En el sexto año tras la revuelta social del 18 de octubre de 2019, la sociedad chilena continúa procesando los efectos de una fractura histórica. El estallido no fue una irrupción súbita ni un acto conspirativo, fue la expresión acumulada de malestares incubados durante décadas bajo un modelo económico y político que prometió prosperidad y crecimiento. La crisis fue un agotamiento simultáneo del contrato neoliberal, de la cultura del consenso postransicional y de la confianza en la política representativa. La revuelta evidenció la crisis estructural del orden, pero su deriva populista y la incapacidad del sistema político para canalizarla derivaron en una restauración conservadora, expresada tanto en el fracaso de los procesos constituyentes como en la pérdida de legitimidad de la propia democracia.
El estallido social debe entenderse como producto de una larga acumulación de tensiones. Durante más de treinta años, el modelo chileno sostuvo un equilibrio precario entre crecimiento económico y exclusión social. La reducción de la pobreza coexistió con una desigualdad persistente, el acceso a bienes públicos se privatizó mediante endeudamiento, y las políticas sociales fueron concebidas bajo criterios de focalización antes que de universalidad. El resultado fue una ciudadanía atrapada en un régimen de promesas incumplidas: inclusión formal sin seguridad material. La expansión del consumo y la financiarización del bienestar generaron expectativas que el propio sistema era incapaz de satisfacer. El 18-O fue, en este sentido, una revuelta contra el costo moral del neoliberalismo, más que una demanda por un modelo alternativo.
El carácter espontáneo del estallido revela tanto la profundidad del malestar como la ausencia de mediaciones institucionales. La política de la transición, sostenida sobre partidos y tecnocracias estables, había perdido su capacidad de representar. La crisis de confianza acumulada desde los escándalos de financiamiento político y la fragmentación de las elites consolidaron un escenario donde la representación fue percibida como irrelevante. El 18-O no articuló un proyecto político. Fue una explosión social sin conducción, que operó simultáneamente como denuncia de los abusos y como deslegitimación de las instituciones.
El ciclo 2019-2020 se inscribe en lo que diversos autores han descrito como el “momento populista”. Este consiste en la polarización entre “pueblo” y “élite” como estructura narrativa dominante, impulsada por la pérdida de confianza en las mediaciones tradicionales. En Chile, el lenguaje del “pueblo contra los poderosos” ocupó el lugar que antaño correspondía a las ideologías, simplificando el conflicto social en términos morales. Esa lógica permitió articular temporalmente una identidad de resistencia, pero no produjo institucionalidad. La desconfianza generalizada impidió la formación de liderazgos legítimos; todo ejercicio de representación fue percibido como apropiación del mismo movimiento.
La izquierda chilena no logró ocupar ese espacio con una propuesta programática coherente. Las fuerzas progresistas, fragmentadas y en ocasiones prisioneras de la retórica identitaria, fueron incapaces de construir hegemonía cultural. El malestar se transformó en un lenguaje de indignación sin horizonte, lo que facilitó su posterior resignificación por parte de las derechas en clave de miedo y orden. El 18-O mostró, por tanto, los límites de la protesta desinstitucionalizada: sin conducción política, la energía social deviene efímera y puede revertirse en restauración conservadora en no muchos pasos más.
Revisionismo histórico de las derechas
En los años posteriores al estallido se ha consolidado un revisionismo histórico de las derechas que busca resignificar el 18-O como un episodio de guerra interna más que como una crisis de legitimidad del modelo. La narrativa, instalada primero por el propio presidente Sebastián Piñera al declarar que el país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso”, marcó el inicio de un proceso de securitización del conflicto social. Esa caracterización redujo la protesta a una amenaza militar y despolitizó sus causas estructurales, abriendo el camino a la criminalización generalizada del movimiento. Figuras de la derecha radical, como Johannes Kaiser, hoy candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, han llevado esa tesis al extremo al describir los hechos como una “guerra de baja intensidad” contra el Estado chileno, una interpretación que desplaza la responsabilidad institucional y convierte la demanda por derechos en una conspiración. Este revisionismo, replicado por medios afines y think tanksconservadores, cumple una función política precisa: reinstalar el miedo como fundamento del orden y restaurar simbólicamente la legitimidad del modelo neoliberal.
Lo paradójico de esta lectura es que ignora el carácter masivo y cívico de la movilización. El 25 de octubre de 2019, apenas una semana después de la declaración presidencial, más de dos millones de personas marcharon pacíficamente en Santiago en la manifestación más grande de la historia reciente de Chile, comparable solo con la jornada del plebiscito de 1988. Reducir ese acto multitudinario a una maniobra de desestabilización constituye una falsificación histórica y una negación deliberada del carácter participativo de la revuelta. No obstante, también sería inexacto negar que el proceso incluyó expresiones de violencia política, vandalismo y enfrentamiento directo con las fuerzas policiales, en las que participaron grupos organizados y encapuchados, lo que se denominó como la “primera línea”. Estos actores, surgidos de la espontaneidad del conflicto, cumplieron un papel ambiguo: por un lado, simbolizaron la resistencia frente a la represión estatal; por otro, contribuyeron a erosionar la legitimidad social del movimiento al transformar el espacio público en escenario de violencia. La derecha utilizó esa violencia como prueba del supuesto carácter insurreccional del estallido, mientras buena parte de la izquierda vaciló en condenarla con la misma claridad con que denunciaba la represión. El resultado fue un campo discursivo polarizado, donde la memoria de la multitud pacífica y la de los disturbios quedaron superpuestas, facilitando la reinterpretación conservadora del proceso.
Este giro se vio reforzado por la ambigüedad de la izquierda. Los sectores progresistas no lograron trazar una frontera nítida entre violencia política y protesta legítima, lo que permitió a la derecha asociar todo el ciclo del 18-O con el vandalismo. La narrativa del miedo transformó la crisis social en una oportunidad para un nuevo orden conservador. El miedo, más que el conflicto, terminó siendo el elemento cohesionador del espacio público. Esa mutación cultural constituye el mayor éxito de la derecha post-estallido.
La respuesta estatal al estallido representó un retroceso en materia de derechos humanos. Los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Naciones Unidas documentaron violaciones graves y sistemáticas, particularmente el uso indiscriminado de fuerza policial y las lesiones oculares como un patrón de agresión contra manifestantes, violentos o no. La reacción institucional fue débil. Las sanciones judiciales fueron escasas y las responsabilidades políticas se diluyeron. El Estado chileno volvió a situarse en el dilema que creía superado desde 1990: garantizar el orden sacrificando derechos.
La consecuencia fue una erosión ética de la democracia. El reconocimiento formal de las violaciones no fue acompañado por justicia ni reparación efectiva. El costo político de esa omisión sigue vigente, no solo por la deuda con las víctimas, sino porque envía a la ciudadanía la señal de que la ley se aplica de manera selectiva. Un Estado que relativiza los derechos humanos debilita su legitimidad más que cualquier protesta.
La salida institucional al estallido, el proceso constituyente, representó, en principio, una oportunidad inédita. Sin embargo, los dos intentos consecutivos de reemplazar la Constitución de 1980 terminaron en fracaso, confirmando la descomposición del sistema político chileno. El primer proceso, con fuerte presencia de independientes y sectores progresistas, no logró mantener coherencia deliberativa. La Convención Constitucional tuvo en su corazón muchas expectativas refundacionales con prácticas de autoafirmación simbólica. La representación se fragmentó en microidentidades sin articulación de mayorías. La campaña de desinformación de la derecha y el deterioro de la confianza pública completaron el colapso. El rechazo del 61,8 % en el plebiscito de salida reveló que la ciudadanía no se sintió convocada por el texto ni por el proceso.
El segundo proceso, hegemonizado por el Partido Republicano y la derecha social cristiana, supuso una contrarreforma conservadora y neoliberal a ultranza. La nueva propuesta constitucional reforzaba el presidencialismo, debilitaba los derechos sociales y reinstalaba un enfoque conservador en materia de género y seguridad. Su rechazo confirmó que la sociedad chilena rechaza tanto la ruptura como la regresión. El doble fracaso constituyente muestra que la representación política en Chile ha perdido su capacidad de síntesis. Ni la izquierda logró ofrecer un proyecto integrador, ni la derecha una narrativa de consenso. El resultado es un sistema sin centro de gravedad, donde la política oscila entre la tecnocracia, la política de las identidades y el populismo punitivo.
El gobierno de Gabriel Boric, electo en diciembre de 2021, emergió como resultado del ciclo abierto por el 18-O, pero también como su límite histórico. Representa el esfuerzo de una generación política que transitó desde la protesta hacia la administración del Estado. Su programa inicial, centrado en derechos sociales, descentralización y reforma tributaria, buscaba traducir institucionalmente las demandas de la revuelta. Sin embargo, el contexto de polarización, la fragmentación del Congreso y el desgaste económico heredado de la pandemia obligaron a una reorientación pragmática. El Ejecutivo enfrentó simultáneamente la presión de una oposición hostil y la impaciencia de su propio electorado. La agenda social debió ser moderada en aras de estabilidad macroeconómica y gobernabilidad parlamentaria.
Restauración conservadora
Este giro no debe leerse como renuncia, sino como reconocimiento de los límites de la coyuntura. El gobierno ha mantenido un compromiso explícito con los derechos humanos y con la reconstrucción institucional, lo que lo distingue del enfoque securitario predominante. Su política y su defensa de la institucionalidad democrática reflejan una intención de recomponer el pacto republicano sin desconocer la crisis que lo antecede. No obstante, el costo político de la moderación ha sido alto. Amplios sectores de la ciudadanía asocian el gobierno a la continuidad más que al cambio. La paradoja es evidente: la primera administración nacida del ciclo del 18-O se ha convertido en su estabilizadora. Esa tensión entre expectativa transformadora y ejercicio de contención define la naturaleza del progresismo chileno actual.
A seis años del estallido, Chile atraviesa un proceso de restauración conservadora. La agenda pública se estructura en torno al orden, la seguridad y la eficiencia. Los índices de confianza en las instituciones siguen bajos, la participación electoral continúa en descenso y la fragmentación del sistema de partidos impide acuerdos duraderos. La derecha radical ha capitalizado el malestar con un discurso punitivo, mientras la izquierda modera su lenguaje para preservar la gobernabilidad. En ese contexto, la democracia chilena se mantiene formalmente estable, pero carece de horizonte de transformación. El conflicto que detonó el 18-O no ha sido resuelto; simplemente ha sido desplazado a una nueva forma de resignación colectiva.
El 18-O fue el punto de inflexión de un ciclo de legitimación agotado. Mostró los límites del neoliberalismo, pero también la precariedad de las alternativas. La protesta se transformó en demanda, la demanda en proceso institucional, y el proceso en frustración. La revuelta no fundó una nueva era; clausuró la anterior. El balance es complejo. El estallido reveló desigualdades inaceptables y un sistema político encerrado en sí mismo, pero su deriva populista debilitó las bases de la deliberación democrática. La salida institucional fracasó no por falta de voluntad, sino por ausencia de hegemonía cultural y de liderazgo.
El gobierno de Gabriel Boric ha intentado reconstruir la legitimidad del sistema político desde la moderación y el respeto institucional, buscando reconciliar justicia social con estabilidad democrática. Su esfuerzo ha permitido contener la deriva autoritaria que siguió al fracaso del proceso constituyente, pero la profundidad de la crisis heredada del 18-O demuestra que la confianza pública no se recupera solo con gestión, sino con un nuevo pacto social basado en igualdad, cohesión y sentido de propósito colectivo.
El año electoral actual vuelve a poner a prueba esa capacidad. Aunque Jeannette Jara, candidata del progresismo, encabeza las encuestas, José Antonio Kastconserva una base movilizada y disciplinada que podría darle el triunfo en una segunda vuelta. Su avance no responde solo a factores coyunturales, sino a la eficacia con que la derecha radical ha traducido el desencanto en relato político: prometer orden frente a la incertidumbre y seguridad frente a la fatiga democrática.
A seis años del estallido, Chile se encuentra nuevamente ante una encrucijada. No se trata de reabrir el conflicto ni de borrarlo, sino de convertir el malestar en una renovación democrática antes de que la frustración social sea capturada por la restauración autoritaria. Esa es, en definitiva, la tarea política pendiente del 18-O.
