Abogado.
El 11 de abril se acerca a pasos agigantados. En Arica son decenas los candidatos y candidatas que buscan un cargo de representación popular en los próximos comicios. Muchos de quienes asumimos este desafío inscribimos nuestras candidaturas a través de la recolección de firmas. Una realidad muy distinta y alejada del contacto con los electores de quienes obtuvieron un cupo dentro de un conglomerado político y que aseguraron sus aspiraciones a través de la estructura partidaria.
Si bien es cierto la ley es clara respecto a cuándo se debe presentar la renuncia para postular a cargos de representación popular y quiénes deben hacerlo; toda persona que actualmente está en el ejercicio de un cargo y que se reconoció públicamente como candidato debería renunciar, por una cuestión de ética y respeto a sus electores.
No podemos olvidarnos que van a seguir recibiendo su sueldo, con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región, durante todo el tiempo que dure su campaña oficial. Por tanto, es urgente que definan si serán autoridades regionales o candidatos.
Esta decisión debe oficializarse de cara a la ciudadanía, más aún cuando ya están desarrollando abiertamente acciones de campaña desde la tribuna que les ofrece su figuración pública, y sobre todo después de conocerse la resolución oficial del Servicio Electoral con el detalle de todas las candidaturas aceptadas y rechazadas.
No será difícil para nadie revisar quienes se encuentran en esta dicotomía de “personeros-candidatos”: Van desde representantes gremiales y de consejos ciudadanos, hasta funcionarios de la administración pública, actuales concejales y el mismo alcalde en ejercicio.
A partir del 18 de octubre con el estallido social, y luego con los múltiples desafíos que nos trajo la Pandemia en todos los ámbitos de la vida, las personas hemos modificado radicalmente nuestra forma de pensar y entender la política. Por ello, terminar con esta manoseada dicotomía de “autoridad y candidato” es justo y necesario. Que algo sea legal no significa que sea legítimo. El respeto por la ciudadanía debe ser una condición sine qua non en el nuevo Chile que queremos.
