La ola de violencia y desconfianza hacia las instituciones peruanas no es reciente ni novedosa. Algunos hablan de crisis permanente, de un país ingobernable, otros en cambio, culpan a la corrupción que se ha enquistado en los partidos políticos, en el Congreso, en el Poder Judicial y las policías.
Con 11 presidentes desde 1990, sólo dos no fueron acusados o investigados por corrupción: Valentín Paniagua asumió las riendas del país en noviembre del año 2000, convirtiéndose en el primer mandatario peruano por sucesión constitucional en este siglo. En sus ocho meses de mandato renovó el Poder Judicial, liberó a presos políticos y lideró el nuevo proceso electoral; y, Francisco Sagasti Hochhausler, quien asumió la presidencia de forma interina en noviembre del 2020, como titular del Congreso de la República, y gobernó durante ocho meses en medio de un estallido social tras la salida de Martín Vizcarra y por otro, una crisis sanitaria que mantuvo a Perú con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por Covid.
Sin embargo, a pesar de superar aquel desafío, Perú se vería enfrentado a una oleada de bandas de crimen organizado que siguieron al Covid y la crisis migratoria desde la Venezuela de Maduro.
Sólo en Lima y Callao, más de 80 conductores han sido asesinados este año por extorsionadores, y en distintas regiones se reportan amenazas a comerciantes y empresarios. Incluso, han debido cerrar colegios y sus alumnos se mantienen resguardados en casa con educación on line.
El ataque contra la popular orquesta Agua Marina de hace unos días fue el punto de quiebre. Cuatro heridos, un ataque armado en un concierto al interior de un recinto militar y repleto de público, sumado a una respuesta institucional que llegó tarde y mal. Así, la imagen de un país sin ley se consolidó: aumentó la sensación de inseguridad y sobre todo de orfandad ante un Estado incapaz de proteger a su población.
Pero, tal vez, lo que realmente encendió las alarmas al interior de un Congreso que tiene su interés puesto en las campañas políticas (propias y presidenciales) fue el casi linchamiento del polémico presentador de televisión, ultraconservador, antichileno y pre candidato a la presidencia del partido Avanza País, Phillip Butters en Juliaca (Puno) le lanzara huevos, piedras, entre otros objetos, a raíz de las declaraciones que realizó en su programa ‘Combutters’, mientras discutía con un oficial de policía las manifestaciones de 2021 y 2022: «¿Por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza?, explíquenme».
Es evidente que tras la salida de Pedro Castillo, la grieta entre Lima y las regiones se ha profundizado; también, el clasismo, la xenofobia y el rechazo a los movimientos indigenistas. Si ese sería el ambiente en terreno durante sus campañas, más valía actuar…y rápido.
Entre gallos y medianoche: un cambio sin transición
La destitución de Dina Boluarte fue resultado de una presión política y social que se había vuelto insostenible. Y apoyarla no era tan rentable como antaño. Su gobierno, marcado por la represión, la inacción frente a la inseguridad y la percepción generalizada de corrupción, colapsó bajo el peso de su propia legitimidad quebrada.
José Jerí, presidente del Congreso en ese momento, un joven político de 38 años, asumió la presidencia de la República del Perú según indica la Constitución tras una vacancia presidencial. Sin embargo, su llegada fue recibida con escepticismo. No hubo un proceso electoral, ni una transición clara. Fue un cambio de rostro, no de sistema.
En los días siguientes, Jerí ha intentado desmarcarse de su predecesora; por lo menos, en la forma. Con la promesa de “restablecer el orden” y “escuchar al pueblo”, reunió a gremios de transporte, prometió medidas contra la delincuencia y anunció la creación de una unidad especial contra la extorsión. Pero los hechos no acompañaron las palabras. Y hasta ahora, más que un cambio en la política comunicacional de la Presidencia con transmisiones para TikTok paseando por el centro de Lima en la madrugada, y fotos en centros penitenciarios a lo Bukele, no ha sido capaz de conformar un gabinete para gobernar a 4 días de su nombramiento.
¿Fue acaso impulsivo el Congreso? ¿Había una planificación real sobre cómo enfrentar el escenario post Boluarte? ¿Es posible que la caída de Boluarte sea insuficiente? ¿Qué responsabilidad tiene el Congreso peruano en la escalada criminal y el descontrol en las calles?
15 de octubre: ¿Plazo fatal?
La convocatoria al paro nacional del 15 de octubre no surgió de un solo sector. Fue una convergencia espontánea y descentralizada: Generación Z y sus padres, profesores y estudiantes universitarios, transportistas, sindicatos, colectivos ciudadanos, el SUTEP. Todos con demandas distintas, pero con un denominador común: el rechazo a la clase política y la exigencia de un Estado que proteja, que responda, que exista y reaccione.
El Bloque Universitario, formado por estudiantes de San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP, fue uno de los primeros en movilizarse. En una marcha previa el 7 de octubre, denunciaron una “dictadura del Congreso y el Ejecutivo”, y plantearon que el problema no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna. Su lema: “El pueblo no se rinde”. Con Dina Boluarte y su gabinete fuera de la ecuación, ahora se dirigen al Congreso.
Los transportistas, inicialmente partidarios del paro, comenzaron a dividirse tras la reunión con Jerí el 12 de octubre. Algunos gremios, como la CIT y Anitra, anunciaron que no se sumarían a la medida, luego de obtener compromisos gubernamentales. Pero otros sectores, especialmente del transporte informal y de provincias, mantuvieron la convocatoria. La fractura evidenció una tensión profunda: ¿se negocia con un presidente sin gabinete y no ha cumplido nada porque carece de legalidad sin ministros o se presiona desde la calle?
El miedo a la violencia y el derecho a protestar
Ante la convocatoria, el Ministerio Público y la Policía Nacional anunciaron que garantizarán el derecho a la protesta, pero también el libre tránsito. El mensaje fue claro: se puede marchar, pero sin bloqueos, sin violencia, sin desmanes. Sin embargo, en un país donde la represión policial ha dejado decenas de muertos en protestas anteriores, la desconfianza es legítima.
Los gremios empresariales, por su parte, emitieron un comunicado pidiendo que la marcha se desarrolle “sin violencia, en un clima de respeto y tranquilidad”. Reconocen el derecho a protestar, pero advierten que la inestabilidad política constante —ocho presidentes en diez años— está destruyendo las condiciones para el desarrollo. Su mensaje es ambiguo: sí al derecho, no al desorden. Pero ¿qué hacer cuando el orden es justamente lo que el país no tiene?
El problema no es sólo la delincuencia, sino el vacío de poder que la permite. El problema es un Estado que no protege, que no investiga, que no castiga. El problema es un Congreso que vaca presidentes pero no reforma el sistema, con 105 de 125 congresistas investigados por la Fiscalía. El problema es un país donde matan a 80 transportistas en un año y nadie responde.
¡Basta!
El 15 de octubre no es un paro más. Es la expresión de un país que ha agotado los canales institucionales. Es la respuesta de una ciudadanía que ya no cree en promesas, ni en cambios de gabinete, ni en planes de seguridad que nunca se ejecutan. Es el resultado de una democracia sin representación, de un Estado sin presencia, de una política sin credibilidad.
José Jerí tiene horas, no días ni años, para demostrar que su gobierno no es una continuación del fracaso. Si el paro del 15 transcurre con violencia, será una muestra de que el Estado es incapaz de representar a los peruanos. Si transcurre en calma, pero sin respuestas, será solo el preludio de una nueva ola de protestas. Porque el Perú ya no pide…exige. Y si no lo escuchan, volverá a la calle. Una y otra vez. Hasta que alguien, finalmente, entienda que esto no es un paro. Es un país entero, diciendo ¡Basta!
