En medio de la discusión por reforzar la seguridad pública, el diputado socialista Daniel Manouchehri emplazó a la derecha por el ingreso masivo de extranjeros al país, especialmente de ciudadanos venezolanos, y señaló que la inmigración masiva durante el segundo mandato de Sebastián Piñera respondería a un “interés electoral”.

En el debate desarrollado en un panel de televisión abierta sobre la materia, intensificado por las masacres ocurridas en los últimos días en Quilicura y Lampa, esta última donde los principales involucrados son venezolanos, Manouchehri fustigó a la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. La exdiputada aseveró que como partido “nunca hemos apoyado a la inmigración ilegal, al contrario”.

A continuación, Manouchehri leyó las declaraciones de destacadas figuras de la oposición fomentando la inmigración. Así, mencionó al exministro del Interior, Rodrigo Delgado; la exministra Cecilia Pérez; y el senador de Evópoli, Felipe Kast; entre otros.

“’Son un nicho electoral’; exministro Rodrigo Delgado. ‘Los migrantes con mayor potencial electoral son los venezolanos’; Gonzalo Müller. “Los venezolanos son un nicho interesante, dado que habrá una gran mayoría en esta comunidad que podrá cumplir los requisitos para participar en la política de nuestro país y serán electores”; Jorge Fuentes, secretario general de la UDI”, leyó el parlamentario de la Región de Coquimbo.

En esa línea, el legislador prosiguió con las siguientes declaraciones de archivo: “Es evidente que ellos son un botín electoral”; Rodrigo Durán, jefe territorial de Evópoli. “Tenemos que invitar a los inmigrantes venezolanos”; senadora Paulina Núñez. “Hay que permitirles el uso de pasaportes vencidos”; senador Felipe Kast. “Hay que recibirlos hasta que el país aguante”; la exministra Cecilia Pérez.”

“Entonces, evidentemente ha habido un interés (de la derecha) justamente para eso. Y a mi juicio, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día para poder hacer que sea más compleja la permanencia de personas indocumentadas en nuestro país, es avanzar en medidas que les hagan complicada la vida”, indicó Manouchehri.

Al respecto, el diputado del PS propuso medidas para desmotivar la permanencia de indocumentados y apuntó al proyecto que presentó, junto a los diputados Daniella Cicardini y Daniel Melo, para suprimir el derecho al voto de los extranjeros avecindados en Chile en elecciones parlamentarias y presidenciales y regionales.

“No arrendarles propiedades a los indocumentados; hacer que el acceso a un teléfono móvil tenga que estar asociado a un carnet chileno. No darles derecho a voto. Chile es de los pocos países en el mundo que los extranjeros votan, los extranjeros eligen (nuestro) Presidente de la República”, aseguró.

Finalmente, Daniel Manouchehri reafirmó que “tenemos 1 millón y medio de extranjeros en Chile que van a dirimir en los próximos años una nueva elección, una elección de Presidente. Entonces, son medidas que nosotros tenemos que tomar sin cálculo electoral”.

Como era previsible, la oleada de asesinatos ocurridos en cinco días en la Región Metropolitana le dio a las derechas el pretexto ideal para continuar y profundizar su estrategia de ataque permanente al gobierno y al Presidente Boric justo cuando las encuestas evidenciaban un alza que pocos Mandatarios pueden  mostrar a la mitad de su administración.

Por cierto, la UDI se adelantó a sus socios, pidiendo de inmediato la renuncia de todo el equipo encargado de la seguridad del Ministerio del Interior. Un buen momento para atraer a la prensa: “Exigimos al Presidente Gabriel Boric enviar una señal contundente a todo el país y remover de su puesto, en forma inmediata, al equipo a cargo de la seguridad pública, encabezado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, respectivamente”,  por su “evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia implementada para enfrentar la actual crisis”.

Le piden al Presidente que ello debe hacerse para que “den paso a autoridades que estén debidamente calificadas y comprometidas con la seguridad de los chilenos, toda vez que resulta indiscutible que, al menos los encargados del Ministerio del Interior, se encuentran mucho más preocupados de sus futuros electorales que de combatir el crimen organizado.”

El enojo presidencial

Casi con insolencia, como es la costumbre opositora, le pidieron  al Mandatario “romper el silencio oportunista que ha mantenido durante los últimos días“. Según ellos, la autoridad ha estado evitando referirse a casos, como “los 15 homicidios registrados en apenas 72 horas en nuestro país”.

El aprovechamiento político de todas las derechas, incluyendo la de Ximena Rincón, y un diputado Jouannet, fue más que evidente y ello explica el enojo del Presidente y su fuerte respuesta minutos antes de abordar el avión que lo llevaría a Paraguay en visita oficial. Les recordó que el gobierno estaba trabajando con todas las instituciones del Estado no solamente para encontrar a los asesinos, “sino que también para cortarle las alas al crimen organizado siguiendo la ruta del dinero, decomisando sus especies y asestando diferentes golpes recuperando distintos espacios públicos que han sido tomados por estas bandas”.

Y fuerte y claro les dijo: “Yo no le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI. Que eso les quede absolutamente claro. Así que gasten sus energías en colaborar, en trabajar en conjunto, en sacar adelante el fast track de seguridad 2.0 que acordamos con el Congreso Nacional y el Ejecutivo, en sacar adelante el pacto fiscal para poder de una vez por todas, por ejemplo, levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero de los narcos, para poder tener recursos y seguir fortaleciendo las policías como lo hemos hecho durante nuestro gobierno, si no, pregúntenle a Carabineros, cómo ha sido el trabajo que han llevado adelante con las actuales autoridades del Ministerio del Interior”, añadió el Jefe de Estado.

Terminó enfatizando que “ante esta grave situación dejemos de lado el oportunismo y el cálculo político pequeño (…). Los chilenos y chilenas quieren a su clase dirigente unida para vencer al narcotráfico y al crimen organizado. Para peleas chicas, al menos, yo no estoy”.

Siguiendo el mismo tenor, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, calificó la situación de los últimos días como “inusitada”. Recordó que hace poco, tuvieron que legislar sobre el sicariato, “un delito desconocido que es un crimen por encargo”. Dijo que “el poder Legislativo ha cumplido. Hemos dictado 54 leyes en distintas materias relativas a la seguridad. El gobierno ha puesto los recursos en leyes que tienen un financiamiento específico, como el reintegro de 2 mil 500 carabineros o más de 100 policías de la Directemar”. Llamó a la unidad del país como la forma óptima para enfrentar el crimen organizado, además de utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho consagra para ello.

Y para terminar con este nefasto ciclo, la ministra y por ahora vicepresidenta del país, Carolina Tohá, resaltó que las medidas tomadas hasta ahora han surtido efecto en otras regiones del país, bajando las cifras de homicidios, lo que no ha ocurrido en la capital. Sin ir más lejos, al 14 de julio de 2023 había 253 homicidios, mientras que este año se acumulan 256. Por lo mismo, se establecieron varias medidas, como la creación de  una fuerza de tarea conjunta entre Carabineros y la PDI, con apoyo de la Fiscalía, relacionada con sus capacidades de inteligencia. Anunció un reforzamiento de dotaciones en Carabineros como por ejemplo, el que 500 policías a punto de egresar se quedarán en la región Metropolitana y se reordenará la actividad en comisarías y cuarteles, para poner a disposición más personal para los territorios.

Sobre la PDI, indicó que se mejorarán las capacidades de control de armamento que circula en las calles y el control migratorio.

Crisis de seguridad

Pero la realidad a la que se enfrenta el Presidente Boric camina por otro carril. Hasta ahora está quedando prístino para la ciudadanía que colaborar no es el verbo para las derechas: su máxima es atacar al gobierno para evitar que suba su popularidad y ganar así las elecciones que se aproximan. Todos, incluyendo quienes llaman a decretar estado de sitio, olvidan qué significa en realidad el crimen organizado. Cuál más, cuál menos da recetas al gobierno, anteponiendo sus propios intereses políticos, a los intereses del país. Y mientras tanto, la industria del crimen organizado que está tratando de perforar el Estado chileno, avanza.

Eso lo explica acuciosamente un experto en crimen organizado, ex oficial de inteligencia de Carabineros, y consultor internacional, Pablo Zeballos. En su libro “Un virus entre sombras”, afirma que “como sociedad chilena, aún no hemos logrado desarrollar una percepción unificada respecto del riesgo al que nos enfrentamos”.

Hoy, a propósito de la cadena de asesinatos que hasta ahora pareciera ser ajuste de cuentas, peleas por dominar territorios, sembrar miedo en el país y específicamente en las instituciones, está ocurriendo lo que Zeballos detectó hace tiempo: “… declaraciones de autoridades, líderes de opinión y expertos, algunos de ellos con conocimiento y otros aprovechando la ocasión, alimentaron esta peligrosa mezcla de confusión y división, desde la cual emergieron visiones extremas: por un lado, quienes alertaron sobre un descontrol criminal generalizado que requería medidas drásticas, incluso a costa de vulnerar los derechos fundamentales y, por otro, quienes aseguraban que la situación era simplemente una manipulación maquiavélica de casos aislados con la intención de ser utilizada para impulsar agendas mediáticas y políticas ocultas, y para ellos las impávidas estadísticas demostraban que nada había cambiado, o que incluso estábamos mejor que antes”.

Y afirma que en las situaciones que estudió, “entre acusaciones cruzadas, comenzaron a surgir propuestas de soluciones milagrosas y medidas extremas, a menudo impulsadas por perspectivas oportunistas y desinformadas. Fórmulas peligrosas e irresponsablemente simplistas que se iban presentando unas sobre otras, en una especie de competencia por figurar, construyendo un castillo de naipes. Lo irónico de la situación era que en los países donde el crimen organizado había logrado consolidarse estos patrones de división y desorientación también se manifestaron durante sus respectivas etapas iniciales”.

Políticos: ojo con lo que dicen y hacen

Zeballos señala que “mientras los polos políticos se distancian y fragmentan a la sociedad con visiones sesgadas, acusaciones mutuas y una explosión de promesas irrealizables, la verdadera criminalidad organizada encuentra un punto en común: es ideológicamente agnóstica y poliamorosa. Solo le interesa encontrar socios funcionales a lo largo de todo el espectro político, los utiliza o se utilizan mutuamente para obtener réditos e impunidad, mientras se corroen los cimientos democráticos y la confianza ciudadana.”

Advierte que el crimen organizado y las economías ilícitas “son fenómenos de tal complejidad que requieren una comprensión multidisciplinaria” y que lo que necesitamos como sociedad es escucharnos para enfrentar “una realidad que avanza y que podría terminar impactándonos a todos, sin distinción”.

Dice que existen obstáculos significativos “que impiden despertar del letargo social y comprender plenamente lo que está en juego: nichos celosamente custodiados, barreras ideológicas difíciles de sortear, desconfianza generalizada y una desmedida polarización social, mayoritariamente observable en las anónimas y lapidarias redes sociales”. “Estoy convencido de que, como sociedad, nos enfrentamos a un desafío de tal complejidad que difícilmente alguien podría afirmar saber más que otro. Es una realidad más intrincada y profunda de lo que estamos dispuestos a reconocer. No se trata de ganar elecciones, criticar al gobierno o mantenerse en la comodidad que ofrece un cargo de autoridad; estamos hablando de nuestro sistema democrático y social”.

Sin duda, una voz y un libro indispensable en  estos momentos de crisis de seguridad que debería estar en un lugar preferencial de las autoridades sean de gobierno o de oposición.