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Fondo Alquimia abre convocatoria anual para financiar a organizaciones sociales y comunitarias

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“Sosteniendo la vida” es el nombre de la Convocatoria 2024 de Fondo Alquimia, a través de la cual se entregará financiamiento de hasta USD6.000 a organizaciones sociales, de mujeres, feministas y de disidencias sexuales y de género. Las organizaciones seleccionadas recibirán también acompañamiento, formación y acceso a espacios de articulación.

El Fondo Alquimia trabaja por la construcción de sociedades solidarias, respetuosas e inclusivas que participen colectivamente en la construcción del buen vivir. Con este fin, se dedica a la recaudación y entrega de recursos directos a las organizaciones que trabajan por la transformación, mejorando sus vidas y la de sus comunidades, con iniciativas colectivas que faciliten el acceso a derechos, mejoren sus vidas, o den respuesta a los problemas de todas de sus comunidades.

En sus 22 años ha apoyado a 951 organizaciones y redes, de todas las regiones del país, entregando un total de 4.080 millones de pesos. Las organizaciones apoyadas se seleccionan una vez al año a través de una convocatoria pública que se caracteriza por la simpleza de su postulación y por no exigir requisitos como personalidad jurídica para acceder a financiamiento.

Este año, a través de su #ConvocatoriaAlquimia2024 “Sosteniendo la vida”, esperan financiar a cerca de 80 organizaciones de todas las regiones de Chile. Las organizaciones seleccionadas recibirán aportes directos de entre USD3.000 y USD6.000, además de acompañamiento, talleres de formación en temas de su interés y participación en espacios de articulación con activistas de todo el país.

“Sabemos que son tiempos complejos, marcados por la falta de trabajo, la precarización económica de las comunidades y los discursos de odio que afectan a diversas comunidades. Por eso, este año queremos apoyar a más y nuevas organizaciones. En nuestros 22 años hemos visto que, en contextos complejos, de crisis, son las organizaciones sociales y comunitarias las que sacan adelante a sus comunidades, las que se apoyan mutuamente y las que transforman sus propias vidas y la realidad de todos”, afirma María Paz Becerra, Coordinadora Ejecutiva de Fondo Alquimia.

Este año con especial énfasis esperan apoyar a una multiplicidad de causas y activismos, tales como: la erradicación de todas las formas de violencia; la defensa de los derechos de las personas y comunidades +LGBTIQANB; el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; la construcción de economías alternativas con énfasis en la Justicia Económica y los cuidados; la defensa de la naturaleza ante la crisis climática y el avance de los extractivismos, y las iniciativas solidarias en contextos de crisis, entre otros temas.

Para postular hay que ingresar al sitio web de Fondo Alquimia, leer las bases de postulación y elegir una de las tres formas de postular. La Convocatoria estará abierta hasta el 27 de mayo de 2024 a las 23:59 hrs.

Esta convoctoria está habilitada en lengua de señas para ser accesible para personas sordas, en audio para personas ciegas y en colores sin contraste para personas con diversos problemas visuales y neurodivergentes.

Hipertensos: Estos medicamentos y suplementos pueden afectar aún más tu presión

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En mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión y, a pesar de seguir con sus tratamientos al pie de la letra, muchos pacientes se ven afectados por consumir productos que interfieren con éstos. Sepa cuáles son.

En Chile, casi el 30% de la población mayor de 15 años tiene sospecha de sufrir hipertensión, aunque sólo el 50% de ellos sabe que la padece, según la última Encuesta Nacional de Salud. A nivel mundial, afecta a más de 1.200 millones de personas entre 30 y 79 años, siendo uno de los principales factores de riesgo de muerte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, su control es primordial en el bienestar de quienes la padecen, siendo primordial identificar los factores que podrían afectar en su tratamiento.

La hipertensión es un trastorno cardiovascular, definiéndose como la presión arterial alta constante o de forma persistente en el tiempo, en que la fuerza de la sangre que empuja las paredes de los vasos sanguíneos (arterias) es mayor de lo normal. En etapas tempranas no presenta síntomas, por eso es de difícil detección, aunque con el paso de los años, puede causar estragos. “Si no se detecta y controla oportunamente, esta afección puede desencadenar una serie de problemas adicionales de salud, como enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares”, menciona Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.

Sin embargo, la profesional señala que también hay factores externos que dificultan un tratamiento farmacológico exitoso, más allá de que el paciente mantenga una dieta adecuada, reduciendo el consumo de sal, alcohol y tabaco, o que realice ejercicios de forma constante. “Algunos medicamentos y suplementos pueden afectar la presión; mientras unos la elevan otros impiden la correcta efectividad de los fármacos utilizados para controlarla”, enfatiza.

Por esto, para Molina es fundamental no sólo que los pacientes se informen de estas particularidades, ya que muchos de estos medicamentos son de venta libre en farmacias, sino también que los profesionales sanitarios los eduquen, sobre todo en épocas donde la automedicación puede hacerse presente para afrontar los síntomas de gripes o resfríos.

Precaución

Ciertos analgésicos, sobre todo aquellos que producen retención de líquido, pueden afectar la presión. Mucha agua en el organismo puede generar problemas renales y, por ende, elevar la presión arterial. Algunos de ellos son la aspirina, el naproxeno o el ibuprofeno, cuando se ingieren en dosis inadecuadas o varias veces al día.

“Un paciente hipertenso debería consultar con su médico tratante cuál es el analgésico que podría ingerir -incluyendo las dosis- en casos de dolores o molestias leves. La idea no es fomentar la automedicación, pero sí orientar al paciente sobre qué hacer en caso de un dolor de cabeza leve o una molestia muscular como una torcedura, por ejemplo”, indica la farmacéutica.

Otro grupo de medicamentos con los cuales se debe ser cauteloso son los descongestionantes o medicamentos para tratar los síntomas del resfrío. En este caso, Molina comenta que “algunos de ellos estrechan los vasos sanguíneos, lo que dificulta que la sangre pase a través de ellos, elevando la presión. Asimismo, otros podrían hacer que los medicamentos indicados para tratar la hipertensión no sean tan eficaces como se espera”.

Hay anticonceptivos hormonales (píldoras, parches u otros dispositivos) que también inciden afectando la presión. “De hecho, el alza de la presión se presenta como uno de los efectos secundarios en este tipo de fármacos, por lo que si una persona es mayor de 35 años, con sobrepeso o fumadora, se elevan los riesgos de sufrir la enfermedad. Por el contrario, si una mujer ya la sufre, es importante que hable con su médico para ver un método diferente o si es necesario ajustar la dosis”, recalca la profesional.

Por su parte, otros medicamentos como los antidepresivos, algunos inmunosupresores o estimulantes cerebrales pueden afectar la presión arterial, por lo que es importante que se consulte con el médico en caso de que deba seguir un tratamiento con alguno de ellos.

Pero no podemos olvidar que algunos suplementos también la afectarían y, posiblemente, el paciente no lo sepa o crea que por ser “naturales” no tienen mayor injerencia en el organismo. De acuerdo con Molina, “las hierbas producen reacciones químicas en el organismo igual que otros componentes como la cafeína, que influyen directamente en la presión. El ginseng o el guaraná están dentro de este grupo, por lo que se debe evitar consumirlas o ingerir alimentos o bebidas que las contengan”.

Si una persona hipertensa tiene dudas, es importante que consulte con su médico o con el químico farmacéutico al momento de adquirir algún medicamento de venta libre. “Muchas veces los pacientes cometen estos errores sin tener conciencia de que, a pesar de que siguen su tratamiento y las instrucciones para controlar su enfermedad al pie de la letra, están consumiendo productos que van a incidir en su presión. La comunicación con los profesionales de la salud, en estos casos, es primordial”, finaliza la farmacéutica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de la Ley Corta de las Isapres evitó un desastre

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Marcia Pineda Soto
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La aprobación de la Ley Corta que guste o no, favorece a las Isapres aunque sea por poco tiempo, fue un verdadero termómetro respecto del liderazgo del gobierno y particularmente del Presidente Gabriel Boric. No fueron pocos los parlamentarios oficialistas que pusieron el grito en el cielo calificando la nueva ley, como un “perdonazo” a las odiadas por unos y queridas por los menos, Isapres. En tiempos pre electorales, este tipo de problemas sirve con mucho para lograr pantalla. Y allí estaban los detractores descalificando la propuesta gubernamental cuya aprobación se logró con grandes dificultades .Definitivamente, el gobierno no tenía salida con este problema.

La Ley Corta –como se la bautizó- se aprobó y no dejó contento a nadie. Ni siquiera a las verdaderas responsables del peligro que vivió el 17 por ciento de chilenos y chilenas de ingresos más altos (3,3 millones) afiliados a esas aseguradoras de quedarse sin prestaciones de salud: las Isapres, que durante años cobraron por encima de toda norma a sus clientes. De ello dio cuenta la Justicia. La Corte Suprema reaccionó a la masiva judicialización por las alzas de los valores de las aseguradoras. A través de un fallo dictado el año 2022, obligó a las Isapres a ajustar el valor de sus planes y devolver millones de dólares por cobros excesivos a sus afiliados. De cumplir el fallo, quedaban al borde del colapso financiero. La deuda supera -según la Superintendencia de Salud- los US$1.500 millones. Para las Isapres y sus defensores en el Parlamento, era algo «impagable».

El lunes era el día D. Si no se aprobaba la Ley Corta, podía ocurrir una catástrofe de proporciones para los afiliados al sistema. Y también para el sistema público. El punto era que un potencial quiebre de las Isapres, dejaría en el descampado a chilenos y chilenas usuarios habituales de esos planes de salud, y lo peor, el impedimento objetivo de continuar con procesos médicos en pleno desarrollo, como un cáncer por ejemplo. El éxodo hacia Fonasa hubiera sido masivo. Y el Estado no tenía la capacidad de acogida que se requiere. Por ahora.

La cuestión es que se conjuró la crisis. La iniciativa aprobada por la mayoría de los parlamentarios fue un verdadero dolor de cabeza para el Ejecutivo. No es menor tragarse el alza de los precios en los planes de salud de sus afiliados. Será inevitable. Y aunque el oficialismo se tragó ese sapo entre otras lindezas, lo cierto es que la derecha tampoco quedó contenta con la aprobación de la modalidad de una cobertura complementaria en Fonasa, y menos, con la prohibición de retirar utilidades a los dueños, hasta que no paguen hasta el último peso de la deuda con los afiliados. Para disgusto de muchos, Fonasa resultó muy fortalecido.

Y quienes sintieron que el vellocino de oro estaba a un tris de salir de su control fueron las Isapres. Así lo evidenciaron Banmédica y Vida Tres, que emitieron un comunicado expresando su descontento ante el proyecto de ley aprobado. Señalaron que este “no consideró ninguna de las múltiples soluciones técnicas presentadas por diversos expertos que permitían mitigar el impacto que genera sobre las personas el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores”.

Y por supuesto, señalando que su preocupación era la suerte de sus afiliados, deslizaron cuál era su miedo real: “la ley aprobada, aun cuando permitiría alcanzar un equilibrio en el corto plazo, no asegura la sostenibilidad del sistema privado en el largo plazo. Por el contrario, genera importantes distorsiones en los precios de los planes de salud”.

Esta ley corta establece un plazo máximo de 13 años para que la deuda sea devuelta a los afiliados menores de 65 años. En el caso de los mayores de 65, el lapso se reduce a cinco años, mientras que para los mayores de 80 años este plazo baja a dos años.

Las responsabilidades

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, finalmente lograron imponer la propuesta del gobierno, aunque –y lo han dicho en todos los tonos- no quedaron felices con ello.

Fue un trabajo arduo el de ambos secretarios de Estado. Se aprobó la ley que curiosamente dependía más del oficialismo que de la oposición. Es que los díscolos abundaron en algún momento. Ejemplo de ellos fue la posición asumida, por ejemplo, por dos senadores socialistas: Alfonso de Urresti y Juan Luis Castro. Este último llegó a decir que con la aprobación de estas normas “se estaría volviendo a castigar a la gente”. De Urresti, por su parte señaló que no quiere “ser cómplice en avalar una situación que no beneficia a los ciudadanos y, peor aún, consolida una situación dolosa”.

Por ello es que entre ires y venires, y previo a la votación, la ministra denunció que se había llegado a esta situación “por responsabilidad de la industria y la inacción legislativa». Dijo que «el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad» creando un proyecto para cumplir la sentencia «dando estabilidad al sistema»

Añadió que de no aprobarse la propuesta, “se arriesga seriamente que las seguradoras puedan continuar con su función y continuar con el financiamiento de las prestaciones a los afiliados». Advirtió que la situación de insolvencia en la que entrarían las Isapres sin esta ley, «arrastraría a prestadores privados, quienes son fundamentales para cubrir las necesidades de salud de toda la población».

La defensa del Presidente

El Presidente Boric salió a defender su propuesta. “Para nuestro gobierno la posición fue siempre clara. Había algunos que señalaban que nosotros no teníamos interés en resolver este problema. Sin embargo, nosotros señalamos que nuestra posición desde un principio era cumplir con el fallo de la Corte Suprema, proteger la salud de las personas, terminar con los abusos y evitar cualquier tipo de perdonazo. El proyecto aprobado logra esto, además, otorgando estabilidad al sistema de salud, que creo es tremendamente importante”.

No evitó repasar la irresponsabilidad de las Isapres: “…durante demasiados años las isapres realizaron cobros abusivos como ha establecido la Corte Suprema y discriminaron de manera injusta a parte de sus usuarios. Hay una irresponsabilidad allí que provocó este complejo escenario. Los montos cobrados en exceso deben devolverse y las Isapres van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas con prioridad a las personas de mayor edad”, dijo Boric.

Y por supuesto, destacó lo logrado para Fonasa: “Existirá un fortalecimiento histórico a Fonasa que hoy atiende al 84% de la población. Estos usuarios de Fonasa ahora podrán contar con seguros complementarios que les darán mejores condiciones económicas para también tener sus atenciones en prestadores privados, lo que se suma además a todo lo que hemos avanzado en materia de Copago Cero que ya ha beneficiado a más de un millón de personas”.

 

 

En tres años, Alcaldesa de Lo Espejo ha logrado impulsar más proyectos que su predecesor en ocho años

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A diferencia de la administración anterior, que priorizó deportes 21%, veredas 19% y vallas peatonales 15%, la actual gestión municipal ha enfocado sus esfuerzos en áreas clave, como educación 40% y espacios públicos 31%.

En solo tres años ocupando el cargo, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, ha logrado ejecutar 239 proyectos orientados a diferentes áreas de la comuna. Estos trabajos representan un avance respecto de la administración anterior, liderada por el ex alcalde Miguel Bruna (PPD), quien en ocho años logró concretar 138 proyectos.

De acuerdo con los documentos publicados por la Secretaría de Planificación (SECPLA) de la Municipalidad de Lo Espejo, uno de los ejes centrales de la gestión de la alcaldesa Reyes se ha enfocado en fortalecer la educación, con un total de 36 proyectos ejecutados desde que asumió el cargo. Estos proyectos han implicado inversiones en infraestructura, entrega de vestimenta para estudiantes, materiales educativos y dotación de equipos tecnológicos. Además, se creó un Preuniversitario Comunal gratuito y se implementó el Programa Escuelas Abiertas, lo que significó una inversión de $5.009.974.668.

Por el contrario, durante la administración del ex alcalde Miguel Bruna, el municipio de Lo Espejo ejecutó apenas 18 proyectos educativos en ocho años, lo que implicó un gasto de $2.819.105.284.

Al ser consultada, la alcaldesa de Lo Espejo señaló que “nos pone muy contentos que el trabajo de estos tres años haya rendido frutos concretos para nuestra comunidad. Son los mismos vecinos quienes nos comentan que ahora sí se ven los recursos en las calles, escuelas y plazas. Esto nos pone muy contentos, porque es el resultado de nuestro trabajo y enfoque por el buen vivir”.

Otra área donde Lo Espejo ha puesto el foco en los últimos tres años es en seguridad. Esto se ha traducido en el financiamiento de proyectos como el recambio total de luminarias, nuevas cámaras de seguridad, la compra de vehículos para patrullaje y la instalación de lectores de placa patente.

En términos de inversión, durante los ochos años de la administración de Miguel Bruna se destinaron $515.599.133 en seguridad, versus los $490.010.064 que ha invertido Javiera Reyes en sus tres años liderando el municipio. Esto se traduce en un alcance del 95% de la gestión por parte de la alcaldesa en menos de la mitad del tiempo en comparación con la administración anterior.

Otra gestión importante de la nueva administración han sido las alianzas con diferentes instituciones para recibir apoyo y financiamiento.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, dijo que “yo sé que las cifras no significan mucho, pero antes de que nosotros llegáramos a nuestros cargos, Lo Espejo estaba en el ranking número 38 de inversión regional. Hoy día, a través del trabajo del municipio y de la alianza con nosotros, está en el número 14”.

 

 

Diputados Manouchehri, Cicardini y Soto: “La derecha con su indicación busca liberar a pedófilos, narcotraficantes y genocidas”

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El diputado Daniel Manouchehri, junto a los parlamentarios Daniella Cicardini y Leonardo Soto, dio a conocer información de que al menos 776 personas serían los eventuales beneficiarios por esta indicación dentro de los cuales habrían graves criminales.

Los diputados del PS Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Leonardo Soto emplazaron a la derecha por la aprobación de una indicación que permite que personas privadas de libertad mayores de 75 años puedan cumplir su pena con arresto domiciliario, aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Manouchehri dio a conocer que al menos 776 personas serían los eventuales beneficiarios por esta moción, mediante la respuesta a un oficio solicitado por el legislador al Ministerio de Justicia. “La derecha quiere liberar a pedófilos, narcotraficantes, torturadores y a graves criminales y genocidas”, acusó.

En esa línea, el legislador por la Región de Coquimbo indicó que “dentro de estas personas que quiere beneficiar la derecha para sacar de la cárcel, hay al menos 66 personas que están cumpliendo condena por delito de violación de menores de 14 años; 139 personas condenadas por homicidio, incluyendo homicidio simple y calificado; 137 casos por delito de abuso sexual de menores de 14 años; 145 personas condenadas por secuestro; 76 personas condenadas por tráfico de drogas y 28 personas condenadas por torturas y tormentos”.

Asimismo, la diputada Daniella Cicardini pidió “sensatez, responsabilidad y seriedad” a la derecha, agregando que el proyecto original, tramitado en la comisión, “aumentaba la pena de los delitos, pero la derecha hizo ingreso de una indicación que es aberrante. Muchos de ellos se muestran como los verdaderos ‘sheriff’, que ‘pongamos mano dura a la delincuencia’, ‘que se sequen en la cárcel los criminales’, pero con esta discusión lamentablemente esta ley se transforma en la impunidad”

“Porque cuando se acuerdan de los ‘tatitas’ se les olvida absolutamente este discurso que para la galería les sirve, cuando la gente tiene miedo, cuando sabemos que estamos en una crisis de seguridad. Porque esta iniciativa lo que va a permitir es dejar fuera de la cárcel a asesinos, a violadores y abusadores sexuales de menores, a torturadores”, recalcó.

“Este mensaje que entrega el Congreso Nacional es equívoco y espero que puedan recapacitar, porque lo que no puede suceder es que la derecha insista en este doble discurso que, en la práctica, los chilenos y chilenas deben saber que cuando hablamos de los de Punta Peuco, se les olvida la empatía por todas esas víctimas y familiares de esas víctimas”, apuntó la parlamentaria por la Región de Atacama.

En ese sentido, el diputado socialista Leonardo Soto fustigó a la oposición por su posición en la agenda de seguridad, manifestando que “nos preocupa que esta nueva derecha tenga una especie de regresión hacia el pasado. Una regresión yo diría que como patología clínica que hay que estudiar, porque hoy día propone esta nueva derecha lo mismo que hacía la vieja derecha de la dictadura, que es liberar a los torturadores, dejar en libertad a los genocidas, dejar en libertad a personas por el solo hecho de que tengan más de 75 años de edad, sin importar que son miles las víctimas de tortura, homicidio, abuso sexual y violaciones”.

“Y esto se suma a otra regresión, que quieren que hacia el futuro se aplique la justicia militar a los casos de abusos de militares cuyas víctimas son civiles, como ha ocurrido en la fatídica marcha de los conscriptos de Putre, donde las familias claman justicia y piden que esto no se vea en la justicia militar. Esta nueva derecha es más retrógrada que la antigua derecha de la dictadura y eso es muy malo para Chile, porque demuestra que no tienen nada que ofrecer hacia el futuro, solo viajar al pasado, al peor pasado de la derecha”, remarcó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia municipios por el cuidado real de mascotas en Chile

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Andrés Kogan Valderrama
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Según un estudio realizado en conjunto por la Universidad del Alba y la Asociación de Municipalidades de Chile (1), el 66,3% de los municipios en Chile tiene una institucionalidad para la aplicación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito), y el 79,9% cuenta con ordenanzas municipales al respecto, lo que se suma a que un 34% no cuenta con un departamento dedicado a la supervisión de la tenencia responsable.

Una realidad municipal que nos preocupa a quienes nos parece fundamental el cuidado de perros y gatos, sobre todo quienes somos rescatistas y vemos diariamente perros y gatos maltratados, abandonados y atropellados en las calles, como consecuencia de personas que no empatizan aún con el sufrimiento de todos ellos, acompañado por una institucionalidad aún muy débil y que no está a la altura de las circunstancias.

Es cierto, se ha avanzado en muchas municipalidades en lo que se refiere a servicios veterinarios (vacunación y esterilización), instalación de microchips y Registro Nacional de Mascotas, caniles, instancias de adopción, pero eso no ha ido acompañado de una real fiscalización de tenencia responsable de mascotas, en donde todas las personas tengan la obligación de darle cuidado a perros y gatos, y que no quede en la mera voluntad individual de cada uno.

De ahí que existan tantas organizaciones dedicadas a recoger, dentro de lo posible, a innumerables perros y gatos extraviados, en pésimas condiciones y muertos, por la irresponsabilidad e indolencia de personas que ven a las mascotas como simples objetos y adornos, y no como seres sintientes, que merecen ser sujetos de derechos a nivel legal y ser considerados de verdad en las políticas públicas.

Dicho esto, los municipios podrán decir que tienen recursos limitados y que tienen prioridades como infraestructura, salud, educación y seguridad, por ejemplo, pero veamos qué pasa en gobiernos locales con altos ingresos, y ver si existen grandes diferencias al respecto con comunas que viven de lo que les da el Fondo Común Municipal.

Es el caso de la Municipalidad de Las Condes, que a pesar de tener un enorme presupuesto, tiene mucho por avanzar de forma urgente. Su alcaldesa, Daniela Peñaloza, en la última cuenta pública, se enorgulleció al nombrar logros como tener el primer crematorio municipal del país, subir las rejas de algunos caniles y tener dobles entradas, así como también tener descuentos para medicamentos y haber realizado la a primera corrida perruna en la comuna (2).

La verdad, es que como vecino de Las Condes me parece una burla que se hable de corrida perruna y no diga ninguna palabra sobre el drama que viven gatos y perros, sobre todo en invierno, y que el municipio no tenga una política al respecto. No basta con esterilizar y poner microchips a algunos perros y gatos que son llevados por sus familias (que por cierto, suelen ser tutores responsables), si no nos preocupamos de los que están sufriendo el abandono y maltrato, exponiéndose a enfermedades, heridas y hasta a la muerte.

Cualquiera que haya rescatado a un perro o un gato en la calle en Las Condes, sabrá que la municipalidad no colabora, por lo que solo queda difundirlo en Sosafe y a través de nuestras redes sociales personales o con ayuda de otras organizaciones, y contar con lectores de microchip de forma particular o solicitar lectura en una clínica veterinaria, a la par de buscar por cuenta propia hogares temporales.

La Municipalidad de Las Condes ni siquiera dispone mayormente de lectores microchips (sólo cuentan con ellos pocos funcionarios pertenecientes al Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis y en horario hábil) y con suerte lo difunde en su página, pero no mueve un dedo cuando se le solicita ayuda en caso de emergencia para retención, traslados y resguardo, ya que no cuenta con la estructura y programas para hacerlo.

Atención aparte merece el apoyo en manejo de colonias de gatos ferales, en donde sí destaca la Municipalidad de Las Condes, gracias a un programa que cuenta con funcionarios capacitados, facilitando la captura con jaulas trampa y gestionando la esterilización, para posteriormente retornar a los gatos al lugar donde se encontraban.

Con esto, no digo que no sea relevante lo que señaló Peñaloza en la cuenta pública, pero Las Condes, con los recursos que tiene, debería ser un modelo para todo Chile, y como mínimo tener un refugio para perros y gatos abandonados y/o perdidos y un área dedicada exclusivamente al rescate de animales domésticos, que permita generar una red de hogares temporales y definitivos, que sean debidamente supervisados desde el Municipio.

No se les pide tanto, de hecho el mismo Joaquín Lavin cuando fue alcalde de Las Condes, inauguró un albergue temporal para mascotas perdidas en invierno (3) y durante su gestión los inspectores de seguridad contaban con lectores de microchip. Pero ni eso tuvo continuidad, lo que muestra que se ha retrocedido en un aspecto central en el cuidado de las mascotas, quedando completamente desprotegidas ante cualquier peligro en las calles o en hogares irresponsables y maltratadores.

En definitiva, necesitamos tener políticas de cuidados de mascotas a nivel comunal de verdad y dejar de banalizar el tema como algo meramente simpático, tierno, transformándolo en un show mediático, como pasa en la Municipalidad de Las Condes, que organiza corridas perrunas pero no dice nada sobre perros y gatos abandonados,

1:https://www.udalba.cl/estudio-udalba-amuch-663-de-los-municipios-cuenta-con-una-institucionalidad-para-cumplimiento-de-ley-cholito

2:https://youtu.be/LdfnVFZ0tqc?si=unSqNLUsGXARIH2X

3:https://www.t13.cl/noticia/nacional/las-condes-habilita-albergue-temporal-mascotas-sistema-frontal

 

Gobierno presenta Mesa Técnica para la Promoción de la Inclusión y Participación de Personas con Discapacidad en Educación Superior

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Integrada por actores del sistema de educación superior, la instancia sugerirá modificaciones y/o propuestas de nuevas políticas públicas que respondan a los desafíos actuales y propicien avanzar hacia la atención universal de educación inclusiva.

 En el Salón Montt Varas del Palacio La Moneda se celebró el inicio del trabajo de la Mesa Técnica para la Promoción de la Inclusión y Participación de Personas con Discapacidad en Educación Superior, hito que se enmarca en el convenio de colaboración firmado el año pasado entre el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, y la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación.

En la instancia participaron autoridades de Gobierno como Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia; el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana; el director nacional del SENADIS, Daniel Concha; rectoras y rectores de instituciones de educación superior, parlamentarias de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, e integrantes de comunidades educativas vinculadas a temas de inclusión y discapacidad.

La mesa de trabajo estará compuesta por equipos técnicos de la Subsecretaría de Educación Superior, SENADIS, DEMRE y representantes de instituciones de educación superior, además de organizaciones de estudiantes con discapacidad y de la sociedad civil. El objetivo del espacio será revisar y proponer políticas públicas enfocadas en la promoción de la inclusión y participación de personas con discapacidad en la educación superior, y sesionará mensualmente. En mayo de 2025 la mesa presentará un informe con orientaciones de política pública.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, manifestó que «como Gobierno nos hemos trazado desafíos exigentes, con la convicción de implementar un sistema de educación pública, gratuita y de calidad. Esta mesa técnica es señal de esto. La educación superior de las personas con discapacidad es un derecho fundamental, cuyas condiciones de ejercicio deben ser garantizadas por el Estado».

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que “la inclusión es parte fundamental del derecho a la educación, no sólo para reconocer los talentos de las y los estudiantes, sino también para que el sistema educativo y las demás personas aprendan de quienes antes estaban fuera. Hemos hecho importantes avances en este sentido, pero todavía queda un camino importante por delante para que todas y todos los estudiantes tengan posibilidad de acceder a una educación superior con accesibilidad universal”.

El director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, manifestó que “la educación es un pilar fundamental para las personas con discapacidad, para su desarrollo en cada etapa vital y el ejercicio de su autonomía. Desde SENADIS queremos darle a la educación inclusiva la mirada de curso de vida, que se ocupe del ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes y las estudiantes, estableciendo un nexo posible y viable con la inclusión laboral. El convenio que hemos suscrito con la Subsecretaría de Educación Superior y el inicio de esta mesa técnica nos sitúa en el camino de este desafío para la educación inclusiva”.

En tanto, María Ignacia Fuentes, estudiante de Psicología y beneficiaria del Programa de Recursos de Apoyos para Estudiantes con discapacidad de Educación Superior del SENADIS, quien es persona sorda y, actualmente, realiza su práctica profesional en el Centro de Apoyo a Personas Sordas, durante la actividad expresó a través de lengua de señas chilena su mensaje: “Hola, hola… Esta es mi seña, mi nombre es María Ignacia, estoy estudiando psicología clínica, ya son siete años en la Universidad Católica, y quiero agradecer a SENADIS y también a mi Universidad Católica por todo el apoyo. Si no hay SENADIS, si no hay intérprete… cómo puedo aprender, cómo puedo entender a los profesores. Por eso quiero agradecer a la universidad los apoyos, los acompañamientos, los apuntes, la lectura fácil para que pueda entender mejor. Por ejemplo, si no hay apuntes, si no hay ayuda, cómo lo puedo hacer. No puedo mirar (a la intérprete) y leer a la vez. Muchas gracias de verdad por el apoyo. Ya me falta poquito para finalizar”, señaló la estudiante de Psicología, quien ha contado con el servicio de intérprete en lengua de señas chilena, permitiéndole el acceso a sus estudios e información durante su carrera.

Nuevos dueños de Farmacias Ahumada enfrentan primera negociación colectiva

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El sindicato que agrupa al 95% de los químicos farmacéuticos de la cadena espera lograr mejores condiciones laborales.

El principal sindicato de Farmacias Ahumada, Sinprofasa, que agrupa a las y los químicos farmacéuticos de la cadena inició su proceso de negociación colectiva y se transforma en la primera negociación colectiva de los nuevos dueños de Farmacias Ahumada. El año 2023, la multinacional Walgreens Boots Alliance (WBA) vendió Farmacias Ahumada a un consorcio de inversionistas chilenos organizado por LarrainVial.

Desde el sindicato han señalado, que las últimas dos negociaciones colectivas hubo buenos
resultados y que se dieron en procesos de mutuo respeto entre las partes. Por lo que las
expectativas para esta nueva negociación son bastante altas y esperan que el nuevo empleador esté a la altura de los tiempos.

Las demandas planteadas por los trabajadores incluyen reajustes salariales, reconocimiento de la trayectoria, mejores bonificaciones, bono de término de negociación y, además, están planteando un real reconocimiento a nuestra labor profesional en el ámbito de la salud.

Viviana Castañeda, presidenta del Sindicato, indicó que con los nuevos dueños la relación “hasta este minuto ha sido una relación cordial y nosotros estamos esperanzados de que salga todo bien”.

En diversos medios de prensa se ha señalado que los nuevos dueños pretenden reenfocar las farmacias hacia “centros de salud”, para Castañeda las profesionales del sindicato están por el mismo objetivo.

“Creemos que los químicos farmacéuticos somos los profesionales que estamos de cara a la gente, de cara a los pacientes. Por lo tanto, somos primordiales para transformar las farmacias en un centro de salud. Si los químicos farmacéuticos nos sentimos considerados, nos sentimos respetados, nos sentimos valorados en nuestro rol profesional y ello se traduce también en una buena negociación, creo que estaríamos también detrás de este objetivo”, indicó la presidenta del Sindicato.

El sindicato agrupa al 95% del total de químicos farmacéuticos de Farmacias Ahumada y abarcan a más del 90% de los locales del país. El Código Sanitario establece que los locales deben funcionar con uno de estos profesionales presentes durante todo el horario de atención.

El Proyecto Camelot en Chile, 1964: Planificación para la contrainsurgencia

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J. Patrice McSherry
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He seguido el Proyecto Camelot desde hace muchos años, como una herramienta encubierta de intervención estadounidense en los 1960 en Chile. Disfrazada como estudio académico, Camelot fue un instrumento de la contrainsurgencia en tiempos de revolución y poderosos movimientos sociales en América Latina. Era una época de muchos cambios, mucha consciencia política y movilización y muchas esperanzas para lograr cambios estructurales, todo dentro del contexto de la Guerra Fría. Especialmente después de la Revolución cubana de 1959, Washington quiso saber las probabilidades de revolución en toda la región, y cómo identificarla, controlarla y combatirla para perpetuar el dominio estadounidense. En 1964 el Proyecto Camelot fue lanzado en Chile, y, el mismo año, la CIA también inicio la anticomunista “campaña del terror” clandestina para descreditar a Salvador Allende en las elecciones presidenciales.

Camelot tenía como objetivo “predecir e influenciar” los procesos de cambio social y signos incipientes de revolución.Un general del ejército estadounidense dijo que Camelot “nos ayudaría a predecir el uso potencial del Ejército estadounidense en cualquier número de casos en los que la situación pudiera estallar”. La naturaleza contrainsurgente del Proyecto Camelot fue descubierta por el gobierno chileno, gracias en gran parte al académico noruego Johan Galtung, que tuvo un rol clave en avisar a sus colegas chilenos sobre los escondidos objetivos del proyecto. En un importante articulo reciente, dos académicas italianas, Lara Semboloni y Marcella Aline Toledo, escribieron que Galtung rechazó aceptar el rol del Ejército estadounidense en el proyecto [Semboloni y Toledo, “Unveiling Cold WarDynamics in Latin America: The Camelot Project”, European Journal of Interdisciplinary Studies, January-April 2024, 137) e identificó el proyecto como “colonialismo científico”. Varios profesores en Chile rechazaron cualquier participación en el proyecto. Luego un comité especial de la Cámara de Diputados del parlamento chileno organizó audiencias para investigarlo. Las sesiones del parlamente fueron muy críticas e indignadas. Camelot fue cerrado en 1965, al mismo tiempo que empezó en el Congreso de Estados Unidos una investigación propia.

En un artículo de 2011 expliqué así el Proyecto Camelot [McSherry, “Nuevos medios para vigilar a América Latina”, Página/12, 30 de octubre, 2011 [https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-180091-2011-10-30.html]:

“En 1964, la Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército de los Estados Unidos patrocinó el Proyecto Camelot, que fue un esfuerzo de recopilación de información en el contexto de la estrategia de contrainsurgencia. Camelot fue concebido, originalmente, para tener una vasta cobertura, abarcando países en todo el mundo en desarrollo. Sin embargo, el proyecto se implementó solamente en Chile y no por mucho tiempo. Los objetivos declarados del proyecto eran ‘diseñar procedimientos para evaluar la potencialidad de que se desarrollara una guerra interna al interior de las sociedades nacionales’ e ‘identificar… aquellas acciones que un gobierno pudiese desarrollar para mitigar las condiciones favorables a ella’. Bajo el camuflaje brindado por un proyecto universitario de ciencias del comportamiento [behavioral science], que se ubicaba en la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales de la American University (financiada por el Ejército), Camelot era un proyecto encubierto de inteligencia. En Chile, Camelot fue presentado como una encuesta académica, escondiéndose su relación con el Pentágono”.

Desde entonces, me he dado cuenta de que Camelot no fue implementado solamente en Chile. En mis investigaciones para mi libro sobre la Nueva Canción chilena (2015) encontré nuevas evidencias sobre el proyecto. En este libro escribí que ‘un proyecto similar fue descubierto en Brasil en menos de dos semanas y otros se lanzaron en Colombia (Proyecto Simpático) y Perú (Operación Task), patrocinado por SORO [Special Operations Research Office u Oficina de Investigación de Operaciones Especiales] y financiado por el DOD [Departamento de Defensa]”. Escribió el recién fallecido doctor paraguayo Martín Almada en 2014, “El Proyecto CAMELOT fracasó en Chile pero fue un éxito en Paraguay en el año 1970. Lo denuncié en mi libro de tesis Paraguay Educación y Dependencia, Universidad Nacional de La Plata, año 1974. Fueron encuestados paraguayos de todos los sectores de la sociedad para establecer sus opiniones políticas, sus creencias religiosas, su compromiso con la democracia, etc. Eso fue durante la dictadura de Alfredo Stroessner.” Según el autor argentino Juan José Navarro, Guatemala, Bolivia, México y Cuba fueron incluidos en el Proyecto Camelot originalmente [Navarro, “Cold War in Latin America: the Camelot Project (1964-1965) and the political and academic reactions of the Chilean Left wing[https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/70554/CONICET_Digital_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y] . Según Semboloni y Toledo, proyectos semejantes fueron programados para Egipto, Irán, Turquía, Corea, Indonesia, Malasia, Tailandia, Francia, Grecia, India, Nigeria y Franco-Canadá.

En Chile, Camelot se presentó como una pesquisa académica, ocultando su relación con el Ejército estadounidense. Los investigadores encuestaron a chilenos de todos los sectores sociales para determinar sus creencias políticas, su compromiso con la democracia y otra información personal. Según una chilena que participó en el proyecto, que entrevisté en los 90, cada persona entrevistada fue categorizada según su nivel de peligro o “potencial subversivo”. Cuando más tarde esta persona intentó obtener una visa estadounidense, las autoridades estadounidenses tenían un expediente completo sobre ella, con toda la información supuestamente confidencial que había proporcionado.

Las bases de datos de Camelot también se utilizaron para la guerra psicológica, para influir en las actitudes políticas y así manipular elecciones clave. La CIA computarizó y analizó los datos recopilados por Camelot y los utilizó para producir anuncios anticomunistas aterradores durante la campaña electoral de 1964 entre el candidato democristiano Eduardo Frei y el izquierdista Salvador Allende. En la propaganda, por ejemplo, a las mujeres se les dijo que, si Allende era elegido, sus hijos serían enviados a Cuba y sus maridos serían enviados a campos de concentración.

Aunque la Guerra Fría ya está en el pasado, supuestamente, este tipo de proyecto de “operaciones psicológicas” y propaganda coercitiva no ha terminado. De hecho, el poder de los gobiernos para vigilar y manipular a las sociedades es mucho más vasto hoy día. Es fácil difundir desinformación a través de las redes sociales. La inteligencia artificial expande las posibilidades de la decepción masiva y el fraude, en pro de los intereses de los Estados o élites malintencionadas. La batalla para conquistar “los corazones y mentes” de la gente continúa y se profundiza. Por ello, aunque algunos mensajes parecieran inocentes o inocuos, vale la pena ser escéptico e investigar y chequear fuentes, historias en redes sociales y encuestas antes de creerlas.Un pueblo educado es un pueblo invencible.

Servicio militar y derechos humanos

Por
Rodrigo Bustos Bottai
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La muerte del conscripto en Putre, la amputación de la mano de otro joven y los abusos que relataron los conscriptos que realizaban su servicio militar en Huamachuco, parecen asombrar poco a la opinión pública. Al menos no lo que se hubiese esperado considerando la gravedad de la situación.

Lo anterior puede ser porque nos estamos acostumbrando a tragedias así o porque sufrir este tipo de tratos forma parte de lo esperable en el contexto del servicio militar. Sin ir más lejos, a través de redes sociales, muchas personas escribieron comentarios muy ofensivos e inapropiados hacia los jóvenes. Algunas personas se atrevieron a mofarse e incluso a encararlos por su «falta de valentía».

Hacer el servicio militar no debe significar jamás que los jóvenes pueden ser víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a una situación similar a la que acabamos de ver en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática en su sentencia de 2017 en el caso Ortiz Hernández y otros versus Venezuela. La Corte sostuvo que “si bien la actividad militar conlleva en sí misma un riesgo por la naturaleza de sus funciones, el Estado se encuentra en la obligación de proteger la vida e integridad personal de los miembros de las fuerzas armadas en todos los aspectos de la vida militar, incluyendo los entrenamientos para afrontar situaciones de guerra o conflicto, así como el mantenimiento de la disciplina militar, entre otros”.

En el caso de los conscriptos de Putre además hay denuncias de maltrato y tortura. Los jóvenes, quienes estaban bajo la custodia del Estado, han señalado que fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores, esto mientras dormían, comían, desarrollaban una instrucción o durante las caminatas. Relatan también que se les exponía a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos. Todo esto jamás debe naturalizarse. Al contrario debe despertar empatía por el dolor de estos jóvenes y sus familias.

El Estado de Chile debe emprender varias acciones al respecto, por una parte, debe investigar oportuna y exhaustivamente lo sucedido, y si corresponde debe sancionar a los responsables, incluyendo a toda la línea de mando del Ejército. Por cierto, debe reparar a las víctimas y proporcionar garantías de no repetición para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.

En el esclarecimiento de los hechos es imprescindible que se realice el protocolo de Minnesota, el cual corresponde aplicar en casos de muerte en custodia del Estado y el protocolo de Estambul, el cual es pertinente para acreditar denuncias de tortura.

Por otra parte, es tiempo de hacer una revisión completa respecto a cómo se está realizando el servicio militar; adecuar los protocolos internos para prevenir actos de tortura y tomarse en serio la formación en derechos humanos en el Ejército y en todas las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el Estado tiene el deber de adoptar medidas preventivas de diversa índole, entre ellas de carácter administrativo o legislativo, a fin de reducir el nivel de riesgo al que se enfrentan los miembros de las fuerzas armadas en el marco de la vida militar.

Por cierto, es de extrema gravedad la denuncia de nueve conscriptos en la que indican que para tramitar la baja voluntaria debieron firmar un acta, la que sostenía que jamás recibieron apremios físicos, sicológicos, ni ningún tipo de maltrato. Si esta acusación es cierta estaríamos ante un intento de encubrir los hechos por parte del Ejército.

Es esperable que las acciones que se han anunciado a favor de esclarecer los hechos prosperen adecuadamente. Entre ellas está la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la designación de una ministra en visita por parte de la Corte Suprema y la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. El Estado debe hacer todo lo necesario para llegar a la verdad, reparar a las víctimas y dar garantías de que el sufrimiento de estos jóvenes no lo vivirán otros conscriptos. Esta vez el “nunca más” debe ser una realidad.

 

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