Para intentar comprender lo que está en juego en 2024 en la Venezuela de Nicolás Maduro, y juzgarla con pleno conocimiento de causa, no basta con mirar los resultados de las últimas elecciones de julio y cómo fueron, con mucha probabilidad, arreglados. [1] Tampoco basta con tener en cuenta únicamente la hostilidad agresiva de los Estados Unidos hacia la revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez, ni recordar la sangría migratoria que experimenta Venezuela a raíz de sus dificultades económicas crecientes. [2] Tampoco basta mencionar la evidente deriva autoritaria que Maduro patrocina desde 2015, ni las maniobras fraudulentas que habría respaldado para mantenerse en el poder a toda costa.
Ciertamente, todos estos elementos deben tenerse en cuenta, en particular para identificar posibles salidas a la crisis dentro de un país desgarrado por las retóricas de derecha e izquierda fuertemente exacerbadas. Pero no son suficientes. Para poner las cosas en perspectiva, debemos al mismo tiempo situar el caso Maduro en la historia y la continuación de esta revolución bolivariana de la que él sigue reclamándose heredero.
No lo olvidemos: querer establecer sociedades igualitarias cuyos actores principales sean las clases trabajadoras y los movimientos sociales en lucha es un objetivo de izquierda a la vez noble y exigente, especialmente en el Sur global donde las relaciones de dominación están muy marcadas y donde el papel del imperialismo estadounidense no engaña a nadie.
En breve, es precisamente desde esta perspectiva de izquierda que Hugo Chávez quiso darse a conocer cuando fue elegido en 1998 como presidente de Venezuela. Esta es la razón por la que, a principios de los años 2000, la revolución bolivariana en Venezuela resonó –¡y no sólo en América Latina!– como la expresión de una renovación, de una esperanza, de la posibilidad de que la izquierda latinoamericana comenzara a salir de su postura expectante, a alejarse de actitudes puramente defensivas; replegada como lo había estado hasta entonces -tras períodos dictatoriales o guerras de baja intensidad particularmente traumáticas – en la defensa de las libertades individuales y de las garantías democráticas elementales.
Con su nueva constitución, sus “misiones”, su idea de un socialismo del siglo XXI, sus proyectos de concejos municipales, sus vínculos sur/sur más igualitarios establecidos a través del Alba, [3] fue capaz de entusiasmar e inspirar sueños, tanto más cuanto que parecía pertenecer a un movimiento mucho más grande que ella misma. Porque se hizo eco de la renovación impulsada por el zapatismo mexicano del subcomandante Marcos, e incluso pareció armonizar con el desarrollo del movimiento altermundista (especialmente durante los grandes foros sociales de Porto Alegre) e incluso un poco más tarde con la llegada a Ecuador. del gobierno “ciudadano” de Rafael Correa, o del gobierno “indigenista” de Évo Morales en Bolivia. Una ola que recordó a todos y todas, enfrentados al neoliberalismo conquistador, que “otro mundo es posible”
Además, a partir del conjunto de esta dinámica histórica y más cuando reivindicamos los ideales de izquierda- es que podemos apreciar el alcance de los excesos empujados por Maduro y descubrir las formas más efectivas de oponernos y superarlos. Como cualquier otro régimen político, el que lidera Nicolás Maduro es fruto de un proceso moldeado por decisiones políticas que, a través de las ramificaciones y alternativas que evidencian, no cesan de evolucionar y transformar las actuales relaciones de fuerza.
¡Pero para descubrir los momentos decisivos es necesario volver a la historia!
1) Flashback a la “Revolución Bolivariana”
La revolución bolivariana [4] comenzó a darse a conocer como tal en Venezuela, a finales de 1999, cuando fue la elección de la asamblea constituyente que dio origen a una nueva constitución, más democrática y participativa que la anterior. Pero, sobre todo, se dio a conocer a través de la recuperación del control de los recursos petroleros de PDVSA, por parte del gobierno, empresa nacional que operaba en total opacidad y sin rendir cuentas a su ministerio supervisor, el Ministerio de Energía y Minas. Esto es lo que provocó la primera crisis abierta del gobierno de Hugo Chávez y que desembocó en el fallido golpe de Estado de 2002 y luego en el paro petrolero de 2002-2003. Si la derecha, la patronal y el principal sindicato de trabajadores de Venezuela -apoyados secretamente por los EE.UU.- intentaron en esos momentos derrocar a Chávez, fue sobre todo por la aplicación de la Ley Orgánica sobre hidrocarburos que pretendía secar la principal fuente de corrupción y enriquecimiento de las elites políticas y económicas sindicales del país. En este sentido, la ruptura del chavismo con el empresariado y las élites de Venezuela constituye sobre todo un cuestionamiento del famoso pacto de Punto Fijo que existía desde 1958 y que permitía a las fuerzas y partidos que compartían el poder repartirse los frutos de la renta petrolera a través de la corrupción y una asociación completamente opaca entre el mundo empresarial, figuras políticas, altos funcionarios y dirigentes sindicales.
Pero, a pesar de esta alianza anti-Chávez, el golpe fracasó gracias al apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas como a la reacción masiva y rápida de grandes sectores de las clases populares. Los golpistas fueron expulsados y Chávez, comprendiendo que su poder sólo se mantenía gracias a este apoyo popular, lanzó las “misiones”, programas amplios y dinámicos para luchar contra la pobreza, anclados en los barrios y que reemplazaron a los servicios públicos deficientes, particularmente en salud, educación, vivienda y cultura. Así, a pesar de la crisis económica que siguió al golpe de Estado y a la huelga petrolera; a pesar del vertiginoso aumento del desempleo y de la pobreza que ella generó, Chávez ganó el referéndum revocatorio de 2004 impulsado por la oposición y luego fue reelegido triunfalmente en 2006 con 62,8% de los votos.
Sin duda hay otra razón que, además de las alianzas antiimperialistas que reavivó en torno a la creación de Alba, puede explicar la tensión en las relaciones que se han desarrollado entre el chavismo y las élites venezolanas. Se trata de la naturaleza misma del neoliberalismo, un modo de regulación que llegó a ser tan dominante en América Latina con el cambio de milenio, que terminó adoptando un giro particularmente dogmático, sin tolerar ninguna violación de sus reglas económicas que presenta como “naturales” e insuperables, lo que convierte al keynesianismo en un enemigo que hay que derrotar a toda costa. Así, podemos decir que no es tanto el grado de radicalidad del programa de Chávez lo que provocó la ira norteamericana y de las elites económicas del mundo, sino el hecho mismo de posibilitar un horizonte diferente al impuesto por el «totalitarismo neoliberal». A partir de entonces, la simple redistribución de la riqueza, como en Venezuela a través de los ingresos petroleros, se convirtió en un verdadero… casus belli.
2) Progresos, pero también inflexiones
Lo cierto es que el poder chavista rápidamente se vio enfrentado a dos grandes desafíos que provocaron inflexiones en la dinámica popular que hasta entonces se había ido construyendo a su alero. La primera se produjo en 2007 cuando por primera vez perdió la votación en un referéndum; éste implicaba reformas constitucionales destinadas a permitirle presentarse nuevamente a las siguientes elecciones presidenciales. Pero, en lugar de tener en cuenta el descontento que tal rechazo implicaba –incluso en su propio sector–, reforzó el movimiento de concentración del poder que comenzaba a desarrollarse a su alrededor, en particular con la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que convirtió en un partido de gobierno estrictamente bajo sus órdenes. Pero también decidió instrumentalizar más directamente los movimientos sociales de origen popular, en particular con la escisión que dirigieron los chavistas dentro del movimiento sindical para crear una nueva central totalmente subordinada al poder, la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT).
La segunda inflexión se produjo como resultado de la crisis económica mundial de 2008. Golpeados por la crisis financiera, varios bancos venezolanos quebraron. En el seno del gobierno y entre los economistas pro-chavistas, muchas voces se alzaron para exigir la nacionalización del sector bancario y la creación de un polo financiero público. Pero el gobierno de Chávez se rehúsa y se contenta con salvar a los bancos en quiebra. Peor aún, en un intento por regular esta crisis que afectaba también a la moneda nacional, el gobierno reintrodujo un sistema de paridades múltiples entre el bolívar y el dólar; sistema que ya había sido utilizado en Venezuela en los años 1980 y 1990 y era considerado una de las causas de la aceleración de la corrupción. Al confirmar tales opciones más políticas que económicas acarreó, en el contexto de entonces, importantes consecuencias.
La principal fue el fortalecimiento progresivo de la llamada «boliburguesía», expresión que aludía a todos quienes han «hecho una fortuna» arrimándose al poder político y aprovechando los beneficios de dicha situación, fueran empresarios, militares o miembros de la administración. o el partido en el poder. Esta capa social se enriquecerá muy rápidamente, sobre todo gracias a la especulación del dólar, gracias a la nueva estructura del sistema monetario. Este dinero acumulado se invirtió en diversas empresas, primero comerciales y de transporte, luego en empresas productivas, particularmente vinculadas a la explotación extractivista minera. Esta nueva capa social enriquecida entró en competencia con la “burguesía histórica” que, al no tener ya el monopolio de la redistribución de los ingresos petroleros, se encontró en peor posición para beneficiarse de las prácticas especulativas. Al mismo tiempo, se opuso también a las demandas populares, viendo con muy malos ojos las demandas de autogestión de los trabajadores o los intentos de controlar las cuentas de las empresas públicas exigidos por los sindicatos.
Esta concentración del poder gubernamental en torno a la persona de Hugo Chávez, así como el nacimiento de esta “boliburguesía” son los dos elementos que debilitaron el impulso popular de los primeros años, así como vaciaron de contenido las reformas que buscaban implementar los consejos comunales, reforzando al mismo tiempo todas las contradicciones que abrumaban el curso de la revolución bolivariana. Hasta el punto de derivar en una extraña esquizofrenia que se convertirá en la marca por excelencia de Nicolás Maduro cuando en 2013 sucedió a Chávez, afectado entonces por un grave cáncer; una creciente esquizofrenia entre la proclamación de voluntades radicales, antiimperialistas y socialistas, y la implementación de opciones económicas y políticas en todos los sentidos opuestas, neoliberales y propias del capitalismo extractivista.
En vísperas de su muerte, en 2012, el propio Chávez elaboró un severo y lúcido balance de la evolución del país en su texto El Golpe de Timón. En él propuso un nuevo rumbo y llamó a combatir la corrupción y la burocratización, al tiempo que se reimpulsaran los consejos municipales, la autogestión en las empresas y el desarrollo del cooperativismo.
El hecho es que Nicolás Maduro no siguió todas estas recomendaciones. Por el contrario, los ministros de Chávez que habían trabajado en estas reflexiones críticas fueron rápidamente excluidos de su gobierno y algunos, incluso, del PSUV. Y, como veremos, quedó de más en más atrapado en esta esquizofrenia perversa y sin salida.
3) Con Nicolás Maduro: políticas económicas pro-empresariales
Por lo tanto, con Nicolás Maduro nos hemos alejado cada vez más de los ideales y los impulsos iniciales de la revolución bolivariana. Y para comprender su alcance, nada mejor que revisar algunas de las políticas que implementó desde su llegada a la presidencia en 2013, sin olvidar, no obstante, el marco previo en el que se desplegaron.
De hecho, como señala el economista de izquierda Manuel Sutherland, “En algunos elementos puntuales, se ha observado que la política económica bolivariana no tiene nada que ver con un cambio revolucionario anticapitalista ni con una metamorfosis de las relaciones sociales de producción. El proceso bolivariano ha sido más bien una variante de las políticas económicas que derivan del llamado «rentismo petrolero», que ya se habían experimentado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979)” [5] .
No debemos olvidar que el rentismo petrolero ha sido el motor del cambio social en Venezuela, pero con todos los límites que tal sistema trae consigo. Porque si los ingresos de los hidrocarburos permitieron financiar misiones sociales, la lucha contra la pobreza, la creación de universidades bolivarianas, el desarrollo de vínculos diplomáticos fructíferos en todo el Alba, etc., al mismo tiempo no hubo inversiones sustanciales que permitieran a Venezuela desarrollar su propia producción y así aflojar sus vínculos de dependencia con las potencias extranjeras, mientras que las importaciones de productos manufacturados y alimenticios han mantenido un ritmo sostenido para satisfacer la creciente demanda interna. No sorprende en esta situación que los efectos económicos y sociales del bloqueo decretado por Estados Unidos en 2019 hayan podido ser tan catastróficos para la población. Y, es más, en un contexto en el que la caída de los precios del petróleo iniciada en 2014 ya había socavado los cimientos de una economía basada casi exclusivamente en las ventajas que aportan los ingresos petroleros.
Estos factores han influido aún más desde 2014, cuando el gobierno madurista aceleró la política rentista y extractivista, así como la mayor apertura al capital privado, nacional y extranjero. En este sentido, podemos pensar en la ley de noviembre de 2014 relativa a la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que permiten explotar los recursos del subsuelo o los forestales derogando los derechos sociales de los trabajadores, así como los derechos vinculados a la preservación de la naturaleza. y de los pueblos indígenas. El más emblemático es el del Arco Minero del Orinoco, cuya superficie equivale a la de Portugal. Sin embargo, todas estas zonas, una especie de concesión otorgada a las empresas, han experimentado un vertiginoso aumento del tráfico, un aumento del poder de los grupos armados y un deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones locales.
También podemos pensar en la ley del 28 de diciembre de 2017 relativa a la protección de las inversiones extranjeras, que llevó a decir a muchos partidarios del chavismo que ella expresaba la victoria del lobby neoliberal instalado en el poder [6]. Como prueba, los artículos legales que permiten a los inversores repatriar sus beneficios sin demora, estar exentos de impuestos, asegurar sus inversiones, etc.
Finalmente, podemos pensar en la ley antibloqueo publicada en octubre de 2020. Con ella, las empresas públicas son ahora el blanco al permitir la entrada de capitales privados en esferas que les estaban reservadas; ella permite también derogar normas legales, incluidas las constitucionales, y establece el secreto total de las decisiones relativas al sector público. ¿Es casualidad que sólo las organizaciones y personalidades de izquierda independientes del PSUV criticaran y se manifestaran contra esta ley, causando incluso revuelo en el seno de la coalición de gobierno al obligar al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a Patria para Todos (PPT) a distanciarse de Maduro? [7]
Pero hay algo aún más sintomático con esta ley antibloqueo: desde 2020 se hizo posible la restitución de empresas y tierras anteriormente confiscadas durante el gobierno de Chávez. ¡Como prueba, el emblemático centro comercial Sambil La Candelaria en Caracas que fue devuelto en 2022 a sus primeros dueños, después de 14 años de expropiación!
En el campo, la ley antibloqueo también permitió a Maduro privatizar numerosas tierras, entregadas a inversionistas de América Latina o de los países del Golfo. En 2022, un millón de hectáreas fue arrendado a Irán para desarrollar cultivos intensivos de exportación. Proyectos similares están en marcha con China, India, Arabia Saudita, etc., sabiendo que este tipo de proyectos requieren la expulsión de los campesinos nativos y que, en la mayoría de los casos, ante la oposición de ellos se producen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, como en los estados de Barinas, Mérida, Guárico, etc.
Esta evolución “pro-empresarial” del madurismo se confirmó durante la votación de la nueva ley del 30 de junio de 2022 sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE) adoptada, por cierto, con el apoyo de la derecha, ya que “promoverá el surgimiento de nuevos emprendedores”, según expresó Luis Eduardo Martínez, diputado del opositor partido Acción Democrática.
En resumen, desde su primera elección, Maduro aceleró el giro pro-empresarial de la revolución bolivariana. Es más, para sellar más firmemente sus relaciones con el ejército, poco a poco empujará a los altos oficiales a crear empresas y hacerse cargo de numerosas otras empresas en todos los campos. Sobre todo, los alentará a crear la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas, CAMIMPEG, una empresa minera creada en 2016 y cuyas ganancias y dirección quedan íntegramente bajo su control exclusivo.
4) Con Nicolás Maduro: políticas antisociales
Sin embargo, hay que recordar que detrás de estas decisiones económicas hay verdaderas tragedias sociales y humanas. La crisis económica que facilitó la victoria de la derecha en las elecciones legislativas de 2015 [8] repercutió incluso en sectores que podrían ser favorables al madurismo. Con demasiada frecuencia los seguidores de Maduro, particularmente en el extranjero, olvidan que los sectores populares a menudo se han movilizado contra el régimen para exigir aumentos salariales o simplemente respeto a los convenios colectivos.
El primer levantamiento independiente contra el régimen de Maduro tuvo lugar el 30 de julio de 2017 en el barrio 23 de Enero, bastión histórico del chavismo, donde la población salió a las calles para disputar la elección a la Asamblea Nacional Constituyente del candidato oficialista mientras la mayoría de los votos fue para un candidato de la izquierda disidente.
Durante diez años, la creciente represión de los movimientos sociales, particularmente durante las huelgas, debería haber alertado a los sectores de izquierda que buscan defender a Maduro. En Venezuela hay innumerables activistas arrestados, encarcelados, huelgas consideradas ilegales en empresas públicas y privadas y restricciones de derechos.
También hay que comparar las leyes que protegen y promueven el enriquecimiento de los inversionistas (incluidos los extranjeros) con las leyes antisociales que fueron implementadas simultáneamente por el gobierno de Maduro. Esa es una verdadera opción de clase. Además de la legislación sobre Zonas Económicas Especiales (ZEE), se encuentra otra medida emblemática contenida en la Circular 2792 del 11 de octubre de 2018 publicada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social. Ella prohíbe la discusión sobre convenios colectivos y exige una revisión de las conquistas salariales establecidas en el sector público y nacionalizado. La directiva de la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) de marzo de 2022, que amplía este sistema, evidencia lo que es un verdadero retroceso, en particular al violar el artículo 89 de la Constitución de 1999 que estipula que “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”.
Además, las reacciones populares fueron masivas con decenas de miles de trabajadores que, en 2022, salieron a las calles de diferentes ciudades del país, a pesar de la notable ausencia de la CBST (la central sindical mayoritaria, vinculada al poder). ¡Según los propios trabajadores, los salarios pueden reducirse hasta en un 70% de su importe, anulando de un golpe todas las conquistas sociales anteriores! No es de extrañar que el número de conflictos sociales se haya disparado, con 3.942 registrados durante el primer semestre de 2022, de los cuales 1.642 se refirieron únicamente a la cuestión de los derechos de los trabajadores.
Pero más allá del tema de la restricción de los derechos sociales, las consecuencias inducidas por estas directivas del poder tienen graves consecuencias sobre los salarios ya devorados por la inflación. Esto explica el mantenimiento de un alto nivel de conflictividad social. Por ejemplo, en enero de 2023 estallaron numerosas huelgas en todo el país en torno a la cuestión salarial. Los trabajadores de la metalúrgica estatal Sidor (Siderúrgica del Orinoco) hicieron una huelga en junio y julio de 2023 y a ellos se sumaron otros sectores. En Caracas y en todo el país fueron los docentes quienes junto con los trabajadores de la salud y la administración se movilizaron en torno al lema “No queremos bonos, queremos salarios dignos”. Ya el 23 de enero de 2023 miles de manifestantes habían salido a las calles de Caracas, y esto sin apoyo alguno de la derecha. Sólo el PCV y organizaciones de izquierda no chavistas apoyaron este movimiento, una prueba más de que el descontento de la población no se remitía a un complot de derecha fomentada con Estados Unidos.
El Observatorio de Conflictos Sociales informa que la mayoría de los conflictos sociales tienen que ver principalmente con los aumentos salariales, el respeto de los convenios colectivos y el derecho a la vivienda. Tampoco es casualidad que el mayor número de conflictos (294 de 2.383) se produzca en el estado de Bolívar, estado donde se encuentra la mayor parte de la Zona Económica Especial (ZEE) del Arco Minero del Orinoco, denunciada repetidamente como una zona sin derechos para sus trabajadores y sus habitantes.
Es este ataque frontal contra los trabajadores lo que permitió, a pesar de la represión muy presente, el surgimiento de una plataforma de lucha llamada “la Otra Campaña”, que reúne a una veintena de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos, así como a decenas de personas. activistas e intelectuales. Como muchos otros colectivos de trabajadores y de los barrios, nació como un movimiento para defender los derechos de los trabajadores, llamando a la lucha social, más allá de quien ganara las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Pero si podemos señalar que, lejos de las declaraciones oficiales del discurso chavista, la cuestión social no se trata mejor en Venezuela que en otros países capitalistas, una característica de este régimen es, sin embargo, adoptar un punto de vista no progresista, más bien reaccionario en temas de derechos de las mujeres o de las personas LGBTQ+.
Respecto de estas últimas, la Constitución prohíbe cualquier discriminación en su contra (artículo 21) y varias leyes mencionan el principio de no discriminación por orientación sexual, por ejemplo, en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular de 2010; sin embargo, no se han implementando los medios para evitar esta discriminación, a pesar de las recomendaciones de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, no sorprende que, marginados en el país y desprotegidos, dos líderes de esta comunidad fueran recientemente (10 de agosto de 2024) atacados por fuerzas represivas. Estas duras acciones contra la comunidad LGBTQ+ deben compararse con el lento avance legal que se está dando en Venezuela en materia del matrimonio igualitario para cualquier pareja o la autorización de adopción para parejas homosexuales. De hecho, aunque la Corte Suprema de Justicia estableció en 2008 la igualdad de derechos para las parejas homosexuales, este principio aún no ha sido validado por la Asamblea Nacional.
En cuanto a los derechos de la mujer, el código penal del año 2000 (publicado bajo Chávez) prohíbe y castiga el aborto excepto en casos de riesgo de muerte para la mujer. Esta legislación es la más retrógrada de Sudamérica junto con la de Paraguay. Sin embargo, muchas asociaciones feministas y LGBTQ+ llevan años presionando al gobierno para que cambie la legislación, como en 2018 cuando se manifestaron en este sentido ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero ha sido en vano.
En cuanto a los medios anticonceptivos, casi han desaparecido del país, tanto como consecuencia del bloqueo como de la acción timorata de las autoridades respecto de los derechos de las mujeres [9]. Hubo que esperar hasta 2007, luego hasta el 25 de noviembre de 2014 (luego reemplazada por la ley del 16 de diciembre de 2021) para que se publicara una ley orgánica que apela “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, pero aún… sin los medios necesarios para su aplicación.
Además, si podemos decir que en Venezuela ha habido algunos avances en materia de derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+, cabe señalar que han sido mucho menores que los obtenidos en otros países a raíz de las movilizaciones sociales que han sacudido a América Latina durante unos veinte años.
5) Con Nicolás Maduro: cada vez menos derechos democráticos
Ante esta revuelta social que sacude su propia base electoral, el gobierno ha utilizado dos importantes herramientas para tratar de sofocarla.
La primera se refiere a la “ley del odio”, aprobada el 8 de noviembre de 2017; suficientemente vaga como para permitir cualquier interpretación posible, así las penas impuestas bajo su tutela pueden llegar hasta los 20 años de prisión. Los medios de comunicación son el blanco principal, al igual que las organizaciones de derechos humanos. Pero esta ley también se aplica contra los huelguistas, a menudo con la complicidad de los empresarios de las empresas afectadas. Recientemente, en agosto de 2024, en PDVSA se produjeron decenas de despidos de trabajadores que se habían atrevido a mostrar públicamente su apoyo a la oposición, en la televisión o en el metro de Caracas. Los sindicatos alertaron sobre esta situación y condenaron los despidos.
La segunda herramienta se refiere a la “ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares”, aprobada en primer trámite el 2 de abril de 2024, que permite legalizar la represión de cualquier disidencia. Con artículos en los que se asimila el fascismo a la denigración de la democracia, de sus instituciones y de sus valores republicanos, el artículo 12 trata de prohibir reuniones y manifestaciones, partidos y organizaciones sociales que promuevan el fascismo. La supresión de derechos y garantías constitucionales apunta a las organizaciones, pero el artículo 28 también prevé el cierre de los medios de comunicación cubiertos por esta ley. En un país donde el presidente califica de fascismo a cualquier disidente, especialmente desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, esta ley permite efectivamente amordazar a cualquier oposición. [10]
En este sentido, es interesante observar cómo la izquierda política fue uno de los objetivos privilegiados de las políticas represivas del régimen madurista. Para impedir que los partidos de oposición presentaran candidaturas alternativas y prohibirles existir como partidos críticos, la Corte Suprema de Justicia impugnó mediante sentencias sucesivas, en especial en 2020, a los dirigentes electos de los partidos políticos de oposición. Esto afectó a la mayoría de los partidos, pero en particular a los de izquierda, como el Movimiento Electoral Popular (MEP), Patria para Todos (PPT) y Tupamaro. Luego le tocó correr la misma suerte al PCV (Partido Comunista de Venezuela) en 2023. La continuación lógica de estos juicios fueron las escisiones vividas por estos partidos de oposición, que los llevaron a formar dos grupos opuestos: el resuelto por los activistas y el impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ.). Esto permitió que parte de la “oposición reformada por el TSJ” participara en los procesos electorales, en especial durante las últimas elecciones legislativas de 2020 y las regionales de 2021. Para las elecciones presidenciales de 2024, los sectores de los partidos políticos de derecha ad hoc se ubicaron detrás de varios candidatos, dividiendo aún más a las fuerzas de oposición. En cuanto al histórico PCV, excluido de la candidatura, optó por participar en la campaña electoral alineándose detrás del candidato Enrique Márquez, del partido Centrados.
6) ¿Qué preguntas tiene la izquierda?
La experiencia de la Revolución Bolivariana termina por cuestionar a las izquierdas, de cualquier corriente que se trate. Porque se refiere a la tentativa política de izquierda de transformación social que, en su momento, suscitó inmensas esperanzas y sobre todo por todos estos sueños de emancipación social y política que siguen persiguiendo a América Latina durante décadas. Por lo tanto, hay que poder centrarse cuidadosamente en él y aprender de él todas las lecciones posibles.
En este sentido, buena parte de la izquierda pro Maduro olvida que los regímenes pueden evolucionar, transformarse, como nos ha demostrado la historia desde la revolución rusa de 1917. Los aficionados al madurismo no hacen ninguna lectura dinámica de Venezuela. Apoyan a Maduro basándose en una falsa identificación entre el régimen actual y el entusiasmo popular provocado por el establecimiento de las misiones, particularmente entre 2003 y 2006. Esto es no entender que el régimen ha cambiado y que las opciones políticas de ayer como las de hoy, han modificado y continúan modificando profundamente la naturaleza misma de este proceso.
Esta ceguera se ve facilitada por la reducción de la crisis actual a un simple conflicto geopolítico, olvidando las profundas transformaciones de las relaciones de clases dentro de Venezuela. Por lo tanto, se olvida que, de hecho, el actual bloque social en el poder bajo el mandato de Nicolás Maduro representa principalmente los intereses de la boliburguesía, con su parte de corrupción y autoritarismo. También se ignora el hecho de que la izquierda chavista ha estado en gran medida excluida de los misterios del poder político durante más de diez años.
De lo contrario, ¿cómo sorprendernos de que desde la tarde de las elecciones y justo después de las declaraciones oficiales que proclamaban la victoria de Maduro, las primeras protestas que se produjeron fueran las iniciadas en los barrios populares, en particular en Catia, un bastión chavista ubicado al este de Caracas, incluso antes de la declaración del candidato de derecha denunciando fraude electoral?
Tampoco hay que olvidar que la izquierda no madurista ha sido golpeada por la represión, tanto en las empresas, como también en el terreno directamente político. Si bien no sorprende que los medios occidentales defiendan exclusivamente a la derecha venezolana, sí es lamentable que la izquierda pro Maduro tenga memoria selectiva y adopte esta visión truncada de las cosas, reduciendo la oposición a Maduro a aquella que promueve valores de derecha. Si no podemos negar que Estados Unidos y la Unión Europea han elegido apoyar a la oposición de derecha contra Maduro, tampoco podemos negar que Maduro ha elegido el aparato estatal, sus tribunales, su ejército y sus fuerzas de represión contra la izquierda y las demandas populares de las que buscaba hacerse eco.
La pregunta que falta por plantearse es ¿por qué una parte de la izquierda internacional sólo se posiciona según las declaraciones oficiales de los líderes, sin tener en cuenta la realidad social y política “de abajo”?
La razón fundamental reside en la falta de una reflexión profunda de gran parte de la izquierda «progresista» sobre la diferencia esencial entre, por un lado, ganar elecciones y acceder al poder gubernamental, y, por otro, poner en marcha las bases de un real poder popular, poder participativo y democrático procedente del pueblo. Es olvidar que las instituciones políticas, incluida la parlamentaria, siguen siendo en su forma misma –porque fueron diseñadas como una experticia y profesionalismo refractarios ante cualquier perspectiva social– herramientas que tienden a excluir a las clases populares del ejercicio de la política. Es esta reflexión la que debería animar a los analistas de izquierda y llevarlos a preguntarse por qué el poder chavista y luego madurista no puso en duda el poder de las clases burguesas en el poder.
Sin embargo, el régimen bolivariano, pese a algunos avances en la constitución de 1999, ha adoptado la mayor parte de los códigos institucionales de la democracia burguesa. Ha habido algunos intentos de superarlos mediante la creación de los consejos municipales, pero estos no fueron el resultado de un pensamiento estratégico sobre la creación de un poder nuevo y verdaderamente alternativo, ya que estos consejos no tenían el poder de legislar y decidir sobre el presupuesto que les correspondía. Esta creación se debió sobre todo al deseo del ejecutivo de evadir los consejos municipales de derecha y mantener una red militante lo más cerca posible de los territorios.
También hay que recordar: el régimen chavista nunca puso en duda las reglas de propiedad ni el poder económico de la burguesía venezolana. Basta recordar que cuando Chávez murió en 2013, el sector privado había conservado el mismo peso mayoritario que antes de su llegada al poder en 1998. En cuanto al nuevo Código del Trabajo promulgado en 2012, ha mantenido las reglas esenciales de poder dentro de las empresas que ha permitido, llegado el momento, que los empresarios puedan violar tranquilamente los convenios colectivos, obligando a los trabajadores a luchar y a recurrir a la huelga para obtener a veces el simple respeto de la ley.
7) ¿Qué pasa con las elecciones presidenciales?
Desde 1998 hasta 2015, observadores internacionales, en particular la Fundación Carter, han considerado que no ha habido irregularidades en los procesos electorales en Venezuela. La organización de elecciones con doble conteo, en los colegios electorales y a nivel nacional, compartido entre los diferentes candidatos permitió identificar posibles anomalías. Este sistema ha sido considerado uno de los más fiables del mundo.
Desde el 30 de julio de 2017, durante las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), numerosas irregularidades han sido detectadas, incluso por la Fundación Carter, pero rara vez al punto de revertir los resultados en juego, en parte debido a la política de boicot llevada a cabo por la derecha durante varias elecciones posteriores a 2015. [11]
Sin embargo, luego de las elecciones legislativas de 2015 se puede decir que hubo una ruptura con el período anterior en relación con el respeto de los derechos democráticos. El gobierno pasó por alto la nueva Asamblea Nacional al crear en 2017, y desde cero, una Asamblea Nacional Constituyente que era constituyente sólo de nombre, ya que su trabajo consistía en realidad en votar las leyes propuestas por el ejecutivo. Esta maniobra puso en evidencia que para Nicolás Maduro en esta ocasión no le interesaba respetar la voluntad popular y que estaba dispuesto a tomar todas las medidas posibles para conservar el pleno poder.
Cuando se hace todo lo posible para impedir que las oposiciones se expresen y presenten a los candidatos de su opción, no sorprende que exista al menos una sospecha sobre la imparcialidad del proceso electoral. Por lo tanto, se entiende fácilmente que en las elecciones de julio de 2024 todas las oposiciones, de derecha a izquierda, hayan reclamado transparencia y la publicación de los resultados como exige la ley.
En este clima de represión y de crisis económica fuertemente acentuada por el bloqueo, la derecha ha surfeado sobre el descontento real de la población que ha visto desplomarse los salarios reales, dispararse los precios, caer la oferta de viviendas, etc. Aunque ultraliberal, la verdadera líder de la oposición, María Corina Machado, se mostró cautelosa en su programa electoral, incluso retomando algunas reivindicaciones sociales que, en verdad, quedaron ocultas por su denuncia de “la dictadura madurista” y de la corrupción, como por la nueva orientación económica que propugnaba.
Sin embargo, la derecha venezolana no tiene legitimidad en materia de la promoción de los derechos democráticos. ¿No fue ella la que estuvo detrás del fallido golpe de Estado del 2002; de los boicots electorales; de los intentos de golpe y desestabilización orquestados por Juan Guaidó en 2019; o de la instrumentalización de los grupos paramilitares colombianos que actúan en Venezuela? Por lo tanto, no son estos aspectos destacados los que explican los votos que obtuvo. Es sobre todo la deriva autoritaria del régimen madurista la que empuja a quienes aspiran a un régimen más democrático a apoyar directa o indirectamente a la oposición predominantemente de derecha. En este contexto, en el cual la oposición de izquierda ha sido aplastada por Maduro y que al contrario no se beneficia de apoyo material alguno, es la derecha la que se refuerza. Lamentablemente, las manifestaciones prodemocráticas se aprecian en ese sentido, sean de ONG que defienden los derechos humanos, de numerosos intelectuales e incluso de antiguos ministros de Chávez.
Por eso es indispensable la creación de un polo que reúna a las fuerzas de izquierda, independientes del poder y de la derecha. Se dio un primer paso con la creación del FREDEPO (Frente Democrático Popular) a principios de agosto de 2024. Ahora se ha iniciado en Venezuela una carrera contra el tiempo entre la necesaria recomposición política de la izquierda y la deriva autoritaria del poder para disputar a la derecha la legitimidad de representar al pueblo venezolano.
En conclusión
Estos pocos elementos de análisis tienen como objetivo esencial participar en la discusión sobre el alcance de la revolución bolivariana, tratando de ir más allá de las apariencias y los debates superficiales, tratando también de situar el conjunto de estas cuestiones en una perspectiva histórica en esta larga marcha de la izquierda latinoamericana para lograr que surjan sociedades más igualitarias y emancipadas de todas las tutelas económicas, políticas y culturales que pesan sobre ellas.
En este sentido, este texto se permite desafiar esencialmente los enfoques campistas de izquierda que tradicionalmente están tan presentes en América Latina y cuya influencia proviene en gran medida del papel geopolítico de liderazgo desempeñado por el imperialismo estadounidense en este subcontinente. Sin embargo, también rebate las corrientes de izquierda que, si bien destacan con razón la importancia de las luchas feministas, antirracistas y descolonizadoras, tienden a olvidar que éstas sólo pueden profundizarse adoptando una estrategia política globalizadora al mismo tiempo que cuestionando la omnipotencia. del capitalismo neoliberal contemporáneo. Es en esta dimensión que hemos querido poner el acento en este texto.
Más allá del tema de las características y del futuro del régimen de Nicolás Maduro no está sólo la de su autoritarismo, ni siquiera la de sus maniobras excluyentes y antidemocráticas, ni siquiera la del papel desestabilizador de los Estados Unidos, que le habría conducido, bien o mal, a actuar de esta manera. Hay mucho más. Está la cuestión del alcance y el futuro de los proyectos sociopolíticos igualitarios conducidos por la izquierda en este primer cuarto del siglo XXI.
Esta es una razón más para prestar atención a sus progresos, pero también a sus inflexiones y desvíos, sin tener miedo de intentar mostrar dónde está el problema, dónde habría sido posible tomar otra dirección, dónde se ha errado, dónde se han ido los sueños. de emancipación terminando incluso por tomar la forma de caricaturas autoritarias y de pesadilla. ¿No es así como podemos restaurar la fuerza y dignidad a los proyectos de emancipación igualitaria de la izquierda? ¡En América Latina por supuesto, pero también en todo el mundo!
Autores de: Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, Promesses et défis d’un processus de changement social, Montreal, M Éditeurs, 2012; Les couleurs de la révolution, la gauche à l’épreuve du pouvoir: Venezuela, Équateur, Bolivie, Un bilan à travers l’histoire, París, Syllepse, 2022. Los movimientos sociales en Chile, 1973 -1993. Lom Ediciones, 1997; Tiempo Robado Editoras, versión actualizada, 2023.
Traducción: Juan Domingo Silva, periodista.
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1 Véase para más detalles el subcapítulo 7 de este artículo donde nos centramos en las características del sistema electoral venezolano. Respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, hay motivos para pensar -dada la tradicional fiabilidad de este sistema basado en dos métodos de recuento y la negativa del gobierno de Maduro a proporcionar todos los datos a su disposición- que las afirmaciones de la oposición sobre la existencia de un fraude manifiesto están justificadas.
2 Iniciada en 2012, la fase crítica de este éxodo migratorio tuvo lugar en 2015. En 2019, ya había más de 4,5 millones de refugiados. En 2024, la cifra más aceptada es 7 millones.
3 Alba: Alternativa Bolivariana para América es el nombre dado a una serie de acuerdos económicos, culturales y políticos aprobados, a instancias de la Venezuela bolivariana, entre países latinoamericanos sobre una base más igualitaria que busca enfrentar la zona de libre comercio de las Américas propuesta por Estados Unidos, organizada según los principios excluyentes del neoliberalismo.
4 Término elegido para designar el proceso iniciado tras la elección de Chávez a la presidencia en 1998. Se refiere por supuesto al personaje histórico de Bolívar, simbolizando a su manera el deseo revolucionario de lucha e independencia de una América latina finalmente unida.
5 Manuel Sutherland, “La ruina de Venezuela no se debe al “socialismo” ni a la “revolución””, Nueva Sociedad, n° 274, marzo-abril de 2018.
6 Luis Britto García “(…) en el más absoluto hermetismo, un lobby neoliberal prepara en la Asamblea Constituyente una ley Terminator para la promoción y protección de las inversiones, o de la inversión extranjera directa, para otorgar a determinadas empresas de otros países más privilegios que a los venezolanos y arruinarnos”. Ver su columna en el diario Ultimas Noticias, de Venezuela, el 19 de noviembre de 2017.
7 Víctor Álvarez, exministro Chávez, en una entrevista del 25 de octubre de 2020 con la revista Tal Cual, Venezuela, compara esta ley con las decisiones tomadas por Boris Yeltsin en Rusia, de liquidar y vender las empresas y bienes públicos de la ex URSS.
8 El 6 de diciembre de 2015, la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, oposición de derecha) ganó las elecciones legislativas con el 65,27% de los votos y 109 diputados, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela, de gobierno) sólo obtuvo 32,93 % de los votos y 55 diputados de los 167 de la Asamblea Nacional. Para sortear esta derrota, Maduro creó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección en 2017 fue boicoteada por la derecha.
9 Véase el caso de Vanessa Rosales, activista por la defensa de los derechos sexuales en Mérida, quien fue procesada y encarcelada el 12 de octubre de 2020 por brindar consejos y medicamentos a una adolescente que quería abortar, víctima de violación. A pesar de la movilización de numerosas asociaciones, Vanessa Rosales fue puesta bajo arresto domiciliario en 2021. Al mismo tiempo, aunque bajo orden de arresto, el violador seguía en libertad.
10 El 25 de marzo de 2024, antes de la aprobación de esta ley, la vicepresidenta Delcy Rodríguez “expresó sin ambigüedades quienes serían objetivos de la normativa: a) Personas involucradas en las protestas de los años 2014, 2015 y 2017; b) Sectores y actores vinculados a la Asamblea Nacional del año 2015, de mayoría opositora; c) Sectores y actores vinculados al gobierno de Estados Unidos”. Cita extraída de una publicación de la ONG PROVEA (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) del 4 de abril de 2024, Venezuela frente al espejo del fascismo: perspectivas de los derechos humanos sobre el proyecto “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”. Ella confirmará este propósito ante la Asamblea Nacional el 2 de abril de 2024 al presentar dicho proyecto de ley.
11 La empresa Smartmatic, responsable de las máquinas de votación y el conteo electrónico, canceló su contrato con el gobierno venezolano luego de descubrir que el CNE había agregado un millón de votos al conteo real de participación durante esta elección del 30 de julio de 2017. Desde entonces, esta empresa fue reemplazada por Ex-Clé (cuyo director está vinculado a Delcy Rodríguez) empresa especializada en la digitalización de datos del estado civil de venezolanos, servicios migratorios y de la cual, varios directivos han sido… miembros del CNE.
