Con la participación activa de 14 productores locales, el proyecto de legumbres agroecológicas de la Cooperativa La Manzana de Valdivia está marcando un hito en la agricultura sostenible. Desde las regiones de Los Ríos y La Araucanía, estos agricultores promueven la seguridad alimentaria y el desarrollo comunitario.

En Chile, la agricultura enfrenta desafíos significativos debido a la crisis climática, que provoca inestabilidad en el medio ambiente, generando -entre otras cosas- sequías persistentes o inundaciones que sufren diferentes territorios del país.

Entre los cultivos afectados se encuentran las legumbres, fundamentales no solo por su papel en la seguridad alimentaria y su capacidad de contribuir a la recuperación de los suelos aportando con la fijación de nitrógeno, sino también por su valor nutricional y su impacto en la salud pública. Estos alimentos son una fuente crucial de carbohidratos de absorción lenta, proteínas, fibra, vitaminas del complejo B, hierro, y zinc entre otras, para una dieta equilibrada y para la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.

En este contexto, la Cooperativa La Manzana de Valdivia, conocida por su compromiso con la agroecología y el comercio justo, decidió tomar acción. Según explica Rodrigo Terreros, integrante de La Manzana, “somos una cooperativa de consumo responsable que tiene una tienda en Valdivia. En esa tienda, uno de los productos más importantes que tenemos son las legumbres. De hecho llegamos a comercializar en un año casi 1 tonelada. En 2018, cuando estábamos haciendo las compras a las productoras de la zona central nos dijeron: `No les vamos a poder vender, porque producto de la sequía, solo tenemos para el autoconsumo´. En ese momento, se nos generó un tremendo problema porque nos quedamos sin legumbres en la tienda”.

Pero ese problema se transformó en una oportunidad según comenta Jana Rohrbach, coordinadora general del proyecto de “Cultivo y consumo de legumbres agroecológicas” que impulsa la cooperativa La Manzana, ya que visualizaron que la solución podría venir desde su propio territorio. “Cuando compartimos con nuestros agricultores de la Región de Los Ríos y de La Araucanía que las legumbres podrían ser un cultivo nuevo, que les permitiría generar nuevos ingresos y diversificar inclusos el cultivo de sus predios, quisieron participar de esta iniciativa. Y nos dimos cuenta que nuevamente podríamos tener legumbres, pero esta vez locales”.

En colaboración con pequeños agricultores de las regiones de Los Ríos y La Araucanía y junto a la Universidad Austral, en2021 La Manzana se propuso -en una primera etapa- un desafío ambicioso pero necesario: cultivar legumbres de manera agroecológica para enfrentar la escasez en regiones donde no se suele cultivar y diversificar los ingresos de las familias campesinas asociadas a la cooperativa. 14 de ellas se unieron hasta la fecha.

Cada paso del proyecto ha estado marcado por la colaboración estrecha entre la cooperativa y los agricultores locales. Desde la selección de semillas adecuadas hasta la implementación de técnicas de cultivo que maximizan el uso sostenible del agua, La Manzana ha trabajado junto a las agricultoras hacia una producción más resiliente y rentable. Este enfoque no solo ha mejorado las condiciones de vida de las familias campesinas involucradas, sino que también ha fortalecido los lazos comunitarios y la autoestima de las agricultoras al ver sus esfuerzos convertirse en resultados tangibles. De esta forma, aseguran la disponibilidad local de legumbres, así como también la promoción de prácticas agrícolas que respeten el medio ambiente y fortalezcan la economía local.

Un nuevo impulso y apoyo a esta iniciativa recibió La Manzana el 2023, cuando fueron beneficiados por el programa Fondo Común de Fundación Lepe, el cual les permitió obtener más recursos y asesoría técnica y comunicacional que les ha ayudado a avanzar significativamente en esta misión, estableciendo un modelo de producción que combina la eficiencia agrícola con la responsabilidad ambiental. “Hemos logrado fomentar y fortalecer el cultivo, la producción y la comercialización de legumbres -garbanzos, lentejas y diferentes variedades de porotos- en la región de Los Ríos y La Araucanía a través de capacitaciones de las agricultoras, talleres con los consumidores y adquirir una máquina trilladora fundamental para el proceso de la cosecha de las legumbres y varias otras actividades” según explica Rohrbach.

El éxito del proyecto de legumbres agroecológicas de La Manzana de Valdivia es un testimonio del poder de la colaboración y la visión compartida. Con cada cosecha, se fortalece la seguridad y soberanía alimentaria local, se promueve un consumo responsable y se sientan las bases para un futuro más sostenible y justo. La Cooperativa no solo ha demostrado que es posible enfrentar los desafíos climáticos y económicos con innovación y determinación, sino que también ha mostrado cómo el compromiso con el bienestar comunitario puede generar resultados positivos y perdurables.

Además, es importante destacar que la Cooperativa ha superado adversidades significativas, como el devastador incendio que destruyó completamente su local el pasado sábado 13 de enero. Gracias al apoyo de sus redes, incluyendo a agricultores, colaboradores, socios y otros proyectos colaborativos, La Manzana de Valdivia ha logrado reconstruirse y seguir adelante con sus iniciativas agroecológicas, reafirmando su compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

Para conocer más sobre La Manzana de Valdivia y sus proyectos, pueden visitar su sitio web en www.lamanzana.coop y seguir sus actualizaciones en Instagram a través de @lamanzana.valdivia.

Diputadas y diputados del Comité PC/FRVS/AH e independientes criticaron la solicitud  presentada por Chile Vamos para remover de sus cargos a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras y el consejero Francisco Ugás, tachándola de  “intervencionismo grave y un intento de socavar una institucionalidad”.

En este sentido, Lorena Pizarro, diputada PC y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos consideró la votación como “una acción política grave, pues lo que acaba de hacer la derecha es lo que están denunciando: intervencionismo en un órgano autónomo e independiente, fundado en los principios de París que habla de las obligaciones de estas instituciones. La gravedad de lo que acaba de ocurrir acá tiene que ver con una acción política, dirigida, de intervencionismo de la derecha, para salvar al señor Mario Desbordes», señaló la legisladora.

Pizarro también llamó a informarse sobre cómo está constituido el directorio del INDH, indicando que “ninguno de sus directores los define el Partido Comunista ¿Cómo se creó el INDH? En los años que en Chile todo se negociaba y, por lo tanto, su composición asegura la pertinencia y presencia de todos los sectores políticos».

Por su parte, la también diputada  comunista, Alejandra Placencia, señaló que  la solicitud de la derecha busca “socavar una institucionalidad que busca el resguardo de los derechos humanos en nuestro país en su amplio sentido, en su amplio espectro”.

La diputada insistió en que esta acción tiene “una intencionalidad política”, agregando que es  “gravísimo que la derecha hoy día esté tomando como excusa la querella del INDH para intentar deslegitimar que aquellas cosas que son constitutivas o posible constitución de delitos no sean investigadas, me parece que es una ofensa a la fe pública y algo que no podemos aceptar en nuestro país”, concluyó Placencia.

En tanto, el legislador independiente Hernán Palma calificó la arremetida de la derecha contra el INDH como una “vendetta política de Chile Vamos”, insistiendo en que el Instituto y su directora “han hecho ejercicio pleno de sus facultades que es velar por el derecho a un debido proceso de las personas y, por otra parte, de la imparcialidad de los jueces”.

“Creo que es tiempo de asegurar un grado de inmunidad para los consejeros del INDH, si no, no pueden ejercer sus facultades y, por otro lado, revisar los mecanismos de nombramiento de los jueces porque, claramente, lo que pasó con Mario Desbordes no tiene nada que ver con perjudicar su campaña edilicia”, sostuvo el diputado Palma.

El diputado y Presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, aseguró que “me parece totalmente fuera de lugar. En más, me parece que este no debería ser ni siquiera el mecanismo, en el que una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputadas y Diputados pueda estar removiendo al director o directora del INDH. Por supuesto que voy a rechazar este intento e intervención política por parte de un sector de la Cámara, que es la derecha, que porque no le gusta determinadas actuaciones del INDH pretenden remover a su directora. Lo encuentro totalmente fuera de lugar, el intervenir, algo que ellos reclaman siempre, ahora lo están haciendo”.

Finalmente, la remoción fue aprobada en Sala por 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones, con lo cual los antecedentes serán remitidos a la Corte Suprema.

La representante del Distrito 20 explicó que existe la necesidad de establecer un mayor control y fiscalización de los órganos públicos, acorde al principio de legalidad y reforzamiento del Estado de Derecho, conforme al principio de probidad, estimando la necesidad de reforzar el rol fiscalizador de los Consejos Regionales.

Tras casi 90 días de trabajo, la Comisión Especial Investigadora (CEI) 45, llamada “Cuestionamiento a la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de Ministerios y Seremis determinados”, tuvo su última sesión, entregándose los resultados y propuestas por parte de los diputados y diputadas que conformaban la entidad legislativa.

Algunas de las conclusiones a las que llegaron los parlamentarios contenidas en un informe de 28 páginas, tienen relación con la lentitud en tramitación de expedientes para hacer valer responsabilidad administrativa; crisis en el sistema de traspaso de fondos; y avances en presentación de proyectos de ley que buscan enmendar situación.

Es justamente este último punto el que recogió la diputada María Candelaria Acevedo, quien ingresará una reforma constitucional para reformar el artículo 115 de la Norma Fundamental.

“Creemos que es importante en el sentido de que hay que darle certeza a la población, a los ciudadanos en cuanto a que los recursos que se están entregando van bien encaminados. Así que por lo tanto este proyecto de ley que se va a presentar va en esa dirección, pero además también entregándole mayores facultades a los consejeros regionales en cuanto a la fiscalización”.

En concreto la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional ya entrega a los CORES la facultad de fiscalizar los convenios de programación indicados en el inciso cuarto del artículo 115 constitucional, pero “creemos que se debe reforzar a otros tipos de actos de convenios y asociaciones con dichas personas naturales o jurídicas”.

Por eso, el proyecto de reforma constitucional busca reformar el artículo 115, antes mencionado de la Norma Fundamental, en el sentido de dar una base especial y sólida para el establecimiento y consecución de objetivos tales como establecer un mayor margen de responsabilidad de los particulares (personas naturales o jurídicas sin fines de lucro) que celebren asociaciones o convenios con los gobiernos regionales. “Además, se entrega a los CORES, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la facultad para aprobar o rechazar dichas asociaciones o convenios, con los quórums señalados en la ley, así como de fiscalización respecto del cumplimiento de dichos convenios”.

La diputada Acevedo señaló que a la luz de las 67 investigaciones que se está llevando a cabo el Ministerio Público por los traspasos de fondos desde los gobiernos regionales (21 de ellas del GORE Biobío) a fundaciones, indicó que “es importante poder sostener cómo le vamos a dar más facultades al Ministerio Público, a la Cámara de Diputados y Diputadas para hacer el control mucho más enérgico con respuesta a los recursos que se van a entregar”, reiterando que se les debe dar certezas y para eso, la presentación de la reforma constitucional “es la única forma en la cual podemos tener mucha más responsabilidad con los recursos que se entregan y mayor fiscalización”.

“Con esta ley tendremos la certeza de que contaremos con los recursos necesarios para la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué”.

Durante esta jornada, el parlamentario por la región de Valparaíso, valoró la promulgación del gobierno de la ley que crea un fondo que otorga 800 mil millones de pesos para ir en beneficio de los sectores afectados por el mega incendio que afectó a la región de Valparaíso, monto que suplementará el aporte sectorial del Plan de Reconstrucción. “Lo que queda es que el Ejecutivo se ponga las pilas y que las ayudas lleguen directamente para tener la reconstrucción que se requiere en el menor plazo posible”, señaló.

Durante esta jornada, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, destacó la promulgación en las últimas horas, de la ley que crea un fondo de recursos por 800 mil millones de pesos, para ir en ayuda de las familias y pymes afectadas por el mega incendio que sacudió a Viña del Mar y Quilpué, a comienzos del mes de febrero, recursos que serán destinados, tanto para la construcción de viviendas, como para la recuperación de infraestructura pública y redes de alcantarillado.

A juicio del parlamentario, “ha sido promulgada la ley que crea y establece un fondo de 800 mil millones de pesos para ayudar a la reconstrucción del incendio que tuvimos en Viña del Mar y Quilpué, a comienzos de febrero de este año. Luego de cinco meses se promulga esta ley, que incluye más de 800 millones de dólares para reconstrucción de viviendas, infraestructura vial, todo lo que es alcantarillado, etc, y muy importante también, para generar aportes para la pequeña y mediana empresa, las cuales se vieron afectadas como consecuencia del mega incendio”, explicó.

Sobre el millonario monto que otorgará el Ministerio de Hacienda para hacer frente a la reconstrucción de zonas siniestradas, Lagos Weber aclaró que “estos recursos son adicionales a los que ya se han ido incorporando como ayuda a los damnificados, pero con esto, tenemos la certeza de que contaremos con los recursos necesarios para la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué. Lo que queda, es que el Ejecutivo acelere el tranco y se ponga las pilas (sic) más todavía, y que las ayudas lleguen directamente y de manera más rápida, para de esta forma tener la reconstrucción que se requiere en el menor plazo posible”.

La iniciativa de ley pretende recaudar, a partir de un beneficio a los contribuyentes que se aplicará a lo recaudado por el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un total de 640 mil millones de pesos, a lo que se sumaría un remanente de 160 mil millones que aportaría el fisco a través de reasignaciones, para completar un monto total de 800 mil millones de pesos, que correspondería a la capacidad máxima del fondo. La medida tendrá un carácter transitorio, con plazo máximo de ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre de 2026. ‎

La diputada del Maule, Mercedes Bulnes, presentó proyecto de ley destinado a fortalecer las medidas contra la violencia intrafamiliar en Chile, enfocándose especialmente en mejorar el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas por la Ley 20.066. Este proyecto surge como respuesta a la preocupante incidencia de casos de violencia intrafamiliar en el país y la constatada falta de efectividad en las medidas destinadas a proteger a las víctimas.

El objetivo principal del proyecto es modificar la Ley 20.066 y el Código Procesal Penal para asegurar que las medidas cautelares decretadas por los tribunales sean cumplidas de manera efectiva por los imputados. Según la diputada Bulnes «es fundamental garantizar la seguridad de las víctimas y sus familias, y para ello es necesario establecer normativas más rigurosas que aseguren el acatamiento de las medidas dispuestas. No es posible y pone en riesgo a las víctimas que a una persona se le decrete la prisión preventiva recién a la tercera vez que incumple, por ejemplo, una orden de alejamiento. La idea de este proyecto es que al primer incumplimiento de esta medida cautelar, se decrete la prisión preventiva inmediatamente”.

El proyecto propone la incorporación de un nuevo artículo 15 bis a la Ley 20.066, el cual permitiría la aplicación de prisión preventiva automáticamente en caso de incumplimiento de las medidas cautelares establecidas previamente. Por ejemplo, al primer incumplimiento de una orden de alejamiento, el victimario se va detenido y no a la tercera vez como rige actualmente la ley. Esto se fundamenta en la premisa de que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de las víctimas cuando no se respeta la orden de alejamiento u otras medidas destinadas a proteger a los afectados por la violencia intrafamiliar.

Asimismo, se propone modificar el artículo 140 del Código Procesal Penal para incluir explícitamente el incumplimiento de medidas cautelares como uno de los fundamentos para decretar la prisión preventiva. Esto, según la diputada, permitirá «garantizar que las decisiones judiciales sean cumplidas y que no se ponga en riesgo la vida ni la integridad física y psicológica de las víctimas».

En palabras de la diputada Bulnes «este proyecto busca poner fin a la impunidad en los casos de violencia intrafamiliar, donde hemos visto lamentablemente cómo muchas veces las medidas destinadas a proteger a las víctimas no son respetadas por los agresores. Es un paso necesario para fortalecer nuestro marco legal y asegurar que se cumplan los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente en situaciones tan delicadas como la violencia intrafamiliar».

El proyecto presentado por la Diputada Mercedes Bulnes será discutido en la Comisión de Familia y Derechos Humanos donde se espera un debate enriquecedor que permita perfeccionar esta propuesta legislativa en beneficio de la sociedad chilena, y en especial de las mujeres, niños y adolescentes.

A la salida de la reunión con el Fiscal Ángel Valencia, los parlamentarios denunciaron un intento de impedir la investigación de la fiscalía mediante los recursos interpuestos por el abogado Mario Vargas y Gonzalo Migueles, pareja de la magistrada Ángela Vivanco.

Ante la posible apelación al recurso rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que sería visto por la Tercera Sala de la Corte Suprema, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini señalaron que los ministros involucrados en los audios de Luis Hermosilla deberían inhabilitarse.

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri, expresidente de la Comisión Investigadora por el denominado “Caso Hermosilla”, y Daniella Cicardini, ambos querellantes en la causa judicial del caso, se reunieron con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para entregar personalmente los antecedentes recabados por la instancia legislativa. También asistió a la reunión el director de la Unidad Especializada Anticorrupción, de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

Al respecto, Manouchehri afirmó que “hay un intento de sembrar la impunidad en el Caso Hermosilla y no lo podemos permitir”, llamando a los magistrados implicados en los audios y chats del abogado Luis Hermosilla a inhabilitarse en caso de perseverar el recurso de protección para detener la investigación judicial.

“Hemos visto cómo el abogado (Mario) Vargas, amigo del señor (Luis) Hermosilla, ha presentado un recurso en la Corte de Apelaciones para que se pueda poner una traba a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Ese recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago y posiblemente el abogado Vargas va a apelar y eso va a pasar a la Suprema. En la Suprema será visto en la Tercera Sala, donde está la ministra (Ángela) Vivanco, el ministro (Mario) Carroza y ministros que están mencionados en los chats del señor Hermosilla”, indicó.

“Nosotros esperamos que estos ministros se inhabiliten porque están evidentemente implicados y están hoy día siendo parte de estas investigaciones que se están realizando. Por cuanto nosotros esperamos que ellos se inhabiliten y que este recurso se rechace” recalcó Manouchehri.

En esa línea, la diputada Daniella Cicardini señaló que la ciudadanía “no tolera ni acepta un grado de impunidad en un caso que es tan evidente, donde hay una red de corrupción, donde hay un abogado, el cual ha sido parte de tráfico de influencias, de información privilegiada para poder resolver causas que él llevaba adelante en su beneficio”.

Es parte de lo que nos corresponde como parlamentarios de avanzar en esta investigación, no sólo a través de esta comisión, sino que incluso somos querellantes justamente del ‘Caso Audios’, en donde hemos visto distintos intentos de impunidad. Como parlamentarios querellantes se nos intentó dejar fuera de esta causa”, agregó la legisladora por la Región de Atacama.

“Nosotros esperamos que la Fiscalía pueda desarrollar bien su trabajo y lo que nosotros hemos hecho el día de hoy es contribuir justamente a esa tarea”, remarcó Cicardini.

Finalmente, el diputado Daniel Manouchehri reafirmó que el Caso Hermosilla “merece justicia. Este caso ha afectado profundamente la credibilidad de nuestras instituciones. La única manera de devolverle la credibilidad a nuestras instituciones es que los responsables en el Caso Hermosilla paguen con cárcel”.

“Nosotros confiamos en que la Fiscalía Nacional va a realizar un trabajo serio. Creemos que hay un compromiso de esta institución de desarrollar una investigación a fondo y creemos que en esto no puede intervenir el Poder Judicial para impedir la investigación”, concluyó el legislador por la Región de Coquimbo.