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Balance Ambiental Fundación Terram 2025: Ambientalmente fuera de servicio

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El informe identificó los principales hitos en materia ambiental ocurridos en el país durante el año, destacando cómo el concepto de la “permisología” se instaló en la agenda del gobierno del presidente Gabriel Boric, junto a una ofensiva comunicacional orientada a confundir las dificultades propias de los permisos sectoriales con los procesos de evaluación ambiental del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, el documento aborda los principales desafíos ambientales que deberá enfrentar el próximo gobierno a partir de 2026.

La nueva edición del Balance Ambiental de Fundación Terram, titulada “Ambientalmente fuera de servicio” analiza cómo la discusión sobre la llamada “permisología” se instaló en la agenda del gobierno del presidente Gabriel Boric, promoviendo la idea de que la regulación ambiental es uno de los principales obstáculos para la inversión.

El documento examina cómo esta narrativa impulsó una equiparación errónea entre los permisos sectoriales y la evaluación ambiental, pese a tratarse de instrumentos con marcos regulatorios, objetivos y problemáticas completamente distintas.

Estos enfoques han significado graves retrocesos en materia ambiental para Chile, los cuales se manifiestan en las diversas áreas que analiza la organización, como lo son la Industria Salmonera, Minería, Áreas Protegidas, Forestal, Océanos, Pesca y Zonas Costeras.

Desde su primera edición en 2002, el Balance Ambiental de Fundación Terram entrega premios en diversas categorías, con el objetivo de destacar hitos relevantes ocurridos durante el año, tanto positivos para la protección del medio ambiente, como negativos.

Premios 2025

En Aporte Ambiental se premió al Municipio de Penco y las organizaciones sociales y vecinales de la comuna, en reconocimiento por la incansable defensa de su territorio en contra del proyecto de Tierras Raras de Aclara Resources. Destacamos su rechazo ratificado este año mediante manifestaciones ciudadanas y un “voto político” del Concejo Municipal que busca declarar a Penco como “un territorio libre de minería”.

En la misma categoría, se destacó a la Fundación Cielos de Chile y a los astrónomos, académicos, premios nacionales que manifestaron su preocupación por el megaproyecto INNA de la empresa eléctrica AES Andes, que pretende instalarse en el desierto de Atacama. El proyecto es una amenaza directa a los cielos prístinos, al patrimonio astronómico mundial que representan y que alberga el European Southern Observatory (ESO) en el Cerro Paranal.

En la categoría Ambientalistas Destacados se premió a Fundación Plantae y a Fundación Glaciares Chilenos por su compromiso en promover y lograr la declaración del Día Nacional de los Glaciares Chilenos, el cual a partir de 2025 se conmemorará cada 21 de marzo. Este trabajo ha tenido como objetivo dar a conocer la importancia de estos ecosistemas clave para la regulación climática y el ciclo hidrológico por sus grandes reservas de agua dulce.

En la categoría de Insustentabilidad, el premio fue para los numerosos proyectos de data centers que se pretenden instalar en la Región Metropolitana, ya que, a pesar de demandar enormes volúmenes de agua y energía, ocupando grandes extensiones de terrenos, operan amparados en permisos sectoriales fragmentados que impiden evaluar sus impactos acumulativos.

En Contaminación, fue premiada la empresa Australis Mar S.A. por su actuar negligente en un área protegida, ya que el 4 julio de este año ocurrió un derrame de hidrocarburos en el Centro de Engorda de Salmones Pan de Azúcar, de su propiedad, ubicado en la Reserva Nacional Kawésqar. También, se premió al proyecto biorremediación Las Salinas de Viña del Mar, ya que, en octubre, vecinos reportaron mareos y olores tóxicos provenientes del lugar. Este consiste en un complejo inmobiliario que se emplazará en un antiguo terreno industrial de COPEC.

Por su parte, en la categoría Negligencia se premió al ex ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, por su rol en la modificación del Reglamento de Suelos, Agua y Humedales, de la Ley N° 20.283, que desprotege a los bosques nativos y formaciones vegetacionales xerofíticas, a lo que se suma su negativa de actualizar el D.S. 68 de la misma ley que reconoce a las especies nativas arbóreas y arbustivas del país. Su actuar negligente implica una grave regresión ambiental. Así como a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas (SS.FF.AA), por la excesiva e injustificada demora en la resolución de los procedimientos de caducidad iniciados a partir de la denuncia respecto de 720 concesiones en causal de caducidad ingresada por Fundación Terram en junio de 2022.

Lo Mejor y Lo Peor 2025

El Balance Ambiental 2025 también identifica Lo Mejor y Lo Peor del año, destacando avances como la declaración de Valdivia como Ciudad Humedal y la ratificación del Tratado de Alta Mar, junto a retrocesos como la aprobación de la Ley de Autorizaciones Sectoriales, la declaración del Pingüino de Humboldt como especie en peligro de extinción, la aprobación de proyecto Minero Vizcachitas, entre otras materias.

Desafíos 2026

En cuanto a los desafíos para el 2026 se señala la implementación del Servicio Nacional Forestal; el inicio del traspaso de las áreas protegidas desde CONAF a SBAP; la implementación ambiciosa del EITI; la protección efectiva del Archipiélago de Humboldt; el compromiso adoptado en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming Montreal de proteger al menos el 30% de los ecosistemas al 2030; el Presupuesto para implementación de Red de Salares en el marco de SBAP; la sanción a empresas salmoneras por sobreproducción y elusión; Valparaíso como Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar y la suspensión del proyecto piscicultura en el río San Pedro.

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¿Axel Kaiser también es nazi?

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Cartas al Director
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Foto de Mika Baumeister en Unsplash

El mensaje en X del abogado Axel Kaiser, donde propone un «gran divorcio nacional» segregando el país entre «zurdos» confinados en un territorio con una constitución «comunista indigenista» gobernada por figuras de izquierda y supuestos aliados narcos, y el resto disfrutando de libertad económica y estado de derecho, no es más que una incitación a un apartheid ideológico que evoca las peores prácticas de segregación histórica.

Esta visión, que califica a los opositores como parásitos envidiosos que viven de «robar» y destruir lo «superior», revela una ironía profunda, a propósito del lanzamiento de su nuevo libro llamado «Nazi-Comunismo», en el que acusa al marxismo de ser gemelo ideológico del nazismo. Al parecer, el nazi es él, promoviendo una división territorial que confina a millones en guetos políticos basados en caricaturas ideológicas, ignorando la diversidad y la convivencia democrática en Chile.

Atentamente,

Andrés Kogan Valderrama

Sociólogo, Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea y Diplomado en Masculinidades y Cambio Social

Fenadaj y polémica designación de Patricia Muñoz en el Servicio de Acceso a la Justicia: “Nos interesa el cumplimiento de los compromisos suscritos”

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Luego de que parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría para cuestionar una designación que incluso ha sido calificada como “un amarre” ante el inminente cambio de mando, representantes de las y los trabajadores de la asistencia judicial reiteraron que lo fundamental es que quien asuma el cargo cumpla los compromisos previamente adquiridos y cuente con un perfil técnico acorde a las necesidades de la institución. 

Tras la designación por parte del gobierno de la ex Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, como Directora Implementadora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, parlamentarios de oposición cuestionaron la legalidad de dicho nombramiento, argumentando que generaría un “impacto y una desventaja institucional”, considerando que Muñoz cursa un embarazo avanzado, lo que implicaría una licencia médica prolongada. Esta situación fue advertida formalmente ante la Contraloría General de la República”.

Desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj) —organización que agrupa a más de 3 mil funcionarios y funcionarias de las Corporaciones de Asistencia Judicial, quienes deberán ejecutar el nuevo Servicio— señalaron que más allá de los nombres propios, “lo relevante es que quien asuma garantice el cumplimiento de los compromisos suscritos con las y los trabajadores”.

Al respecto, la presidenta de la Federación, Victoria Escalante, sostuvo que “existen protocolos aún incumplidos en materias tan sensibles como remuneraciones, infraestructura, dotación de personal e incluso salud mental de las y los trabajadores, los cuales deben ser abordados por quien asuma este cargo”.

Asimismo, la dirigenta enfatizó que “siempre hemos sostenido que, antes de cualquier designación, deben cumplirse no sólo los estándares de probidad y ética, sino también contar con un perfil técnico acorde a la enorme labor que viene por delante”.

Cabe consignar que desde el gobierno aún no se ha formalizado oficialmente el nombre de Patricia Muñoz como la primera Directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Por ello, resta esperar si el Ejecutivo mantiene su postura inicial o evalúa una alternativa que encabece esta nueva institucionalidad, llamada a garantizar no solo la asistencia jurídica gratuita, sino también el acompañamiento integral a las víctimas de delitos a lo largo del territorio nacional.

¿Chile será parte del patio trasero de EEUU?

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Rubens Francois
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Trump declaró que Europa está viviendo su decadencia. Fuerte declaración que si se asocia a Occidente resulta aún más preocupante, sobre todo, dicho por quién ha instalado la consigna América Primero en un país que es heredero de la cultura de occidente que siempre ha defendido.

Los avances de los países asiáticos encabezados por China han puesto en alerta al capitalismo del norte. La cultura milenaria de esos países se ha impregnado en sus actuales logros productivos lo que ha permitido un desarrollo vigoroso y una capacidad competitiva que ha ido desplazando en los mercados a las grandes potencias industriales europeas y de EEUU.

La recuperación del liderazgo de EEUU que inspira a Trump tiene sentido, aunque, se ha propuesto retomar una competencia contra quienes llevan la delantera con un impulso muy difícil de igualar sin que se desencadenen nuevas formas de entrar a competir en los mercados, como ha sido la aplicación de aranceles rompiendo con ello una de las reglas más valoradas por Occidente como ha sido el libre comercio internacional con aranceles tendiendo a cero.

Si no puedo competir sin aranceles, los aplicaré no solo para romper las actuales reglas sino también para ganar tiempo mientras se reordena la economía mundial. En el intertanto, veré cómo hago para instalar un nuevo orden que me permita influir en el mercado con el fin de recuperar el terreno perdido. El nuevo paradigma está en proceso de diseño y prueba. Su imposición no ha tenido una respuesta con la misma fuerza y determinación que ha tenido el gobierno de Trump para cambiar las reglas del juego.

La libertad económica en una competencia sin barreras ni presiones se pone a prueba frente a una manera de influir por los medios que sea posible lo que ha conducido finalmente declarar una guerra comercial desde posiciones de poder donde rige la ley del más fuerte para intentar ganar en la lucha por el control de los mercados.

AL y el Caribe, región que sin olvidar ni haberse despreocupado demasiado, en este momento EEUU con Trump se ve obligado a activar en ella una nueva estrategia imperial que le permita consolidar su dominio y asegurar las fuentes de recursos como también los mercados para sus exportaciones. La pérdida de mercados de productos y servicios de EEUU a nivel mundial está determinando que debe ser compensada con una estrategia diferente en LA y el Caribe, tal que, si fuese necesario, involucre la intervención militar e incluya la imposición de gobiernos, sean o no democráticamente elegidos.

Trump no puede dejar de influir para evitar el crecimiento de la presencia de los BRICS en el mercado mundial. La presión vía aranceles para boicotear los intentos de algunos países por ingresar a ese grupo como también otro tipo de presiones ya se han hecho sentir con fuerza sin que los países afectados muestren mucha capacidad de respuesta ni exista un propósito persistente por recurrir a las instancias creadas para reclamar el no cumplimiento de los TLC o las normas de OMC.

Para los países de AL y el Caribe se ha puesto aún más complejo enfrentar el futuro de sus economías, su desarrollo industrial y la aplicación de políticas públicas que puedan dar origen a repuestas punitivas o castigos de parte del imperio del norte. Si ya era complejo enfrentar sin aranceles la competencia en el comercio internacional, ahora, las dificultades se multiplican para encontrar los mercados y las condiciones más favorables que calcen con las restricciones impuestas en este nuevo orden económico que carece de reglas efectivas para someter a derecho los excesos e incumplimientos en el comercio internacional.

En consecuencia, lo que podemos mirar a futuro es una dependencia aún mayor de nuestras economías respecto a las políticas e intereses de EEUU,  lo que puede llevarnos a continuar siendo productores de materias primas en condiciones de negociación muy acotadas y más proclives a favorecer a ese país sin perspectivas de industrializar nuestras economías predominantemente extractivistas con el predominio de inversionistas de ese país lo que cerraría definitivamente el paso a conquistar otros mercados y a un desarrollo regional autónomo e integrado al mundo sin la tutela del imperio del norte intentando reconfigurarse. Seguiremos siendo el patio trasero de EEUU con más riesgos de convertirnos en una región con conflictos semejantes a otras regiones del planeta de no revisar y replantear nuestra vocación de países libres, solidarios y con plena autonomía para elegir a nuestros socios y construir un futuro seguro, inclusivo, justo y sostenible.

Chile se enfrenta a una encrucijada vital tras la elección presidencial. Nuestro país está a punto de adherir a la política de Trump de profundizar su dominio en AL y el Caribe, a ignorar una soterrada pérdida de soberanía de nuestros países y el abandono de una estrategia de libre comercio que privilegie el multilateralismo.

Gremios de la salud sobre negociación del reajuste: La prioridad de la Mesa del Sector Público fue blindar el empleo frente a la incertidumbre política

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Tras el cierre de la negociación entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno, el escenario para los trabajadores de la salud y el Estado ha quedado definido no solo por cifras, sino por una estrategia de resguardo institucional. Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación FENATS Unitaria, ha sido enfático en señalar que este proceso de 2025 no fue una negociación común, sino un ejercicio de supervivencia gremial ante un clima parlamentario que amenazaba la estructura misma de la función pública.

El acuerdo, que contempla un reajuste general del 3,4% y un 5% para las rentas mínimas, es considerado por Ruiz como el resultado de una lectura pragmática de la realidad nacional (con la que no todos estuvieron de acuerdo dentro de la Mesa del Sector Público). Para el dirigente, el foco principal se desplazó de la búsqueda de un incremento salarial hacia la consolidación de derechos que garanticen que ningún trabajador sea removido de su puesto por razones ajenas a su desempeño profesional. Esto, a través de una modalidad de tribunales contenciosos que resuelven la problemática del limbo en que queda el trabajador fiscal ante -por ejemplo- despidos arbitrarios desde que la Contraloría decidió desligarse de estos procesos.  

«En un año marcado por discursos que apuntan a la reducción del Estado, no podíamos permitir que la discusión se centrara solo en el porcentaje de aumento. Nuestra responsabilidad histórica fue entender que el mejor reajuste es aquel que viene acompañado de la seguridad de que el colega seguirá en su puesto de trabajo en marzo», comenta Ruiz al analizar la importancia de la estabilidad laboral pactada.

Además del aspecto salarial, el representante de la FenatsUnitaria destacó que se han logrado avances en protecciones que antes eran vulneradas sistemáticamente. En este sentido, el dirigente subrayó: «No podíamos seguir aceptando que la maternidad fuera un factor de riesgo para las trabajadoras en reemplazo; hoy logramos que el embarazo no sea motivo de desvinculación bajo la excusa de la falta de cupos, devolviendo la dignidad mínima a quienes sostienen la salud pública en los momentos más críticos».

Respecto a la labor de la Mesa del Sector Público, describe que los 16 gremios que componen esta organización, tienen una raíz profundamente social al defender no solo la salud y el servicio público, sino también a los usuarios que son la mayoría de la población que depende del sistema estatal. “Por lo tanto, mejorar las condiciones de trabajo es, en última instancia, una forma de mejorar el país, sustentada en un argumento sólido de servicio y vocación que no deja espacio al desánimo, sino que se nutre de la convicción de estar luchando por lo que es justo”, agrega.

Finalmente, respecto al complejo ambiente en el Congreso, Ruiz es tajante al señalar la importancia de la autonomía gremial frente a las disputas partidarias. «Fuimos testigos de cómo algunos sectores intentaron usar el presupuesto de salud como moneda de cambio para sus intereses políticos. Ante esa presión, nuestra respuesta fue fortalecer la unidad de la Mesa del Sector Público; entendimos que el diálogo directo con el Ejecutivo era el único camino para asegurar que el reajuste fuera ley antes de fin de año y no quedara atrapado en una guerra de trincheras que solo perjudica al trabajador», concluye Ricardo Ruiz.

Nueva exposición se inaugura en el Precolombino: “Vivos y presentes. Arte de los pueblos Atacameño/Lickanantay, Mapuche y Rapanui”

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El Museo Chileno de Arte Precolombino presenta una nueva exposición temporal, enfocada en la tradición y persistencia del arte de los pueblos Atacameño, Mapuche y Rapanui

Con el apoyo de Escondida BHP y la Ley de Donaciones Culturales, la muestra estará vigente desde el 11 de diciembre de 2025 hasta fines de junio de 2026, en las Salas Andes y Furman del Museo Chileno de Arte Precolombino. Cuenta con la curaduría del historiador del arte e investigador Cristian Vargas Paillahueque junto al equipo del Museo, y la museografía es del arquitecto Rodrigo Tisi.

El proyecto nace de una exhaustiva investigación iniciada el 2022 en el Museo, llamada Catálogo Razonado, en donde, para la primera fase, se invitó a participar a diversos sabios y artesanos provenientes de comunidades indígenas de territorios como la Araucanía, Atacama y Rapa Nui, con el objetivo de entablar un diálogo sobre la colección en exhibición de la Muestra “Chile antes de Chile”. Este proceso tuvo como resultado la creación de 220 fichas razonadas -una por cada pieza investigada- y la publicación de tres catálogos, dedicados a cada una de las colecciones (Rapanui, Mapuche y Atacameño/Licanantay).

La investigación Catálogo Razonado ha contribuido a ampliar la mirada de la colección en cuestión, incorporando información alojada en las comunidades de los pueblos Rapanui, Mapuche y Atacameño/Licanantay. A futuro, se espera continuar con la investigación de las colecciones Aymara, Quechua y Diaguita.

“Esta exposición marca un hito para el Museo porque explora una forma de trabajo colaborativa junto a comunidades atacameña/lickanantay, mapuche y rapanui. No se centra solo en los objetos, sino en las historias, afectos y vínculos entre éstos y las personas, los que continúan vivos hasta hoy”, señala Cecilia Puga, directora del Museo Chileno de Arte Precolombino.  

El curador de la muestra, Cristian Vargas Paillahueque, destaca que “esta exposición es el resultado de un proceso de investigación y colaboración con sabios, artistas y especialistas de los pueblos atacameño/lickanantay, mapuche y rapanui. Desde sus propias miradas, las piezas dejan de ser solo objetos de estudio para convertirse en interlocutoras vivas de los pueblos que las sostienen, crean y transforman”.

“En sus más de 30 años de historia, Escondida | BHP ha sido testigo privilegiado de la conexión entre las comunidades indígenas del pueblo Lickanantay y su territorio. Esto se traduce en respeto y compromiso con ellas, y en nuestro Plan de Pueblos Originarios, que inspira nuestro quehacer. Hoy extendemos ese respaldo a través del gran equipo de profesionales del Museo Precolombino quienes aportan al rescate de otras culturas indígenas de nuestro territorio, manteniendo viva la historia y el acervo de los pueblos originarios, facilitando su conexión con la ciudadanía y, en especial, con las nuevas generaciones”, afirma René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Latinoamérica.

Bajo la premisa de que la producción creativa de los pueblos indígenas de Chile y América no es un asunto del pasado, sino que sus creaciones siguen vigentes –con quiebres, cambios y también continuidades– el Museo decide realizar su exposición temporal en base  a este proceso de diálogo e investigación intercultural, que implica a su vez, un replanteamiento a cómo se presentan los pueblos y personas indígenas en los museos.

Así, con una museografía clara y atractiva y un fuerte componente archivístico –que releva los rostros, autorías y las historias detrás de cada pieza– “Vivos y Presentes” busca enlazar las memorias, los oficios y el trabajo creativo de sabios y artesanos del pasado y del presente de los territorios convocados.

La exhibición contará con piezas de la colección custodiadas por el Museo Chileno de Arte Precolombino y de otras instituciones como el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Historia Natural de Valparaíso y el Museo Fonck. Incluirá además piezas de colecciones privadas como también algunas especialmente comisionadas a artistas y artesanos de estos pueblos indígenas, junto a material audiovisual que complementa la muestra.

A nivel global, los museos que resguardan colecciones de arte indígena están siendo cuestionados por varias razones, entre las que se encuentran el origen de estas colecciones o el modo en que las piezas fueron obtenidas; el silenciamiento o invisibilización de los pueblos que las produjeron y de sus herederos; la imposición de categorías occidentales de “arte” y “artesanía”; e incluso la tendencia a fijar las culturas indígenas en el pasado, sin reconocer su continuidad y vitalidad. La exposición busca abordar estas críticas desplegando el conocimiento propio de los pueblos originarios y el rol activo de sus especialistas en la persistencia de tradiciones artísticas y culturales en Chile: que hoy existan tradiciones alfareras, textiles o escultóricas que se remontan a cientos o miles de años y que continúan inspirando a artistas y comunidades, habla de una resistencia creativa que ha sido capaz de superar complejos procesos de colonización y despojo. Uno de los desafíos para los museos hoy es mostrar la rica historia indígena como una que perdura y se proyecta al futuro.

La exposición se acompañará de un catálogo impreso, con textos de investigadores indígenas que reflexionan sobre distintos ámbitos de la creación artística y cultural de sus pueblos.  Además, al interior de la exposición habrá espacios de mediación autónoma  en los que los públicos podrán activar contenidos de forma didáctica. A lo largo de los siete meses, el Museo ofrecerá diversas actividades de extensión como conversatorios, talleres, charlas, además de una oferta permanente de visitas mediadas, buscando relevar la vitalidad de los pueblos originarios.

Exposición temporal. “Vivos y presentes. Arte de los pueblos Atacameño/Lickanantay, Mapuche y Rapanui”

Museo Chileno de Arte Precolombino. Sala Andes y Furman
Apertura a público: 11 de diciembre.
Diciembre 2025 – Junio 2026

Día Nacional contra el Femicidio: En 2025 se registran 40 femicidios consumados y 283 femicidios frustrados

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Foto de Matze Bob en Unsplash

Con ocasión de conmemorar, cada 19 de diciembre, el Día Nacional del Femicidio, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género entregó un completo informe s0bre la violencia de g+enero en Chile durante este 2025:

Antecedentes: Día Nacional contra el femicidio y tipificación

Con el fin de visibilizar la violencia de género que viven las mujeres y relevar el carácter público y social de esta problemática, en octubre de 2020 el Congreso Nacional aprobó con apoyo transversal la incorporación del 19 de diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio (Ley 21.282), luego de la movilización de agrupaciones de mujeres.

La fecha se escogió en memoria de Javiera Neira Oportus, asesinada por su padre en 2005, cuando tenía seis años, en contexto de violencia contra su madre.

La ley autoriza e invita a establecimientos educacionales, organizaciones sociales y sociedad civil a realizar actos y/o actividades conmemorativas que contribuyan a la prevención y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y que dignifiquen la memoria de quienes han sido asesinadas.

Tipificación del femicidio en Chile

El reconocimiento del femicidio a nivel social y legal fue impulsado de forma muy decisiva por las organizaciones de mujeres y movimientos feministas del país, destacando el trabajo desarrollado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coordinadora 19 de diciembre, la Fundación Antonia, entre otras.

Así, se pasó de la invisibilidad de la figura del femicidio a un primer reconocimiento recién el año 2010, gracias a la ley 20.480, que nació de dos iniciativas parlamentarias impulsadas, entre otros, por Adriana Muñoz; María Antonieta Saá; Carolina Goic; Clemira Pacheco; Alejandra Sepúlveda; Laura Soto González; Carolina Tohá; Ximena Valcarce, entre otras y otros parlamentarios. Esta ley introduce la figura legal del femicidio en el ámbito íntimo del matrimonio y la convivencia.

Luego, el año 2020, la Ley 21.212, también conocida como Ley Gabriela, amplía el reconocimiento al femicidio íntimo de pareja y no íntimo (todo asesinato de mujeres y niñas por razón de su género). Y hace solo dos años, se produce un nuevo avance, con el reconocimiento penal del delito de inducción al suicidio y suicidio femicida a través de la Ley N° 21.523 de diciembre de 2022, también conocida como ley Antonia.

Complementando estas normativas, en abril de 2023 este gobierno promulgó la Ley 21.565 de reparación a víctimas de femicidio y sus familias.

Cifras

Hoy contamos con el trabajo de más de 15 años del Circuito Interseccional de Femicidios (CIF), cuya coordinación interinstitucional es clave para determinar y tipificar cuándo estamos ante casos de femicidios, propiciando mejoras en las propias instituciones intervinientes. Por eso, las cifras que hoy tenemos son mucho más representativas de la realidad que las que existían años atrás.

Cifras de femicidios: A la fecha, se registran 40 femicidios frustrados y 283 femicidios consumados.

Desglose Informe CIF 2024

  • En el caso de los femicidios consumados, la cifra se ha mantenido estable el tiempo, con 44 en 2021, 43 en 2022, 42, en 2023 y 44 en 2024.
  • La mayoría de los femicidios se produjo en espacios cercanos a la vida cotidiana de las mujeres: el 47,2% ocurrieron en el domicilio común, el 23,6% en la casa de la víctima y el 17,2% en la vía pública. Tanto en casos consumados como frustrados, el hogar compartido sigue siendo el principal escenario de riesgo.
  • En los casos de femicidio frustrado el SernamEG se contactó con el 95,6% de las víctimas para ofrecer representación jurídica y atención psicosocial en los centros especializados y Residencias Transitorias. En el 53,2% de estos casos se aceptó el apoyo del SernamEG, además de presentación de querella, iniciando un proceso judicial. En relación a los femicidios consumados, el SernamEG presentó querellas en el 85,7% de los casos.
  • En los casos de femicidios consumados, las denuncias previas disminuyeron a la mitad, pasando de 58% en 2022 a 29% en 2024. Esta disminución podría estar vinculada, entre otros aspectos, al aumento de situaciones de violencia de género durante la pandemia.
  • En 2024 el 97% de los femicidios en Chile fueron cometidos por personas con vínculos íntimos de pareja con la víctima.
  • En el caso de los femicidios consumados las víctimas fueron mayoritariamente mujeres chilenas entre 18 y 29 años (36,4%) y de 30 a 45 (34,1%). En tanto en el caso de los victimarios, la mayoría tiene entre 30 y 45 años (45,5%) y seguidos por los que tienen entre 18 y 29 años con un 27,3%
  • En los femicidios consumados, el 61% de los agresores eran chilenos, en femicidios frustrados el 85% y en femicidios tentados casi el 90%.
  • La gran mayoría de los femicidios ocurrieron en zonas urbanas, con el 85%. Sin embargo, en los femicidios consumados casi un tercio (30%) ocurrió en sectores rurales.
  • El análisis regional de los femicidios (consumados, frustrados y tentados) durante 2024 revela una distribución heterogénea a lo largo del país. En números absolutos, las regiones en que se registró el mayor número de femicidios fueron Metropolitana (97), Los Lagos (53) y La Araucanía (51).

Conversatorio Minmujer 19D: “Femicidio y desapariciones de mujeres: desafíos para el Estado” 

  • Según el Informe de Homicidios 2024 de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 31,1% de las mujeres asesinadas en el país ese año fueron víctimas de femicidio, concentrándose mayoritariamente en contextos de violencia intrafamiliar. En tanto, el Informe de Homicidios 2024 del Ministerio Público señala que el femicidio íntimo en contexto de violencia intrafamiliar representa la forma más frecuente, mientras que los femicidios no íntimos y los casos de violación con femicidio constituyen una proporción menor del total.

A pesar de lo anterior su ocurrencia resulta relevante en tanto suelen desarrollarse en escenarios de mayor conflictividad y violencia extrema.

  • A este contexto se suma la promulgación de la Ley 21.500, que representa un avance normativo clave para visibilizar los casos de desapariciones, particularmente de mujeres y niñas, y reforzar la obligación del Estado de actuar con prontitud, garantizar una investigación efectiva y reducir los márgenes de impunidad que hoy atraviesan territorios donde operan dinámicas delictivas complejas y violencias de género. No obstante, su implementación enfrenta desafíos importantes: asegurar la coordinación efectiva entre las instituciones que integran el sistema; capacitar con enfoque interseccional a quienes reciben denuncias o investigan los casos; garantizar cobertura territorial amplia; y asegurar que los protocolos de “búsqueda temprana” se apliquen con celeridad, sensibilidad de género y transparencia.
  • En el marco del 19D, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género organizó para hoy un conversatorio que busca establecer un diálogo crítico que contribuya a fortalecer la respuesta del Estado frente a las violencias que afectan a mujeres y niñas. El encuentro propone analizar la intersección entre género, desaparición y violencias asociadas a dinámicas delictivas de alta complejidad, identificar los factores estructurales que requieren atención prioritaria y relevar las formas de organización, cuidado comunitario y acción colectiva que han impulsado las comunidades. En el conversatorio expondrán Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana; Elena Dettoni de Colectiva Ni Una Menos; Valeska Troncoso, investigadora y docente universitaria. Especializada en crimen organizado transnacional y políticas de seguridad en América Latina; Natalia Silva, jefa de División de Estudio y Tecnologías de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Sebastián Aguilera, abogado asesor de la Unidad Especializada de Género de la Fiscalía Nacional.

Avances del gobierno en prevención, sanción y erradicación de la violencia de género Ley Integral

En marzo de 2024 se aprobó -luego de 7 años de tramitación- esta ley, más conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que, entre otros aspectos, permite: mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; fortalecer el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; incorporar a los niños como víctimas y no solo como testigos de la violencia de género y contar con un sistema de gestión integral de casos que posibilitará tener más información y mejor articulación entre las distintas instituciones que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, además de evitar la revictimización.

Algunos de estos avances son:

  • Sistema Integrado de Información

 Para avanzar en el cumplimiento de la nueva Ley Integral y mejorar el apoyo a quienes viven violencia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó, en 15 municipios, el piloto del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Esta herramienta tecnológica permitirá, por primera vez, que las instituciones que abordan situaciones de violencia de género – como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, las policías, SernamEG, municipios, entre otras- compartan información de forma automática, creando una ficha única para brindar una atención más rápida y coordinada.

Medidas cautelares/ poder judicial y Ministerio Público

 Antes de que empezara a regir la ley Integral contra la violencia las medidas cautelares dictadas en las causas que pasaban de los Tribunales de Familia a los Tribunales Penales en su gran mayoría, no eran revisadas y muchas veces vencían sin conocimiento de la víctima. Hoy con la ley existe la obligación de la revisión y supervisión judicial de las medidas de protección dictadas a favor de las mujeres víctimas de violencia.

De junio a diciembre del 2024 se realizaron 7.049 audiencias y hasta agosto del 2025 la cifra supera las 17 mil. 

Compromiso Presidencial: Centros de atención especializada en violencias de género

El año 2023, SernamEG inició un proceso de modernización de su oferta de programas para mujeres que han vivido violencia.

Debido a la alta demanda existente, y en el contexto de este proceso, se definió fortalecer la línea de atención especializada jurídica y psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género. Así, el Gobierno asumió el compromiso de contar con, al menos, un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género en cada región del país. Se trata de centros que cuentan con atención jurídica, psicológica, psiquiátrica y social con el objetivo de entregar una atención integral y reparación a víctimas de violencia de género grave o extrema, incluida violencia sexual.

Los Centros de Atención Especializada CAEVG, solo en 2025, han realizado más de 13 mil atenciones psicosociales y jurídicas a 2.094 usuarias y han llevado 774 representaciones jurídicas. Este trabajo incluye la presentación de 375 querellas.

 Ley de reparación víctimas de femicidio

En diciembre de 2023 se comenzaron a entregar las primeras pensiones a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres producto de femicidios, una de las medidas que incorpora esta norma. A noviembre 2025, ya se tramitado 206 pensiones a menores de 18 años hijos e hijas de víctimas de femicidio.

La ley busca asegurar el acceso efectivo a protección y reparación integral a víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familiares, a través de distintas acciones e instrumentos, y con los objetivos de:

×     Crear una pensión para hijas e hijos menores de 18 años de mujeres víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida.

×     Otorgar acceso preferente al sistema de protección social del Estado a víctimas de femicidio frustrado o tentado.

×     Otorgar el derecho a la protección del trabajo a víctimas de femicidio frustrado o tentado (con fuero laboral de hasta un año desde que ocurriera la agresión).

×Ley que tipifica el suicidio femicida (Ley Antonia)

Con esta ley, promulgada en diciembre de 2022, el país avanzó hacia una legislación integral en atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en particular en el reconocimiento de las graves consecuencias que este tipo de violencia tiene en la vida de las víctimas y del vínculo entre salud mental y violencia de género. Esta ley, además de tipificar el suicidio femicida y la inducción al suicidio, que son delitos que no estaban contemplados en nuestra legislación, considera otros aspectos fundamentales a la hora de abordar los delitos de violencia sexual que sufren miles de mujeres, reforzando los derechos que tienen las víctimas durante los procesos judiciales.

Balance oferta Sernameg

  • Hoy, los programas de SernamEG están presentes en el 90,2% del territorio nacional, en concreto, en las 16 regiones del país, cubriendo un total de 312 municipios. Cerca de 1 millón de mujeres han recibido atención, acompañamiento o apoyo gracias a la labor de SernamEG en los últimos tres años.
  • De cara a 2026, SernamEG reforzará el trabajo en reparación para mujeres que han vivido violencia, con un aumento presupuestario de 16,4%, destinado a cumplir con los desafíos de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
  • Entre 2024 y 2025, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) ha brindado un acompañamiento integral a miles de Solo en los Centros de Atención Especializada en Violencia de Género (CAEVG) y los Centros de las Mujeres (CDM), se realizaron 180 mil atenciones psicosociales y jurídicas, asegurando apoyo emocional y orientación profesional.
  • Se entregaron más 10 mil representaciones jurídicas, garantizando que las mujeres contaran con respaldo legal en momentos clave y fortaleciendo su acceso a la justicia.
  • Los Centros de las Mujeres también han consolidado su presencia con 128 espacios en todo el país, brindando más de 6 mil patrocinios de casos de violencia en 2024 y apoyo inicial a más 80 mil Para 2026, se proyecta abrir un nuevo centro en otra comuna, llegando a 129 y aumentando la cobertura de usuarias a 14.530.
  • El Sistema de Atención Telefónica y Telemática (SATT) ha crecido junto a la presencia territorial, con más de 600 mil atenciones desde 2022 y un incremento proyectado del 18,5%, es decir, casi 95 mil atenciones en 2026.
  • Solo en 2024, el sistema SATT gestionó 86.421 atenciones en todo el país, incluyendo llamadas al 1455, atención prioritaria por violencia de género, derivaciones a Carabineros y comunicación remota con mujeres afectadas.

50 años del Plan Cóndor: Odette Magnet relata la historia de su hermana detenida desaparecida bajo la dictadura militar de Argentina

Por
Odette Magnet
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Foto de Leon Overweel en Unsplash

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre el impacto de la Operación Cóndor en la sociedad chilena. O, si se quiere, cómo reaccionaron los chilenos y chilenas ante la existencia de este macabro plan, que dejó como  legado la tortura, y miles de secuestros, desapariciones y asesinatos.

Con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, es posible formular ciertas certezas que pueden parecer obvias, pero no por eso menos ciertas.

Hablo como hermana de Marìa Cecilia,  (27 años, socióloga) y cuñada de Guillermo Tamburini (32, médico argentino). Ambos fueron secuestrados de su departamento en Buenos Aires en la madrugada del 16 de julio de 1976, víctimas del Plan Cóndor. Habían huido de la dictadura chilena a fines del 73. Sus cuerpos aún no han sido encontrados, no sabemos cómo ni dónde fueron exterminados. Imposible terminar el rompecabezas porque los autores de este crimen -dos fueron enjuiciados y condenados- han guardado cobarde silencio. Dicho eso, resulta evidente que Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de justicia: es uno de los pocos países que logró llevar a los represores ante los tribunales civiles y que juzgó y condenó a las cabezas militares responsables.

La sociedad argentina, como cuerpo, ha abrazado con entusiasmo y convicción la causa de la defensa de los derechos humanos y ha expresado su solidaridad a las familias de las víctimas de Plan Cóndor. No fue fácil: hubo turbulencias, pero se privilegió la cohesión social y el compromiso por la verdad, la memoria y la justicia. Una lección que los chilenos -tan temerosos del conflicto- debiéramos recoger.

Algo se ha hecho en nuestro país. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2023, en un fallo unánime, la Corte Suprema de Chile confirmó las condenas a 22 agentes de la ex DINA por los secuestros y homicidios calificados de algunas víctimas de la Operación Cóndor, y ordenó medidas de reparación. Asimismo, cabe consignar que la puesta en marcha, hace dos años, del Plan Nacional de Búsqueda es una señal inequívoca del compromiso del Presidente Boric y su gobierno en apoyar nuestra lucha.

Digamos las cosas como son: nuestra búsqueda ha sido muy solitaria, con escaso eco de nuestros compatriotas. En general, la sociedad chilena no nos ha acompañado en nuestro dolor, en nuestra causa. Ha faltado solidaridad y empatía. Y en la esfera del poder, habríamos querido un apoyo más contundente de parte de los sucesivos gobiernos en democracia.

En el Chile actual la gran mayoría de los jóvenes no tiene idea lo que es el Plan Cóndor, Eduardo Galeano decía que “el derecho de recordar no figura en los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica: no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita; no para que los vivos seamos ventrílocuos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia.”

Rescato esta reflexión suya porque me parece muy oportuna en tiempos de turbulencia como el que vivimos, donde las democracias del mundo tambalean, cercadas por la amenaza fascista que no promete garantía alguna respecto a la promoción, la defensa y protección de los derechos humanos. A la luz de los recientes resultados electorales, nuestro país no figura, precisamente, como la excepción.

Pese a que se han logrado avances significativos para lograr justicia para las víctimas del Plan Cóndor, muchos de sus crímenes permanecen aún ocultos bajo un manto de impunidad y silencio. No es casual que durante mucho tiempo no se supiera de su existencia. En Chile el plan fue durante mucho tiempo invisibilizado, agudizado por los medios periodísticos, propiedad de los grandes grupos económicos, cómplices de la dictadura. La búsqueda de los detenidos desaparecidos fue ignorada por la prensa oficialista y ya sabemos los periodistas que aquello que no se comunica no sucedió. Y cuando y cuando se lograba romper el cerco, la fuente obligada era la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no las familias de las víctimas Cóndor. Inmersos en el clima de sospecha y desconfianza, paralizados por el temor, no era fácil compartir información con otros. Menos nuestro dolor. No pocos optaron por el silencio y el repliegue. Chile se había convertido en un país de ghettos.

Muchas de las familias de los desaparecidos vivían fuera de Chile. No había coordinación entre nosotros, muchos no nos conocíamos. Estábamos en tierra de nadie.

El otro día una amiga, cuyo marido también es una de las víctimas de Cóndor, me contaba cómo había tenido que enseñarle a sus hijos a mentir cuando eran chicos. Les decía ‘cuando les pregunten por su papá digan que murió en un accidente de auto’. Era peligroso que dijeran que era un detenido desaparecido argentino.

Bajo la protección de Pinochet y con la permisividad de amplios sectores de la sociedad chilena, resulta indiscutible de que hubo una parte importante de la población que avaló el terror, la represión y que aprobó el exterminio. La derecha, con la complicidad de las autoridades de gobierno, cayó en un negacionismo profundo y malsano, alimentado por el deseo de olvidar lo sucedido. Desde un comienzo, el tema de los detenidos desaparecidos fue reducido a un drama familiar y no de país.

Así es hasta hoy. El sentimiento de que “si no me pasó a mì no me incumbe” fue compartido y fiel reflejo del individualismo imperante. Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura es un tema que incomoda y tampoco ha estado, precisamente, entre las prioridades reales en la agenda de los gobiernos. Sé muy bien que muchas familias han sentido algo similar.

Hace no tanto una periodista le dijo a Evelyn Matthei que quería hacerle una pregunta sobre los detenidos desaparecidos, y la ex ministra, ex senadora, ex candidata contestó: “¡Soporrrrrr!”

En el libro “La Operación Cóndor, memoria y derecho” de Juan Mario Solís, el autor señala que “se logró grabar la impunidad, la inapelabilidad del poder, para intentar, de esta manera, garantizar la obediencia o la indiferencia. La tortura, el asesinato, la exhibición de cadáveres mutilados, la desaparición, fueron formas de grabar, de marcar.”

Por otro lado, ahí estuvieron las familias de las víctimas, apoyadas por organizaciones de derechos humanos, que no bajaron los brazos, que no callaron, que se negaron a rendirse en su afán de encontrar a sus seres queridos y denunciar los abusos. Majaderas en su lucha, según algunos. Basta recordar la frase, tristemente célebre, del entonces presidente de la Corte Suprema chilena, Israel Bórquez, quien se quejó de que “los detenidos desaparecidos me tienen curco.”

Fue una buena señal aquella. La perseverancia de las integrantes de la agrupación no se extinguió. Porfiadas, decenas de mujeres de distintos ámbitos, se reunían en manifestaciones en los tribunales de justicia y, ante la presencia amenazante de los gendarmes, rodeaban a esa mujer altiva de piel de mármol, con la vista vendada y el corazón frío. Solitaria, ubicada a los pies de una ancha y bella escalera, impasible, imperturbable.  La acecharon, le lanzaron maldiciones, le rogaron como a esos santos mudos de los altares cristianos. Si hubiesen podido, le habrían prendido velas y prometido mandas. Contra todas las mareas, internas y externas, querían y necesitaban confiar en que algún día la balanza se equilibraría a favor de ellas y tendrían respuesta a esa pregunta majadera, como ellas: “¿Dónde están?”

Hoy conmemoramos los 50 años del Plan Cóndor y honramos las vidas y los nombres de sus víctimas. No puedo dejar de pensar en la gente que se enjuaga la boca con la reconciliación y la necesidad de dar vuelta la página mientras levanta la copa en el cóctel de rigor y las palabras caen del aire como bolas de fuego en una magistral proeza circense que se cierra con un brindis. Sospecho que esta escena se repetirá con frecuencia en los años que vienen. Se avecinan tiempos difíciles.

La comunidad exige justicia. Ignorar el pasado bajo el sistema de la amnesia colectiva implica no querer aprender los errores del pasado. La historia enseña que los pueblos que no han podido reconciliar su pasado están, en buena parte, imposibilitados de imaginar su presente y su futuro.

Muchas gracias.

Nota de la redacción: nuestra colega y colaboradora de Página 19 participó del conversatorio sobre los 50 años del Plan Cóndor, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Registro Civil abre agenda para matrimonios y AUC a bordo de la lancha “Civil Sur” en Puerto Montt

Por
Página 19
-

La tradicional lancha “Civil Sur”, única oficina marítima del país, volverá a ser escenario de matrimonios y Acuerdos de Unión Civil en Puerto Montt durante febrero, en una iniciativa gratuita del Registro Civil abierta a parejas de todo Chile.

Continuando con la tradicional iniciativa “Matrimonios en el Mar”, el Servicio de Registro Civil e Identificación abrió la agenda para la celebración de matrimonios y Acuerdos de Unión Civil (AUC) a bordo de su oficina marítima, la lancha “Civil Sur”, en la Región de Los Lagos.

La embarcación —única en su tipo a nivel nacional— será escenario de estas ceremonias en la costa de Puerto Montt durante todo el mes de febrero. Así lo confirmó el director regional del Servicio, Daniel Olhabé, quien destacó el carácter inclusivo y simbólico de la iniciativa.

“La intención es dar la oportunidad a parejas de todo el país de formalizar su relación de una manera distinta, en un entorno único. Es importante señalar que este servicio es completamente gratuito y estará disponible durante el mes de febrero”, señaló la autoridad.

Las ceremonias se realizarán entre el lunes 9 y el viernes 27 de febrero, en tres horarios diarios: 9:30, 11:30 y 14:30 horas.

Las personas interesadas deben acercarse a la Dirección Regional del Registro Civil, ubicada en Avenida Presidente Ibáñez 600, Puerto Montt, de lunes a viernes entre 8:30 y 14:00 horas, o bien comunicarse con Marianela Ortega Lamas al teléfono (65) 277 4200 o al correo electrónico [email protected].

Cabe destacar que la lancha Civil Sur se encuentra en operación desde julio de 1999, con el objetivo de brindar atención registral a comunidades aisladas de la región, muchas de ellas con conectividad exclusivamente marítima.

En 2009 se implementó la iniciativa “Matrimonios en el Mar”, como una forma de dar uso a la embarcación durante la temporada estival y ofrecer a la ciudadanía una alternativa distinta para contraer matrimonio o celebrar un AUC.

La lancha dejó de operar en 2018, debido a problemas técnicos y falta de presupuesto. Sin embargo, en 2022, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, se lograron obtener los fondos sectoriales necesarios para su refacción y retorno a operaciones.

Actualmente, la Civil Sur realiza recorridos por las islas y sectores del archipiélago de Chiloé, cumpliendo una labor social de alto impacto, especialmente en localidades rurales, apartadas y con alta población vulnerable. Desde el año pasado, además, mantiene una alianza estratégica con BancoEstado, permitiendo acercar trámites bancarios a las comunidades que visita.

De joyas, clivajes y motosierras: el kastianismo en la presidencia

Por
Hernan García Moresco y José Orellana Yañez
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Foto de Daniel M. en Unsplash

El impacto de los resultados de la última elección presidencial relativizó una serie de consideraciones provenientes de diversos sectores del arco político, incluidas las derechas. En nuestro caso, la brecha entre el análisis previo y los resultados electorales obliga a decodificar los factores explicativos del desenlace, particularmente aquellos que no fueron considerados —o que, eventualmente, no se quisieron considerar— con suficiente atención.

Una primera hipótesis, confirmada, se vincula con el ‘efecto de contagio global’ asociado a la consolidación de proyectos políticos de derecha, que van desde expresiones conservadoras hasta variantes de carácter ultraconservador (liberales, mediante). Este fenómeno resulta visible en el hemisferio americano, con casos recientes en Estados Unidos, El Salvador, Argentina, Ecuador, Bolivia y, más recientemente, Honduras. Dicho contexto configura un marco referencial significativo, siendo el caso salvadoreño uno de los más emblemáticos al combinar de manera eficaz los discursos sobre delincuencia y seguridad pública. La denominada “bukelemanía” permeó el escenario político chileno y fue asumida, sin ambigüedades, por José Antonio Kast.

A ello se suma la explícita cercanía con el proyecto político de Javier Milei en Argentina, materializada tanto en gestos simbólicos —como la utilización de la “motosierra” como emblema— como en la narrativa de un ataque frontal contra la corrupción estatal, presentado como condición necesaria para el desarrollo individual. Este discurso, más allá de las adscripciones ideológicas, logra resonar en amplios segmentos del electorado chileno, reforzado, además, por la impronta discursiva y electoral de Johannes Kaiser.

La figura de Kaiser resulta particularmente relevante en la medida en que interpela a un electorado que revaloriza el golpe militar de 1973, lo que se expresa en declaraciones como: “sin duda, apoyaría un golpe de Estado si las circunstancias fuesen como en 1973”. A ello se agregan propuestas orientadas a proscribir al Partido Comunista o a eliminar el Ministerio de la Mujer, consolidando posiciones en un sector del electorado que, hasta 2021, no participaba activamente en procesos electorales voluntarios y que hoy, bajo el régimen de voto obligatorio, se ve compelido a concurrir a las urnas. Se trata, en consecuencia, de un segmento que manifiesta una relación instrumental, cuando no abiertamente crítica, con la democracia representativa en Chile.

En este contexto global y regional, mediado de manera creciente y asertiva por las redes sociales, se fue esculpiendo la idea de que “Chile se cae a pedazos”, asociada a fenómenos como la corrupción —ejemplificada en los casos de fundaciones y otras denuncias—, la delincuencia, la migración irregular y los delitos violentos. Esta narrativa terminó por configurar una suerte de “joya arquetípica” sobre la cual se construyó una retórica de “sentidos comunes”, en términos del propio discurso del presidente electo durante su fase electoral reciente, agregándosele las anteriores y el desempeño del partido republicano en el congreso. Desde esta perspectiva, la apelación al Estado de Emergencia se instala como una solución de sentido común, cuyos alcances ejecutivos y legislativos deberán ser observados con atención.

La noción de “joya arquetípica” logró anclarse eficazmente en procesos sociopolíticos recientes, tales como el estallido social —redefinido discursivamente como fenómeno delictual— y el proceso constitucional, particularmente el plebiscito de 2022. Estos hitos contribuyeron a sedimentar una voluntad popular que, pese a beneficiarse de avances en materias como pensiones, reducción de la jornada laboral, copago cero en salud y mejoras en indicadores de delincuencia —incluida la macrozona sur—, no reconoció plenamente dichos logros del actual gobierno.

Este escenario puede ser analizado a la luz de la teoría de los clivajes sociopolíticos de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, según la cual los ordenamientos políticos nacionales se estructuran en torno a grandes fracturas sociales, políticas y económicas. En el caso chileno, el clivaje dictadura v/s democracia, que durante décadas organizó buena parte del campo político, aparece hoy relativizado o tensionado por nuevas dicotomías, como orden v/s estallido social u orden v/s delincuencia, crimen organizado y migración. Estos clivajes, lejos de operar de manera aislada, se combinan y refuerzan mutuamente, proyectándose con fuerza en el ciclo político que se abre.

Otro elemento central corresponde a la dimensión territorial del fenómeno político. La penetración ideológica y electoral ha estado históricamente vinculada al territorio, entendido no solo como espacio físico, sino también como construcción social y cultural. A mayor inserción territorial, mayores son las posibilidades de influencia y persuasión política. Sin embargo, esta relación se complejiza en la actualidad por la interacción entre el territorio material y el territorio virtual, configurado por las redes sociales. En este cruce, discursos falsos —como la idea de un país en colapso total— conviven con problemáticas reales, tales como la corrupción, los privilegios y la inseguridad.

En la elección presidencial reciente, marcada por el voto obligatorio, las derechas —en particular las corrientes republicanas y libertarias— lograron apropiarse de este dispositivo territorial, tanto en su dimensión física como digital, imponiendo a las fuerzas oficialistas el desafío de una futura reconquista del espacio político mediante estrategias innovadoras.

Finalmente, el diseño de campaña del candidato vencedor, aunque austero, resultó eficaz al concentrarse en un número acotado de clivajes, especialmente aquellos vinculados al orden, la delincuencia, la migración, el estallido social y crisis económica. La decisión de limitar las intervenciones públicas del abanderado redujo los riesgos de inconsistencias argumentativas, evidentes en instancias como los debates de ARCHI y ANATEL, particularmente frente a las interpelaciones de Jeannette Jara. Las responsabilidades del oficialismo, tanto a nivel de coalición como de gobierno, constituyen un análisis aparte, aunque no cabe duda, algunas, ya se encuentran en esta opinión.

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