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Comunidad Indígena Diaguita Patay Co rechaza término anticipado de consulta indígena

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La Comunidad Indígena Diaguita Patay Co manifiesta su profundo rechazo a la decisión adoptada por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama de poner término anticipado al proceso de consulta indígena en el marco del Estudio de Impacto Ambiental “Modificación Fase de Cierre Pascua Lama”. Esta determinación desconoce el contenido real de nuestras observaciones, omite antecedentes que constan en el propio expediente administrativo y reduce de manera injustificada la magnitud de los impactos que denunciamos.

En la reunión oficial realizada el 18 de marzo de 2024, en el marco del artículo 86 del Reglamento del SEIA, señalamos con claridad la importancia vital de las nacientes de agua y de los Ecosistemas de la Alta Cordillera. Expusimos nuestra preocupación por las posibles alteraciones a la criosfera y señalamos que los glaciares nutren las aguas de todo el Valle del Huasco, no solo de un sector específico. Indicamos que la afectación no puede considerarse localizada, sino que impacta la cuenca completa y que deben evaluarse los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de intervenciones en la alta montaña.

Manifestamos también preocupación por los riesgos asociados a pendientes inestables y posibles derrumbes, por la eventual presencia de drenaje ácido producto del rajo intervenido no autorizado y por los impactos en las aguas subterráneas que alimentan los distintos ríos del valle. Dejamos constancia de nuestra desconfianza respecto de la información presentada por el titular, señalando la falta de actualización de datos hidrológicos, la utilización de antecedentes de proyectos anteriores y la omisión del evento climático del año 2022, además de la ausencia de una contraparte técnica independiente que validara dicha información.

Advertimos igualmente que el proyecto ha generado una profunda división social en el valle, afectando la cohesión comunitaria, las veranadas, los crianceros y el acceso a pasos tradicionales. Nuestra intervención fue integral, abordando dimensiones ecosistémicas, glaciares, culturales, sociales y territoriales.

Sin embargo, pese a la amplitud de nuestras observaciones, el proceso redujo la afectación indígena exclusivamente a la “restricción de acceso a sitios de significación cultural”, limitando la discusión a aspectos operativos que pueden abordarse mediante protocolos administrativos de un trabajo en conjunto con la empresa. Esta reducción fragmenta nuestra visión del territorio, separa el territorio ancestral y omite la dimensión ecosistémica que expresamente fue planteada. No es aceptable reducir la legítima preocupación por la cabecera de nuestra cuenca del Valle del Huasco a un simple protocolo de acceso ceremonial administrado por una empresa cuyo historial ambiental y social ha sido ampliamente cuestionado en Chile, en América Latina y en los distintos territorios del mundo donde opera. La protección de una cuenca estratégica no puede quedar subordinada a mecanismos formales gestionados por quien ha generado los impactos que hoy se intentan minimizar.

Manifestamos además preocupación por las múltiples reuniones sostenidas entre la empresa titular y asesores vinculados al proyecto Pascua Lama y la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Verónica Ossandón Pizarro, junto a su equipo, orientadas a destrabar el proceso y viabilizar las modificaciones al cierre del proyecto. Del mismo modo, preocupa que esta dinámica se haya replicado en la reciente aprobación del proyecto de prospección minera “El Alto” en el mismo lugar donde se emplaza Pascua Lama. Estas actuaciones debilitan gravemente la confianza en la imparcialidad institucional que debe regir toda actuación administrativa institucional y comprometen la credibilidad del sistema de evaluación ambiental.

Denunciamos también estrategias de la empresa destinadas a dividir a la comunidad, hostigar a dirigentes y cooptar personas para debilitar nuestra posición colectiva. Estas prácticas profundizan el daño al tejido social y son incompatibles con cualquier proceso que pretenda presentarse como respetuoso y de buena fe.

Cabe recordar que Pascua Lama fue objeto de la máxima sanción administrativa del Estado: su cierre definitivo. No estamos ante un proyecto sin antecedentes, sino ante la modificación del cierre de una iniciativa que generó impactos y conflictos graves. Hablar de “modificación de cierre” no puede invisibilizar el daño acumulado ni relativizar los riesgos asociados a la alta cordillera. La protección de los ecosistemas altoandinos, de las nacientes de agua, de la cabecera de cuenca del Valle del Huasco no es una postura ideológica, política, ni una discusión técnica aislada. Es una responsabilidad territorial y cultural si queremos seguir viviendo aquí. El agua que nace en la cordillera sostiene la vida del valle completo. Nuestra relación con el territorio integra la cultura y la naturaleza como una unidad inseparable.

La Comunidad Indígena Diaguita Patay Co reafirma su compromiso con la protección de los Ecosistemas Altoandinos que nutren de agua y vida a todo un valle, una lucha que hemos sostenido por más de veinte años con convicción y consecuencia. Conocemos la institucionalidad, sus procedimientos y sus límites, y no seremos ingenuos frente a actuaciones que carezcan de transparencia, imparcialidad o verdadera voluntad de diálogo. Estaremos disponibles solo ante procesos desarrollados de buena fe y con garantías reales de respeto a nuestros derechos. Defenderemos el agua, la cordillera y la memoria del Valle del Huasco hasta las últimas instancias, porque en este territorio descansa nuestra historia, nuestra dignidad y el futuro de las próximas generaciones.

RESOLUCIÓN – DECISIÓN INSTITUCIONAL

FUAS 2026: Comenzó segundo periodo de postulación a gratuidad y beneficios estudiantiles 

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Este jueves comenzó el segundo plazo de postulación a gratuidad, becas y otros beneficios estudiantiles del Estado para las y los estudiantes que ingresan a la educación superior, ya sea a institutos profesionales, centros de formación técnica o universidades, y para aquellos que ya cursan una carrera, pero no cuentan con beneficios previos. El plazo se extenderá hasta el 12 de marzo.
Las y los interesados deberán completar, desde celulares, tablets o computadores, el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), disponible en el sitio web www.fuas.cl. Allí deberán acreditar principalmente antecedentes familiares y socioeconómicos. Luego el Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, validará la información y determinará el nivel de ingresos y cumplimiento de otros requisitos establecidos en la normativa para el otorgamiento de los distintos beneficios estudiantiles disponibles.
Al respecto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, indica: “el financiamiento de la educación superior ha cambiado mucho en las últimas décadas y, gracias a estas transformaciones, las y los futuros estudiantes pueden acceder a gratuidad y otros beneficios estudiantiles para poder financiar sus carreras. Por ello es muy importante que quienes no postularon durante octubre y noviembre del año pasado, lo hagan ahora en las fechas establecidas, que tengan su ficha social de hogares actualizada y que estén atentas y atentos a las próximas fechas del proceso”.

Fechas clave del proceso

El primer periodo de postulación finalizó en noviembre de 2025 y sus resultados estarán disponibles el próximo 10 de marzo. El segundo proceso, que termina este 12 de marzo, contempla las siguientes etapas:

¿Qué beneficios entrega el Estado?

Las becas disponibles son: Bicentenario, Nuevo Milenio, Juan Gómez Millas para chilenas y chilenos, Juan Gómez Millas para extranjeras y extranjeros, Excelencia Académica, Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE), Excelencia Técnica, Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación, Articulación, Estudiantes en Situación de Discapacidad, Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre, Vocación de Profesor (dos modalidades) y Reparación.
Para postular a la Beca Vocación de Profesor y a la Beca de Reparación, se debe completar un formulario especial, disponible en el mismo sitio web del FUAS.
En tanto, los créditos para financiar estudios superiores corresponden al Fondo Solidario de Crédito Universitario y al Crédito con Garantía Estatal (CAE). El detalle de cada instrumento puede ser consultado en beneficiosestudiantiles.cl

Cuando la política buscó control: Chile entre la liquidez de Bauman y el conflicto democrático de Mouffe

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Danilo Zapata Santander
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Chile no llegó a las elecciones municipales de 2024 en un estado de normalidad democrática. Llegó cansado. No se trata de una metáfora retórica, sino de una experiencia social concreta: inflación alta en años recientes, inseguridad persistente, migración irregular percibida como descontrolada, una economía resentida tras la pandemia y dos procesos constituyentes consecutivos que terminaron en rechazo. Todo ello fue configurando una ciudadanía exhausta, más preocupada por recuperar certezas mínimas que por debatir grandes proyectos de futuro.

La hipótesis que propongo es la siguiente: entre 2024 y 2025, una parte significativa del electorado chileno dejó de votar desde identidades ideológicas estables y comenzó a votar desde una necesidad urgente de control. No fue despolitización, pero tampoco continuidad de la política tradicional. Fue un desplazamiento en el sentido mismo del acto de votar.

El contexto es clave. En 2022, la inflación alcanzó un 14,1%, golpeando directamente el costo de la vida. Aunque luego se moderó, el daño subjetivo persistió: la estabilidad dejó de sentirse garantizada. En paralelo, la delincuencia se consolidó como la principal preocupación ciudadana para más del 57% de las personas, mientras las cifras de homicidios se mantenían en niveles superiores a los de la década previa. La migración irregular por el norte, altamente visible y territorializada, reforzó la percepción de un Estado incapaz de ejercer control efectivo. A ello se sumó la frustración institucional de dos plebiscitos constitucionales fallidos, que debilitó la confianza en procesos largos y promesas estructurales.

Este conjunto de factores no operó como un simple telón de fondo, sino como una forma de experiencia social. En términos del sociólogo Zygmunt Bauman, Chile entró de lleno en una lógica de modernidad líquida: vínculos frágiles, horizontes cortos, decisiones tomadas desde la reducción de riesgo más que desde la adhesión a proyectos duraderos. En ese marco, el voto dejó de ser un acto identitario y pasó a ser una estrategia defensiva.

Los resultados de la elección municipal de 2024 lo expresan con claridad. En la elección de alcaldes, los candidatos independientes concentraron cerca del 50% de los votos, mientras que en concejales su peso bajó a alrededor del 28%. Esta diferencia no es anecdótica: revela que la ciudadanía quiso pluralidad para representar intereses y visiones diversas, pero exigió síntesis para conducir. Separó deliberadamente representación y conducción.

Incluso dentro del clivaje tradicional izquierda–derecha, la lógica se mantuvo. Considerando solo partidos, la derecha obtuvo alrededor del 52,5% de los votos en alcaldes frente a un 47,5% de la izquierda. En concejales, la brecha fue mayor. No se trata necesariamente de una derechización ideológica profunda, sino de una mayor capacidad de un bloque para traducir el malestar social en liderazgo ejecutivo claro, mientras el otro mantuvo una fuerte presencia representativa, pero más fragmentada.

Aquí resulta clave el aporte de Chantal Mouffe. Para ella, el conflicto no desaparece en democracia; se transforma. Lo ocurrido en 2024 no fue la desaparición del antagonismo, sino su reorganización. El conflicto dejó de estructurarse principalmente en torno a grandes proyectos ideológicos y comenzó a organizarse alrededor de una frontera más inmediata y experiencial: orden versus desorden, control versus incertidumbre, capacidad versus dispersión. La política que logró hacer legible esa frontera fue electoralmente eficaz.

Sin embargo, aquí aparece también el límite y el riesgo de este desplazamiento. Cuando la política responde al cansancio social ofreciendo casi exclusivamente control, puede terminar sustituyendo el conflicto democrático por una promesa de orden. Mouffe advierte que una democracia que intenta neutralizar el conflicto en nombre de la eficiencia se vacía por dentro. El antagonismo no desaparece; se desplaza y puede reaparecer de forma más dura.

Bauman, por su parte, ofrece una advertencia complementaria: las sociedades líquidas son especialmente vulnerables a promesas de certeza inmediata. Cuando la incertidumbre se vuelve permanente, la libertad comienza a vivirse como carga y no como valor. En ese contexto, la promesa de orden puede resultar más atractiva que la deliberación democrática. El autoritarismo, entonces, no irrumpe como ruptura abrupta, sino que se infiltra en el cansancio.

La elección presidencial de diciembre de 2025 fue, en este sentido, la nacionalización de una lógica ya ensayada en 2024. A escala país, el electorado replicó la lógica del alcalde: liderazgo claro, mensajes simples, promesa de control. No porque hubiera desaparecido el deseo de transformación, sino porque ese deseo no encontró un cauce creíble en una política fragmentada y desgastada.

Chile no es hoy una sociedad autoritaria. Sus instituciones siguen funcionando y el pluralismo persiste. Pero el ciclo 2024–2025 dejó señales que no deben ser ignoradas: desconfianza hacia la intermediación política, reducción del debate a la gestión del orden, preferencia por liderazgos que prometen control sin demasiada explicación. Son síntomas de un umbral democrático, no de un abismo, pero los umbrales importan.

La pregunta que queda abierta no es solo electoral, sino profundamente democrática: ¿cómo reconstruir sentido colectivo sin negar la necesidad de control en una sociedad cansada? ¿Cómo articular conflicto sin caer en el vértigo del desorden, y ofrecer estabilidad sin clausurar la disputa?

Si la política no logra responder a ese dilema, corre el riesgo de ganar elecciones administrando el miedo, pero perder la democracia en el proceso. Y esa es una lección que Chile, después de todo lo vivido, no debiera permitirse ignorar.

Compañía Hermanos Ibarra Roa y Centro Cultural Chimkowe convocan a ser parte de su próximo musical ciudadano

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La Compañía Hermanos Ibarra Roa, en conjunto con el Centro Cultural Chimkowe de la Corporación Cultural de Peñalolén, convoca a personas entre 8 y 80 años de edad a participar de su próximo montaje basado en la vida y obra de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. 

La compañía, que cuenta con 21 años de trayectoria, ha desarrollado un importante trabajo de formación de elencos ciudadanos intergeneracionales, que luego han participado en obras musicales como “Víctor sin Víctor Jara”, “La carta” y “Pateando piedras”, entre otras, las que han tenido destacadas temporadas en diversos teatros de Santiago y desarrollado itinerancias a regiones.

En esta oportunidad, la convocatoria abierta es para que vecinos y vecinas de Peñalolén participen y conformen un nuevo elenco ciudadano. Los directores de la compañía, Gopal y Visnu Ibarra Roa, señalan que “no es necesario tener experiencia en escena. Si te gusta cantar, bailar o actuar, aquí te esperamos y te enseñamos”. En efecto, en el proceso de montaje de las obras de la compañía se desarrollan formas de trabajo que permiten a sus participantes aprender diversas técnicas de canto, danza y actuación que los preparan para presentarse en un escenario. “Es relevante para la compañía desarrollar nuestros proyectos de elencos ciudadanos en comunidades alejadas del «centro», aportando así a la reivindicación de los propios habitantes por sus territorios”, añaden. 

Otro aspecto destacable es que el proyecto incluye una presentación en la ciudad de San Antonio, en la región de Valparaíso, “lo que permitirá a los participantes vivir la experiencia de viajar haciendo teatro, una de las prácticas artísticas más enriquecedoras para los grupos humanos. Esta experiencia no solo fortalece los lazos entre sus integrantes, sino que también impulsa el intercambio cultural entre comunidades diversas, nutriendo tanto a quienes crean como a quienes reciben la obra”, explican los directores.

Este proceso se iniciará con una clase abierta el sábado 14 de marzo, de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro Cultural Chimkowe, ubicado en Avenida Grecia 8787, en la comuna de Peñalolén.

Quienes se interesen por participar pueden inscribirse en el formulario disponible en este enlace. 

Además, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] para responder dudas o consultas acerca de esta convocatoria.

Respecto del espacio, los directores indican que “Chimkowe reúne todas las condiciones para desarrollar de manera adecuada los ensayos; además, es un centro cultural consolidado, que realiza un trabajo permanente con la comunidad, por lo que como compañía estamos muy contentos de montar nuestra próxima obra aquí”.

Este proyecto es posible gracias a un fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de coproducción entre estamentos públicos y compañías consolidadas: Fondo de las artes escénicas, coproducciones de obras de artes escénicas.

Ficha artística

Dirección y dramaturgia: Visnu y Gopal Ibarra Roa

Producción: Hermanos Ibarra Roa y Valeria Salomé 

Co-producción: Centro cultural Chimkowe

Director Vocal y docente: Felipe Lagos

Directora coreográfica y docente: Tania Rojas 

Composición musical: Gopal Ibarra y Cristóbal Montes

Dirección musical y diseño sonoro: Cristóbal Montes 

Intérpretes: César Cisternas, Belén Fernández, Estefanía Flores y Francisa Arce + elenco ciudadano de Peñalolén

Diseño escenografía y lumínico: Pancho Jara y Koke Velis 

Diseño de vestuario: Mónica Cortés 

Prensa: Jorge Pujado

Gráfica: Las Lanternas/Fermina.

 

La plurinacionalidad negada por el gobierno de Gabriel Boric

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Andrés Kogan Valderrama
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Cuando Gabriel Boric asumió en marzo de 2022, pensamos ingenuamente en una posibilidad real de romper con esa larga historia chilena de tratar al pueblo mapuche y a los demás pueblos indígenas como un simple “asunto de seguridad”, en vez de naciones con derechos plenos y colectivos.
Lo señalo porque en campaña lo dijo claro: terminar con el Estado de Excepción en el Wallmapu, restituir tierras ancestrales de verdad, reconocer el Estado plurinacional y abrir un diálogo político sin que siempre medie la lógica represiva. La primera señal fue fuerte: apenas ganó la primera vuelta en 2021, llamó a Elisa Loncón.
Quienes lo apoyamos —en medio de un proceso constituyente que parecía romper con siglos de colonialismo— pensamos que por fin se podía dejar atrás el Estado monocultural y uninacional, que solo ha traído desigualdad, racismo estructural y exclusión territorial.
De hecho, yo mismo ingresé a militar a Convergencia Social en 2021, ya que sentía que aquel proceso constituyente y demandas como la construcción de un Estado plurinacional debían ser respaldadas por un partido y un gobierno que se presentaba como transformador y que ponía en el centro las demandas indígenas.
Pero no ocurrió aquello, pues el gobierno de Boric no avanzó en una transformación estructural hacia lo plurinacional; al revés, reprodujo y hasta endureció las lógicas coloniales que tanto cuestionaba desde la oposición. No debe sorprendernos, entonces, que la militarización del Wallmapu siguiera igual o peor: los estados de excepción se renovaron uno tras otro, con las Fuerzas Armadas en carreteras y territorios.
Desde el gobierno se defienden diciendo que crearon la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, con ideas de un nuevo sistema de tierras, una agencia de reparación y justicia. Pero no tocó lo de fondo: la colonialidad estructural, el extractivismo forestal ni la militarización ya instalada como política de Estado.
Lo mismo ocurrió con el Plan Buen Vivir: si bien hubo recursos para obras e infraestructura en territorios indígenas, no se cambiaron las relaciones de poder ni se cuestionó el modelo extractivista. Se siguió conviviendo con la militarización permanente, sin avanzar en restitución territorial ni en autodeterminación.
Así, el modelo forestal —heredero directo de la “Pacificación de la Araucanía”— siguió intacto, profundizando la crisis hídrica, la pobreza en las comunidades y las tensiones territoriales. No hubo reforma seria al Código de Aguas ni devolución masiva de predios usurpados; solo anuncios aislados, diálogos sin fuerza vinculante y gestos que diluyeron lo autónomo.
La derrota del proceso constituyente de 2022 —con su plurinacionalidad explícita— dejó al gobierno sin herramientas reales. En vez de empujar mecanismos de participación indígena soberana o una agenda descolonizadora más allá de lo simbólico, Boric optó por un pragmatismo electoral: priorizar la “paz social” vía coerción antes que la justicia histórica.
El resultado fue más desconfianza en las comunidades, criminalización continua de la protesta mapuche y un legado que se suma a la larga lista chilena de promesas incumplidas a los pueblos indígenas, quienes han tenido que lidiar con gobiernos irresponsables e incompetentes que los usan para la campaña y después se olvidan de ellos.
En consecuencia, el gobierno de Gabriel Boric no enfrentó el poder económico que sostiene el extractivismo en territorios indígenas (forestal, hidroeléctrico, minero). No desarmó la lógica racista que ve al mapuche como freno al “desarrollo”. Y no construyó alianzas reales con movimientos indígenas, prefiriendo interlocutores institucionales que terminan diluyendo las demandas de raíz.
No por esto justifico ni avalo las prácticas de violencia de ciertos sectores que reivindican el asesinato de civiles como acción política en nombre de la causa mapuche. Eso es condenable y va en contra de cualquier proyecto de justicia colectiva. Pero tampoco hay que olvidar que esos mismos sectores rechazaron también la plurinacionalidad como vía institucional y democrática.
En definitiva, el gobierno de Gabriel Boric eligió la continuidad del Estado colonial por sobre una transformación profunda, que fuera mucho más allá de meras comisiones sin poder real, negando la posibilidad de construir una institucionalidad que reconociera la autodeterminación, devolviera lo usurpado y dejara de responder con militarización a un conflicto histórico.

La sátira como espejo del cansancio laboral contemporáneo

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El cansancio laboral dejó de ser una experiencia individual para convertirse en un fenómeno social. En Chile, un estudio de Laborum realizado el 2024  indica que el 89 % de las personas trabajadoras experimenta estrés o síntomas asociados al síndrome de burnout, y que más de la mitad reconoce que este estrés afecta directamente su vida cotidiana, generando problemas de sueño, agotamiento persistente y desconexión emocional.

A esto se suma el hallazgo realizado por Ipsos donde indica que más del 73 % de la población declara haber sentido estrés al punto de ver afectada su vida diaria, configurando un escenario donde el malestar laboral ya no es excepcional, sino estructural. Sin embargo, la conversación pública suele abordarlo desde soluciones individuales, discursos de superación o recomendaciones de bienestar que no siempre logran representar la experiencia colectiva real.

En ese contexto y con marzo en el horizonte, plantear la conversación sobre el trabajo de los chilenos cobra especial sentido. Una de la voces que mejor a logrado reflejar el sentir de los miles de trabajadores es la de Cristian Garcés Avendaño, autor del libro “101 formas en que te decepciona tu trabajo (pero sigues volviendo cada lunes)”, un libro que propone una lectura cultural del desgaste emocional cotidiano en el trabajo. A través de situaciones breves y reconocibles, la obra pone en palabras una decepción silenciosa que atraviesa a miles de personas, sin recurrir a la autoayuda ni a la denuncia directa.

“No escribí este libro para motivar a nadie”, señala Cristián. “Muchas veces confundimos cansancio laboral con fracaso personal, y ese error es profundamente injusto”.

Publicado por RIL Editores, el libro se instala como una voz cultural dentro de una conversación más amplia sobre trabajo, salud mental y expectativas laborales. Más que ofrecer respuestas, propone algo previo: un lenguaje común para entender un malestar que las cifras ya confirman, pero que la cultura aún estaba aprendiendo a nombrar.

Estado, precariedad y legitimidad democrática en Chile

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Danilo Zapata Santander
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Neoliberalismo, trabajo y pobreza multidimensional como crisis de la vida colectiva

La crisis chilena contemporánea no puede ser comprendida únicamente como una suma de indicadores económicos, ni como un problema de representación política aislado. Se trata, más bien, de una crisis estructural del rol del Estado bajo el neoliberalismo, que ha erosionado progresivamente la legitimidad democrática al permitir que las lógicas del mercado colonicen la vida colectiva. En este proceso, el trabajo deja de cumplir su función histórica de integración social, la precariedad se normaliza como forma de gobierno y la pobreza multidimensional emerge como una expresión empírica de alienación social.

El neoliberalismo chileno no se caracteriza por la ausencia del Estado, sino por su reprogramación funcional. El Estado no se retira: cambia de rol. Deja de ser garante de derechos universales y se transforma en administrador de accesos, arquitecto institucional de mercados y gestor de riesgos individuales. Salud, educación, pensiones, vivienda y cuidados se organizan como esferas de intercambio, mediadas por capacidad de pago, endeudamiento o focalización extrema. El resultado no es una sociedad sin Estado, sino una sociedad donde el Estado protege reglas, pero no trayectorias de vida.

Esta mutación tiene consecuencias profundas para la democracia. La legitimidad democrática no descansa únicamente en la legalidad de los procedimientos electorales, sino en la capacidad del poder político de organizar la vida colectiva de manera justa, previsible y digna. Cuando esa capacidad se debilita, la democracia puede seguir funcionando formalmente, pero pierde arraigo social. La política deja de ser el espacio donde se construye un mundo común y se convierte en una instancia de administración técnica de una sociedad fragmentada.

Los datos de la Encuesta CASEN 2024 permiten observar con claridad este desplazamiento. Si bien la pobreza por ingresos se ubica en 17,3% de las personas, la pobreza multidimensional alcanza al 17,7%, y la pobreza severa —que combina carencias de ingresos y dimensiones no monetarias— afecta al 6,1% de la población. Esta convergencia de cifras es reveladora: aun cuando los ingresos mejoran, persiste un bloque estructural de carencias que no se explica por dinero, sino por condiciones de vida. La precariedad no es un residuo del sistema; es una de sus formas de funcionamiento.

El núcleo material de esta crisis se encuentra en el mercado del trabajo. En las sociedades industriales clásicas, el trabajo cumplía una función central de integración: ofrecía ingresos, previsión, identidad social y expectativas de futuro. En el Chile neoliberal, esa función se ha debilitado de manera sistemática. El trabajo existe, pero ya no integra. Se trabaja más, bajo mayor incertidumbre, con menor protección y con una carga creciente de responsabilidad individual frente a riesgos estructurales.

CASEN 2024 muestra que la ocupación informal alcanza al 26,6% del total de personas ocupadas. Sin embargo, esta cifra promedio esconde una desigualdad profunda: en los hogares en pobreza extrema, la informalidad se eleva a un 68,5%; en la pobreza no extrema, alcanza el 48,6%; mientras que entre los no pobres desciende al 23,6%. La informalidad no es, por tanto, una elección marginal o una preferencia por flexibilidad: es una condición estructural que se concentra precisamente donde la vulnerabilidad es mayor.

La precariedad se profundiza al observar la seguridad social. Un 24,5% de las personas ocupadas no cotiza en el sistema previsional, y entre los trabajadores dependientes, un 12,36% declara no tener contrato de trabajo. A esto se suma el subempleo por insuficiencia de horas, que afecta al 10,1% del total de ocupados, pero que se dispara al 29,63% en los hogares en pobreza extrema. El mensaje implícito es claro: una parte significativa de la fuerza laboral chilena trabaja sin garantías de estabilidad, previsión ni tiempo suficiente para reproducir su vida material y social.

Desde una lectura inspirada en Karl Marx, esta situación puede entenderse como una forma contemporánea de alienación, no solo respecto del producto del trabajo, sino respecto de la vida misma. El trabajo deja de ser un medio de realización social y se convierte en una actividad orientada a la mera sobrevivencia. Desde Byung-Chul Han, esta precariedad se internaliza como autoexigencia: el individuo se responsabiliza de su fracaso, se autoexplota y gestiona su inseguridad como un problema personal, no político.

Esta transformación del trabajo tiene efectos directos sobre la vida cotidiana y la cohesión social, dimensiones que la pobreza multidimensional permite captar con mayor precisión que la pobreza por ingresos. En la medición CASEN 2024, las dimensiones que más contribuyen al Índice de Pobreza Multidimensional son Redes y cohesión social (28,0%) y Trabajo y seguridad social (24,3%). Es decir, casi la mitad del fenómeno multidimensional se explica por la fragilidad de los vínculos sociales y por la precariedad laboral.

La pobreza multidimensional no describe únicamente hogares con carencias materiales, sino vidas estructuralmente tensionadas: personas que trabajan, pero no cotizan; que tienen ingresos, pero no estabilidad; que cuidan, pero sin apoyo; que viven conectadas digitalmente, pero aisladas socialmente. La alienación, en este sentido, deja de ser una categoría abstracta y se vuelve empíricamente observable. La vida se fragmenta en esferas mercantilizadas, donde cada necesidad debe resolverse individualmente en el mercado o mediante endeudamiento.

Desde la perspectiva de Hannah Arendt, este proceso implica la pérdida del mundo común. Cuando la vida social queda absorbida por la gestión de necesidades, la política se vacía de contenido y se reduce a administración. No desaparece la democracia, pero se vuelve procedimental, desconectada de la experiencia cotidiana de la ciudadanía. La participación electoral puede mantenerse —incluso aumentar bajo voto obligatorio—, pero la adhesión y la confianza se erosionan.

Aquí emerge con fuerza la crisis de legitimidad democrática. Siguiendo a Jürgen Habermas, no se trata de una crisis de legalidad, sino de una crisis de legitimación: el sistema político conserva su forma, pero pierde su capacidad de justificar normativamente sus decisiones frente a una sociedad que no ve traducidas sus necesidades en derechos efectivos. La democracia se experimenta como distante, lenta o irrelevante frente a una vida marcada por urgencias materiales.

La precariedad laboral y la pobreza multidimensional tienen, además, efectos subjetivos y políticos de largo alcance. Una sociedad donde amplios sectores viven bajo incertidumbre permanente desarrolla una fatiga social profunda. El tiempo se vuelve escaso, la planificación se acorta y la deliberación se debilita. En este contexto, se vuelve comprensible —aunque no inevitable— la emergencia de discursos que prometen orden, decisión rápida y simplificación del conflicto. No porque la ciudadanía rechace la democracia en abstracto, sino porque experimenta que la democracia existente no resuelve la reproducción básica de la vida.

El estallido social de 2019 debe leerse, en este marco, no como una anomalía histórica, sino como una advertencia estructural. CASEN 2024 muestra avances reales en reducción de pobreza, pero también confirma la persistencia de un núcleo duro de precariedad multidimensional. Mientras 17,7% de la población continúe viviendo con carencias estructurales en trabajo, seguridad social, redes y cuidados, la legitimidad democrática seguirá siendo frágil, intermitente y vulnerable a la desafección o a la tentación autoritaria.

La salida de esta crisis no pasa exclusivamente por el crecimiento económico ni por la eficiencia administrativa. Requiere una reconfiguración del rol del Estado: desde gestor de mercados hacia garante efectivo de condiciones de vida. Esto implica desmercantilizar mínimos sociales, fortalecer el trabajo decente, reconstruir sistemas de cuidados, asegurar trayectorias laborales protegidas y recomponer redes de integración social. Solo así la democracia puede recuperar densidad, arraigo y sentido.

En definitiva, la crisis chilena es una crisis de vida colectiva. Cuando el mercado organiza la sociedad, el Estado administra sin proteger y el trabajo precariza en lugar de integrar, la democracia sobrevive como forma, pero se vacía como experiencia. CASEN 2024 no solo mide pobreza: mide los límites de un modelo de organización social. Escuchar esos datos no es un ejercicio técnico, sino una exigencia democrática.

Cuidadores de ancianos e hijos enfermos tendrán derechos, pero las derechas se niegan a aprobar sala cuna universal

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Marcia Pineda Soto
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El gobierno de Gabriel Boric está por terminar y si hay alguna falla evidente en el balance, esa es la comunicación de sus logros y errores. Un ejemplo palpable de ello es la promulgación hace unos días, de una ley muy esperada por mujeres y hombres que dedican su vida a cuidar o a sus hijos enfermos o a sus padres o ancianos que no son autovalentes. 

Se trata de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, denominado Chile Cuida, un hito que el Gobierno calificó como histórico en materia de protección social y reconocimiento del trabajo de cuidados en el país. Es un modelo de coordinación intersectorial que articulará instituciones, programas y servicios públicos, privados y comunitarios. El sistema será liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con instancias a nivel nacional y regional. 

En ese ámbito, se creó una Red de Empresas Chile Cuida como una iniciativa del gobierno que conecta a instituciones públicas y privadas en todo el país para ofrecer beneficios y apoyos a las personas cuidadoras. La ley recién promulgada formaliza la mencionada Red que ya cuenta con 62 empresas participantes. A nivel territorial, se han instalado Mesas Regionales de Cuidados en 10 regiones y pilotos de planes comunales de cuidados en 14 municipios con apoyo del Banco Mundial. En materia de financiamiento, el presupuesto destinado a programas de apoyos y cuidados pasó de 73.189 millones de pesos en 2023 a 151.587 millones proyectados para 2026.

Con el apoyo técnico del Banco Mundial, se están implementando pilotos de Planes Comunales de Cuidados en 14 municipios. Este proceso piloto busca diseñar e implementar planes de cuidado a nivel local que puedan ser replicados en otras comunas del país. Algunos ejemplos de estas empresas son el Centro Médico San Rafael de Cauquenes, la Corporación de Teatro Regional del Biobío y la Farmacia Club Pharma de Villa Alemana

¿Sólo algo simbólico?

Por supuesto que no faltaron en las derechas quienes calificaron este enorme paso como “algo simbólico”, tratando de quitarle toda la importancia que tiene, sobre todo para las mujeres cuidadoras.  No por nada el presidente Boric respondió “cuando algunos dicen que es simbólico… qué insolente es la ignorancia”.

Hasta ahora, las labores de cuidado han recaído principalmente en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres, de manera históricamente invisibilizada y subestimada. La ley busca revertir esta situación al reconocer el cuidado como un derecho social.

El mandatario, ad portas de despedirse de su gestión, volvió a referirse a las mujeres, porque -dijo “sin ustedes el país no se mueve… Esto es un cambio cultural. Esto es un proyecto con perspectiva de género porque reconoce el cuidado como trabajo y que lo llevan mayoritariamente las mujeres. Es una política de Estado que tiene que trascender e ir más allá de la voluntad política de un gobierno”.

El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, denominado Chile Cuida, es un hito histórico en materia de protección social y reconocimiento del trabajo de cuidados en el país. Entre otras cosas, Chile Cuida consagra el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, que deberá garantizarse de manera gradual tanto a quienes requieren cuidados como a quienes los realizan, sean remunerados o no. 

Es más. Establece el deber del Estado de asegurar una oferta adecuada y suficiente de apoyos y por ello este servicio deberá planificar y coordinar la oferta de cuidados, supervisar y evaluar programas, promover la autonomía y vida independiente de las personas con dependencia, fomentar la inversión pública y privada en servicios de cuidados y promover la corresponsabilidad social y de género.

Esta norma tan importante y casi desconocida establece no sólo derechos para las personas titulares del sistema. También para las personas cuidadoras no remuneradas, quienes podrán acceder de forma prioritaria a programas y prestaciones que les permitan reducir su carga de trabajo y resguardar su salud mental, además de avanzar hacia condiciones de trabajo más decentes.

Por lo mismo, la ley crea la Credencial de Persona Cuidadora, vinculada al Registro Social de Hogares.

¿Y la sala cuna universal?

Otra ley también ansiada por las mujeres que quieren y necesitan trabajar, es la que crea la Sala Cuna Universal como un derecho para las trabajadoras. Fue justamente en la promulgación de “Chile cuida”, que el presidente Gabriel Boric no ocultó su irritación por la postergación de la iniciativa en el Senado. “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna”…“la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”.

El presidente afirmó que, según conversaciones privadas, en la UDI “no quieren darle un logro al gobierno”, y enfatizó que la discusión “no se trata de un logro al gobierno”, sino de “un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando”.

Respondió de inmediato el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien acusó que el Presidente Gabriel Boric “tuvo 48 meses para arreglar el proyecto y decide ponerle urgencia en el último minuto”.

Fue el año 2023, cuando el Mandatario anunció como iniciativa emblemática el plan «Sala Cuna para Chile», dentro del marco del programa «Chile para todas». Este proyecto representa una reforma estructural para cerrar una brecha histórica en equidad laboral de género. Con este proyecto, se elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de Sala Cuna, equiparando el derecho entre hombres y mujeres, e incluyendo a trabajadores independientes, trabajadoras de casa particular y personas con cuidado judicial de menores de dos años

Se propuso crear un Fondo Solidario que permitiera a los empleadores cumplir con la obligación mediante financiamiento de salas cuna reconocidas; establecer un bono de hasta 5,14 UTM para financiar matrícula y costos mensuales en establecimientos de educación inicial. 

En abril 2024 el Senado aprobó la idea de legislar del proyecto. Al mes siguiente, el Ejecutivo presentó indicaciones sustitutivas junto a un informe financiero con modificaciones al proyecto original. En octubre del año pasado, la Comisión de Trabajo del Senado avanzó en la discusión y aprobó aspectos clave del proyecto y en noviembre del 2025, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó formalmente el proyecto, permitiendo su paso a la Comisión de Educación del Senado

En las indicaciones que ingresó el Ejecutivo se propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3% de las remuneraciones imponibles, que incrementa en un 0,2% la cotización obligatoria respecto de la indicación anterior, la que será administrada por el Fondo de Sala Cuna. En el caso de trabajadores independientes, se regulan las cotizaciones de acuerdo con la fórmula por la cual cotizan.

Asimismo, se crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, la cual deberá generar un informe periódico para que la autoridad tome decisiones que permitan garantizar la sostenibilidad del fondo y el aporte que este entregará al empleador para dar cumplimiento a su obligación, tomando en cuenta los valores de mercado y las diferencias geográficas que pudiera haber en el valor, entre otras consideraciones.

Esto porque en el proyector original se establecía el pago de hasta 4,11 UTM, por matrícula por año calendario y por las mensualidades de la sala cuna. Este monto equivale hoy a $282.785. Esa cantidad no generaba consenso, por lo que el gobierno optó por esta nueva fórmula que tampoco gustó a la oposición.

Y hasta ahí llegó. Porque a fines de enero de 2026, el proyecto quedó estancado en la Comisión de Educación del Senado, presidida por el senador de la UDI Gustavo Sanhueza, quien no citó a sesión antes del receso legislativo veraniego, pudiendo hacerlo. 

El gobierno acusó a la UDI de un «bloqueo político deliberado» tras dos años de tramitación. La UDI respondió argumentando que las propuestas del gobierno «llegaron tarde» y que no hubo gestión oportuna por parte del Ejecutivo.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana  dijo que “se hable como si en estos 48 meses no hubiera pasado nada, no es correcto”. Dijo creer “que cualquier gobierno querría partir teniendo este tema zanjado…” porque la posibilidad de crear 145 mil empleos y terminar con esta barrera histórica para la contratación femenina es una oportunidad muy grande. Estamos muy cerca de un acuerdo por primera vez desde 1997″.

Orellana señaló que “sería una lástima que todo ese trabajo (…) se pierda y partir de cero».  Insistió en que “se perdería la oportunidad de generar 145.000 empleos formales, de que los hombres accedan al derecho a sala cuna, de que las mujeres que son trabajadoras de casa particular y las que son profesionales que boletean, como por ejemplo las diseñadoras, las maquilladoras, puedan entrar al derecho a sala cuna. Y, sobre todo, de acuerdo a estudios de distintos organismos como el OIT y el PNUD: nos perdemos la oportunidad de crecer un 0,8% en el Producto Interno Bruto”.

La nueva obligación laboral que muchos aún desconocen

Por
Página 19
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A un año de la vigencia del Decreto Supremo 44, la historia de Yasna, quien quedó parapléjica tras una caída haciendo aseo, revela la importancia de una norma que obliga a identificar riesgos. Hoy, desde el ISL advierten: la prevención ya no es opcional.

 

En 2015, la vida de Yasna cambió en un instante. Mientras trabajaba como auxiliar de aseo, una caída aparentemente simple se transformó en un traumatismo raquimedular. El diagnóstico fue una fractura en las vértebras T11 y T12 que derivó en una paraplejia. Desde aquel día, su mundo cambió radicalmente: de ser quien mantenía el orden y limpiaba los espacios de otros, pasó a depender de una silla de ruedas y de la asistencia de terceros en su hogar en San Bernardo.

Aunque nunca sabremos con certeza si un protocolo distinto habría evitado la caída, el caso de Yasna es el recordatorio más humano de por qué el Decreto Supremo 44 (DS 44), que en febrero cumplió un año de vigencia, es tan necesario. Su objetivo no es solo burocrático, sino preventivo: intentar que el accidente nunca llegue a ocurrir.

Del «tenga cuidado» a la gestión del riesgo

Si usted emplea a una trabajadora de casa particular o es parte de la comunidad de un edificio con conserje, usted es hoy una «entidad empleadora». Antes, la seguridad en estos espacios dependía de la «buena voluntad» o del instinto de quien trabajaba; hoy, la ley exige profesionalismo.

El DS 44 obliga al empleador a identificar los peligros mediante una Matriz de Riesgos. Esta es una herramienta que permite anotar, de forma ordenada, qué factores pueden causar daño y qué acciones se tomarán para evitarlo. Para construirla, quien emplea, como la comunidad del edificio, debe analizar el trabajo y responder tres preguntas clave:

¿Cuál es el peligro? (Ej: Usar cloro concentrado).

¿Qué podría pasar? (Ej: Irritación respiratoria o quemaduras oculares).

¿Qué haremos para evitarlo? (Ej: Entregar guantes de nitrilo, antiparras, mascarilla y asegurar ventilación).

Este esquema, con más detalles, debe ser conocido y visible para quienes trabajan en el lugar. Así, incluso ante la ausencia de la jefatura, el trabajador contará con los conocimientos para protegerse.

Respecto a este nuevo estándar, la directora nacional del ISL, Aída Chacón Barraza, señala que «el Decreto 44 vino a cerrar una brecha histórica en prevención. No importa si la entidad empleadora tiene uno o cien trabajadores, la responsabilidad es la misma. La invitación a los comités de administración y todas las entidades empleadoras es a utilizar nuestras herramientas gratuitas: hoy la seguridad laboral puede llegar a todo el país».

La solidaridad de la Ley 16.744

En el caso de Yasna, el sistema de seguridad social laboral mostró su rostro más sólido tras el accidente. A diferencia de otros seguros, el seguro laboral no tiene un límite en los costos, sino que funciona para rehabilitar integralmente a quien sufrió un siniestro laboral o una enfermedad profesional.

Como adherida al Instituto de Seguridad Laboral (ISL), el apoyo para Yasna no se limitó a la atención médica. Se activó un acompañamiento social que detectó una necesidad crítica: su casa le era estrecha. Los arquitectos del ISL diseñaron una reforma radical que incluyó rampas, nivelación de pisos, ensanchamiento de puertas, un sistema adaptado para la ducha y una cocina con mobiliario a su alcance.

Este derecho a la adecuación domiciliaria fue posible gracias al seguro que administra el ISL (y las mutualidades privadas) a través de la Ley 16.744, pero el mensaje del DS 44 es que la meta debe ser siempre la prevención: que los trabajadores vuelvan a su hogar de la misma manera en que salieron.

¿Está en rojo, amarillo o verde? El semáforo que mide la seguridad

Hoy, cumplir con la normativa es sencillo. El ISL ofrece en su sitio web kits de autoevaluación, cursos gratuitos de 8 horas que exige el DS44 (con un espacio de dos años para ser completado) y guías de emergencia que consideran incluso el derecho a interrumpir labores ante riesgos inminentes, como el humo de incendios. 

Para evaluar su gestión, sitúese en este semáforo y evite multas:

🔴 Rojo: Confiar solo en la intuición. No existe una Matriz de Riesgos firmada ni capacitación formal del trabajador.

🟡 Amarillo: El plan «de cajón». Existe una Matriz, pero no está en un lugar visible.

🟢 Verde: Cultura preventiva. El empleador dio facilidades para el curso de 8 horas y la Matriz es inclusiva, considerando discapacidades, edad o condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

 

No espere a que ocurra un accidente para gestionar la seguridad laboral. El ISL dispone de estas herramientas gratuitas y en línea para ponerse al día hoy mismo:

  1. Acceda al autoevaluador para generar su propia Matriz de Riesgos de manera guiada.

2. Inscriba a sus trabajadores en el curso obligatorio de prevención de riesgos en Campus Prevención.

3. Descargue el formato oficial para el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (ex Plan de Emergencia).

 

Cuando el mercado reemplaza al pensamiento crítico: ultraderecha y el retroceso de las ciencias sociales

Por
Rodrigo Gangas Contreras
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Hace algunas semanas, el presidente argentino Javier Milei, en el marco de su cruzada en la “batalla cultural” en contra de las ciencias sociales de su país, anunció la priorización del desarrollo tecnológico y la eliminación de lo que denominó “gastos innecesarios” en áreas sociales y politológicas. Esta medida ha sido fuertemente criticada por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), quienes hicieron ver el peligro que implica para la democracia contar con Ciencias sociales y politológicas cada vez más fragilizadas. A su vez, el presidente argentino ha reforzado su postura en la última cumbre de Davos, donde comenzó su alocución con una frase peligrosa: “Maquiavelo ha muerto”. Esta no es una mera excentricidad discursiva, sino una forma de explicitar que las relaciones sociales solo están determinadas por las lógicas del mercado, visión que, al transformarse en políticas de Estado, causa daño profundo y duradero al pensamiento crítico.

Comprender una sociedad gobernada exclusivamente por criterios de mercado implica aceptar la pérdida de centralidad de las dimensiones sociales, culturales y políticas. En ese escenario, las disciplinas que cuestionan el poder hegemónico se transforman en una molestia: para unos, porque articulan el pensamiento crítico; para otros, porque no encajan en una lógica de rentabilidad inmediata.  

Si Maquiavelo ha muerto —como proclama el presidente argentino— será cada vez más difícil comprender cómo los autoritarismos llegan al poder y erosionan la democracia desde dentro, y más fácil aceptar que el mercado determina nuestras relaciones sociales. Parece que en estos tiempos resulta más cómodo eliminar a Maquiavelo que cuestionar a Adam Smith, asumiendo que en la riqueza de las sociedades el pensamiento crítico es un gasto innecesario.

¿Qué efectos puede tener para el desarrollo de las ciencias sociales en Chile el avance de este tipo de ideas? La pregunta no es retórica ni abstracta. Se vuelve urgente en un escenario político donde sectores conservadores y radicalizados de ultraderecha determinarán la definición de políticas públicas en materia educacional. El triunfo del candidato republicano, junto con una abultada representación parlamentaria, abre un escenario de incertidumbre para aquellas disciplinas cuya razón de ser es, precisamente, la reflexión crítica sobre el poder, la democracia y los derechos humanos, y que por lo además ya se encuentran en un escenario de frágil desarrollo. 

En años anteriores, las modificaciones al currículo escolar afectaron a las ciencias sociales y las humanidades, resultando en nefastos efectos respecto de la valoración de la democracia y la educación ciudadana. Por otro lado, las disciplinas de las ciencias sociales, con excepción de derecho y psicología, disminuyeron las postulaciones y matriculas.  Según datos oficiales, en el 2025 las ciencias sociales representaron solo el 11% de la matricula nacional a nivel de pregrado y un 9,5% de la matrícula de primer año, cifras que podrían continuar disminuyendo, con consecuencias desastrosas para la continuidad de programas o carreras de pregrado.  

Enfrentar el avance de la ultraderecha, con expansión de las prácticas autoritarias y desprecio por las relaciones políticas democráticas y los derechos humanos, requiere de ciencias sociales fortalecidas y universidades comprometidas con su rol público capaces de enfrentar criterios deterministas que impulsan gobiernos como el de Milei en Argentina, de Trump en Estados Unidos y, probablemente, de Kast en Chile. 

Las ciencias sociales demandaron con fuerza democracia durante la dictadura, y -en condiciones absolutamente más adversas-, colaboraron en la construcción de un sentido común crítico frente al poder autoritario. Porque más ciencias sociales implica mayores herramientas para interpretar conflictos, desigualdades y procesos políticos complejos. Hoy no solo nos tocará enfrentar la avanzada autoritaria y fascista de la ultraderecha, incluyendo la defensa de los valores democráticos, sino también defender una visión de sociedad, en la que la discusión social y política no quede relegada  frente a las lógicas del mercado. 

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