Hay cambios históricos que llegan haciendo ruido. Se anuncian con discursos encendidos, rupturas institucionales o imágenes que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva. La caída de un muro, el sonido de los tanques avanzando hacia un palacio presidencial o la clausura de un parlamento permiten reconocer inmediatamente que una época terminó y otra comenzó. Son acontecimientos tan visibles que nadie necesita explicarlos. La historia parece hablar por sí sola.
Pero existen otras transformaciones mucho más difíciles de reconocer. No irrumpen con estridencia ni alteran de un día para otro el funcionamiento formal de las instituciones. Se instalan lentamente, casi en silencio, mientras la vida cotidiana continúa con aparente normalidad. Las elecciones siguen realizándose, los tribunales permanecen abiertos, los periódicos continúan circulando y el Congreso mantiene sus sesiones. Todo parece seguir igual. Sin embargo, bajo esa apariencia de continuidad comienza a desplazarse algo mucho más profundo: la manera en que una sociedad entiende el poder, la libertad y el papel que debe cumplir el Estado.
Quizá ese sea uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. No preguntarnos únicamente cuándo una democracia deja de existir, sino comprender cómo puede comenzar a transformarse sin dejar de parecer una democracia.
La respuesta no suele encontrarse en los grandes discursos, sino en la vida cotidiana. La democracia se experimenta cuando una familia calcula si podrá llegar a fin de mes, cuando un trabajador se pregunta cuánto tiempo conservará su empleo, cuando una persona mayor espera una atención médica o cuando unos padres intentan decidir si podrán seguir financiando los estudios de sus hijos. Allí, en esas decisiones aparentemente pequeñas, el Estado deja de ser una abstracción jurídica para convertirse en una presencia concreta que protege, acompaña o, por el contrario, deja solos a quienes deben enfrentar incertidumbres que superan ampliamente sus capacidades individuales.
Durante buena parte del siglo XX esa fue una de las grandes promesas de las democracias modernas. Después de las guerras mundiales y de las grandes crisis económicas, numerosos países llegaron a una conclusión semejante: la libertad política resultaba insuficiente si millones de personas vivían permanentemente expuestas al miedo de enfermar, perder el trabajo, envejecer sin protección o quedar excluidas de las oportunidades básicas. La expansión de la seguridad social, de la educación pública, de los sistemas de salud y de las políticas de protección laboral respondió precisamente a esa convicción. La democracia no consistía únicamente en elegir gobernantes; también implicaba construir instituciones capaces de amortiguar riesgos que ninguna persona podía enfrentar por sí sola.
Parecía una conquista irreversible.
Sin embargo, casi sin advertirlo, comenzó a instalarse otra manera de entender la relación entre el Estado y la ciudadanía. No llegó mediante una revolución ni a través de un golpe de Estado. Llegó envuelta en el lenguaje de la eficiencia, la responsabilidad fiscal, la modernización y la libertad económica. Poco a poco comenzó a consolidarse la idea de que muchas incertidumbres que antes eran consideradas responsabilidades compartidas debían volver a ser administradas individualmente. El desempleo, la vivienda, la salud, la educación o las pensiones dejaron de entenderse exclusivamente como desafíos colectivos para transformarse, cada vez con mayor frecuencia, en problemas cuya solución dependería principalmente de las capacidades económicas de cada familia.
Con ello también cambió el lenguaje de la política.
Sin que desaparecieran los problemas económicos, el centro del debate comenzó a desplazarse hacia la seguridad, el control migratorio, la delincuencia, la identidad nacional y la existencia permanente de amenazas que parecían exigir una presencia más intensa del Estado. No se trata de un fenómeno exclusivamente chileno. Con matices distintos, procesos semejantes pueden observarse en Estados Unidos, Hungría, Italia, Argentina y otros países. Cada experiencia responde a su propia historia, pero todas parecen compartir una característica común: la estabilidad política comienza a descansar menos sobre la promesa de bienestar y más sobre la capacidad de administrar el miedo y ofrecer certezas en un mundo percibido como crecientemente incierto.
Fue entonces cuando volví a leer a George Orwell.
Durante años pensé que 1984 era simplemente una novela sobre los totalitarismos del siglo XX. Con el tiempo comprendí que esa lectura era demasiado estrecha. Orwell no estaba describiendo únicamente una dictadura; estaba formulando una pregunta mucho más inquietante: ¿qué ocurre cuando el poder consigue modificar lentamente la manera en que las personas interpretan la realidad y organizan su propia conducta?
Su gran intuición no fue imaginar cámaras vigilándolo todo. Fue comprender que el poder alcanza su máxima eficacia cuando ya no necesita intervenir permanentemente porque las personas comienzan a anticipar las consecuencias de sus actos. El miedo deja de depender exclusivamente del castigo. Se transforma en cálculo. El ciudadano aprende qué conviene decir, qué resulta prudente callar y cuáles son los límites invisibles dentro de los cuales puede desenvolverse sin exponerse a riesgos innecesarios.
Décadas después, Michel Foucault llegó a una conclusión sorprendentemente parecida. Mientras Orwell observaba el lenguaje, Foucault estudiaba la disciplina. Ambos terminaron encontrándose en el mismo lugar: el poder más eficiente no siempre es el que golpea con mayor fuerza; es el que consigue que las personas aprendan a gobernarse a sí mismas.
Sin embargo, esa transformación no ocurre únicamente mediante leyes o instituciones. También depende de las condiciones materiales en que viven las personas. Sabemos hoy, gracias a décadas de investigación sobre comportamiento humano, que vivir bajo incertidumbre modifica profundamente la forma en que tomamos decisiones. Cuando el empleo se vuelve frágil, el costo de la vida aumenta, la vivienda parece inalcanzable y la principal preocupación consiste en llegar a fin de mes, el horizonte comienza a estrecharse. La energía que antes podía destinarse a imaginar proyectos de largo plazo termina absorbida por la administración de urgencias inmediatas.
Quizá ahí comienza una de las transformaciones menos visibles de las democracias contemporáneas.
No solo se distribuyen ingresos.
También se distribuye incertidumbre.
Y la manera en que una sociedad reparte esa incertidumbre determina quién puede planificar el futuro con relativa tranquilidad y quién vive obligado a administrar riesgos que antes eran amortiguados colectivamente.
Fue esa pregunta la que me llevó a observar con otros ojos el caso chileno.
No para demostrar una conclusión previamente escrita, sino para preguntarme si esas transformaciones generales encontraban alguna expresión concreta en nuestra realidad reciente.
Los datos, por sí solos, no permiten afirmar que Chile esté viviendo una transformación histórica. Sería intelectualmente deshonesto llegar a una conclusión de esa magnitud a partir de apenas unos meses de gobierno. Sin embargo, cuando esos antecedentes comienzan a dialogar entre sí, dejan de parecer episodios aislados y empiezan a dibujar un patrón que merece ser observado con atención.
Mientras el Ejecutivo impulsa una agenda destinada a ofrecer mayor estabilidad tributaria y regulatoria para estimular la inversión de largo plazo, otra realidad comienza a hacerse visible en la vida cotidiana de muchas familias. El empleo pierde dinamismo, el crecimiento proyectado se desacelera, la inflación continúa presionando el presupuesto doméstico y numerosos municipios advierten crecientes dificultades para sostener servicios que constituyen la primera puerta de entrada del Estado hacia la ciudadanía.
Quizá no se trate únicamente de una política económica distinta. Quizá estemos frente a una manera diferente de comprender cuál debe ser la función del Estado en una democracia.
Durante décadas discutimos cómo distribuir mejor la riqueza. Hoy comienza a instalarse otra discusión, mucho menos visible, pero probablemente igual de decisiva: la distribución de la incertidumbre. Porque mientras algunos actores económicos reciben reglas estables para planificar inversiones que se proyectan por décadas, una parte importante de la sociedad continúa enfrentando un horizonte marcado por la fragilidad del empleo, el aumento del costo de la vida y la dificultad para anticipar con cierta tranquilidad el futuro inmediato.
No es una afirmación concluyente. Es una hipótesis que recién comienza a tomar forma y que deberá seguir contrastándose con evidencia. Pero precisamente por eso resulta importante formularla ahora, cuando el proceso todavía está en desarrollo y no cuando sus efectos se hayan vuelto irreversibles.
Tal vez la discusión de fondo nunca fue si el Estado debía ser más grande o más pequeño. Esa ha sido, durante demasiado tiempo, una pregunta que simplifica una realidad mucho más compleja. Lo verdaderamente relevante parece ser otra cosa: ¿en qué ámbitos el Estado decide desplegar toda su capacidad y en cuáles opta por retirarse? Porque un Estado puede reducir su intervención económica y, al mismo tiempo, fortalecer significativamente sus capacidades de control, vigilancia y seguridad. No desaparece. Cambia de prioridades.
Y es justamente allí donde comienza a emerger la pregunta que atraviesa este ensayo. Las democracias rara vez cambian de un día para otro. Antes de que se modifiquen las instituciones suele modificarse aquello que una sociedad considera urgente proteger. Cambian las prioridades del debate público. Cambia el lenguaje con que se nombran los problemas. Cambia la forma en que las personas aprenden a convivir con el miedo y la incertidumbre. Solo mucho tiempo después descubrimos que, casi sin advertirlo, también había comenzado a cambiar la democracia.
