El Consejo sesionó durante 2023 y elaboró una propuesta con 33 recomendaciones en cuatro ejes vinculados con trayectorias formativas, promoción y prevención, atención focalizada y atención especializada.

En el Salón de Honor de la Universidad de Chile se presentó el informe “Recomendaciones y Orientaciones del Consejo Asesor de Salud Mental para la Educación Superior”, cuyo objetivo es relevar la importancia del bienestar y la salud integral de las y los estudiantes en sus trayectorias formativas y generar recomendaciones de política pública para consolidar una educación orientada al bienestar en todo el quehacer de las instituciones educativas.

El Consejo Asesor se conformó en 2023 como un espacio participativo, representativo y consultivo conformado por representantes del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y reunió a expertas y expertos en salud mental, representantes de las instituciones de educación superior, representantes estudiantiles (Confech, Anaes y Asemech), representantes de la Comisión Nacional de Acreditación, y de la Comisión de Convivencia Universitaria y Salud Mental del Cruch.

Los hallazgos obtenidos dan cuenta de la mayor visibilidad de la temática de salud mental en los procesos académicos y formativos, así como de los desiguales recursos y capacidades con que cuentan las instituciones para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y oportuna.

 Entre las principales recomendaciones del informe se encuentran temas como potenciales cambios en los planes de estudio de programas y carreras para diseñar currículums saludables, con especial atención a la coherencia entre la carga académica de las asignaturas y la vida saludable; instalar mecanismos que permitan mayor flexibilidad y diversificación a las mallas y planes de estudio; y evaluar la duración de las carreras a partir de un análisis de las cargas académicas a fin de que puedan adaptarse a los proyectos vitales de los estudiantes, a las realidades del mercado laboral y a la promoción de una educación para el bienestar.

 En la instancia el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró el trabajo del Consejo y expresó que “el informe adopta el principio de la corresponsabilidad, donde el resguardo de la salud mental es tarea de todas y de todos, incluyendo la política pública, los distintos estamentos de las instituciones educativas, y la sociedad en su conjunto, (…) “y creemos que estamos ante unas orientaciones integrales que nos permiten dar un paso adelante en esta materia tan sensible para el Gobierno”.

En la instancia participó también la doctora Soledad Martínez, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, quien señaló que “la salud mental es una prioridad para el Ministerio de Salud y hemos trabajado con el Ministerio de Educación en esta iniciativa que para nosotros es fundamental. Se da además en el contexto de la Ley Integral de Salud Mental que estamos trabajando intersectorialmente y que prontamente esperamos que pueda ser enviada al Congreso. En particular sobre esta línea de trabajo, y específicamente sobre estas recomendaciones, sin duda nos servirán en este camino legislativo, pero también nos aporta para poder fortalecer las coordinaciones con las universidades y el Mineduc y así poder implementar, desde ya medidas que vayan en respuesta a las comunidades  de educación superior. Desde el Minsal seguiremos profundizando el cuidado de nuestra población y amplificando con fuerza que nadie está solo o sola para enfrentar sus problemas de salud mental”.

Por su parte, la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, Josiane Bonnefoy, señaló que “estamos contentos de haber tenido acá en la universidad tanto el lanzamiento original como el cierre del trabajo del Consejo Asesor, y de haber podido contribuir y participar con nuestros investigadores en su elaboración. Por un lado, nos permitió compartir buenas prácticas que ya tenemos en funcionamiento y también conocer de otras instituciones las labores que ellos realizan. El contenido del informe nos permite reflexionar y revisar lo que estamos haciendo en los temas de salud mental, de convivencia, de bienestar de nuestros estudiantes”.

 En la actividad también hubo palabras de integrantes del Consejo Asesor representantes de instituciones de educación superior: Magdalena Silva Domínguez, vicerrectora de Apoyo al Estudiante de AIEP, y Vania Martínez, académica de la Universidad de Chile y directora del núcleo Milenio Imhay.

Esta última indicó que “las comunidades educativas en su conjunto son un espacio para poder promover una mejor salud mental. Estas 33 recomendaciones que se dan en este espacio son un avance y necesitamos pasar del diagnóstico a la acción, y para eso necesitamos  recursos tanto humanos como materiales. La salud mental es tarea de todos y todas”.

 Entretanto, la vocera de la Confech, Catalina Carroza, planteó que “para nosotros es muy importante que podamos ser representados dentro del Consejo Asesor de Salud Mental, ya que ha sido una demanda levantada dentro del movimiento estudiantil desde el año 2021 en

 el postpandemia, en donde estuvimos visualizando muchas necesidades de salud mental (…). También es necesario seguir activando todos los canales oficiales de la postvención, que no nos quedemos solamente en la prevención, en la intervención”.

El informe se encuentra disponible en el sitio web de la Subsecretaría de Educación Superior:

Informe Consejo Asesor en Salud Mental para la Educación Superior

En la actualidad 470 mil personas mayores de 18 años están en el registro.

Este jueves, se firmó entre el Servicio Electoral de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación un convenio de colaboración que permitirá contar con los datos de discapacidad de electores y electoras que hayan certificado su condición. El objetivo es poder planificar mejoras paulatinas en el acceso a las mesas receptoras de sufragios en los procesos electorales que se desarrollen en el país.

La actividad que contó con la presencia del ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el director nacional del Registro Civil, Omar Morales; el director nacional del Servel; Raúl García; y el director nacional de Senadis; Daniel Concha.

El director del Servel señaló que “esperamos poder asignar paulatinamente a electores o electoras con discapacidad a una ubicación más accesible dentro de los distintos locales de votación, de tal manera que ellos puedan ejercer su derecho a sufragio con mayor facilidad”.

“Desde hace años Servel está empeñado en lograr mayores grados de inclusividad en el ejercicio del derecho del sufragio y la suscripción de este convenio es un importante paso en esta dirección, más en un escenario de voto obligatorio”, señaló Raúl García.

En tanto, el ministro Cordero destacó que “facilitar la accesibilidad al derecho a sufragio de las personas con discapacidad era una tarea pendiente del sistema institucional y en algún sentido es la forma y modo de reconocer que no hay democracia sin el ejercicio pleno del voto. Hoy tenemos 541 mil personas que forman parte del Registro Nacional de Discapacidad y cerca de 470 mil son mayores de 18 años y en condiciones de ejercer su derecho a sufragar. Lo que hoy se suscribe no es solo un convenio, sino que, en estricto rigor, es el cumplimiento del estado para que todas las personas puedan ejercer sus obligaciones y derechos”.

Para Omar Morales, director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, el acuerdo está “poniendo al día la legislación respecto de los temas de discapacidad que estaban anclados en el pasado. Hoy día con el trabajo mancomunado, logramos este convenio que va a permitir transparentar a Servel el Registro Nacional de Discapacidad, permitiendo hacer las adecuaciones necesarias en los locales de votación”.

“Estamos dando cuenta de la responsabilidad del Registro Civil respecto no solo de prestar un buen servicio sino además de adecuar su legislación y evitar dificultar el acceso a esta información por parte de Servel”, indicó Morales.

A su vez, el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, relevó que “este es el camino para incluir a las personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad permitiéndoles que voten de una manera autónoma, ejerciendo su derecho a participar como todo elector en los procesos eleccionarios”.

En Chile, la Ley Nº 20.422 establece que la única forma de acreditar la discapacidad, para acceder a los beneficios y prestaciones sociales contenidos en ella, es mediante la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, que es el resultado del proceso de Calificación y Certificación de Discapacidad que se realiza ante el Compin.

El convenio, luego de un análisis de la información recibida, podrá ser aplicado de forma paulatina en los procesos electorales venideros dando muestra de un Servicio Electoral inclusivo, confiable y que trabaja para todo el electorado.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz informó la sentencia contra Sandor Allende Parada, quien además violó medida cautelar que prohibía acercarse a la víctima, sus hijos y su domicilio.

Pena única de quince años de presidio mayor en su grado medio, fue la sentencia que se comunicó al femicida, quien el 01 de julio de 2023 agredió brutalmente a su ex conviviente, en presencia de los dos hijos que tienen en común y en la vivienda de la víctima. Fueron diez meses de proceso judicial en el que participaron como querellantes, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la región de O’Higgins -a través del abogado de Violencia Extrema del servicio, Patricio Reyes- y el Ministerio Público.

Tras la presentación de abundantes pruebas y contundentes declaraciones de testigos, se dictó sentencia de forma unánime contra Sandor Allende Parada (39), quien cumplía prisión preventiva desde el mismo día de los hechos. Una vez cometido el delito, el autor arrancó en su auto, siendo perseguido y detenido por Carabineros de Chile, tras colisionar en un sector de la comuna de San Fernando.

Una vez conocida la sentencia, la directora regional del SernamEG O’Higgins, María Jesús Avello Rifo, manifestó que “el 2023 hubo 18 femicidios frustrados en la Región de O’Higgins -el doble de los casos ocurridos el 2022-, dentro de los que se encuentra la víctima del delito cometido por Sandor Allende Parada. Este hecho podría haber tenido un resultado fatal, y así lo acreditó la doctora forense del Servicio Médico Legal que entregó su informe sobre las lesiones de la víctima en este juicio. Pero, la atención oportuna y la ayuda de vecinos y familia permitió que hoy, una vecina de Santa Cruz siga con vida, junto a sus hijos. Sin duda, aportar en los procesos que permiten sentencias como éstas, nos impulsa como Servicio a seguir trabajando con mayor ahínco, por las mujeres de la región y no descansar en materias de prevención, y de apoyo directo para quienes sufren este tipo de situaciones”.

Por otra parte, Avello Rifo destacó la perspectiva de género con la que se abordó este juicio por parte de la magistratura competente, lo que “sin duda, permite abordar estos juicios en la dimensión que se requiere”. La autoridad regional explicó también que, los casos que cuentan con el patrocinio del SernamEG están sujetos al requerimiento manifiesto de las víctimas o sus familias, dado que como Servicio no cuentan con las atribuciones para presentar querellas de forma autónoma.

Es importante recordar que, todas y todos pueden denunciar situaciones de violencias de género, a través de los teléfonos 133, de Carabineros de Chile y 134, de la Policía de Investigaciones de Chile. En caso que se requiera orientación, se puede acceder al Nº 1455, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género o al WhatsApp +569 97007000.

En dos actividades, la Coalición se posiciona en la reciente Conferencia Mundial por la Libertad de Prensa organizada por Unesco.

La Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión en Chile, CoFLE, emerge por la defensa y promoción de la libertad de expresión en el país. Compuesta por el Colegio de Periodistas de Chile, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación (ODC), la Iniciativa por Más Periodismo y Libertad de Expresión (IPLE), la Red de Periodistas Migrantes, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (RedPerioFem), y la Fundación Datos Protegidos, desarrolló dos eventos de  relevancia en el marco de la Conferencia Mundial por la Libertad de Prensa que organiza la Unesco anualmente, la cual tuvo como sede a Santiago, entre el 2 y el 4 de mayo.

El día 2 de mayo, la CoFLE, presentó oficialmente su plataforma ante representantes de la sociedad civil, comunicadoras, comunicadores y periodistas, relevando la importancia de la colaboración para fortalecer este derecho fundamental.

Otro momento destacado de la participación de la CoFLE fue el conversatorio «Las deudas de la democracia con la libertad de expresión en Chile: propuestas de las organizaciones de la sociedad civil», que se realizó el día 4 de mayo en el marco de la Conferencia Mundial de Unesco.  En esta actividad, cada organización integrante de la coalición, dio a conocer su diagnóstico y propuestas sobre distintas aristas en relación al periodismo, como son los cambios constitucionales, la violencia hacia periodistas, la protección a la prensa, la perspectiva de género, las migraciones y la criminalización, la necesidad de pluralismo  informativo, adecuar políticas públicas a estándares internacionales, entre otros, para abordar las diversas formas en que la democracia chilena puede saldar sus deudas pendientes con la libertad de expresión.

Al respecto, César Baeza, director de la Iniciativa por Más Periodismo y Libertad de Expresión, señaló: “con principios que nos son comunes, pero con diversidad de miradas, estamos recorriendo un camino que «se hace al andar». La CoFLE, es un espacio en que hemos logrado presentar informes ante el Comité y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y unir fuerzas, organizarnos, para enfrentar una situación adversa, y hacer propuestas que aporten al ecosistema informativo y nuestra democracia en esta materia”.

Por su parte, Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, enfatizó algunos aspectos constitucionales: “una de las deudas de la democracia es eliminar las herencias constitucionales de la dictadura, por eso nos organizamos -varias de las mismas organizaciones que hoy estamos presentes- en el bloque por el derecho a la comunicación para incidir en los procesos de cambios constitucionales y garantizar derechos humanos en materia de comunicación que permitan democratizar el entorno mediático”.

En consecuencia, con lo pronunciado, Jorge Avilés, investigador del Observatorio del Derecho a la Comunicación, destacó las vulneraciones contra la libertad de prensa en los últimos años: “hemos observado que se han sofisticado, provocando que los escenarios de riesgo sean cada vez más peligrosos o complejos. La institucionalidad no ha logrado articular un velo de seguridad robusto para el ejercicio de la libertad de prensa y libertad de expresión, siendo las organizaciones de la sociedad civil quienes han tomado un rol relevante en la protección y acompañamiento de periodistas, comunicadores y comunicadoras”.

De igual manera, Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos, enfatizó: “esperamos contribuir también a visibilizar la dimensión de los actuales debates y desafíos que ponen en riesgo la  libertad de expresión en Internet , particularmente en plataformas digitales: situaciones de acoso y violencia digital hacia mujeres y personas de la disidencias sexogenéricas, periodistas y comunicadoras/comunicadores, casos de censura algorítmica, como lo son los casos de bajada o invisibilización de contenidos, etc”.

A su vez, Fabiola Gutiérrez, coordinadora de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, manifestó: “es urgente amplificar las voces de los territorios, abordar el problema de censura previa que existe en muchas periodistas, quienes, cansadas del acoso digital y de la precarización laboral, dejan de trabajar en el periodismo. Por eso, no es posible hablar del fortalecimiento de la democracia cuando aún existe una Constitución Política que no garantiza el Derecho a la Comunicación. Es momento de superar el diagnóstico”.

Finalmente, David Arboleda, coordinador de la Red de Periodistas Migrantes, abordó el enfoque de los medios para el tratamiento informativo de las migraciones, indicando que, “es imperativo que los medios de comunicación informen perspectiva ética e inclusiva, proporcionando la formación necesaria para que periodistas y profesionales de las comunicaciones, aborden la complejidad de la migración. Los medios tienen el poder de contribuir al debate de manera justa, evitando aumentar la hostilidad hacia las personas migrantes y refugiadas”

La participación activa de la CoFLE en la Conferencia Mundial por la Libertad de Prensa de la Unesco, además de reforzar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión en Chile, la posiciona como un actor clave en la promoción de un periodismo responsable y comprometido con los desafíos contemporáneos. Asimismo, la presencia de sus integrantes en distintos paneles durante el evento, resalta su relevancia para contribuir al mejoramiento del ecosistema informativo en Chile y como interlocutora en Latinoamérica.