Una nueva sesión sostuvo la Mesa por la Educación en Atacama, en la que de manera unánime las autoridades locales, que incluye al Gobernador Regional, legisladores y a representantes de las comunidades educativas, hicieron un llamado conjunto al Ejecutivo para que declare emergencia educativa en la zona. El propósito de esta declaración es movilizar recursos y esfuerzos adicionales, con el fin de abordar la crisis educativa que afecta al territorio.

Al respecto, la senadora Yasna Provoste, integrante de la instancia, explicó que “ya en la reunión pasada se reconoció por parte de la autoridad que no era viable la propuesta que ellos (Ministerio de Educación) habían señalado, con una fecha que daba cuenta que el diálogo ha sido lo más ausente entre el Ejecutivo y el Magisterio, y en donde también se ha señalado que muchos de los establecimientos educacionales recién van a estar habilitados el día 20 de noviembre”.

Por lo tanto -agregó la parlamentaria vallenarina-, “aquí lo que se requiere es buscar nuevas y mejores alternativas, y claramente en una declaración de emergencia educativa, acompañada de mayores recursos, de más flexibilidad, es lo que efectivamente buscamos en la región”.

Con ello, Provoste puntualizó en la necesidad de recordar que estamos hablando sólo de condiciones mínimas que permitan el ingreso a clases en los establecimientos educacionales del SLEP Atacama, “luego hay que garantizar también las condiciones de mediano plazo, que son las que el Ministerio debe garantizar en los meses de enero y febrero, de manera de que podamos tener un año escolar distinto”.

“Pausa Activa”

Paralelo a esta crisis educativa que están enfrentando no sólo los servicios locales de educación pública de la región de Atacama, sino que también en el país, la senadora Yasna Provoste propuso establecer una “pausa activa” que permita reformar la Nueva Educación Pública y “mejorar los problemas de gestión que han sido informados por la propia Contraloría General de la República, en donde se da cuenta en que estos problemas no son sólo en la región de Atacama sino también se extienden a otros servicios locales, como el de Colchagua, el de Coquimbo, en donde dos colegios han tenido que suspender clases por el no pago de los servicios básicos”.

En esta línea, la congresista especificó que lo que se ha planteado a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, “que ha sido la persona que el Gobierno le ha encomendado estas tareas, es que garantice la sustentabilidad financiera del Servicio Local de Educación Pública, de manera de poder asegurar que cuando se regrese a clase, el Servicio Local tenga efectivamente los recursos financieros para garantizar también el pago de los suministros básicos en nuestra zona”.

Asimismo, Provoste aclaró que “aquí no está no ha estado ni está en juego en que los estudiantes pierdan el año escolar. Creo que eso es bien importante despejarlo. Nosotros creemos en que aquí lo que tiene que garantizarse con mucha celeridad es que estén las condiciones habilitantes básicas para poder volver en dignidad, porque nadie puede imaginarse que los niños vuelvan a clase sin que existan suministros básicos: agua, energía, en que se haya resuelto el tema de las plagas de roedores, de palomas”.

Finalmente, la parlamentaria por Atacama detalló que también solicitarán “a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB) entregue un informe pormenorizado respecto de las resoluciones sanitarias de las distintas cocinas en los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública”.

Fiu, la mascota de los Panamericanos 2023, recibió esta mañana su cédula de identidad. El documento se lo entregó el corpóreo del Registro Civil Celia Run que llegó hasta el Estadio Nacional acompañado del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo y el director del Servicio, Omar Morales.

El encuentro de los dos corpóreos fue muy bien recibido por el público presente quienes aprovecharon de tomarse fotografías y grabar videos con las mascotas.

El director del Registro Civil recordó a los padres presentes “revisar el vencimiento de las cédulas de sus hijos e hijas, sobre todo ahora que se acercan las vacaciones y van a viajar. Los invitamos a pedir hora en la página web, estos últimos meses hemos hecho un gran esfuerzo y hemos terminado con las esperas que tuvimos por pandemia. Hay horas disponibles para los próximos días”.

En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas, las organizaciones firmaron un convenio por 4 años para proteger la libertad de expresión, enfrentar injusticias y abusos, e impulsar acciones para enfrentar situaciones de acoso judicial contra comunicadores/as.

En los últimos años la violencia contra la labor periodística en América Latina y el Caribe ha ido en aumento. Si bien en todo el mundo las y los comunicadores sufren inseguridad, amenazas y censura, la región se ha convertido en la más mortífera para la prensa, llegando a 44 homicidios en 2022, es decir, uno cada 4 días.

Estos crímenes, en muchos casos, no se investigan de forma adecuada y sus agresores no reciben sanciones. Situación que se repite en todo el planeta y tiene un efecto paralizador entre las y los comunicadores, provocando además un efecto estimulador entre sus agresores. Por ello, para generar conciencia y promover la implementación de medidas para enfrentar esta situación, en 2013, en la Asamblea de Naciones Unidas, se estableció la conmemoración del 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

En este contexto, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y el Colegio de Periodistas de Chile firmaron un convenio por 4 años para unir esfuerzos para la promoción y defensa de las personas que trabajan en la labor informativa, ya que nuestro país no es la excepción. Desde 2019 a la fecha, ODC ha registrado más de 400 ataques a la prensa, entre ellos el asesinato de la comunicadora Francisca Sandoval del canal Señal 3 La Victoria quien resultó herida por un disparo durante la cobertura de la marcha del 1 de mayo de 2022 en Santiago. Ese mismo mes, la diputada Nathalie Castillo ingresó a la Cámara de Diputados/as un proyecto de ley que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones (Boletín 14964-24), que fue aprobado por las y los Diputados en julio de 2023, tras más de un año de tramitación, pero que aún se encuentra pendiente de aprobación en el pleno de la Cámara y su tramitación en el Senado.

Según Javier García, presidente de ODC, “menos de un 20% de las agresiones a la prensa que hemos registrado terminaron en un proceso judicial. Las víctimas muestran poca confianza en el sistema de justicia porque en muchos casos no se sanciona a los responsables o porque los procesos judiciales son largos y desgastantes, por lo que finalmente solo los casos más graves son denunciados”.

Aseguró, además, que “en el país existen autoridades y personalidades públicas que usan la deficiente normativa de injurias para buscar silenciar e intimidar a las voces críticas, aprovechando que la ley es anacrónica, contraria a los tratados de Derechos Humanos y que restringe la libertad de expresión”.

De hecho, durante 2023, dos medios de comunicación fueron condenados por este delito: Interferencia y Resumen, quienes también han sido objeto de otras querellas, por lo que sus editores arriesgan cumplir una pena de cárcel si son sentenciados nuevamente por esta norma que no ha sido modificada, a pesar de que en marzo de este año la Corte Interamericana de Derecho Humanos exigió al Estado modernizar la ley, luego de la sentencia a Chile por vulneración a la libertad de expresión del defensor medioambiental y abogado, Carlos Baraona, quien fue condenado por injurias, transgrediendo su opción a expresar una crítica política a la gestión de una autoridad.

Por su parte, Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas, afirmó que “estamos muy contentos y conformes de por fin avanzar en nuestra alianza institucional con el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, de modo de concretar acciones en materia de libertad de expresión y de prensa, muy acorde a los desafíos que enfrentamos en esta materia, que son múltiples y que van mucho más allá de las vulneraciones a la prensa”.

“Para nosotros es fundamental establecer relaciones formales, institucionales y de largo plazo, de modo de fortalecer un plan de trabajo que permita resolver situaciones de libertad de prensa que se generan día a día, así como proyectar acciones de trabajo en red para fortalecer estos Derechos Humanos”, aseguró.

Entre los acuerdos, el convenio contempla el seguimiento conjunto de restricciones a la libertad de información, acciones para generar conciencia sobre el peligro de la impunidad de las agresiones a la prensa y la implementación, durante 2024, de un programa para entregar capacidades a periodistas y comunicadores/as para enfrentar situaciones de acoso judicial y querellas por injurias.

Asimismo, considera la colaboración en la entrega de información y recomendaciones a instituciones públicas y organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo los instrumentos del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ana Paredes Mota, de origen dominicano y víctima de violencia intrafamiliar, fue detenida junto a su hijo de 10 años, durante tres días en una instalación policial, después de someterse al proceso de empadronamiento promovido por el Estado de Chile.

Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), aseguró meses atrás a organizaciones de la sociedad civil que manifestaron temor frente al empadronamiento, que las personas migrantes «que no tuvieran nada que esconder» debían realizar el proceso, ya que resultaba beneficioso para el país.

Lo que en principio parecía un procedimiento rutinario el 24 de octubre en la oficina de la PDI, ubicada en San Francisco 253, comuna de Santiago, se convirtió en el encarcelamiento y posterior salida del país de Ana y su hijo, después de que la PDI le comunicara que existía una medida de expulsión administrativa en su contra debido a su ingreso por un paso no habilitado. Ana tenía conocimiento de una notificación de expulsión en su historial y había contratado a un abogado para abordar la situación, pero no recibió noticias posteriores sobre su caso.

El mismo 31 de octubre, cuando Chile recibió su séptima medalla de oro de las manos de Santiago Ford, un joven de origen cubano, quien se destacó como el mejor en decatlón y que en 2018 había cruzado un desierto minado para llegar a Chile, organizaciones de la sociedad civil de migrantes y pro-migrantes entregaron una carta firmada por 150 instituciones del país y 300 ciudadanos dirigida al presidente Gabriel Boric, al Ministerio de Interior, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a la Subsecretaría de la Niñez y a la Defensoría de la Niñez, entre otras, para denunciar «esta grave situación en donde todo el aparato estatal le falló a una mujer migrante forzada, madre y sobreviviente de violencia basada en género y a un niño de 10 años de edad».

Ana no posee antecedentes penales y es reconocida como víctima de violencia intrafamiliar por el Estado chileno. Además, buscaba regularizar su situación migratoria después de haber ingresado al país por un paso no habilitado debido a circunstancias de violencia y pobreza en su país de origen.

Según indicaron en la carta pública, la solicitud de Ana para acceder al documento de la medida de expulsión fue negada, y, en medio de la confusión, la PDI le informó que no podía permanecer en Chile. A pesar de pedir permiso para quedarse con su hijo, argumentando que no podía dejarlo solo, la PDI decidió trasladarlos a una instalación policial, donde permanecieron 3 días.

El abogado que representa a Ana y a su hijo presentó una acción constitucional de amparo (rol 2427-2023 C.A. de Santiago) el mismo día en que conoció los hechos. Sin embargo, la PDI limitó la interacción del abogado con su cliente a menos de 5 minutos y bajo supervisión, sin proporcionar una copia de la medida de expulsión. A pesar de la acción legal interpuesta, esta se ejecutó el 26 de octubre con un vuelo a República Dominicana.

De acuerdo con lo presentado por las organizaciones, este caso interpela al Estado chileno sobre el respeto de los derechos de las personas migrantes que ha firmado y ratificado en diversos tratados internacionales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como el caso de Ana y su hijo.

En la misiva, las organizaciones expresaron que no es la primera vez que ocurren expulsiones similares de este tipo con la comunidad dominicana, además de enfatizar, “la autoridad migratoria o la autoridad policial pensó en el niño como sujeto de derecho, quien tiene una vida que vale tanto como las otras, y si en este sentido analizó la vulneración que implica ser privado de libertad y no volver a ver a sus compañeros del cuarto año “A” de la Escuela Santa Teresita de Independencia”:

El proceso de amparo está actualmente en manos del sistema judicial, y se espera, según lo indicado por las organizaciones, una resolución justa y transparente. Sin embargo, seguirán vigilando y abogando por este caso para que se cumplan los derechos humanos y civiles y se logre justicia en la aplicación de las leyes migratorias del país.

El Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, integrado por ex ministros y subsecretarios de los gobiernos de la Concertación, emitió una extensa declaración pública llamando a votar en contra de la propuesta de texto constitucional.

Entre los y las firmantes están: Álvaro García, ex ministro; Andrés Palma, ex ministro, Carlos Ominami, ex ministro; Jacqueline Saintard, ex subsecretaria; Diego Portales, Eugenio Rivera, Mónica Ruiz, Osvaldo Rosales, entre otros.

1. La propuesta del Consejo Constitucional no emana de un acuerdo nacional

El tercer proceso de elaboración de un nuevo texto constitucional llega a su fin. Se inicia un período de reflexión y toma de posiciones y el 17 de diciembre próximo, chilenas y chilenos decidiremos si aprobamos el texto que se nos va a proponer o si resolvemos quedarnos con el texto actualmente vigente.

El nuevo texto no ha surgido de un acuerdo transversal y no cumple con unir al país. Es un texto sectario y aún más conservador que el vigente, en su afán de limitar la capacidad del Estado para abordar los graves desafíos sociales, recuperar la capacidad de crecimiento, enfrentar la crisis climática y abordar la transición energética. Estos son los grandes temas donde la Constitución debería proponer un marco consensuado para las próximas décadas.

2. De aprobarse, se mantendrá el clima de inestabilidad.

La consecuencia económica más grave relacionada con la propuesta que entrega el Consejo es que no cierra el proceso institucional, ya que para ello una constitución debe generar certidumbre, lo que se consigue si goza de una legitimidad general. La propuesta del Consejo representa sólo una visión de la sociedad chilena y excluye a otras. Con ello, continuarán las tensiones que dieron origen a la búsqueda de una nueva Constitución.

Sin un gran acuerdo no tendremos un orden estable. Sin un orden estable no hay posibilidad de crecimiento económico sostenible y progreso social. Se equivocan – y mucho -quienes creen que aprobar esta propuesta asegurará estabilidad económica y social.

3. Constituye un retroceso institucional desde la perspectiva democrática

La propuesta del Consejo Constitucional puede ser considerada como una propuesta ideológicamente comprometida pues contiene innumerables definiciones que corresponden al espacio de las políticas públicas y no al orden constitucional. Busca perpetuar el orden económico social que satisface a la derecha. Al elevar estas políticas al rango constitucional, sin decirlo explícitamente, se retrocede respecto del acuerdo de 2022 que suprimió las leyes orgánicas constitucionales, y más grave aún, se eleva el quórum que requiere su modificación.

Si se aprueba la propuesta del Consejo, avanzar hacia mecanismos solidarios y de seguridad social en salud y pensiones, en calidad de la educación requerirá reformas constitucionales, incluso con un quórum más elevado que el actual. Es una falsedad pregonar la libertad de elección en salud, educación o previsión cuando esa pretendida libertad depende de los ingresos de cada persona, es una libertad para los altos ingresos y un sometimiento para la gran mayoría de chilenas y chilenos.

4. Limita las capacidades del Estado, pero aumenta su tamaño burocrático y genera déficit fiscal

La propuesta neoliberal promueve la reducción del Estado y de sus funciones económicas, impidiendo que el Estado tome iniciativas para promover el desarrollo económico, pero al mismo tiempo incrementa su tamaño y burocracia, ya que crea numerosos servicios, incluida una policía de fronteras, que incrementan su tamaño. Y lo hace reduciendo la carga tributaria, por lo que la propuesta constitucional emanada del Consejo, es populista y fiscalmente irresponsable. Esto ciertamente afectará la estabilidad económica y el crecimiento. La exención del pago de contribuciones por la primera vivienda es la guinda de la torta neoliberal, ya que favorece al 20% más rico (el 77% de las familias no paga contribuciones), desfinancia a los municipios más pobres que dependen críticamente de esos recursos y genera desequilibrio fiscal pues esos ingresos que pierde el fisco no se reemplazan por otros.

5. La propuesta del Consejo Constitucional no establece un Estado Social y Democrático de Derecho.

Cuando el conjunto de las fuerzas políticas, en noviembre de 2019 y después en diciembre de 2022, concordaron los procesos de elaboración de una nueva constitución, lo hicieron sobre la explícita necesidad de profundizar la democracia y establecer un marco económico social alejado de una visión ideológica, y por ello en la segunda oportunidad fijaron doce principios, siendo uno de ellos el establecer un Estado Social y Democrático de Derecho. Este principio, si bien aparece en el texto propuesto, en la práctica es sistemáticamente anulado en innumerables incisos y párrafos, dejándolo vacío de contenido.

6. La propuesta representa un retroceso en el ejercicio de la democracia y la protección de los derechos.

La profundización democrática requiere ampliar los espacios de participación ciudadana, superar exclusiones y discriminaciones, mejorar los sistemas de representación y la descentralización, en tanto una institucionalidad que establece un sistema de protección social debe profundizar, establecer o ratificar derechos en educación, salud, pensiones, protección de los ingresos, acceso a la habitabilidad y los bienes comunes, y los que corresponden al hecho de ser persona. Esto no ocurre en la propuesta emanada del Consejo.

En algunas de estas materias el Consejo Constitucional como en lo relativo a educación, salud, protección de los ingresos y equidad de género, lo ya establecido no significa avance alguno y, en varios casos, como educación y protección de los ingresos, el retroceso en materia de derechos es un hecho, ya que en lugar de avanzar en el sentido de los acuerdos y promover un cambio que desideologice el texto, ha profundizado la ideologización del mismo. También hay retrocesos en representación y en superación de las discriminaciones y exclusiones, como en materia de género y pueblos originarios.

7. Omite el principal desafío que enfrentamos: el cambio climático

La propuesta del Consejo ignora y omite el principal desafío de nuestro tiempo: el cambio climático. Y lo hace por razones ideológicas, dado que el negacionismo climático ya es una bandera de la ultraderecha global. Esconder la cabeza frente al impacto devastador de sequías, inundaciones, deshielos antárticos, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y del mar y otros desastres provocados por las intervenciones del ser humano es de una irresponsabilidad gigantesca, especialmente frente a los niños, niñas y adolescentes y las generaciones futuras; también con respecto a los adultos mayores y las personas enfermas. La Constitución que se nos propone no tiene nada que decir frente al principal desafío que afronta la humanidad. Por cierto, una Constitución no establece medidas concretas para abordar este tema, pero sí puede establecer un marco de derechos y deberes compatibles con el mejor abordaje de este desafío.

8. El texto propuesto por la Convención es un retroceso civilizatorio

La propuesta republicana, avalada por la UDI y por RN impide avances en seguridad social, al privatizar derechos sociales en salud, educación y pensiones. Incorpora en la Constitución el modelo privatizador de las AFPs y las Isapres, haciendo impracticable, por inconstitucional, cualquier mecanismo solidario en salud y pensiones. Las pensiones miserables que entregan las AFPs quedarán ancladas en la Constitución. El derecho a la salud y a la educación seguirá dependiendo del ingreso de las personas. El derecho a la vivienda digna tampoco es reconocido. El derecho a la huelga será restringido. El cambio climático es ignorado. Nuestros pueblos originarios no tienen presencia. El derecho al medio ambiente seguirá condicionado a los intereses empresariales. Se retrocede en derechos sexuales y reproductivos; el aborto en tres causales se ve amenazado. La paridad de género en elecciones parlamentarias se queda en el discurso.

9. La constitución actual es mejor que la propuesta del Consejo

El texto actualmente vigente no cuenta con legitimidad de origen, pero fue modificado por una amplísima mayoría en el plebiscito de 1989 y luego, en democracia, experimentó cambios importantes. Entre ellos, los que nos han permitido elegir a nuestras autoridades locales y regionales; terminar con las normas que establecían un tutelaje por el Consejo de Seguridad Nacional; modificar el sistema electoral; reducir el quórum de modificación del texto constitucional y eliminar los quórums supra mayoritarios establecidos en las llamadas Leyes Orgánicas Constitucionales. La suma de estos cambios no resuelve el tema de su origen, pero permite señalar que es una constitución democrática. Sin embargo, en lo económico y social, sigue conservando una mirada ideológica fundamentada en el neoliberalismo. Lo relevante, no obstante, es que actualmente haciendo uso de los mecanismos que esa misma normativa contiene, una mayoría puede modificar dicho enfoque. De aprobarse la propuesta constitucional de los republicanos, ello sería prácticamente imposible.

10. Una mala Constitución no debe ser aprobada.

Una mala Constitución no debe ser aprobada. Una peor que la actual, mucho menos. No hay que aceptar la amenaza de que rechazar el texto del partido republicano clausura cualquier posibilidad de un nueva y mejor orden constitucional. Cometen un gran error las dirigencias empresariales que afirman que aprobar el texto en cuestión cierra el debate institucional.

Las razones de fondo que condujeron al proceso de reforma constitucional siguen tan válidas como en 2019. Nada sustantivo ha cambiado; las demandas sociales en salud, educación, pensiones y vivienda siguen desatendidas, y el texto emanado del Consejo profundiza su desatención.

Dado que, de aprobarse la propuesta republicana, se vería reforzado el modelo neoliberal que nos entrega bajas remuneraciones y pensiones, una salud y una educación para pobres y otras y mayores libertades para ricos; si queremos una mejor manera de vivir para todas y todos no corresponde aprobarla. Solo rechazando la propuesta del Consejo Constitucional se obligará, nuevamente, a establecer un compromiso con la solución a los problemas graves que sufre la gran mayoría de la población, y que requieren estabilidad y un impulso al crecimiento sostenible.

Para que en Chile el ejercicio de la libertad y la democracia sean profundizados, y los cambios que el pueblo demanda sean posibles, llamamos a votar EN CONTRA y a la construcción de los acuerdos que superen el estancamiento político en que nos encontramos.

La imposición de los consejeros de la derecha de un texto constitucional que está lejos de propiciar un espacio de encuentro, de diálogo y de búsqueda de aquellos puntos de unión de la sociedad chilena, provocó finalmente que el Partido Socialista -luego de una reunión de su Comisión Política a la que asistieron senadores y diputados de la colectividad- decidiera votar en contra de dicho texto que será plebiscitado el 17 de diciembre próximo.

Señalan los socialistas que el proyecto aprobado por la mayoría de las derechas del Consejo Constitucional “impone una visión económica ultra liberal, regresiva en derechos y conservadora. Así también, amenaza los derechos de las mujeres, poniendo en riesgo las leyes de aborto en tres causales y la píldora del día después; se habilita institucionalizar la discriminación hacia la diversidad sexual y la mención del Estado Social Democrático de Derecho, es vacía de su arquitectura propia”.

El PS afirma que el proceso constitución al contó con su apoyo decidido, confiando en que sería un espacio de verdadero diálogo. “Vimos con esperanza el anteproyecto de la Comisión Experta en el que todas las fuerzas policías chilenas transversalmente lograron consensuar un texto unitario que consagraba lo necesario para un futuro común”.

“Sin embargo, la imposición de los consejeros representantes de la mayoría y en particular del Partido Republicano, nos hizo perder esa esperanza. Introduciendo normas identitarias, fortaleciendo el Estado subsidiario en el texto final y olvidando que una propuesta constitucional no se construye por algunos y para algunos”, continúa.

Luego de valorar y agradecer el trabajo realizado por sus expertos y consejeros constitucionales, insisten en que una Constitución no es sólo un conjunto de normas legales. “Se trata de construir las reglas del futuro para que posteriormente, sea a través de las leyes –por mayoría- que se fijen ciertos contenidos”.

“El proyecto aprobado por la mayoría de las derechas del Consejo Constitucional no cumple con aquello, pues impone una visión económica ultra liberal, regresiva en derechos y conservadora. Así también, amenaza los derechos de las mujeres, poniendo en riesgo las leyes de aborto en tres causales y la píldora del día después; se habilita institucionalizar la discriminación hacia la diversidad sexual y la mención del Estado Social Democrático de Derecho, es vacía de su arquitectura propia, no se garantizan los derechos sociales, salud educación ni seguridad social. Por el contrario, consagra –inéditamente- a nivel constitucional modelos como el de AFP e Isapres (es decir, obliga al Estado a mantener estas instituciones)”.

Añade que se trata de un sistema político hecho a la medida para beneficiar a la derecha y dificultar reformas sociales. “Se trata de un traje a la medida para mantener y fortalecer el estado subsidiario, que ampara los abusos y profundiza la desigualdad”.

El PS agrega que el proyecto propuesto no es la solución para los dolores y anhelos de nuestro país, ni aquellas legítimas demandas ciudadanas insatisfechas. “Por ello, tampoco da garantías de estabilidad futura tan necesaria para nuestro país”.

Por ello, “en la convicción que no es la Constitución que une a Chile y que no es lo que Chile necesita, y ratificando lo acordado en nuestro reciente Congreso Carlos Lorca Tobar, en que acordamos que ‘como socialistas no aprobaremos cualquier texto y no retrocederemos en los derechos y avances en justicia social que tanto nos ha costado ganar en las gestiones de los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría y durante el actual gobierno del Presidente Boric'», es que irán En Contra en el próximo plebiscito..