La pregunta que le hizo directamente a las derechas el Presidente Boric hace algunos días es la que casi todo el mundo se hace: ¿por qué no quieren abrir el secreto bancario? Han dado explicaciones de todo tipo, unas más ordinarias que otras, tratando finalmente de cambiar el tema que, sin duda, les incomoda de sobremanera. Y aunque traten de desviar la atención, la interrogante va y viene sin asomo de desaparecer.
La pregunta la planteó el Presidente en Quilicura, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones. En la ocasión dijo: “El tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento…Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado”.
Como ello es una verdad del porte de una catedral, a las derechas les es difícil explicar el punto. Pero, lo que está claro para tirios y troyanos es que levantar el secreto bancario en cuentas sospechosas es un paso indispensable para seguir la ruta del dinero del crimen organizado, del narcotráfico y de los malos empresarios acostumbrados a evadir impuestos. Cada día queda más en evidencia que el crimen organizado es una verdadera empresa, que cuenta con abogados, contadores, gerentes y todo aquello que el dinero puede comprar sin problemas. Un verdadero poder que desde hace años está tratando de penetrar en las instituciones del país, sin conseguirlo del todo, pero allí están y siguen intentando..
Como respuesta, lo que más repiten los personeros de la derecha es que el levantamiento del secreto bancario existe desde hace mucho. Que cualquiera puede pedirlo si las circunstancias lo ameritan. No es tan cierto.
Lo que sí es cierto es que, si bien en Chile es posible levantar el secreto bancario bajo algunas causales, esto puede ser un proceso lento y burocrático. Esa lentitud dificulta los esfuerzos de algunas investigaciones que se estarían llevando a cabo, porque la autorización de un juez para el levantamiento del secreto bancario puede tomar tiempo en concretarse. Tanto que cuando se otorgue, ya los investigados han tomado todos los resguardos necesarios para salir del problema. Dineros para hacer frente a cualquier problema legal, el crimen organizado tiene. Y en cantidades industriales.
Dos años demora la autorización judicial
El secreto bancario consiste en la obligación de los bancos de mantener la confidencialidad de la información financiera de sus clientes, los detalles de sus cuentas bancarias y las transacciones que hacen. Esa confidencialidad sigue siendo un obstáculo importante que impide una fiscalización efectiva y permite que delincuentes económicos operen con impunidad. La ley contempla el secreto bancario en el artículo 154 de la Ley General de Bancos.
Los proyectos que se discuten en la actualidad son dos: Uno permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a cuentas en casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Un proyecto que tiene la venia de la Corte Suprema, que considera que el proyecto es “acotado”, y “permite un balance adecuado” entre “el secreto o la reserva de la información” y “la lucha contra el crimen organizado”.
El segundo, facilita que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pida información bancaria para investigar evasión tributaria. Hoy, según el director del SII, la autorización judicial demora en promedio dos años. Y hay que tener a la vista que los delitos tributarios prescriben en tres años. Es el reino de la impunidad. El proyecto presentado y en discusión es bastante limitado: si la persona investigada se opone a abrir sus cuentas, seguirá siendo un juez el que decida.
Sólo en casos específicos, el Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero pueden solicitar levantar el secreto bancario de personas.
Una de las respuestas más ordinarias e irrespetuosas para la ciudadanía, porque evidencia creer que todos son “limitados” en el país, fue la del presidente de la UDI, Javier Macaya. Para explicar el por qué se oponen a abrir las cuentas bancarias dijo textual: “No queremos que un funcionario político, nombrado por el gobierno de turno, pueda saber la compra que hiciste en el supermercado”. Igual de torpe y burda fue la explicación de la republicana Ruth Hurtado, quien afirmó muy suelta de cerebro que “el narco no hace transferencias bancarias. Hay que ser bastante ingenuo».
Desde el Partido Republicano también rechazaron la medida argumentando que la información bancaria podría ser utilizada por funcionarios públicos para extorsionar a las autoridades: “Mientras este gobierno no logre controlar la corrupción dentro de su aparato estatal y no asegure que la información privada de una cartola bancaria de una persona, no termine en manos de abogados o funcionarios públicos corruptos para extorsionarlo o sacar ventaja, sin que haya consecuencias relevantes para esos funcionarios públicos implicados me opondré a cualquier normativa que conculque la libertad de los chilenos”, manifestó el diputado Agustín Romero.
Bernardo Fontaine, conocido economista defensor de empresarios, también emitió la frase torpe burlándose nada menos del ex fiscal Gajardo: “otro ingenuo que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias”, escribió, junto a tres emoticones de carcajadas. Ni corto ni perezoso Gajardo le respondió con datos duros. Le dijo que según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en más de la mitad de las sentencias por lavado de dinero se usaron los bancos para hacerlo. “Secreto bancario es clave”, señaló el ex fiscal. No es raro: “lavar dinero” significa, precisamente, legalizar platas “sucias” introduciéndolas al sistema bancario formal.
La alcaldesa
Como es tan impresentable oponerse a encontrar la ruta del dinero del crimen organizado, la alcaldesa Matthei aseguró que desde su sector están disponibles para avanzar en la materia, pero que no confían en la labor del Servicio de Impuestos Internos, ya que está controlado por el Gobierno de turno.
“Nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del Servicio de Impuesto Interno que pueda hacer lo que quiere. Y que si no hace lo que le gusta al gobierno, lo remueven”. Y siguió en su curiosa declaración: “¿A quién cree usted que va a fiscalizar con el tema del secreto bancario el director del Servicio de Impuesto Interno? Obviamente que a puros de la oposición. Entonces, si ellos están dispuestos a tener un gobierno corporativo decente en Chile, como lo son en los países de la OCDE, naturalmente estamos dispuestos a levantar el secreto bancario. Pero a un señor que si hace algo que no le gusta al gobierno, lo remueven al día siguiente, no le vamos a dar esa facultad”, agregó.
La verdad es que la norma en discusión no apunta a revisar las cuentas de cualquier persona como han señalado las derechas. Deberá hacerse, tal como dice en la actual ley, sobre una operación sospechosa, previamente reportada o detectada por los organismos facultados para hacer la solicitud. La diferencia estriba ahora en que con las modificaciones que propone el gobierno, será la persona investigada la encargada de demostrar el por qué no se debería levantar el secreto bancario en su contra, y no al revés como es hoy. “El caso de la modificación del procedimiento para el levantamiento del secreto bancario que, manteniendo un procedimiento judicial, traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse a su levantamiento ante el tribunal correspondiente, sujeto a un procedimiento especial y abreviado que entregue certeza a todas las partes”, dice la propuesta del gobierno.
“Asimismo, se implementa la posibilidad de realizar una fiscalización unificada al grupo empresarial, incrementando la eficiencia en el quehacer de la Administración y evitando decisiones contradictorias”, añade.
Una de las opciones que también aparecen en el horizonte es acortar los plazos para que el tribunal autorice o rechace la solicitud de levantar el secreto bancario.
Lo concreto es que ese secreto bancario al cual las derechas se oponen levantar, se ha convertido en un refugio para quienes buscan evadir impuestos y lavar dinero. Aunque la protección de la privacidad financiera es un derecho legítimo, en Chile, esta normativa ha sido utilizada como una barrera que dificulta el trabajo de las autoridades tributarias y judiciales.
Por lo mismo, aprobar el proyecto que entrega nuevas atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero, mediante la creación del Subsistema de Inteligencia Económica, es un paso indispensable. Así, se ajustan sus facultades para que puedan acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial. Asimismo, “establece una serie de medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, permitiendo así perseguir ‘la ruta del dinero’”.
La guinda de esta torta la puso el diputado Johannes Kayser, futuro candidato presidencial. Cree él. “El alzamiento del secreto bancario permitiría a este gobierno tener conocimiento de todos los movimientos económicos de sus opositores (funas, persecución tributaria). Es pieza fundamental para imponer en Chile un sistema de crédito social a la China”.
