Durante la jornada de hoy las diputadas pertenecientes a la bancada feminista Julieta Kirkwood, conformada por parlamentarias de los partidos oficialistas Frente Amplio, PS y PPD, PC, FRVS, AH e independientes, de manera transversal han hecho entrega de una carta a SEGPRES, dirigida al Ministro Secretario General de Presidencia, Álvaro Elizalde, pidiendo que desde el gobierno le den Suma Urgencia al proyecto de ley que busca modificar el código penal para impedir que imputados por abusos contra menores de edad puedan reemplazar la prisión preventiva gracias al pago de fianza.

En el marco del revuelo mediático y social que ha causado la revocación de la prisión a Eduardo Macaya Zentilli -padre del senador y ahora ex timonel UDI-, quien hace solo unos días fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual a menores, es que se entrega esa misiva, en la que las diputadas declaran la importancia de avanzar con esta iniciativa:

“Las Diputadas firmantes venimos a solicitar a Usted y al Gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric Font, que se otorgue Suma Urgencia a la presente iniciativa, en atención a los acontecimientos de la última semana que ha puesto en jaque la credibilidad de nuestras instituciones, generando en las y los ciudadanos una sensación de ‘injusticia’, concluyente en la premisa de que existe una justicia para ricos y otra para pobres”.

 La diputada impulsora de este proyecto, también conocido como “Ley Macaya”, Marcela Riquelme (FA), enfatiza en los siguiente: “Nosotras hemos pedido insistentemente a Segpres darle urgencia a este proyecto y hoy con la firma transversal de parlamentarias estamos presentando esta petición formal para que se valore esta solicitud (…) La próxima semana presentaremos proyectos de ley para modificar beneficios carcelarios de los que se ha abusado en el marco de este caso”.

La presidenta de la comisión de Mujeres y Equidad de género, Ana María Bravo (PS), sostuvo que: “Valoramos todas las iniciativas que se están llevando a cabo para terminar con los abusos, para terminar con los privilegios. Hemos pasado días críticos en que hemos evidenciado una serie de hechos, que principalmente han sido en beneficio de victimarios y no en beneficio de las víctimas, ni las niñas que se han visto involucradas en los delitos cometidos por el señor Macaya. Aquí lamentablemente la derecha ha actuado tardíamente. Javier Macaya renunció a la presidencia de su partido, pero fue tarde, acá ha habido muchas presiones, presiones ciudadanas, políticas, desde un sector más progresista, después se fue sumando parte de la derecha y no le quedó alternativa a la UDI, que también se terminó sumando, pero bajo presiones”.

Por su parte la diputada Carolina Tello añadió: “Nos gustaría agregar además como diputadas miembros de la Bancada Feminista, Julieta Kirkwood, la importancia de la acción que anunció la Senadora Campillay a propósito del envío del Senador Macaya a la Comisión de Ética del Senado, justamente por los dichos que ha mencionado nuestra diputada Marcela Riquelme y nuestra diputada Ana María Bravo, porque nos parece gravísimo y así también nos lo han manifestado no solo desde las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, sino que también desde nuestras propias militancias, así que vamos a estar muy atentas y saludamos, por supuesto, esa acción que se hará en la comisión de Ética del Senado”.

En tanto, la diputada Nathalie Castillo (PC) se refirió a la demanda ciudadana para que Javier Macaya deje su cargo como senador, indicando que: “Esta es una reflexión que no solamente tenemos que hacer con el parlamento, esta es una reflexión que está haciendo la ciudadanía. Necesitamos que el mundo político, el movimiento social y feminista también se ponga de acuerdo con estos estándares mínimos éticos que se le tiene que exigir hoy por hoy a los parlamentarios”.

Dicha carta consta con el apoyo transversal de 18 diputadas. Marcela Riquelme Aliaga, Gael Yeomans Araya, Consuelo Veloso Ávila, Javiera Morales Alvarado, Clara Sagardia Cabezas, Carolina Tello Rojas, Daniela Cicardini Milla, Catalina Pérez Salinas, Camila Musante Müller, Claudia Mix Jiménez, Ana Maria Bravo Castro, Yovana Ahumada Palma, Natalie Castillo Rojas, Carolina Marzan Pinto, Marta González Olea, Erika Olivera de la Fuente, Marisela Santibáñez Novoa, Danisa Astudillo Peiretti.

La alcaldesa Javiera Reyes ha promovido acciones para obstaculizar la vinculación de la política con narcotraficantes, lo que generó amenazas a su equipo cercano. Es por ello que se le destinó escoltas del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros.

El Ministerio Público ha decidido brindar protección policial a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, a raíz de algunas amenazas que han recibido personas de su equipo cercano tras conocerse presuntos vínculos entre una concejala de Lo Espejo y un reconocido traficante de esa comuna.

La máxima autoridad comunal expresó que “lamento que se haya tenido que llegar a este punto, pero entiendo la necesidad de contar con resguardo por algunas situaciones que hemos vivido las últimas semanas, porque no podemos naturalizar amenazas a la autoridad política. Espero que esta medida sea útil para continuar haciendo nuestro trabajo en la calle y seguir brindando los servicios que ofrece nuestro municipio con la total seguridad que nuestros vecinos y vecinas merecen”.

Además de las apariciones públicas de la alcaldesa Reyes para condenar los vínculos entre el narco y la política, su gestión ha sido pionera en llevar adelante los derribos de los llamados “narcomausoleos”, estructuras que hacen apología a la actividad narco, con lo que se ha construido un trabajo de recuperación del espacio público que podría ser una amenaza para estas actividades ilícitas.

El acompañamiento del PPI implica que la autoridad comunal tendrá resguardo policial durante toda su jornada laboral, la que gran parte del tiempo se desarrolla en terreno, junto a vecinos y vecinas de los diferentes sectores de Lo Espejo.

Con esto, el Ministerio Público suma a la alcaldesa Javiera Reyes a los otros cuatro alcaldes de la Región Metropolitana que tienen resguardo policial: Rodolfo Carter de La Florida, Claudia Pizarro de La Pintana, Gustavo Toro de San Ramón y Germán Codina de Puente Alto.

La iniciativa del Mineduc busca establecer un nuevo estándar en la gestión de la convivencia y proteger a los equipos educativos. El ministro Nicolás Cataldo dijo que “le ofreceremos al país una buena ley de cara a los desafíos que tiene la educación en el futuro”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, por ocho votos a favor, la idea de legislar del proyecto de ley de sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, presentado por el Ministerio de Educación en junio.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agradeció la aprobación en general de esta iniciativa, porque “nos permite comenzar a discutir sobre los temas específicos que tiene el proyecto en materia de seguridad, no discriminación, resguardo de derechos, poniéndole un marco institucional a todo el debate sobre la convivencia educativa que afecta tanto a nuestras comunidades”.

“Esperamos que esta discusión transcurra de la mejor forma y estamos convencidos de que le ofreceremos al país una buena ley de cara a los desafíos que tiene la educación en el futuro”, agregó.

Además, el ministro valoró el aporte que hicieron los expositores en estas semanas de discusión: “Escuchamos a muchos actores, a favor y en contra, haciendo recomendaciones, y algunos de ellos fueron los estudiantes secundarios, que han hecho aportes para comprender, desde su perspectiva, cómo enfrentar este problema. Quiero valorar el aporte que los estudiantes han hecho desde sus organizaciones a un tema tan central como la convivencia educativa”, dijo.

Los ejes del proyecto

El proyecto de ley apunta a promover una forma de gestión de la convivencia para que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar, fomentando acciones integrales, sistémicas y eficientes que prevengan y erradiquen cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos.

La iniciativa tiene cuatro ejes:

Rol del Estado para la promoción de la buena convivencia:

El Estado deberá adoptar medidas para promover la convivencia educativa y el buen trato, y desarrollar medidas para resguardar a las comunidades.

Consagrar la Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE) como marco general en esta materia para el sistema parvulario y escolar.

Coordinación desde el Mineduc con otros ministerios.

Refuerzo de equipos y facultades de la Superintendencia de Educación.

Creación de un Observatorio de la Convivencia e implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Convivencia Educativa.

 Nuevo estándar para la gestión de la convivencia:

Nueva regulación del Plan de Gestión de Convivencia y los Reglamentos Internos, con precisiones sobre procedimientos de información y denuncia.

Enfoque formativo y participativo en la elaboración, actualización, difusión y apropiación de los instrumentos internos.

Obligatoriedad de que todos los establecimientos cuenten con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades.

 Reforzamiento de deberes de sostenedores y establecimientos:

Los establecimientos deberán adoptar medidas preventivas de protección y activar protocolos de forma oportuna.

Los sostenedores deberán garantizar la actuación oportuna e idónea del establecimiento, así como promover la participación de las comunidades.

 Promoción y protección del bienestar de los equipos educativos:

Actualización del Estatuto Docente y de Asistentes de la Educación.

Reconocimiento de las características del sector educacional en la prevención del acoso sexual laboral, acoso laboral y violencia en el trabajo de trabajadores de establecimientos.

Regulación especial a las medidas de protección para trabajadores afectados por agresiones ejercidas por estudiantes o apoderados.

Incorporación de indicadores de convivencia y seguridad en la calificación de enfermedades profesionales de patologías de salud mental.

Reforzamiento del deber de protección de docentes y asistentes frente a hechos constitutivos de delito.

Además, las parlamentarias de la Bancada Socialista llaman a la responsabilidad del senador Javier Macaya, presidente de la UDI, debido a su cuestionamiento a las pruebas presentadas en el juicio contra su padre.

Ante la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de modificar la medida cautelar de prisión preventiva y enviar a Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, a arresto domiciliario por abuso sexual de menores, las diputadas del Partido Socialista expresaron su consternación ante estos hechos.

Es así como, la Presidenta de la Comisión de Mujeres, Ana María Bravo (PS), sostuvo que: “Es absolutamente inaceptable, inaudito y muy preocupante las declaraciones del senador Macaya respecto a la defensa que realiza de su padre, que ha sido condenado de abuso sexual de dos víctimas. Tenemos que ser más responsables, un Senador de la República representa a toda la ciudadanía y es su deber defender los derechos y la integridad de los niños, niñas y adolescentes y, en este caso, de las víctimas. También es importante que la justicia esté a la altura. No es posible que don Eduardo Macaya, después de haber sido condenado, se revoque la prisión preventiva y ahora se encuentre con arresto domiciliario. Las instituciones deben estar a la altura, deben funcionar para la ciudadanía, de cara a la ciudadanía y, sobre todo, como en estos casos, a favor de las víctimas, de las niñas, niños y adolescentes que deben sentir que el Estado, que la sociedad está para protegerlos y protegerlas”.

Por su parte, la diputada Danisa Astudillo, afirmó que “una vez más vemos como la cárcel solamente es para los pobres y los que tienen plata se pueden ir tranquilamente a su casa. El caso Macaya es uno más de los tantos casos que hemos visto en Chile en los que los poderosos, los que tienen redes importantes en los poderes del Estado, los que tienen dinero, pueden comprar la justicia y no pagar. Acá hay un caso gravísimo, hay niñas que fueron abusadas. Entre ellas, una de las víctimas que tuvo que esperar años para poder grabar un video que constituyera una evidencia en la Corte para también salvar a su hermana de los mismos abusos que ella había sido víctima en su niñez. Y, sin embargo, hay personas como el senador Macaya que no solamente relativiza la gravedad de los hechos que la justicia condenó a su padre, sino que trata de encubrir un delito relativizando el valor de las evidencias que se entregaron a la justicia”.

Daniella Cicardini, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, señaló que “es inaceptable que Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual, reciba un trato tan permisivo como es el arresto domiciliario. El mensaje que se envía a las víctimas y a la sociedad entera es impresentable. O sea, la justicia no es igual para todos y que los poderosos pueden eludir las consecuencias de sus actos aberrantes. Estamos hablando de abuso contra menores y además es bien impresentable que el presidente la UDI salga como vocero en defensa de su padre, yo más bien le sugiero que si quiere defender a su papá mejor no hable más, que se quede callado. Lo único que ha hecho es justificar lo injustificable”.

Hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia llegaron los diputados del PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, para entregar antecedentes en la investigación que lleva la comisión de ética de la Corte Suprema por el denominado “Caso WhatsApp”, en torno a presuntos tráficos de influencias en nombramientos del Poder Judicial. Ambos parlamentarios son querellantes en el llamado “Caso Hermosilla”, en tanto Manouchehri presidió la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la materia.

A la salida de la audiencia, Manouchehri valoró que el máximo tribunal esté impulsando esta comisión de ética a raíz de estas situaciones. “Nosotros creemos que este es un hecho que tiene que investigarse a fondo. Por tanto, hemos concurrido a poder prestar declaración a la Comisión de Ética justamente para poder presentar todos los antecedentes en este caso que a nuestro juicio no reviste una situación ética, sino que acá además se debe avanzar en una situación de carácter disciplinario y penal”, señaló.

Asimismo, el parlamentario socialista afirmó que “nos parece bien que la Corte Suprema esté impulsando una comisión de ética para un caso extremadamente grave. Nosotros hemos visto cómo los tentáculos del señor Hermosilla han tocado al Poder Judicial. Cuando la gente se pregunta por qué los políticos y los empresarios corruptos terminan en la impunidad, muchas veces la explicación está el ‘Caso Hermosilla’. Nosotros creemos que este es un hecho que tiene que investigarse a fondo.

En esa línea, la diputada Daniella Cicardini destacó la necesidad de “lograr que se cumpla el objetivo del Poder Judicial, que es justamente buscar justicia y no la impunidad y esperamos que en este caso en particular justamente se logren esos objetivos”.

“Fortalecer nuestra democracia y nuestra república sin duda tiene que ver con respetar la independencia de los poderes del Estado, de evitar este tipo de situaciones de corrupción, erradicarlas de raíz y eso significa avanzar en las investigaciones para poder despejar toda duda y toda suspicacia. Creemos que acá no solo hay temas éticos, sino que pueden ser también temas disciplinarios y penales que tienen que ser despejados sobre la base de una investigación. Este tipo de acciones que realiza la Corte Suprema entregan una buena señal a la ciudadanía”, agregó la parlamentaria por la Región de Atacama.

Consultado por la prensa respecto a las declaraciones de ministros de la Corte Suprema solicitando que se inhabilite la comisión de ética de indagar en los mensajes denunciados por Ciper Chile, referentes a presuntos tráficos de influencias al interior del Poder Judicial, Daniel Manouchehri apuntó a que lo importante es el trabajo que puedan realizar los tribunales en investigar esta materia.

Respecto a la interrogante de por qué no ha sido formalizado el abogado Luis Hermosilla, Daniella Cicardini expresó que “es una pregunta que no solo nos hacemos en el mundo político, sino que también los ciudadanos y ciudadanas cuando ven este tipo de situaciones impresentables, donde no teníamos a un gran penalista, sino que a una persona que tenía una red de tráfico de influencia para poder resolver sus causas favorablemente de sus clientes”.

“Yo creo que esa es la justicia que no quiere la gente. Que no existan privilegios, que no veamos las sanciones de la justicia de grandes empresarios, de grandes políticos en clases de ética, sino que tras las rejas cuando sean delitos tan graves como lo que hemos visto. Por lo tanto, esperamos que esto pueda avanzar rápidamente. Nosotros incluso como querellantes del ‘Caso Audios’ tampoco hemos podido tener acceso a la carpeta, pero tenemos fe que ha sido una situación tan polémica y pública que se van a tomar cartas en el asunto y que se va a poder avanzar en una investigación profunda para poder esclarecer este ‘Caso Hermosilla’, finalizó.