgación de información de causas judiciales reservadas, como las del “Caso Audio” o los antecedentes de la denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve- “pone en peligro la Libertad de Información y de Prensa y representa un grave retroceso para el ejercicio del periodismo”. Aplicar esta medida significará -dice el comunicado- privar a la ciudadanía de tener acceso a información de interés público y pone en riesgo a periodistas que investigan el poder.

Entre otros puntos, la declaración del gremio que encabeza la periodista Rocío Alorda, indica:

  • En los últimos años, el periodismo de investigación en Chile ha jugado un rol fundamental en el combate a la corrupción y los abusos de poder. La sociedad chilena no habría podido informarse sobre el Caso PENTA, SQM, la corrupción en el Ejército, ni sobre hechos que involucraron a autoridades de alto nivel, si normas como está hubiesen estado vigentes. La persecución penal a periodistas no resuelve los casos de corrupción política o empresarial; al contrario, los protege.
  • Esta propuesta es peligrosa y antidemocrática, y expone a los y las periodistas a un mayor riesgo, ya que puede estimular el acoso judicial como herramienta de amedrentamiento para impedir la cobertura de temas sensibles. Además, colisiona con el derecho a la reserva de fuente informativa, herramienta esencial para el desarrollo de periodismo, protegida por el artículo Nª 7 de la ley 19.733. Este mismo marco legal ya establece responsabilidades y sanciones para la difusión inadecuada de información en procesos judiciales.
  • Así mismo, queremos ser enfáticos en señalar que el periodismo debe actuar siempre apegado a la ética profesional, resguardando el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, plural, responsable y oportuna.
  • Este compromiso incluye el respeto de la dignidad y vida privada de las personas, especialmente en el tratamiento de casos que involucran a víctimas de delitos, así como también el resguardo de la presunción de inocencia de las personas denunciadas.

El comunicado público añade que es fundamental que periodistas y medios de comunicación marquen con claridad la diferencia entre la filtración de denuncias individuales y la publicación de información de evidente interés público. “Lo primero debe evitarse; lo segundo es parte esencial del rol que cumple el periodismo en una sociedad democrática”, enfatiza la orden.

Para finalizar, indica que de aprobarse la propuesta de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), de salir aprobada, “tendrá efectos dañinos para la convivencia democrática, la libertad de información y de prensa”, por lo que confían en que sea rechazada por el parlamento y por la ciudadanía.

¿Descanso o abuso? El fraude que erosiona la educación pública

Foto de Mana Akbarzadegan en unsplash

El reciente escándalo de las 25.000 licencias médicas fraudulentas entregadas a funcionarios públicos ha puesto en jaque la ética en la administración pública. El Ministerio de Educación concentra el 11,8% de estos permisos, lo que se traduce en 4.214 licencias otorgadas entre 2023 y 2024. Para dimensionar la magnitud, este número supera la capacidad del Salón Bicentenario del Club Hípico de Santiago. Si desglosamos estas cifras, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) registra 2.280 licencias, mientras que la Fundación Integra suma 1.934.

Conviene subrayar que estos datos corresponden a casos comprobados, ya que los funcionarios involucrados viajaron al extranjero durante su supuesto período de reposo. Y es que las conversaciones cotidianas en los espacios laborales suelen normalizar estas prácticas: frases como “me pido una licencia para ir a la playa” o “me voy de concierto” revelan una cultura de abuso que ha quedado al descubierto.

Abrir esta “caja de Pandora” también nos obliga a preguntarnos cuántas licencias médicas se solicitan en vísperas de fines de semana largos. Por supuesto, esto no significa desconocer la legitimidad de una enfermedad o de problemas de salud mental, pero vale recordar que las licencias no facultan para salir del país, salvo excepciones puntuales como tratamientos médicos en el extranjero. Así, resulta cuestionable el caso del alcalde de Macul, del Partido Republicano, quien justificó su viaje a otro país por motivos de salud, para luego ser fotografiado en un estadio de fútbol junto al plantel profesional.

El costo invisible de este fenómeno es altísimo: no solo se afecta la credibilidad de las licencias médicas, sino que se entorpece el funcionamiento de instituciones tan relevantes como las salas cuna y jardines infantiles. La Junji, por ejemplo, recibió $8.636 millones en 2023, cifra que ascendió a $13.660 millones en 2024, según sus cuentas públicas. La Fundación Integra, por su parte, tuvo un presupuesto cercano a los $820 millones el 2024. Son recursos significativos, financiados por todos los chilenos.

Detrás de este problema también hay una red de profesionales de la salud –médicos– cuya labor es fundamental para el sistema, pero que en algunos casos se ha visto envuelta en estas irregularidades. La Contraloría General de la República, liderada por la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, ha jugado un rol clave en destapar este caso, fiscalizando y cruzando datos de licencias con registros de salidas del país. Es una señal potente de que la fiscalización funciona, aunque claramente es insuficiente para frenar la cultura del abuso.

Desde mi experiencia personal como docente en diferentes colegios tanto públicos y privados, no puedo dejar de recordar cómo, de manera recurrente, algunos colegas presentaban licencias antes de feriados largos. En todo ambiente laboral, la ausencia de una persona, implica aumento en el impacto de quiénes asisten, es decir, además de cumplir con sus labores, deben asumir las tareas de quienes estaban ausentes. Por lo anterior, es fácil imaginar que en Junji o en Fundación Integra se viva algo similar, afectando el clima laboral y generando desgaste en los equipos de trabajo.

¿Qué puede hacer la escuela frente a este escenario? Primero, abrir el debate en las aulas. Escuchar a los estudiantes, conocer sus opiniones, entender cómo perciben estas situaciones. También repensar la formación cívica, una asignatura fundamental que fue eliminada del currículum escolar. Hoy los estudiantes pasan, en promedio, 35 horas semanales en la escuela, pero las horas de artes y música se han reducido. ¿Dónde queda el espacio para hablar de ética, empatía y ciudadanía? Necesitamos recuperar la formación cívica, reintroducir filosofía desde primero medio y abrir espacios para reflexionar sobre el bien común.

Finalmente, no podemos dejar que este caso caiga en el olvido. Existe la percepción de que el tiempo es garante de impunidad, que en unos meses todo pasará sin sanciones. Pero ya han renunciado cerca de 1.000 funcionarios públicos, el Presidente Gabriel Boric ha pedido la salida de autoridades de confianza involucradas y se han iniciado sumarios para otros. También se ha solicitado investigar a médicos que podrían estar participando en estas malas prácticas. Y si alguien aún tiene dudas de cómo funciona este mercado, basta con darse una vuelta por páginas de Facebook, Instagram o grupos de WhatsApp, donde se ofrecen licencias médicas y licencias de conducir de forma fraudulenta…

Criminalizar la ayuda humanitaria: lo que revela la detención de Greta Thunberg

Captura de pantalla euronews (en español) en Youtube

El lunes 9 de junio de 2025 vimos una escena que, más allá de sus protagonistas, refleja algo mucho más grave: la criminalización de quienes defienden los derechos humanos. Una embarcación de la Flotilla de la Libertad fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales. Entre quienes viajaban estaba Greta Thunberg y otras personas defensoras de derechos humanos. La embarcación intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, pero fue detenida y parte de su tripulación fue deportada.

El objetivo del viaje era claro: hacer llegar alimentos y suministros básicos a una población palestina asediada, mientras se denunciaba el bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza desde hace años, agravado tras más de un año y medio de guerra. Hoy, este bloqueo sigue impidiendo el ingreso de bienes esenciales, en un conflicto armado prolongado que ha dejado miles de muertos y heridos.

Israel sostiene que el barco violaba el bloqueo naval sobre Gaza. Pero aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos: ¿Es este bloqueo legítimo? ¿Qué dice el derecho internacional?

El derecho internacional humanitario establece límites claros a los bloqueos en contexto de guerra. El Convenio de Ginebra prohíbe los castigos colectivos y cualquier forma de intimidación contra la población civil. A su vez, el Manual de San Remo —que recoge normas ampliamente aceptadas— prohíbe bloqueos destinados a provocar hambre o que causen daños desproporcionados a civiles. En el caso de Gaza, la realidad es evidente: una crisis humanitaria extrema, escasez de alimentos y medicamentos, y un bloqueo calificado como ilegal por diversos relatores de Naciones Unidas.

Además, la detención de la embarcación ocurrió en aguas internacionales, donde rigen normas aún más estrictas. Los barcos tienen libertad de navegación y solo pueden ser interceptados en circunstancias muy excepcionales como piratería, trata de esclavos, tráfico de drogas, ausencia de bandera o fraude de pabellón. Ninguna de esas condiciones existía. La Flotilla transportaba ayuda humanitaria y personas defensoras de derechos humanos. Por tanto, la intercepción fue arbitraria y contravino las normas internacionales.

Recordemos también que quienes iban a bordo —Greta Thunberg incluida— son personas defensoras de derechos humanos protegidas por Naciones Unidas. Su detención y deportación pueden considerarse represalias prohibidas por el derecho internacional.

Este episodio es mucho más que la historia de Greta. Es el reflejo de una estrategia sistemática de criminalización de quienes intentan proteger a poblaciones sometidas a graves violaciones de derechos humanos. Y también un recordatorio de cómo algunos Estados, bajo la excusa de seguridad, vulneran principios jurídicos básicos mientras miles de civiles palestinos continúan siendo víctimas del bloqueo. Las cifras son devastadoras: al 9 de junio de 2025, más de 54.800 personas han muerto en Gaza, incluyendo 17.400 niños y niñas, mientras más de 126.000 personas han resultado heridas desde el rompimiento del alto al fuego en marzo, según informó el Ministerio de Salud palestino.

Por eso, más allá de los titulares y de los rostros conocidos, apremia que la comunidad internacional y los Estados dejen de avalar este genocidio. Defender los derechos humanos no puede ser nunca un delito. Silenciar a quienes intentan proteger la vida tampoco puede ser una estrategia aceptable.

53 parlamentarios y parlamentarias rechazan proyecto Dominga y alertan sobre graves riesgos ambientales

Imagen cedida

 “El proyecto Dominga es pan para hoy para los poderosos y hambre para mañana para la biodiversidad y la democracia”, señalaron en una declaración conjunta, a las puertas de la resolución de la Corte Suprema sobre la materia.

 A través de una declaración pública, 53 diputadas y diputados manifestaron su profundo rechazo al avance del proyecto minero Dominga, al que acusan de amenazar gravemente la biodiversidad del país, debilitar la confianza en las instituciones y estar vinculado a algunos de los mayores escándalos de corrupción en Chile.

 “El proyecto Dominga es pan para hoy para los poderosos, y hambre para mañana para la biodiversidad y la democracia”, señalaron las y los firmantes de la declaración.

 Dominga busca instalarse en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, zona que forma parte del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. En esa zona habita el 80% de los pingüinos de Humboldt, delfines únicos en aguas frías y se alimentan ballenas fuera de la Antártica. “Ese equilibrio es muy frágil. Si se destruye, es irrecuperable y se pierde para siempre”, afirmaron en la misiva.

 La declaración recuerda que el proyecto ha sido rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros, respaldado por informes técnicos de CONAF y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que advierten que Dominga subestima sus impactos y presenta serias deficiencias. Sin embargo, el caso está hoy en la Corte Suprema, con antecedentes que han generado legítimas inquietudes; el ministro Jean Pierre Matus no se inhabilitó por su vínculo con un abogado ligado al proyecto, quien posteriormente presentó una querella contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

 A eso se suman cuestionadas inhabilidades en el Tribunal Constitucional que, a juicio de los firmantes, “debilitan la confianza pública y generan una sensación de captura institucional por parte de intereses privados”.

 Asimismo, denuncian que Dominga está vinculado a algunos de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas, como el Caso Penta, los Pandora Papers y el Caso Hermosilla; este último responsable de provocar la salida del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, y de abrir investigaciones por redes de tráfico de influencias con el exfiscal Manuel Guerra como protagonista.

 Los parlamentarios cuestionaron, además, el relato de progreso que promueve el proyecto de la empresa Andes Iron. “Se argumenta que Dominga traerá desarrollo a La Higuera. Pero los datos lo desmienten. No se trata de estar contra la minería, sino de exigir una minería moderna, con reglas claras y beneficios reales. Dominga no es eso”, sostuvieron.

“Lo que está en juego es mucho más que un proyecto minero. Es el tipo de país que queremos ser. Uno donde el dinero imponga su ley, o uno donde el futuro y el interés público estén por sobre todo lo demás”, concluyeron.

 Firman esta declaración las diputadas y diputados: Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Carolina Tello, Nathalie Castillo, Daniel Melo, Cristian Tapia, Juan Santana, Jaime Araya, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, Carmen Hertz, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniela Serrano, Boris Barrera, Hernán Palma, Marta González, Héctor Ulloa, Claudia Mix, Marcos Ilabaca, Javiera Morales, Gael Yeomans, Emilia Nuyado, Danisa Astudillo, Tomás de Rementeria, Patricio Rosas, Marcela Riquelme, Ericka Ñanco, Diego Ibáñez, Camila Rojas, Sebastián Videla, Tomás Lagomarsino, Alejandra Placencia, Clara Sagardía, Helia Molina, Carolina Marzán, Tomás Hirsch, Cosme Mellado, Matías Ramírez, Alejandro Bernales, Karol Cariola, Félix González, Jorge Brito, Jaime Sáez, Leonardo Soto, Emilia Schneider, Consuelo Veloso, Arturo Barrios, Jaime Naranjo, Ana María Bravo, Francisca Bello, Andrés Giordano y Viviana Delgado.

Registro Civil inaugura en Viña del Mar la primera “Sala de la Calma” de atención inclusiva

Imagen cedida para efectos informativos

Espacio pionero, financiado por el Fondo para la Igualdad 2024, ofrece iluminación ajustable, zona de juegos y audífonos reductores de ruido para garantizar una experiencia cómoda a personas con discapacidad, adultos mayores y niños.

En el marco del Programa “Registro Civil Te Cuida”, este mediodía quedó oficialmente inaugurada la primera “Sala de la Calma” del Registro Civil, habilitada en la oficina de Viña del Mar. Este nuevo espacio, es fruto de la iniciativa ganadora del Tercer Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Género y Cuidados que implementó el Servicio, ofrece un entorno inclusivo y accesible para usuarios de todas las edades, personas mayores, personas con y sin discapacidad y/o trastorno del espectro autista, que requieran de un apoyo específico para su atención.

La creación de la Sala de la Calma responde a la necesidad de asegurar una experiencia de atención de la más alta calidad, incorporando elementos como iluminación ajustable, un sillón de descanso, estación de juegos y materiales educativos para niños y niñas, además de audífonos reductores de ruido. Su implementación –financiada por el Fondo para la Igualdad 2024 de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, con una inversión de $5.725.816– fue posible gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Género de Valparaíso y la asesoría de SENADIS.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales y regionales, y representantes de los ministerios y organismos técnicos que colaboraron en el concurso. Tras un recorrido por las instalaciones, se realizó una demostración en contexto real del funcionamiento de la Sala de la Calma, explicando los procedimientos para su uso y brindando pautas de acceso a quienes lo requieran.

Durante la inauguración, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, destacó que “en estos años se han generado espacios en las oficinas del Registro Civil que tienen que ver con el cuidado y con el respeto a los ciudadanos, ciudadanas y los niños que vienen acá. Hay distintas iniciativas, realmente está siendo una innovación enorme en la calidad de la atención de las personas y nosotros estamos muy contentos”.

Además, señaló que “vamos a firmar un convenio con el Registro Civil, ahora muy pronto, para poder transferir recursos de manera de poder continuar con la iniciativa de las salas de lactancia, que hay en algunas regiones y en algunas oficinas, y que estas puedan ampliarse en todas las regiones del país. Queremos que se amplíen los espacios para  niños y niñas en las oficinas del Registro Civil. Esperamos que la sala de calma sea una realidad por lo menos una por. Por lo tanto, vamos a suscribir un convenio, vamos a traspasarle recursos y vamos a asegurar que estas experiencias se multipliquen”.

En tanto, el director regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Carlos Loyola Jouannet, destacó que “esta es una iniciativa 100% nuestra. El oficial civil está siempre pendiente de la forma en que se atiende a los usuarios. El inaugurar esta nueva sala de calma, es un gran avance, un logro ya que es una sala exclusiva donde vamos a poder entregar un mejor servicio para usuarios y usuarias que pudiesen estar descompensados, pudiendo obtener sus documentos in situ en un lugar especialmente diseñado para una atención tranquila, sin distractores. Mas inclusiva.”

A su vez la seremi de Justicia y DD.HH, Paula Gutiérrez Huenchuleo manifestó que “efectivamente, parte del desafío que se ha planteado el Registro Civil junto con el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos es que se hacen cargo de las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En ese contexto que por interés y por iniciativa de nuestras funcionarias hemos podido iniciar la primera sala de calma que tiene el Registro Civil, pero también de los servicios públicos en el país.

Este es un proyecto pionero que nos permite dar cuenta de que en Chile cuidamos a nuestros habitantes y que nos hacemos responsables desde el Estado”.

Con este hito, el Servicio de Registro Civil e Identificación reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad y la dignidad de todos los ciudadanos, incorporando prácticas de género y accesibilidad en su modelo de atención.

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