El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a diversas autoridades de Gobierno, firmó este martes el proyecto de ley que crea un nuevo Instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior y un Plan de Reorganización y Condonación de las Deudas Educativas.

En la ceremonia, realizada en la Universidad de Santiago, el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que avanzar en una solución de las deudas educativas y modificar el sistema de financiamiento “es una necesidad del país, ineludible como política pública, y esperamos abordarlo con perspectiva de Estado, porque resolver el problema de la ineficiencia fiscal y aliviar la situación socioeconómica de las personas es una responsabilidad de todos y todas quienes estamos en política”.

En tanto, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó las características de esta iniciativa: «Dijimos que íbamos a generar una propuesta que fuera fiscalmente responsable, que no le restara recursos a otras áreas de política pública prioritaria, como puede ser la salud, las pensiones, etcétera.  Asimismo, dijimos que sería una propuesta justa, que no solamente se haría cargo de los problemas de los estudiantes que han tenido dificultades para pagar, sino que también reconocería el esfuerzo de los que han pagado. Este proyecto cumple con todas esas condiciones».

Reorganización y condonación de deudas

El ministro Cataldo explicó que el plan de reorganización de la deuda educativa “contempla una condonación parcial o total, por lo que a cada deudor o deudora en etapa de pago le vamos a ofrecer una alternativa que sea justa y razonable para achicar su mochila y disminuir el peso de la deuda que cargan hoy día”.

Para los deudores de créditos CAE, Fondo Solidario y Corfo, el Plan comprende tres tipos de condonación:

Condonación inicial

Consiste en una condonación para todas las personas que adscriban al plan, definida según la situación en la que se encuentren y sobre la base de tres aspectos: a) condición académica (si egresó o interrumpió sus estudios); b) situación de pago (si está al día o en mora); c) el número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total del mismo.

La condición académica y la situación de pago definirán la condonación de base sobre la que, añadiendo la cantidad de cuotas pagadas respecto del total pactado, se calculará la condonación inicial.

Condonación adicional por pago anticipado

En el plazo de 60 días hábiles desde su adhesión al Plan, las personas que así lo deseen podrán pagar el 75% de la deuda restante tras la condonación inicial, viéndose condonada el resto de la deuda.

Condonación mensual (progresiva)

Esta condonación aplicará sobre lo que quede por pagar una vez aplicada la condonación inicial. El monto de la cuota será de hasta el 8% del sueldo mensual, estableciendo un tramo exento de $500.000 mensuales (7,5 UTM) y no será nunca mayor a la cuota resultante luego de la aplicación de la condonación inicial.

Por otra parte, quienes ya saldaron su deuda CAE, independiente de los años transcurridos, tendrán derecho a un beneficio tributario que consiste en una rebaja del Impuesto Global Complementario o Impuesto de Segunda Categoría (rentas del trabajo) correspondiente a 4 UF anuales para personas egresadas y 6 UF anuales en caso de no haber terminado estudios. Este beneficio se extenderá por 20 años.

Nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES)

El ministro Cataldo también explicó que el proyecto de ley contempla crear un nuevo Instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), en el que “cada persona pueda estudiar sin tener que preocuparse por pagar la matrícula o el arancel de su carrera, sin requisitos socioeconómicos ni de puntajes PAES”.

Las y los estudiantes que adhieran al FES, comenzarán a retribuir un año después del egreso o interrupción de estudios, y ya insertos en el mercado laboral. Esta retribución dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje del sueldo, será de hasta el 8%, estableciendo un tramo exento de $500.000 pesos mensuales.

La retribución se realizará de esta forma:

Las personas que perciban ingresos en promedio inferiores a 7,5 UTA (aproximadamente $500.000 pesos mensuales) quedarán liberadas de retribuir (exentas).

Quienes posean ingresos iguales o mayores a 7,5 UTA (aproximadamente $500.000 mensuales) retribuirán de acuerdo con tramos progresivos y contingentes a la renta.

Independiente del resultado que arroje el cálculo de la retribución, está no podrá exceder el 8% de los ingresos declarados.

La retribución de estos recursos se realizará durante un período equivalente a dos años por semestre cursado. Es decir, si un estudiante cursó dos años, que corresponde a cuatro semestres, retribuirá durante ocho años. Si una carrera dura cinco años, equivalente a diez semestres, la retribución durará veinte años.

El Estado transferirá a las instituciones de educación superior el monto resultante de multiplicar los valores regulados de aranceles y matrículas, por los estudiantes beneficiarios del FES, mientras que las instituciones de educación superior no podrán realizar cobros adicionales a los estudiantes, excepto para aquellos que están en el décimo decil de ingresos (10% con más recursos).

Los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri (PS), querellantes en el Caso Hermosilla, junto al diputado socialista Leonardo Soto, anunciaron el ingreso de un requerimiento a la Contraloría General de la República para que se investiguen los contratos del exfiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, con la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO); la Municipalidad de Providencia; la Municipalidad de La Florida y otros municipios que pudieran aparecer en el proceso de fiscalización.

Esto, en el marco de los chats develados en torno al Caso Hermosilla, donde hay múltiples comunicaciones entre el abogado Luis Hermosilla -quien cumple prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber por posibles delitos tributarios, cohecho y lavado de activos- y el exfiscal Guerra. Asimismo, los parlamentarios solicitan que se informe qué trabajo realizaba en estos municipios, que se verifique si se cumplió con las labores por las cuales fue contratado y si los contratos se ajustaron a derecho. Los diputados destacaron que Guerra, a los días que sale de la Fiscalía en 2021, comienza sus labores en la AMSZO y la Municipalidad de Providencia.

“El objetivo de este requerimiento tiene que ver con que se haga una fiscalización rigurosa por parte de la Contraloría por el buen uso de los recursos públicos, en este caso por los contratos que tenía el señor Guerra con distintas municipalidades. Si se cumplió el contrato, cómo se comprueba las labores que cumplía, los montos que tenía contratado y también si es que estas prestaciones están conforme a derecho. Creemos que acá se tiene que hacer una investigación a fondo, que acá prime la transparencia y quien es el que puede hacer rigurosamente esta investigación y fiscalización es la Contraloría”, indicó la diputada Cicardini.

En esa línea, la legisladora agregó que “solicitamos a la Contraloría que se pueda revisar la contratación que tenía la Municipalidad de Providencia desde el año 2021 al 2023, con respecto a cuáles eran las labores que cumplía el señor Guerra, si es que era verdad que cumplía labores en temas de probidad, una cuestión que nos parece bastante curiosa; y además si es que también estos montos se condicen con las labores que suscribían ese contrato. Y, por último, la contratación que tenía la Municipalidad de la Florida en esta figura de Defensoría de la Gente, institución a la que renunció el señor Guerra hace pocos días atrás”.

En ese sentido, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “el señor Guerra, el señor Hermosilla y el señor (Andrés) Chadwick armaron una verdadera maquinación para operaciones de impunidad”.

“Mientras el señor Guerra era fiscal, le pedía trabajo al señor Chadwick y al señor Hermosilla y paralelamente hacía diversos gestos que implicaron impunidad en Penta, que implicaron impunidad en el caso del senador (Iván) Moreira, que implicaron filtración de información en el caso de Dominga, entre otras situaciones. Y da la casualidad que en cuanto sale el señor Guerra de la Fiscalía, tiene trabajo en la Universidad San Sebastián y también trabajo en la Municipalidad de Providencia, en la Municipalidad de la Florida y en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente”, indicó.

Al respecto, Manouchehri señaló que “la pregunta de fondo en este caso es: ¿estos trabajos habrán sido la manera de retribuir los gestos que hizo en los casos de impunidad? Porque si así fuera, estaríamos en presencia de un cohecho. Nosotros creemos que lo que aquí aconteció fue muy grave porque terminaron en clases de ética aquellos que tenían que haber terminado en la cárcel; aquellos que andaban pidiendo raspados de olla terminaron legislando las leyes de este país”.

“Entonces, claramente nosotros creemos que acá se debe perseguir todas las responsabilidades de aquellos que fueron parte de una operación de impunidad y en donde pareciera que fue premiado posteriormente esto con jugosos contratos en la Universidad de San Sebastián y en los municipios dirigidos por el señor Carter y la señora Matthei. Estas son situaciones que se deben investigar y nosotros no descartamos también hacernos parte de las acciones legales que se van a emprender para buscar justicia en este caso”, recalcó

Los diputados Luis Cuello y Alejandra Placencia presentaron un “téngase presente” en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Ángela Vivanco, tachando como “acto de mala fe” la solicitud de la defensa de la ministra de la Corte Suprema, que busca inhabilitar a 62 legisladores, entre ellos el diputado Cuello y la diputada Placencia.

En la presentación que se hizo en la Comisión Revisora, el diputado Cuello explicó: “hemos ingresado junto a la diputada Placencia un escrito, un téngase presente, donde exponemos argumentos jurídicos en relación a la pretensión de la defensa de la ministra señora Vivanco respecto de un supuesto deber de imparcialidad de los parlamentarios”. “La defensa omite normas constitucionales y legales de forma maliciosa. Creo que hay un acto de mala fe en esta omisión de normas, al citar normas infralegales, reglamentarias, para exponer un argumento que carece de todo fundamento”, señaló el parlamentario.

Por su parte, la diputada Placencia expuso en la comisión: “reforzar la idea de que a nuestro juicio el acto de mala fe tiene que ver con impedir la posibilidad de que diputados y diputadas libremente podamos ejercer y emitir opinión política de antecedentes que han sido ampliamente conocidos y difundidos por medios de comunicación en todo el país”. “Yo creo que eso le hace mal a nuestra democracia”, añadió y luego concluye: “Acá se está ejerciendo un derecho que tienen los parlamentarios y parlamentarias de presentar acusaciones constitucionales, en este caso contra la ministra Vivanco, la defensa ha argumentado a mi juicio maliciosamente y creo que los antecedentes que se han presentado tienen suficiente fundamento”.

Acta de Sesión Extraordinaria Aquí

Con el acta del 19 de octubre del 2023 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de La Florida en mano, Daniela Serrano (PC), diputada por el distrito 12, echó por tierra la explicación que Rodolfo Carter dio respecto a la contratación del exfiscal Manuel Guerra.

Cabe recordar que hoy, en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, el alcalde Carter señaló que respecto a la contratación de ex fiscal Guerra: «Ese señor se presenta a una entrevista ante el concejo de la sociedad civil sin mi presencia, porque yo sin saber que esto iba a tener este desenlace me parecía que el nombramiento de alguien así de importante no se tenía que politizar (…) que fueran los vecinos los que decidieran libremente».

Además añadió que “hasta hace no muchas semanas atrás, tanto este fiscal como otros, estaban en todos los medios de comunicación considerados como autoridades, o ex autoridades que sabían mucho del tema. Y por eso, los vecinos de La Florida optaron, a través del COSOC, a nominarlo. Y no es un accidente, aquí no hay nada raro. Mire, yo no participé en la discusión, no quise hacerlo, y la decisión que fue por unanimidad. ¿O usted cree que todos los vecinos de la Florida son partidarios del alcalde?”.

Las respuestas de Serrano

La diputada desmintió la versión de Carter, adjuntando pantallazos y señalando por su cuenta de X que:

Hoy en el matinal @ContigoCHV, @rodolfocarter fue consultado por su decisión de contratar a Manuel Guerra y respondió: «Ese señor se presenta a una entrevista ante el consejo de la sociedad civil sin mi presencia, porque yo sin saber que esto iba a tener este desenlace me parecía que el nombramiento de alguien así de importante no se tenía que politizar (…) que fueran los vecinos los que decidieran libremente». Bueno, señor Carter, revisemos el acta de la sesión. En la sesión extraordinaria N° 6 del COSOC de La Florida del 19 de octubre del 2023, curiosamente presidida por ud?

Bueno, señor Carter, revisemos: En la sesión extraordinaria N° 6 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de La Florida, presidida por el alcalde Rodolfo Carter, se celebró el 19 de octubre de 2023. La sesión tuvo como principal tema la propuesta para la creación de un nuevo cargo, el «Fiscal de la Gente». Durante la sesión, Carter presentó al candidato al cargo de «Fiscal de la Gente», el abogado Manuel Guerra, resaltando su experiencia y «energía», indicó Serrano por su cuenta de X.

https://x.com/serranodaniela_/status/1843380483767283984?s=46&t=P3-2eKwMSAuhoajyzg739g

Durante la mañana, Serrano ya había salido interpelar a Carter por sus dichos, diciendo: “Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) tiene un papel consultivo, especialmente en participación ciudadana. Sin embargo, su función es de carácter asesor y no vinculante, es decir, sus decisiones y opiniones no obligan al alcalde. Así que @rodolfocarter  no te laves las manos, y no hables en tercera persona. Tú contrataste al ex fiscal Guerra, no los vecinos de la comuna de La Florida, ni el COSOC”.

https://x.com/SerranoDaniela_/status/1843325727946486202