Profundizar en las posibilidades de formación y capacitación académica de las dirigencias sociales, tiene que ser de un interés público permanente. Existen los canales formales como son concluir la educación formal básica – media, ingresar a algún programa técnico – profesional que provee la educación superior en sus manifestaciones de Centro de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades y, desde ahí, involucrarse en uno u otro programa que oferten.

Quienes, proviniendo desde las dirigencias sociales acceden a aquello, no sólo constituye un mérito, sino que también una oportunidad de desarrollo personal y comunitario si es que persevera en esa cobertura de trabajo e inspiración. Las posibilidades que entregan organismos como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) vía Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) y otras combinaciones, también se inscriben en esa posibilidad, incluidos los municipios. Si ello se concreta de forma óptima, en cualquiera de las combinaciones, creemos, es una oportunidad para fortalecer la democracia en la Escala Local del territorio patrio.

Hace muy poco, en la Ilustre Municipalidad de Melipilla, culminó lo que se denominó Escuela Municipal de las Dirigencias Sociales denominada “Herramientas para Avanzar”. Importa hacer el análisis en esta experiencia, porque desde las escalas locales, en específico, las municipalidades y las dirigencias sociales, regularmente se encuentran consideradas en programas de capacitación que provienen desde diversos organismos del Estado, quienes, en sus mandatos institucionales y ejecución de política pública, la capacitación se encuentra como una de las acciones a desarrollar obligatoriamente. El municipio de Melipilla en ese sentido innova, ya que sin renunciar a estas posibilidades institucionales en la cual se debe disponer, proyecta una nueva forma de “capacitar-formar-educar” a las dirigencias sociales en la autonomía en que se les reconoce institucional y políticamente.

Cabe indicar que la iniciativa se encuentra enmarcada en un mandato que aparece institucionalmente formalizado en el Plan Comunal de Desarrollo (PLACODE), que, además, se encuentra en su ejecución logrado, participativamente. Por lo tanto, se asume como una definición estratégica de la gestión municipal y no como una discrecionalidad o voluntarismo por voluntarismo. En esa definición, entonces, el Departamento de Organizaciones Comunitarias, asumió el desafío de ejecutar dicha definición, avanzando en un diseño de Escuela sobre tres ejes definitorios: Formación ciudadana – Espacio geográfico/territorio – Agenda de Desarrollo Local/Barrial.

Sobre esos tres ejes se desplegó el siguiente marco teórico que fue base para el logro de la agenda en comento: Democracia y democracia local, Estado y su separación de poderes con anclaje local, la comprensión del Estado-municipio y el Estado-región en mayores grados de detalles para la realización de gestión asertiva y pertinente de parte de las dirigencias sociales; Seguridad humana/pública/ciudadana;  conflicto y su óptima gestión; gestión del riesgo, o como lo denomina el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Gestión para Reducción del Riesgo de Desastre y; finalmente, noticias falsas o Fake News. Estos contenidos, contrario sensu de lo que se cree, fueron un acierto de primer orden en cuanto permitió encuadrar la gestión de las dirigencias, las que, en más de oportunidad, se hacen acreedoras de un desgaste de UN HACER DIFICIL, atentando contra sus voluntades de perseverar en el logro del desarrollo de sus barrios y, de ahí, al comunal.

La novedad de este proceso incluye la entrega de una herramienta para la gestión de las dirigencias sobre la base de un marco conceptual, ya comentado y, que fue dialogado por medio de la facilitación de conversaciones grupales. La agenda de desarrollo del territorio representa una apuesta por empoderar a las organizaciones locales en base a conceptos y miradas de fondo para la integración de éstas en sus territorios y disponer de una herramienta para articular esfuerzos colectivos con objetivos e intereses en el bienestar común, reconociendo sus recursos y abiertos a construir lazos asociativos y alianzas necesarias para factibilizar y potenciar el accionar público-privado.

En el transcurso de la Escuela, con diversas metodologías de talleres y recursos pedagógicos o de didáctica como se le denomina también, se avanzó en la idea y ejecución de una Agenda de Desarrollo Local. Incorporó este diseño de Escuela, además, visitas pedagógicas al Congreso Nacional y Parque Cultural de Valparaíso ubicado en el señero Cerro Cárcel. Ambas instancias, por diseño, no fueron meras visitas rutinarias, sino que estuvieron llenas de sentidos antes, durante y después de realizadas y concomitantes también con el trabajo de Agenda.

Con todo, resulta clave el dotar de herramientas a la dirigencia social como una forma de invertir los procesos de planificación desde lo local-ciudadano hacia las elites y centros de tomas de decisiones en un marco democrático. Es una realidad la brecha y desconexión entre las instituciones políticas, académicas y empresariales con las realidades locales-vecinales, por lo que el desarrollo de procesos formativos que integran dimensiones académicas, de educación popular, en un espacio de formación ciudadana no formal aportan en este desafío, que es en definitiva dotar de mayor capacidad de representación a las voces locales en el entramado político-técnico de las políticas públicas.

Así, en esta sucinta descripción de experiencia, enmarcada en una definición de tipo institucional – estratégica, queda la claridad de que sí es posible, en un marco de Proyecto Político de Desarrollo Local, diseñar y ejecutar políticas y programas de “formación – educación – capacitación” orientadas a las dirigencias sociales no sólo para realizar una más asertiva gestión desde las mismas o los municipios en su interrelación, sino que también en avanzar en un fortalecimiento de la democracia, o en un volver a creer en la posibilidad del trabajo conjunto y tolerante, ya que otro de los rasgos positivos de la ejecución de la Escuela, fue el trabajo colaborativo entre dirigencias sociales, siempre muy fácil de pronunciar, pero siempre muy difícil de concretar, dados los altos niveles de individualismo y competencia en los cuales sobreviven las mismas.

El municipio de Melipilla, por medio de esta iniciativa, demostró que sí existen mecanismos que, junto con servir para optimizar las gestiones interrelacionadas entre municipio y dirigencias sociales, también es posible fortalecer la democracia local y nacional, hecho que ahora, no sólo le impone un desafío para más adelante (siguiente acompañamiento de estas dirigencias), sino que la consolidación de una política pública local innovadora y proyectable a la totalidad de las dirigencias sociales.

De los dos principios enunciados en el artículo anterior acerca de la concepción de justicia de  John Rawls, es decir, el principio de la igualdad de oportunidades, y el principio de la diferencia, será este último el que vamos a indagar acá. https://pagina19.cl/destacado/a-proposito-de-john-rawls/

El principio de igualdad de oportunidades

Establece que es injusto que una persona nacida en una cuna y en un medio determinado, tenga más posibilidades de vivir una mejor vida que otra nacida bajo otras circunstancias. En ese mismo sentido, que la vida de una persona quede determinada incluso antes de nacer por poseer determinadas capacidades innatas como ser bonito o feo, blanco o de color, perteneciente a un pueblo originario o descender de colonos europeos, etc. son todas ellas circunstancias ajenas a la  que una  persona podría tener por destino.

Por consiguiente, para evitar que sean esas las circunstancias  que determinen las condiciones de vida de una persona, la concepción de justicia de Rawls iguala las condiciones de partida, alineando a las instituciones para que garanticen  que las personas puedan lograr satisfacer sus expectativas y proyectos de vida y no depender de “la lotería social”, según el término en usanza de la época.

El principio de la diferencia

El segundo principio, el de la diferencia, se deriva del reconocimiento de que una sociedad justa no es una donde todos tienen exactamente lo mismo, sino una donde cualquier desigualdad es aceptada solo si mejora la situación de los más desfavorecidos, siendo estos últimos  aquellos carentes de poder económico, marginados socialmente y sin influencias políticas. O sea, aquellos que bajo ningún concepto podrían entrar al pervertido círculo de los Hermosilla.

Por otra parte, aunque comparte algunas similitudes con la concepción meritocrática de la sociedad, en cuanto a que todos deben tener las mismas oportunidades para desplegar sus  talentos y su impulso emprendedor, se distancia de aquella, en cuanto a que, para la concepción meritocrática, las desigualdades se ven como una consecuencia natural, ignorando las circunstancias sociales y económicas que determinan si las personas podrán o no realizar sus proyectos de vida.

Rawls, en cambio, se centra en la justicia distributiva y argumenta que los principios de justicia sobre los que sostiene su teoría “nos proporcionan una vía para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen qué distribución de beneficios y qué cargas en la cooperación social son adecuadas”.

Rawls en la escena contemporánea

Aunque desde sectores de izquierda se criticó el principio de la diferencia, por considerar que solo aplicaba los principios de justicia a la estructura básica de la sociedad, o desde el naciente feminismo, que señalaba la falta de atención a la institución de la familia como origen de la explotación de las mujeres; o que se enfocaba únicamente en «las cosas buenas», todas estas cuestiones han sido objeto de amplios debates en el seno del progresismo y la izquierda. Temas de debate que, en especial al tratarse de la igualdad, vienen desde antes la Revolución Francesa, y  se prolongan hasta hoy.

Sin embargo, el devenir histórico ha inclinado la balanza a favor de quienes promovemos cambios y transformaciones estructurales en estricto apego a la democracia y al pluralismo político, siguiendo el legado del Presidente Salvador Allende. Planteamiento que significa una ruptura total y completa con todos aquellos que desde la izquierda continúan justificando por “razones de Estado” las violaciones  a los derechos humanos, y no reconocer, como Maduro, la soberanía popular como una de los pilares fundantes de todo régimen democrático. Aunque duela y no nos guste su resultado.

No obstante el debate, las críticas del neoliberalismo, personificadas en Robert Nozick, no tardaron en aparecer. En su crítica al trabajo de Rawls, Nozick defiende uno de los fundamentos que, con el pasar de los años, han pasado a ser de los más nefastos de la ideología  neoliberal. Esto es, negar que la sociedad sea un ente colectivo, sino una agregación de individuos  con sus propias metas y planes de vida regulados por el mercado según su bolsillo. Enseguida, y como consecuencia lógica ha sido el propiciar un Estado mínimo al considerar que no es su función redistribuir recursos para alcanzar objetivos como el de la justicia social. Ideas que en su momento  le valieron  la admiración de la Thatcher y Reagan.

En teoría, y siguiendo con el razonamiento de los ideólogos del neoliberalismo, entre ellos Nozick y antes que él, Hayek, un mercado libre sin interferencias estatales podría garantizar ciertos derechos sociales a través de la competencia, la filantropía y la Responsabilidad Social Empresarial-RSE.

Rol del estado, en la practica

Sin embargo, la realidad ha demostrado que, aun en el mejor de los casos, es decir, que se dieran todas las condiciones para que la competencia fuera efectiva, la colusión y el abuso controlados y la RSE por su parte fuera factor que contribuyera a disminuir los niveles de desigualdad, nada de ello podría reemplazar al Estado como garante de derechos sociales: ninguna tiene la misma capacidad para garantizar la universalidad, la equidad y la suficiencia en la provisión de  derechos independientemente de la situación económica de cada quien. Obviamente que, en su forma actual, el Estado subsidiario de Chile carece de capacidades de garantizarlos.

En términos gruesos, el Estado de Bienestar o Estado Social Democrático de Derecho, por su universalidad, es la forma de organización social, política y jurídica que mejor responde a los desafíos que tiene planteados el  Chile de hoy. Desde el punto de vista de su formulación política, tendrá que tomar en cuenta el hecho que, el Estado-nación, en su conformación histórica, ha generado particularidades o diferencias en grupos específicos de la sociedad que será necesario considerar.

En efecto, aunque las soluciones universales, como aquellas en salud, educación y pensiones dignas, son un paso crucial a conquistar -junto con asegurar servicios básicos públicos como el agua para consumo humano y la electricidad- aun así podrían persistir desigualdades vinculadas a factores étnicos, religiosos y culturales. Otras reivindicaciones tales como las reivindicaciones de los movimientos feministas y ecologistas, forman parte de lo anterior.

En ese particular sentido, Rawls aporta una clara visión de compromiso con la justicia social y la democracia y puede, consiguientemente, ser rescatada para la construcción de un proyecto político país fundado en el respeto y defensa inclaudicable de los derechos humanos. El principio de la diferencia algo tendrá que decir en esa perspectiva.

Agosto 4 de 2024.