El diputado Andrés Giordano (IND) junto a la diputada Marisela Santibáñez (PC) -ambos de la Comisión de Deportes y Recreación-, acompañados por el abogado de la víctima de la violación por parte de un grupo de ocho a diez cadetes en la sede del Club Cobreloa en septiembre de 2021, entregaron una carta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante el incumplimiento de los protocolos establecidos en la Ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional; solicitando a Pablo Milad que se pronuncie, entregue los antecedentes pertinentes y tome las medidas correspondientes en su rol de presidente de la ANFP.
En la misiva señalan que “el hecho estaba en conocimiento tanto por parte del club como de la ANFP, quienes no sólo no acogieron el relato de la víctima, sino que además, no activaron los protocolos correspondientes. Particularmente, se debió haber recurrido a lo establecido en el Decreto Supremo N° 21 del 2020 sobre la Ley N° 21.197”.
“Cuando una denuncia oficial sea recibida por parte de una organización deportiva regida por la Ley Nº 19.712 acusando acoso sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato, la autoridad institucional responsable deberá llevar a cabo de manera pronta y diligente todas las acciones requeridas según los procedimientos de intervención establecidos en el Protocolo. Esto deberá ocurrir desde el momento en que se haya recibido formalmente la denuncia, hasta que se haya completado su resolución”, agrega.
Desde Quilín, el diputado Giordano lamentó que “ninguna de las instituciones mandatadas para investigar tomara carta en el asunto y las responsabilidades recaen sobre Cobreloa y sobre la ANFP, donde si es que no hubo un pacto de silencio o de impunidad, por lo menos hubo un pacto de omisión, porque no se siguió la legislación que mandata expresamente a que se sigan los protocolos establecidos en la ley contra el abuso sexual, que obliga, entre otras cosas, no sólo a tomar acciones de investigación y sanción, que acá no han ocurrido, sino también a denunciar ante el Ministerio Público”.
“Se ha metido este caso debajo de la alfombra, que además no es aislado y que nos habla mucho de conductas que se reiteran y que permiten que en las instituciones deportivas ocurran este tipo de situaciones con total impunidad. Hay antecedentes que se puso a disposición de la Comisión de Deportes, que efectivamente dan cuenta de que el club y el propio presidente de la ANFP, don Pablo Milad, tenían conocimiento de esto hace mucho tiempo y que no se tomaron las acciones correspondientes”, agregó.
En esa línea, la diputada Santibáñez enfatizó en que “estamos en busca de la verdad. Hoy día la víctima tiene 20 años, esto pasó en septiembre de 2021. Acá hay mucha gente que sí lo sabía, a la que se le tocó la puerta como autoridad. Y en eso yo de verdad voy a ser drástica, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias; por eso hoy, desde nuestro rol de diputados y fiscalizadores, estamos pidiendo las explicaciones y las acciones que sean necesarias”.
Respecto a los ataques cibernéticos que ha recibido la denunciante, la legisladora aclaró que “no hay un comunicado de la hinchada, son personas que se sintieron atemorizadas por la desafiliación de un equipo que además recién sube a primera después de tantos años, de un equipo tan relevante como Cobreloa. Así que yo les pido que separemos las aguas, que no mezclemos las cosas. Acá obviamente hay situaciones que van a comprometer a los distintos equipos, pero recuerden que Cobreloa tiene el 99,9% del club en manos de sus socios, así que está en ellos también hacer algo”.
Asimismo, el abogado de la denunciante, Rodrigo Toledo, indicó que “tenemos evidencia de que estaban al tanto. Esto se trata de dirigentes deportivos que no cumplieron la ley. Desde ese punto de vista, tanto los dirigentes del Club Deportivo Cobreloa, cuanto la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tienen una responsabilidad legal. Debieron impedir que los presuntos agresores o responsables de esta situación tomaran contacto o vínculo de alguna naturaleza con la víctima denunciante, acoger la denuncia y transmitirla inmediatamente al Ministerio Público”.
“Esas medidas fueron adoptadas más de un año después de ocurrido los hechos, por lo cual la víctima se encontró en absoluta indefensión, razón por la cual nosotros nos encontramos aquí y agradecemos la labor que han realizado tanto los dirigentes políticos como los medios de comunicación, de poner sobre la mesa esta situación para evitar que se produzcan otras de la misma naturaleza”.
Durante la primera sesión de la Comisión de Deportes y Recreación donde se abordó este caso y que contó con el relato de la víctima, los diputados y diputadas aprobaron enviar oficios de fiscalización a la ANFP, la PDI, el Ministerio Público y los ministerios de la Mujer y Equidad de Género, y de Justicia y Derechos Humanos. El próximo martes 7 de noviembre, la Comisión realizará una nueva sesión para continuar abordando este caso, la que será secreta con el fin de proteger a la denunciante.
