Natalia Flores González, Coordinadora Política Vicepresidencia Nacional de la Mujer PSCH y Coordinadora Programa Feminismo Instituto Igualdad
Un sistema frontal de características calificadas como “anormales” por las propias autoridades golpea a Chile desde Atacama hasta La Araucanía. El balance oficial es elocuente: cinco personas fallecidas, más de dos mil damnificadas, cerca de cien mil aisladas, más de mil en albergues, decenas de miles de viviendas con daños y comunas completas sin agua potable ni electricidad. Frente a esta magnitud, el Gobierno descartó por más de 48 horas, declarar zona de catástrofe.
Lo que no aparece en ningún balance, en ninguna vocería ni en ninguna mesa técnica es una pregunta elemental: ¿quiénes son, mayoritariamente, las personas que sostienen la vida en medio de la emergencia? La respuesta la conocemos hace décadas y la evidencia internacional la confirma con obstinación: los desastres no son neutros al género.
La emergencia tiene rostro de mujer
Los datos oficiales son categóricos. Según el Censo de Población y Vivienda 2024 (INE), el 51,4% de los hogares del país tiene jefatura femenina: más de 3,3 millones de los 6,6 millones de hogares censados están encabezados por una mujer. En las regiones hoy golpeadas por el temporal, las mujeres son además mayoría de la población: 51,8% en Valparaíso, 51,9% en Biobío, 51,4% en Coquimbo y 50,4% en Atacama. En esta última región —donde el Censo 2024 contabilizó 103.057 hogares y 299.180 personas residentes— se concentran hoy, junto a Coquimbo, los cortes de agua potable y la mayor cantidad de personas aisladas, y son sus alcaldes quienes han solicitado, sin éxito hasta ahora, la declaración de zona de catástrofe. Valparaíso, La Araucanía y Biobío concentran, por su parte, la mayor cantidad de personas damnificadas según SENAPRED.
A esa magnitud se suma la vulnerabilidad económica diferenciada. La Encuesta Casen 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia) registra que la pobreza por ingresos alcanza al 20,8% de los hogares con jefatura femenina, frente al 13,4% de aquellos encabezados por hombres: una brecha de más de siete puntos porcentuales. La Casen 2022 ya había constatado que la pobreza multidimensional también golpea con mayor fuerza a los hogares liderados por mujeres (14,4% versus 12,5%), con carencias más agudas en habitabilidad y servicios básicos, es decir, exactamente las dimensiones que una emergencia climática destruye primero. Y como ha documentado el análisis de las series Casen, mientras las jefaturas de hogar femeninas se duplicaron entre 2006 y 2022, su ingreso principal creció apenas un 16,5% real, en un contexto de mayor informalidad laboral, brecha salarial persistente y aumento de la monomarentalidad.
Dicho en simple: en las regiones donde hoy se aplican las fichas FIBE y se levantan albergues, uno de cada dos hogares está encabezado por una mujer, y esos hogares parten la emergencia con menos ingresos, más precariedad habitacional y más cargas de cuidado. Ignorar ese dato no es neutralidad técnica: es ceguera voluntaria.
Son mujeres, en su gran mayoría, las jefaturas de hogar de los sectores más expuestos a inundaciones y remociones en masa, producto de décadas de segregación territorial que empujó a los hogares más pobres —y más feminizados— a quebradas, riberas y laderas. Son mujeres quienes asumen el cuidado de niñas, niños, personas mayores, electrodependientes y personas con discapacidad cuando se corta la luz, se suspenden las clases y colapsan los servicios. Son mujeres quienes pierden primero sus ingresos cuando la emergencia paraliza el trabajo informal, el comercio de subsistencia y el trabajo doméstico remunerado. Y son mujeres y niñas quienes enfrentan, en albergues sin protocolos adecuados, mayores riesgos de violencia de género, además de la interrupción del acceso a salud sexual y reproductiva.
Nada de esto es novedad normativa. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Recomendación General N°37 del Comité CEDAW sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, y la propia Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres comprometen al Estado de Chile a incorporar el enfoque de género en la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación. El estándar existe. Lo que no existe es la voluntad política de aplicarlo.
El Ministerio de la Mujer ausente por diseño
Porque no se trata de una omisión accidental: es el resultado previsible de un proyecto político que ha debilitado deliberadamente la institucionalidad de género. El Presidente Kast, quien en su anterior candidatura propuso derechamente eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, optó en esta administración por una estrategia menos frontal pero igualmente eficaz: excluyó a la cartera del comité político, la relegó a un rol decorativo y la sumió en una crisis interna que, a menos de cien días de instalado el Gobierno, terminó con la remoción de su subsecretaria. A ello se suma el desmantelamiento de programas dirigidos precisamente a las mujeres de los territorios hoy aislados por el temporal, como el Programa Mujeres Rurales.
El resultado está a la vista. En las mesas técnicas de SENAPRED, en los COGRID, en las vocerías del Ministerio del Interior, la perspectiva de género sencillamente no existe. Los balances oficiales no desagregan por sexo los datos de personas damnificadas, albergadas o aisladas, lo que impide dimensionar la afectación diferenciada y, por tanto, diseñar respuestas pertinentes. Los albergues operan sin protocolos robustos de prevención de violencia de género. La Ficha Básica de Emergencia se aplica sin considerar la composición de los hogares ni las cargas de cuidado. Y el Ministerio de la Mujer, que debiera estar sentado en cada instancia de coordinación de la emergencia, brilla por su ausencia.
La paradoja es dolorosa: un Gobierno que se autodenominó “de emergencia” es incapaz de gestionar con estándares mínimos de igualdad las emergencias reales que enfrenta la población.
Ellas sostienen, ellos aparecen en pantalla
Hay, además, una dimensión simbólica que no es menor. Mientras son las mujeres quienes sostienen la emergencia en los territorios —organizando ollas comunes, gestionando albergues, cuidando a quienes lo necesitan y levantando la vida cotidiana entre el barro—, son los hombres quienes protagonizan las pantallas: el Presidente, el ministro del Interior, el subsecretario, los delegados presidenciales, los generales. La conducción política y comunicacional de la emergencia tiene rostro masculino, y las mujeres aparecen, cuando aparecen, como damnificadas anónimas que lloran frente a la cámara, no como voces con autoridad para diagnosticar y decidir.
Las excepciones confirman la regla y merecen ser nombradas: son alcaldesas, consejeras regionales (CORE), diputadas y senadoras quienes han salido a poner el cuerpo y la voz por sus territorios, exigiendo la declaración de zona de catástrofe, recorriendo albergues y disputando recursos para sus comunas. Son ellas quienes están haciendo, desde la representación territorial y parlamentaria, el trabajo político que el Gobierno central no hace: mirar la emergencia desde las personas y no desde el catastro. Esa asimetría entre quién sostiene y quién habla no es un detalle estético: es la expresión comunicacional de un modelo de gestión que invisibiliza a las mujeres como sujetas políticas de la emergencia, exactamente igual que las invisibilizan los balances sin datos desagregados.
Para esta administración, al parecer, la emergencia solo existe cuando cabe en el marco de la seguridad y el orden; cuando se trata del agua que entra a las casas, del cuidado que se multiplica y de la violencia que se agudiza en la precariedad, el Estado se repliega y las mujeres, una vez más, subsidian con trabajo gratuito lo que la política pública no hace.
Lo que corresponde exigir
Frente a este escenario, las exigencias son concretas y perfectamente realizables. Primero, la incorporación formal del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en los comités de gestión del riesgo de desastres en todos sus niveles, con mandato y presupuesto. Segundo, la desagregación por sexo de todos los datos de la emergencia, condición mínima para cualquier política pública seria.
Tercero, protocolos obligatorios de prevención y atención de violencia de género en albergues, con personal capacitado y rutas de derivación claras. Cuarto, la continuidad garantizada de los servicios de salud sexual y reproductiva y de la red de atención a víctimas de violencia durante la emergencia. Y quinto, la participación de las organizaciones de mujeres y de los territorios en el diseño de la recuperación, porque son ellas quienes conocen las necesidades reales de sus comunidades.
El cambio climático llegó para quedarse y los eventos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. Un Estado que enfrenta esa realidad desmantelando su institucionalidad de género no solo retrocede en derechos: pone en riesgo vidas concretas. Porque cuando llueve sobre un país desigual, no llueve para todas y todos por igual. Y gobernar como si así fuera no es neutralidad: es abandono a más de la mitad de la población, las mujeres.
