El triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial de este domingo 14 no es un rayo en un cielo despejado, tampoco es un simple giro coyuntural del electorado chileno. Los datos son demasiado claros como para refugiarse en explicaciones tranquilizadoras. Kast se impuso con el 58,2 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara, ganó en todas las regiones del país y en más de 300 comunas, con una participación cercana al 85 % del padrón. Es una victoria amplia y extendida. José Antonio Kast es el presidente más votado en la historia de Chile.

Este dato es aún más relevante si se considera el voto obligatorio. Fue reimplementado en el plebiscito de salida de 2022, y desde entonces el electorado chileno ha votado reiteradamente bajo este marco. La ciudadanía que se expresó este domingo es, en buena medida, la misma que rechazó el primer proceso constitucional y la misma que ha venido mostrando una creciente distancia con los marcos interpretativos tradicionales del progresismo. Kast no ganó porque la sociedad chilena se haya derechizado, sino porque logró ofrecer un marco interpretativo que ordenó malestares dispersos bajo una narrativa común de protección, control y urgencia.

En ese contexto, es importante mencionar que José Antonio Kast no es un outsider de la política chilena. A diferencia de otros políticos de su signo en la región, su trayectoria no se construye desde los márgenes del sistema, sino desde su interior. Fue diputado durante dieciséis años, entre 2002 y 2018, con una presencia constante en el Congreso y una inserción profunda en la derecha tradicional. Su quiebre con la UDI no fue una ruptura con la política institucional, sino una escisión estratégica que dio origen primero a Acción Republicana y luego al Partido Republicano, hoy una de las fuerzas más relevantes del sistema político chileno. Kast leyó mejor que otros el clima de época y construyó una herramienta política eficaz para capitalizarlo.

Su triunfo tiene, además, un carácter histórico que no conviene relativizar. Kast es el primer presidente electo que no solo proviene de la derecha más dura, sino que no ha establecido una ruptura con la dictadura de Augusto Pinochet. Ha abierto, incluso, la posibilidad de indultar a criminales de lesa humanidad actualmente condenados por delitos cometidos durante ese período. Este hecho introduce una tensión profunda en la democracia chilena contemporánea, no solo en términos de memoria histórica, sino también respecto de los consensos éticos que habían estructurado, con mayor o menor fragilidad la política transicional.

La campaña de Kast fue, en términos estratégicos, notablemente más mesurada que en elecciones anteriores. Moderó el tono, redujo la exposición a escenarios de alto riesgo comunicacional y, de manera deliberada, evitó debates que pudieran obligarlo a precisar posiciones incómodas. En su lugar, instaló una narrativa simple, reiterativa y eficaz: Chile vive una situación de emergencia en materia de seguridad, orden y control, y esa emergencia exige respuestas excepcionales. El concepto de “gobierno de emergencia” logró conectar con una experiencia cotidiana ampliamente compartida por la ciudadanía: la sensación de inseguridad, desamparo y pérdida de control.

Las derechas radicales

Esa ambigüedad abre una pregunta sobre el gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo. ¿Estamos ante un proyecto realmente excepcional, dispuesto a tensionar los límites institucionales en nombre del orden, o ante una administración que, una vez en La Moneda, optará por una gobernabilidad más clásica? La pregunta no es retórica, porque esa tensión atraviesa al propio Partido Republicano. No se trata de un bloque homogéneo. Conviven en su interior sectores que empujan por una implementación acelerada y sin concesiones de su agenda, mirando con atención experiencias como las de Milei, y otros que entienden que el ejercicio del poder exige gradualidad, acuerdos y cierto pragmatismo. La forma en que se resuelva esa tensión marcará no solo el tono del gobierno, sino también la estabilidad política del próximo período.

Pero más allá de las particularidades chilenas, el triunfo de Kast se inscribe en una tendencia más amplia de las derechas radicales contemporáneas. Su éxito descansa en tres pilares relativamente claros. Primero, una centralidad absoluta del eje seguridad-orden, que desplaza a un segundo plano los debates clásicos sobre redistribución o derechos sociales. Segundo, una narrativa de protección que combina Estado fuerte, fronteras controladas y autoridad, presentada como respuesta a un mundo percibido como caótico. Y tercero, una interpelación directa a sectores que históricamente habían apoyado proyectos progresistas: trabajadores, clases populares y segmentos jóvenes que ya no se sienten representados por las promesas tradicionales de la izquierda.

Es precisamente ahí donde se vuelve inevitable mirar el otro lado de la ecuación. La izquierda y el progresismo llegaron a esta elección con una candidata de alta popularidad y una trayectoria reconocida. Jeannette Jara logró articular una coalición amplia y coherente, y representó, para muchos, una figura cercana, con experiencia de gestión y sensibilidad social. Sin embargo, su candidatura quedó offside frente a un escenario que se desplazó con rapidez. Kast llegó por tercera vez a una elección presidencial habiendo aprendido de sus derrotas anteriores, ampliando su base electoral y convenciendo a un electorado más diverso que el de sus primeras incursiones. Jara, en cambio, no logró expandir suficientemente su apoyo más allá del núcleo duro del progresismo.

A esto se suma un factor que sigue operando con fuerza en el inconsciente colectivo: el anticomunismo. Más allá de su racionalidad o consistencia, sigue siendo un elemento movilizador en amplios sectores del electorado y operó como un límite efectivo para la candidatura de Jara en el balotaje. No fue el único factor, pero sí uno relevante en un contexto de alta crispación política.

Con todo, reducir la derrota de la izquierda a factores externos sería un error. Hay responsabilidades internas que no pueden eludirse. La principal es una mala lectura del clivaje central de esta elección. Mientras una parte importante de la ciudadanía organizó sus decisiones en torno a la seguridad y la economía, la izquierda insistió en marcos discursivos anclados en derechos sociales, justicia y transformaciones estructurales que, siendo relevantes, no lograron conectar con la urgencia cotidiana de las personas. No se trata de abandonar esos principios, sino de reconocer que dejaron de ser suficientes como eje articulador de mayorías.

Explicando las derrotas

Desde la derrota del primer proceso constitucional en 2022, la izquierda ha atravesado una crisis prolongada de interpretación de la realidad. Ha tendido a explicar sus derrotas como producto de desinformación, miedo o manipulación, sin asumir del todo que algo en su forma de comprender el país dejó de funcionar. La dificultad no está solo en el mensaje, sino en las categorías con las que se lee el malestar social. Mientras la izquierda habló de derechos, una parte creciente de la población habló de seguridad. Y en política, cuando no se logra nombrar correctamente lo que las personas viven, alguien más lo hará.

La derrota de este domingo es, en lo fundamental, una derrota epistemológica y un rechazo a los principios progresistas. La izquierda no perdió porque carezca de ideas ni porque haya renunciado a sus convicciones históricas, sino porque ha tenido crecientes dificultades para producir interpretaciones del presente capaces de organizar la experiencia social de manera convincente. Kast no triunfó porque ofreciera mejores soluciones estructurales, sino porque logró articular un marco de sentido que ordenó miedos, percepciones de desprotección y demandas de certeza bajo una narrativa de urgencia y control.

Ese marco no emerge de la nada. Existen crisis reales en materia de seguridad, economía y cohesión social, pero estas han sido amplificadas y reordenadas por un relato eficaz de las derechas, particularmente de la derecha radical, que logró instalar la idea de un país al borde del colapso y, con ello, la necesidad de un “gobierno de emergencia”. El gobierno de Gabriel Boric ha debido administrar ese escenario tensionado, con dificultades evidentes para disputar el encuadre interpretativo desde el cual esas crisis son leídas, más que por haber sido su causa exclusiva. La disputa perdida no fue solo de gestión, sino de sentido.

En ese vacío interpretativo, la izquierda identitaria ha tenido una responsabilidad que no puede ser eludida. Al privilegiar una política centrada en la afirmación de identidades fragmentadas y en gramáticas morales cada vez más sofisticadas, terminó debilitando su capacidad de articular un horizonte común. No se trata de negar las luchas por reconocimiento, sino de constatar que, al desvincularlas de las condiciones materiales y de las experiencias compartidas, la izquierda habló un lenguaje cada vez más distante de la vida cotidiana de amplios sectores sociales. Ese desplazamiento erosionó la posibilidad de construir relatos integradores en un contexto dominado por el miedo y la incertidumbre.

El triunfo de Kast debe leerse, entonces, no como una derechización homogénea del electorado, sino como el resultado de una disputa narrativa bien resuelta a favor de quien logró ofrecer una lectura simple, inteligible y emocionalmente eficaz del presente. Si la izquierda no asume con seriedad esta crisis epistemológica, reconstruyendo una capacidad de interpretación que vuelva a nombrar lo común sin renunciar a la complejidad, seguirá perdiendo no solo elecciones, sino la posibilidad misma de disputar cómo el país entiende sus propias crisis y, con ello, su futuro político.

Con el triunfo a la presidencia de la República de José Antonio Kast a la cabeza de una alianza política de derechas extremas, se inicia en Chile un nuevo ciclo político. Al cabo de los próximos 4 años poco habremos cambiado en la dirección que necesitamos como sociedad. Al contrario, lo más probable es que empeoren las condiciones materiales de existencia para amplias mayorías.

El pronóstico no es arbitrario. Se basa en lo que Kast y sus partidarios  han sostenido durante todo este tiempo en términos de recortar gasto social en 6.000 millones de US dólares; frenar aún más el alicaído rol del Estado en la economía; negacionismo respecto a los efectos del productivismo extremo en el medio ambiente; desprotección camuflada de la fuerza de trabajo en favor de la clase empresarial, exaltación del individualismo como modelo de sociedad, conservadurismo religioso en materia de orientación sexual e identidad de géneros, mientras que en el plano internacional, solo queda por conocer el ritmo del alineamiento  con las ultraderechas en desmedro de la institucionalidad global que surgió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

El ascenso al poder de este sector en Chile, es también un paso más en cuanto a que la proclamada libertad individual sin justicia social termina yendo al despeñadero. Sin igualdad material, las libertades individuales se convierten en privilegios de unos pocos. Esas libertades solo podrán ser  plenas si cuentan con un soporte material común: derechos sociales que garanticen educación, salud, vivienda y seguridad frente a la precariedad. Pero  en un régimen económico hiperconcentrado como el chileno, la corrección de la desigualdad estructural se vuelve un desafío extremo, pero ineludible de acometer.

En consecuencia, la posibilidad de retroceder en términos de derechos existe e  incluye la involución del mismo Estado de derecho que surgió tras la dictadura. En lo político, el país estará más dividido de lo que está y el resentimiento social que generan  las desigualdades, continuará en aumento al no contar con soluciones a sus demandas más sentidas ni sus aspiraciones canalizadas politicamente en un proyecto país que entregue perspectivas ciertas y realizables. El chorreo nunca ha sido la solución ni el fanatismo tampoco.

Superar las desigualdades exige políticas deliberadas y sostenidas: impuestos progresivos, regulación de grandes capitales, acceso universal a educación y salud, protección laboral efectiva mediante reconocimiento legal de negociación de ingresos y condiciones laborales, industrialización que sirva de sustento al gasto, factores  que irritan y sacan de quicio a las derechas en el mundo entero.

Tanto como la igualad material a conquistar es la recuperación de una cultura solidaria amplia. La educación y la educación cívica, los medios (que desde marzo pasarán a dar por superada la delincuencia por el solo hecho de no informarla) y el lenguaje político cumplen un rol clave cuando dejan de exaltar el éxito individual como medida del valor social y comienzan a visibilizar los logros colectivos, el trabajo invisible y la cooperación cotidiana.

En suma, esto no es otra cosa que reemplazar la narrativa del mérito aislado por otra que se funde en la corresponsabilidad y el cuidado mutuo, en el marco de instituciones alineadas con objetivos de bien común, con el deliberado fin de priorizar el “nosotros” como condición de posibilidad de una vida digna y sostenible.

Existe por tanto un amplio espacio de innovación y co-creacion política que habrá que trabajar en profundidad porque ideas en abstracto poco cuajan en la realidad social. Con ello nos referimos a que la cultura solidaria se fortalece cuando existen espacios sociales donde la acción colectiva produce resultados tangibles. Cooperativas, organizaciones territoriales, mutuales, sindicatos, redes de cuidado, clubes deportivos y formas de gestión comunitaria del suelo, el agua o la alimentación, enseñan en la práctica que lo común abre nuevas perspectivas de interacción social al margen de la cultura del lucro tan profundamente insertas en todos los pliegues de nuestra sociedad.

De ahí nacen y regeneran las experiencias y surgen los aprendizajes sociales, la reciprocidad y sentido de pertenencia en el que la solidaridad se vuelve una experiencia vivida, no un mandato ético externo, un drama para Chile porque si el neoliberalismo se distingue por algo, es la disolución de los vínculos sociales que genera. Y de eso llevamos décadas.

Si tuviéramos que apuntar una debilidad de todo el progresismo y la izquierda, esta es que no termina de alimentar la creencia que acciones bien intencionadas desde el Estado son suficientes para avanzar. Lamentablemente eso no basta. El Estado es solo el timón de una nave mucho más grande.

El ciclo que se cierra es también claro a ese respecto: sin ningún asomo de  idealización, sin pueblo presente, no hay cambios, lección que tendrán que ponderar profundamente las fuerzas del progresismo y la izquierda, habituadas a la refriega política en los pasillos de las instituciones del Estado, pero desconectadas de la realidad. Un puntito más o menos en la pasada elección parlamentaria, podrá contribuir a mostrar resultados en la interna de los partidos, a lo sumo entre las  “almas”, pero no sirve para nada en lo político  global.

¿Cómo orientarse entonces en una perspectiva que permita construir el proyecto político necesario para salir de la crisis, el estancamiento y superar las injusticias sociales, cuando las condiciones políticas son desventajosas?

Es completamente legítimo y es incluso necesario que las todavía fuerzas políticas oficialistas, avancen en la formulación y reformulación de sus diagnósticos, hagan un balance acucioso de lo que han sido estos últimos años, salden consigo mismo sus recorridos, aciertos y deficiencias, y se perfilen para el futuro.

A partir del próximo 11 de marzo, sin embargo, lo central es cautelar desde la oposición las conquistas sociales de las últimas décadas, recomponer fuerzas y avanzar en la definición de un proyecto político unitario y pluralista, capaz de articular fuerza social y política con proyección de futuro.  Experiencia de cómo convivir existe y se forjó en el ejercicio del poder.

Pero ahora corresponde demostrar que se puede seguir conviviendo sin que sea el poder el único elemento amalgamador de convivencias. Tendrán que prevalecer las ideas, el intercambio franco, los valores por encima del cálculo pequeño, lo colectivo por encima de los egos y la convicción que cualquier futuro país pasa por la defensa de los derechos humanos y derechos sociales conquistados. Y como ya se dijo, pero se reitera: sin pueblo no hay cambio que perdure.