Analista.
Se escuchan nuevamente aquellas voces que proponen vincular a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico. Pese a que la experiencia internacional muestra que esto constituye un grueso error, esas voces provienen, obviamente, del partido Unión Demócrata Independiente, UDI.
Los diputados Álvaro Carter, Juan Manuel Fuenzalida y Osvaldo Urrutia proponen que el Ejército ejerza control en las poblaciones, pero además instalan una idea curiosa: “Para terminar de una vez por todas con este flagelo del narcotráfico”. Ello muestra que el fanatismo siempre nubla el conocimiento y la experiencia.
Veamos la experiencia.
Después que el presidente mexicano Felipe Calderón lanzó su slogan: “Le declaro la guerra al narcotráfico”, las medidas adoptadas, entre ellas, vincular a las Fuerzas Armadas a esa guerra, significó treinta mil muertos el primer año (2006), cifra que asciende a cincuenta mil, seis años después de más enfrentamientos, varios altos mando detenidos por corrupción, deserción de cuarenta y tres mil soldados, el 20% de los reclutados inicialmente, que discreparon con lo que se estaba haciendo y sobre todo cómo se estaba haciendo.
Uno de los grupos comandos del Ejército (Fuerzas Especiales, una especie de Boinas Negras chilenas) se transformó, a causa de las rentabilidades que visualizaron en el escenario de operaciones, en el Cartel de los Z, grupo de narcotraficantes elite, que sostiene una guerra técnica y brutal contra sus colegas, que se ha enfrentado de modo sangriento al Cartel Jalisco Nueva Generación y al Cartel de Sinaloa. Su jefe es un ex oficial del ejército denominado el Z-40, temible por sus prácticas. Vale decir, el efecto de la corrupción sobre las tropas llegó a esos extremos. No sólo en el Ejército sino también sobre la Marina a la que se acudió para superar los problemas ocurridos en el Ejército.
Algunos ejemplos.
El año 2009 el general de ejército Ricardo Martínez Perea fue condenado a 15 años por ayudar al cartel Del Golfo; en 2012 el general Juan Manuel Barragán fue detenido y procesado por coludirse con otro general, Alfredo Navarro Lara quienes se vincularon con traficantes; ese mismo año el general Ricardo Escorcia fue detenido y procesado por apoyar al cartel de los Beltrán Leiva.
Curiosamente, muchos de estos altos mandos detenidos, salieron luego en libertad apoyado por abogados poderosos que trabajan para los carteles a quienes protegieron. Este proceso se fue incrementando en la medida en que los carteles se fortalecían y su poder económico se hacía incontrarrestable, al extremo que en sus declaraciones el capo Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa llegó a decir, cuando fue interrogado después de su extradición a EEUU, que había sobornado al presidente de México con cien millones de dólares. En dicho proceso su lugarteniente, también detenido, Alex Cifuentes ratificó esa declaración y además detalló los múltiples sobornos entregados a policías, militares, personal de Procuraduría General PGR, mandos medios y tropa.
Existen fotografías de las cajas con sobres llenos de dinero y rotulados con nombres de militares y otros funcionarios públicos encontradas en allanamientos en casas de seguridad de diferentes carteles.
Pese a que se han desarrollado procesos para depurar de corruptos a las fuerzas combativas, el problema persiste y se acrecienta. Ni hablar de las fuerzas policiales que, en algunos estados combaten contra los infantes de marina al lado de los narcotraficantes. O las policías estaduales contra la policía federal. En estas condiciones ha proliferado el tráfico de armas hasta equiparar y en algunas zonas superar el poder de fuego de las fuerzas armadas y policiales.
Las fuerzas están haciendo lo que saben hacer, combatir. Ello produce un efecto catastrófico que es instalar el control del narcotráfico en un escenario de guerra, lo convierte en un problema de seguridad interior que, por la fuerza de los hechos, deja al Ejército y la Marina como fuerzas represivas internas, listas para operar en el campo interno ante cualquier amenaza indefinida, asunto que en Chile les está vedado, hasta ahora, salvo para ayudar en caso de catástrofes o aportar información residual a las investigaciones.
En Colombia, lo ocurrido ha tenido amplia difusión. Parte del contingente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, antiguo grupo insurgente, sucumbió ante las perspectivas del negocio de las drogas e inició su propio desarrollo que comenzó por dar protección a carteles ya existentes y escaló luego hasta controlar amplias zonas del territorio para el plantío, producción y trasiego de cocaína. El Plan Colombia, de origen norteamericano, se desplegó como una confrontación militar antisubversiva para encubrir en realidad la lucha contra el narcotráfico. Fue necesario un largo y fatigoso proceso de negociaciones para desmantelar estas fuerzas. El empleo de diálogo y acuerdos progresivos,logró resultados que años de guerra y miles de víctimas no fueron capaces de alcanzar.
En Argentina, para seguir citando ejemplos regionales, el presidente Macri encabezó este viernes el suministro de materiales, equipos y vehículos al Ejército y el envío de alrededor de quinientos soldados, cuando visitó el Batallón de Arsenales, ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne, en el norte del Gran Buenos Aires. Este material será partirá a la frontera Norte para fortalecer el plan de Integración Norte a fin de sellar el ingreso de drogas por esa zona. El material incluye una logística de guerra, morteros, aviones, transportadores blindados, tanques livianos, municiones de todo tipo, etc. Vale decir, lo que se aplicará es una guerra que, de acuerdo a la experiencia mexicana, en donde estos esfuerzos alcanzaron un alto grado de desempeño, los resultados positivos aún se esperan y probablemente en Argentina ocurra lo mismo, dados los precedentes de corrupción ya conocidos.
Paula Canelo, investigadora de CONICET y profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Unsam, enfoca de modo brutal lo que ocurre al referirse al intento de militarizar la lucha contra el narcotráfico:
“Porque en torno al mismo (el intento de militarizar)se juegan las ambiciones políticas y presupuestarias más variadas, fortalecidas por irresponsabilidades y demagogias, intereses sectoriales y corporativos, presiones internacionales y porque estos temas revelan las concepciones “duras” y simplistas sobre la seguridad que permean a gran parte de nuestra dirigencia y de nuestra opinión pública. Las que postulan que la única respuesta eficiente frente a la inseguridad y la violencia es recurrir a “todo el poder del Estado”; en otros términos, a la mayor violencia estatal posible. Aquella que sólo pueden ejercer las Fuerzas Armadas”.
Sin duda, una apreciación que nos parece muy cercana, si miramos la crisis institucional y la corrupción que se despliega entre nosotros particularmente en el ejército y la policía donde figuran hasta altos mandos actualmente procesados.
En marzo del año 2018, una banda narco reclutó a miembros del ejército argentino para ingresar cocaína. Utilizaban vehículos oficiales para eludir controles en Tres Cruces y Purmamarca en el norte argentino. Un sargento (P.G.B.) entregaba dinero a los subalternos para que realizaran el tráfico en calidad de mulas. Todos fueron detenidos, pero, eran una pequeña muestra del proceso corruptivo que se desarrolla y se hace incontenible.
Hasta ahí para mostrar algunos hechos de realidad. Los componentes de fondo son aún más preocupantes.
La confrontación militar no disminuyó el tráfico en México, el carácter controvertido del tema sigue expresándose en las luchas parlamentarias por evacuar una legislación que permita regular la acción de estas fuerzas, bastante desprotegidas respecto de protocolos, definición de las gestiones, protección legal, sistemas de castigo, remuneraciones, respeto de los derechos humanos, distribución de las áreas de operaciones, etc. Quiero decir que esas fuerzas operan en un escenario confuso que no permite claridad en cuanto a la asignación de responsabilidades, a lacerteza jurídica, los métodos, la definición fina entre amigos o enemigos.
En Chile, se requeriría una legislación especial que asimilara las metodologías policiales para el uso de las Fuerza Armadas, generando una controversia legislativa interminable y por ello ineficaz en el ambiente crispado que hoy existe entre el gobierno y la oposición.
Los hechos de realidad nos están mostrando varias señales. El problema debe ser abordado en una dimensión amplia y urgente. No es razonable ni serio proponerse su eliminación drástica y total.
Se debe hacer con la aplicación de metodologías complejas, tomando en consideración la experiencia acumulada, mirando las dificultades encontradas en el proceso de control. La reacción debe ser inmediata, ya que la amenaza se fortalece todos los días y nos acercamos peligrosamente a otros escenarios ya descritos con el riesgo de hacerse irreversible.
Quienes proponen militarizar la lucha contra el narcotráfico, no trepidan en exponer a las Fuerzas Armadas a una gestión de alto riesgo, no solo por los altos umbrales de victimización que podrían generar, sino al riesgo de ser cooptadas, corrompidas y neutralizadas. No sería, obviamente, por falta de precedentes al respecto. Además, estas personas son incapaces de aportar un análisis que tome en cuenta la complejidad del fenómeno, suficientemente analizado, sino que recurren a lo que su triste sentido común les dicta: una generalización gruesa y superficial aferrada a lo que parece evidente. Lamentablemente estas personas son legisladores ygeneradores de normas y por lo tanto deberían fortalecer nuestra democracia, y no crear un escenario de alto riesgo lo que pudiera convertirse en la destrucción de parte importante de nuestras Fuerzas Armadas.
