Administrador Público
Chile no llegó a las elecciones municipales de 2024 en un estado de normalidad democrática. Llegó cansado. No se trata de una metáfora retórica, sino de una experiencia social concreta: inflación alta en años recientes, inseguridad persistente, migración irregular percibida como descontrolada, una economía resentida tras la pandemia y dos procesos constituyentes consecutivos que terminaron en rechazo. Todo ello fue configurando una ciudadanía exhausta, más preocupada por recuperar certezas mínimas que por debatir grandes proyectos de futuro.
La hipótesis que propongo es la siguiente: entre 2024 y 2025, una parte significativa del electorado chileno dejó de votar desde identidades ideológicas estables y comenzó a votar desde una necesidad urgente de control. No fue despolitización, pero tampoco continuidad de la política tradicional. Fue un desplazamiento en el sentido mismo del acto de votar.
El contexto es clave. En 2022, la inflación alcanzó un 14,1%, golpeando directamente el costo de la vida. Aunque luego se moderó, el daño subjetivo persistió: la estabilidad dejó de sentirse garantizada. En paralelo, la delincuencia se consolidó como la principal preocupación ciudadana para más del 57% de las personas, mientras las cifras de homicidios se mantenían en niveles superiores a los de la década previa. La migración irregular por el norte, altamente visible y territorializada, reforzó la percepción de un Estado incapaz de ejercer control efectivo. A ello se sumó la frustración institucional de dos plebiscitos constitucionales fallidos, que debilitó la confianza en procesos largos y promesas estructurales.
Este conjunto de factores no operó como un simple telón de fondo, sino como una forma de experiencia social. En términos del sociólogo Zygmunt Bauman, Chile entró de lleno en una lógica de modernidad líquida: vínculos frágiles, horizontes cortos, decisiones tomadas desde la reducción de riesgo más que desde la adhesión a proyectos duraderos. En ese marco, el voto dejó de ser un acto identitario y pasó a ser una estrategia defensiva.
Los resultados de la elección municipal de 2024 lo expresan con claridad. En la elección de alcaldes, los candidatos independientes concentraron cerca del 50% de los votos, mientras que en concejales su peso bajó a alrededor del 28%. Esta diferencia no es anecdótica: revela que la ciudadanía quiso pluralidad para representar intereses y visiones diversas, pero exigió síntesis para conducir. Separó deliberadamente representación y conducción.
Incluso dentro del clivaje tradicional izquierda–derecha, la lógica se mantuvo. Considerando solo partidos, la derecha obtuvo alrededor del 52,5% de los votos en alcaldes frente a un 47,5% de la izquierda. En concejales, la brecha fue mayor. No se trata necesariamente de una derechización ideológica profunda, sino de una mayor capacidad de un bloque para traducir el malestar social en liderazgo ejecutivo claro, mientras el otro mantuvo una fuerte presencia representativa, pero más fragmentada.
Aquí resulta clave el aporte de Chantal Mouffe. Para ella, el conflicto no desaparece en democracia; se transforma. Lo ocurrido en 2024 no fue la desaparición del antagonismo, sino su reorganización. El conflicto dejó de estructurarse principalmente en torno a grandes proyectos ideológicos y comenzó a organizarse alrededor de una frontera más inmediata y experiencial: orden versus desorden, control versus incertidumbre, capacidad versus dispersión. La política que logró hacer legible esa frontera fue electoralmente eficaz.
Sin embargo, aquí aparece también el límite y el riesgo de este desplazamiento. Cuando la política responde al cansancio social ofreciendo casi exclusivamente control, puede terminar sustituyendo el conflicto democrático por una promesa de orden. Mouffe advierte que una democracia que intenta neutralizar el conflicto en nombre de la eficiencia se vacía por dentro. El antagonismo no desaparece; se desplaza y puede reaparecer de forma más dura.
Bauman, por su parte, ofrece una advertencia complementaria: las sociedades líquidas son especialmente vulnerables a promesas de certeza inmediata. Cuando la incertidumbre se vuelve permanente, la libertad comienza a vivirse como carga y no como valor. En ese contexto, la promesa de orden puede resultar más atractiva que la deliberación democrática. El autoritarismo, entonces, no irrumpe como ruptura abrupta, sino que se infiltra en el cansancio.
La elección presidencial de diciembre de 2025 fue, en este sentido, la nacionalización de una lógica ya ensayada en 2024. A escala país, el electorado replicó la lógica del alcalde: liderazgo claro, mensajes simples, promesa de control. No porque hubiera desaparecido el deseo de transformación, sino porque ese deseo no encontró un cauce creíble en una política fragmentada y desgastada.
Chile no es hoy una sociedad autoritaria. Sus instituciones siguen funcionando y el pluralismo persiste. Pero el ciclo 2024–2025 dejó señales que no deben ser ignoradas: desconfianza hacia la intermediación política, reducción del debate a la gestión del orden, preferencia por liderazgos que prometen control sin demasiada explicación. Son síntomas de un umbral democrático, no de un abismo, pero los umbrales importan.
La pregunta que queda abierta no es solo electoral, sino profundamente democrática: ¿cómo reconstruir sentido colectivo sin negar la necesidad de control en una sociedad cansada? ¿Cómo articular conflicto sin caer en el vértigo del desorden, y ofrecer estabilidad sin clausurar la disputa?
Si la política no logra responder a ese dilema, corre el riesgo de ganar elecciones administrando el miedo, pero perder la democracia en el proceso. Y esa es una lección que Chile, después de todo lo vivido, no debiera permitirse ignorar.
