“El Colegio de Enfermeras de Chile expresa su profunda preocupación y rechazo ante el reciente dictamen de la Contraloría General de la República sobre la confianza legítima, que impacta de manera directa la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras a contrata en el sector público. La decisión de limitar la defensa de estos trabajadores únicamente a la vía judicial, excluyendo la reclamación administrativa ante la Contraloría, representa un claro retroceso en la protección de sus derechos laborales”, señala un comunicado de la Orden Profesional.

Agregan que este dictamen expone a trabajadores a contrata a despidos arbitrarios, aumentando la incertidumbre en el sector público. “Al perder la opción de una defensa administrativa y verse obligados a recurrir a la justicia tras más de dos años de servicio, enfrentar un proceso más largo y costoso. Esta medida no solo complica la protección de sus derechos, sino que también incrementa la precariedad laboral y los deja vulnerables”.

Manifiestan que es de vital importancia escuchar a trabajadores y fomentar un diálogo constructivo con las autoridades para proteger los derechos laborales y garantizar una atención en salud de calidad. De los trabajadores de salud un alto porcentaje son enfermeras y enfermeros que se desempeñan bajo la modalidad de contrata, siendo a la vez mayoritariamente mujeres.

“El Colegio de Enfermeras insta a que se revoque el dictamen y que se revisen las  medidas para alinear las políticas laborales en Chile, considerando los convenios y recomendaciones de la OIT, asegurando así la protección de los derechos de trabajadores y la estabilidad en el trabajo decente. La defensa de estos principios es esencial para garantizar un entorno laboral justo y equitativo para todos los trabajadores”, finalizan.

De preocupante y delicado calificó el Colegio de Profesoras y Profesores el dictamen de la Contraloría General de la República, respecto de las y los trabajadores denominados “A Contrata”, además, lo considera un retroceso y pérdida de derechos laborales.

Para el Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar, “esta es una lucha que tenemos que dar todos los trabajadores públicos del país, porque no puede ser que en Chile se vaya consagrando y normalizando la pérdida de derechos de las y los trabajadores. Lo que Contraloría hace es un retroceso y centra un precedente muy nefasto”.

Para el líder gremial “la solución es que el Gobierno envíe al Parlamento un proyecto de ley que establezca este derecho, como ley, y no quede simplemente a la interpretación de Contraloría o de los Tribunales de Justicia, sino que quede como ley, porque es un derecho legal básico que las y los trabajadores tengan algo de estabilidad laboral”.

Mario Aguilar señaló que en el caso de las y los “A Contrata”, “sus derechos incluso son menores a los que tienen en el sector privado y eso no puede ser“

Por último, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, le recordó al Gobierno que “el empleo decente y en condiciones dignas debe ser una política del Estado de Chile y no un empleo precario, en condiciones de inestabilidad absoluta como se ha pretendido por años con las y los “A Contrata”.

Una actitud similar tiene la ANEF quien comunicó a los trabajadores y trabajadoras del Estado a mantenerse alertas frente al dictamen de la nueva Controladora Dorothy Pérez.

Ha partido Lidia Baltra. Periodista, escritora, dirigente social y política. La tarde de este sábado 9 de noviembre de 2024 dio sus últimos suspiros rodeada de sus familiares más cercanos, su marido Claudio y su hija Valentina.

La trayectoria periodística de Lidia fue extensa, muy amplia. En su juventud fue reportera en medios que informaban sobre la cultura y el espectáculo. En la época de la dictadura militar de Pinochet, Lidia se desempeñó en una ONG que defendía los derechos de los campesinos y campesinas de nuestro país.

A Lidia siempre le gustó mucho la política. En su juventud, fue Demócrata Cristiana y cuando esta se dividió, en la época de la Unidad Popular, militó en la Izquierda Cristiana. A fines de los ochentas, ingresó a las filas del Partido Socialista de Chile, especialmente en su comunal de Ñuñoa y en la Brigada de Periodistas Socialistas de Chile. Siempre fue una mujer de izquierda, abrazando todas las causas en defensa de los derechos humanos y la justicia social.

También tuvo una notable participación en el Colegio de Periodistas. Allí fue dirigente nacional en varios periodos y llegó a ser Presidenta Nacional del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas.

Nunca dejó escribir, porque tenía una pluma envidiable. Escribió varios libros, destacando una biografía a las presidentas de Sudamérica Cristina Fernández, Dilma Rouseff y Michelle Bachelet. Con ella, abrazó desde siempre el feminismo.

También fue columnista de nuestro diario digital Página 19 entregando información sobre la propiedad y la concentración de los medios de comunicación en Chile.

El año pasado, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos la reconoció públicamente con el Premio a la Trayectoria por su defensa y compromiso de la persona humana en todos los ámbitos de la vida diaria.

Querida Lidia, te extrañaremos mucho. Tus ojos claros y tu sonrisa nos acompañarán en el mismo camino que recorriste, buscando un país mejor para todos y todas. El Equipo editorial de Página 19 no te olvidará. Te abrazamos y agradecemos todo lo que hiciste estés donde estés.

Diputado Cuello calificó la resolución como el “primer paso para conocer la verdad” de la reunión entre Valencia y Hermosilla.

En la mañana de hoy, se informó que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de protección interpuesto por los diputados del PC, Luis Cuello y Boris Barrera contra el Ministerio Público, por graves infracciones a la ley lobby originadas en la reunión de Fiscal Nacional Ángel Valencia con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.

En el recurso, declarado admisible por la Corte, se detalla que los diputados Cuello y Barrera presentaron el 10 octubre de este año una denuncia ante el Ministerio Público, en contra del fiscal Valencia por no registrar según la ley del lobby los asuntos que se trataron en la reunión que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla y el ex Ministro, Andrés Chadwick.

De acuerdo a la ley de lobby, el Ministerio Público debió designar tres fiscales regionales por sorteo para resolver la denuncia. Sin embargo, en una acto que los diputados califican como ilegal y arbitrario, el Fiscal Nacional subrogante, Héctor Barros, resolvió desechar la denuncia y rechazar la designación de los fiscales contraviniendo una norma expresa.

Sobre la decisión de la Corte el diputado Luis Cuello comentó: “La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de protección que presentamos contra el Fiscal Nacional por haber impedido ilegalmente la tramitación de la denuncia por ley de lobby que formulamos al no haberse registrado la conversación que sostuvo el fiscal Valencia con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla”. “Este es el primer paso para conocer la verdad, para transparentar el contenido de los asuntos que se conversaron entre el Fiscal Nacional Ángel Valencia y el ex ministro Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla”, afirmó Cuello.

A su vez, el diputado Boris Barrera narró: “Hace unas semanas colocamos con el diputado Luis Cuello una denuncia contra el Fiscal Nacional por no registrar la reunión que tuvo en su momento con Hermosilla y el primo de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. El Fiscal Nacional subrogante desestimó nuestra denuncia faltando a la ley, a lo que dice la ley en relación al procedimiento, así que colocamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y sucedió lo que debía suceder”.

Junto a lo anterior, el diputado Barrera, concluyó: “Gracias a nuestros fuertes argumentos, esta se declaró admisible, así que esperamos que siga el curso normal para conocer finalmente qué fue lo que sucedió en esa reunión. Y ahora, cuando necesitamos la lucha frontal contra la delincuencia, creo que la Fiscalía Nacional tiene que dar el ejemplo de probidad y transparencia”.

La discusión de presupuesto 2025, que actualmente se encuentra en la Comisión Mixta siendo analizada por diputados y senadores, ha sido el foco de la atención política las últimas semanas. La derecha ha criticado la inversión pública propuesta por el gobierno, lo que pone en riesgo de aumentar la deuda social del país.

Respecto a esto, el diputado Jaime Naranjo (PS), miembro de la Comisión de Hacienda, señaló “Hacía mucho tiempo que no veíamos a los sectores de oposición tan preocupados de los gastos como también de los posibles ingresos que va a tener el país. Me parece bien que abramos una discusión sobre esa temática, pero indudablemente uno percibe que detrás de esta posición tan dura que está ejerciendo la derecha en el presupuesto en relación a bajar los gastos que va a tener el presupuesto el próximo año, indudablemente de que detrás de aquello hay una estrategia electoral de tal manera de inhibir o poder impedir que el gobierno actual pueda enfrentar la deuda social que tiene el país. Porque curiosamente ocurre que los mismos que piden aumentar los gastos en determinadas áreas sensibles del país, como es el caso de salud, educación, vivienda, seguridad, son los mismos que en la sala y en el Congreso piden rebajar o disminuir los gastos del Estado. Entonces yo le pediría a los sectores de oposición y de derecha coherencia entre lo que piden y lo que solicitan”.

Además agregó que, si bajan los gastos, “eso significa no pagar la deuda social del país, que lo digan públicamente al país. Que lo tengan claro, si sus motivaciones son electorales, porque el próximo año tenemos diversos eventos electorales, que sepan que los problemas sociales que no resuelve este gobierno hoy, el día de mañana el gobierno que asuma le van a estallar en su cara toda la deuda social que tiene Chile. Es decir, la derecha está jugando con un campo minado”.

“Lo que no se resuelva en este gobierno lo va a heredar el próximo gobierno, de la cual ellos están seguros que lo van a encabezar. Pues bien, están construyendo un campo minado por no pagar la deuda social que exige hoy día la sociedad chilena”, finalizó el diputado socialista.

La diputada independiente y jefa del comité IND-PPD, Camila Musant, calificó como “un show televisivo” la entrega de la lista de chats y contactos de Luis Hermosilla con jueces y fiscales por parte de su defensor y hermano, Juan Pablo Hermosilla.

Tras la entrega del listado, la diputada Musante comentó que “Hermosilla una vez más le miente al país y no cumple su palabra”.

Según explicó, “en vez de liberar los chats y mostrarle a Chile quiénes son los que se encuentran involucrados en este entramado de corrupción y de tráfico de poder, lo que hace es leer una lista de nombres de fiscales, jueces y ministros sin dar ningún detalle en concreto. Sin pruebas y sin evidencias de cómo resultan parte de esta red y de este entramado de corrupción”.

“¿Qué es lo que busca la defensa? Contaminar la escena, evidentemente. Nombrar tanto fiscales, tantos jueces y tantos ministros que pareciera ser que está todo contaminado y, por lo tanto, no queda nada más que liberar a Hermosilla y que quede en la más absoluta impunidad”, sostuvo.

Por este motivo, exigió “que se liberen los chats y que se muestren las pruebas que supuestamente involucraría a nuestra institucionalidad, ni más ni menos el Ministerio Público y el Poder Judicial, que están encargados de perseguir los delitos”.

“Lo demás, señor Juan Pablo Hermosilla, lo único que es, es un show televisivo”, concluyó la parlamentaria.

Entretanto, el Colegio de abogados de Chile inició una investigación por “faltas a la ética profesional” de Juan Pablo Hermosilla al dar a conocer nombres de fiscales y jueces en causas judiciales que no revisten ningún tipo de delitos.

Se organizaron y tomaron contacto con un equipo de abogados para impedir, a través de acciones de nulidad de derecho público y de certeza jurídica, que la Seremi de Vivienda ordene a la municipalidad la entrega de permisos que afectarán su calidad de vida.

Un grupo de vecinos de Estación Central han organizado un frente de apoyo a la gestión del alcalde, quien se niega a aprobar la recepción final de los polémicos «edificios fantasmas» o «guetos verticales» en la comuna. Esta medida responde a presiones de inmobiliarias que buscan legalizar construcciones que, según se ha revelado, infringen de manera flagrante la normativa urbana.

Con el respaldo de un equipo de juristas especializados en derecho urbano y administrativo, este frente ciudadano acusa acciones y omisiones de antiguas autoridades comunales y centrales que han favorecido la consolidación de situaciones ilegales. Para el alcalde, esta alianza ciudadana destaca el impacto negativo que estas construcciones representan para la comuna y la necesidad de proteger el derecho al buen vivir. Por ello, el edil Felipe Muñoz, recientemente electo con más del 50 por ciento de los votos, apoyaría esta y cualquier instancia ciudadana que se enfrente a proyectos que amenazan la calidad de vida en la comuna.

Artillería legal 

El equipo legal sostiene que la Contraloría General de la República (CGR) ya había confirmado la ilegalidad de permisos de construcción otorgados en la administración del exalcalde Rodrigo Delgado.

En 2018, el ente fiscalizador (Dictamen N° 27.918) determinó que varios permisos, emitidos tras la Circular DDU N° 313 de la Seremi de Vivienda de 2016, infringieron las normativas de planificación urbana. Pese a esta resolución, las autoridades de la época no anularon los permisos, consolidando situaciones de irregularidad que ahora impactan a los vecinos.

El equipo de juristas también argumenta que las inmobiliarias estaban al tanto del marco legal que debían cumplir. Sin embargo, ignoraron las restricciones y promovieron proyectos sin respetar las limitaciones de altura y agrupamiento. Ante esta situación, los abogados proponen llevar el caso a los tribunales mediante acciones de nulidad de derecho público y de certeza jurídica, instando a la justicia a resolver la legitimidad de las pretensiones de todos los involucrados.

Con este conflicto, el debate sobre la construcción en Estación Central resurge, destacando la importancia de respetar el ordenamiento territorial para una convivencia urbana equilibrada y en armonía.