Analista.
Cristián Barra, el ex delegado presidencial por La Araucanía, dijo que la participación de las Fuerzas Armadas: “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en los distritos, regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quiere”. Decir las cosas como son le costó el cargo, porque ante el incremento y el desborde de la violencia en la zona, el gobierno quedó sin conducta.
En La Araucanía está en desarrollo un proyecto insurgente.
Atacan a las grandes empresas madereras que han ocupado espacios que ellos definen que les han sido usurpados, pero no atacan directamente a estas, sino a la gran cantidad de medianos y pequeños empresarios que trabajan para ellas, ya sea en cosechas, mantención o transporte de madera. La idea es hacer imposible el funcionamiento de los negocios en la zona.
Esta conducta está siendo confrontada por el gobierno que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y asegurar el desarrollo empresarial.
El gobierno sabe perfectamente lo que no quiere que ocurra en la zona: la discusión de la tenencia de la tierra. También ignora formas distintas de enfrentar el conflicto, modalidades que se han explicitado hasta la saciedad por múltiples analistas del fenómeno. O simula que las ignora para evitar resultados contraproducentes con sus intereses. No encuentra cómo aplicar la violencia sin costos.
Su último esfuerzo fue el intento revelado por Barra -hoy de nuevo en su puesto en el Ministerio del Interior con jugoso sueldo-: integrar a las Fuerzas Armadas al conflicto sobre la base de un truco que ellas comprenden perfectamente y que las hace ser renuentes a una participación directa. Se lo dijeron directamente a Cristián Barra. Finalmente, los intentos lograron sólo apoyo a las policías. No se les señalan misiones específicas ni se les ofrece apoyo político ex post. En plena protesta social, un general dijo que no estaba en guerra con nadie, cuando el Presidente anunciaba que estaba en guerra contra un enemigo poderoso.
Quiero decir que no se puede vincular a las Fuerzas Armadas a un conflicto insurgente, contra una fuerza beligerante, sin un plan contrainsurgente.
Un plan contrainsurgente es un episodio de guerra, irregular, pero guerra. Las Fuerzas Armadas lo saben perfectamente. Para el gobierno, es un gran problema y el origen de su indecisión es el hecho de que en un escenario de guerra contra insurgente, debe asumir las consecuencias políticas de los resultados. Parece una exageración pero veamos los hechos.
Hasta ahora, los golpes de mano de los grupos insurgentes no han podido ser contenidos, las acciones son crecientes, solo basta mirar las quejas de los afectados que se han multiplicado exponencialmente y sus dichos cada día más duros y ofensivos contra el gobierno. Han surgido armas de mayor calibre las cuales están siendo usadas sin restricción en los ataques incendiarios y contra las policías con resultado de muerte. Se va ampliando lo que ellos denominan, el TOM, el Teatro de Operaciones Militares, su objetivo es lograr la dispersión de las fuerzas antagonistas. Ha crecido la identidad de los blancos atacados agregándose casas particulares y emprendimientos no madereros, se ha empezado a atacar antenas telefónicas con una intencionalidad obvia, se agrega acciones de masas a través de tomas de terreno, usurpación de predios e inicio de faenas agrícolas en ellos. El gobierno responde principalmente con querellas, de lo cual se quejan los afectados y con acciones policiales a las cuales desea ahora agregar militares en un formato extraño.
Si los uniformados llegaran a intervenir de verdad, lo harán aplicando un formato contra insurgente que es de manual: cerco estratégico para aislar la zona de combate, controlar a la población civil, operaciones veloces dentro del cerco bajo el formato de búsqueda, captura y destrucción. Uso intensivo de inteligencia táctica para anticipar los golpes adversarios, introducción de altas tecnologías (las cuales se supone que ahora aportan a Carabineros), cercos y allanamientos, emboscadas e, inevitablemente, enfrentamientos con resultado de muertos y heridos. Vale decir retrasar por años la posibilidad de una resolución pacífica del conflicto.
Piñera terminaría su fracasado período dejando tras de sí una catástrofe.
La fuerza policial no ha sido creada para la contra insurgencia y también es iluso darle esa capacidad sobre la marcha. Los componentes políticos frenan la decisión gubernamental y eso es de gran relevancia. Los grupos insurgentes estarían contando con el escenario político a su favor ya que sujetan al gobierno que tampoco desea echarse encima la responsabilidad.
Es decir, palos de tuerto, tratando de pegar donde sólo puede o quiere ver, o sea la mitad de lo que lo amenaza. Además, no ha logrado encontrar una mano de gato dispuesta a sacar las castañas, porque jamás será la suya.
