Periodista.
La indignación, el dolor y la angustia apareció progresivamente en la ciudadanía al conocerse -gracias a una investigación periodística- que decenas de abusadores de niños se encontraban caminando libres por las calles del país. Peor aún, muchos de ellos regresando a sus antiguos barrios, aterrorizando a sus víctimas y sus familias, a las cuales no se les había informado previamente que estos delincuentes quedarían libres.
Es que lo ocurrido con la decisión del ministro de Justicia Fernando Rabat y su subsecretario Luis Silva, de firmar decretos rebajando penas de violadores, pedófilos y entremedio, de acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, fue escalando en intensidad a medida que se comenzaron a conocer detalles y alcances que estaban en la sombra. Es la rebaja de penas de 33 abusadores identificados, que según los informes que ahora se conocen, son delincuentes con alto riesgo de reincidencia y sin arrepentimiento.
El ministro compareció el miércoles en el Congreso para explicar lo que para muchos es inexplicable: ¿por qué rebajó -él y su subsecretario- las condenas de 56 pedófilos y abusadores de niños? ¿Por qué, además, incorporaron en el beneficio a delincuentes del crimen organizado y lo que es peor, a torturadores? Por eso es que luego de escuchar los descargos del secretario de Estado, las bancadas parlamentarias de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados confirmaron la decisión de impulsar una Acusación Constitucional en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis.
Fue una decisión de toda la oposición unida. Las bancadas que congregan al Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana y Partido Liberal— fundamentan la presentación jurídica en las causales de infracción a la Constitución y la ley, en inejecución de las leyes, argumentando un notable abandono de deberes en la tutela de la seguridad e integridad de la niñez y la infancia.
Ha llamado la atención de analistas y expertos políticos que prácticamente todos los días se conoce un nuevo hecho que complica al gobierno en este tema. De hecho, el subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval, solicitó expresamente que se mantuviera en reserva la tramitación judicial relacionada con la rebaja de condena de un exagente de la CNI. El caso corresponde a César Luis Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado a diez años y un día de presidio por el secuestro calificado de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, detenidos y desaparecidos en septiembre de 1987.
En un escrito presentado ante la justicia, el subsecretario solicitó textualmente: “Solicito que este recurso se tramite de forma reservada, disponiendo que la carpeta electrónica respectiva no sea de acceso público”. Es decir, pidió que la ciudadanía no pudiera consultar públicamente los antecedentes del recurso judicial. ¿Una intención de ocultamiento indebido por parte de esta autoridad de gobierno?
Un abogado socialista consultado señaló que había una pregunta que el subsecretario Silva debería responder públicamente: ¿Qué razón jurídica concreta justificaba impedir el acceso público a la carpeta judicial de un condenado por la desaparición de cinco personas? Porque a su juicio, esa respuesta es indispensable para determinar si se trató de una solicitud procesal justificada o de un intento de evitar el escrutinio público. La solicitud de reserva presentada por Silva en uno de los procedimientos agrega una interrogante sobre la transparencia de estas actuaciones.
Sospechas y dudas
Estos hechos, tan lamentables para las víctimas, han prendido alarmas y sospechas en la oposición. Para Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana y exministra del Trabajo, la situación denunciada es especialmente grave. Ella sospecha que el gobierno de José Antonio Kast estaría utilizando las rebajas de condenas como una fórmula para liberar a violadores de derechos humanos de la dictadura, evitando tener que conceder indultos presidenciales como le piden insistentemente los ultraderechistas del gobierno.
El miércoles 28 de octubre de 2026, durante el programa El Primer Café de Radio Cooperativa, la dirigente DC sostuvo: “Creo personalmente que es una definición política de ir avanzando en aspiraciones, particularmente, respecto de crímenes de lesa humanidad…” Y agregó: “Creo que hay una definición que está revestida de otras características”. Es decir, su planteamiento es que las rebajas de condenas podrían responder a una estrategia política deliberada y no simplemente a decisiones administrativas o jurídicas independientes.
Para Alejandra Krauss, el objetivo sería cumplir los compromisos adquiridos durante la campaña presidencial con los condenados por crímenes de lesa humanidad, pero sin pagar el costo político de otorgarles indultos. Una rebaja de condena significaría que puede tramitarse mediante procedimientos administrativos y judiciales, sin que el presidente tenga que firmar personalmente un indulto. Así, el Ejecutivo podría conseguir un resultado semejante —la salida anticipada de determinados condenados— mediante un procedimiento menos visible políticamente.
¿En qué basa su sospecha y sus dudas? Alejandra Krauss, de profesión abogada, destacó una contradicción en los argumentos utilizados por el subsecretario Luis Silva. Dijo que, en determinados decretos, Silva fundamentó sus decisiones en la ausencia de una jurisprudencia uniforme, mientras que en otros sostuvo precisamente lo contrario: que sí existía jurisprudencia uniforme. Y afirmó que el gobierno pudo optar por no conceder determinadas rebajas y que esa posibilidad de elegir demuestra que las decisiones no necesariamente fueron automáticas, sino que pudieron responder a una orientación política.
El subsecretario
La actuación y la historia del subsecretario llama a sospecha. El 30 de abril de este año, Silva firmó un informe favorable a la reducción de la condena. El 19 de mayo, la Corte de Apelaciones ordenó al Ministerio de Justicia pronunciarse sobre la solicitud, pero no le ordenó conceder el beneficio. Al día siguiente, el ministro subrogante Pablo Mira firmó el decreto que rebajó la condena en 19 meses, lo que permitió considerar cumplida la condena del exagente.
Silva alcanzó notoriedad nacional durante el segundo proceso constituyente de 2023, cuando fue elegido consejero constitucional por el Partido Republicano. Y en realidad su figura es controversial por sus declaraciones sobre Augusto Pinochet, sus posiciones contrarias al aborto y su concepción de la familia, la religión y el papel del Estado.
Este subsecretario estudió en el Colegio del Verbo Divino de Santiago y posteriormente Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se tituló de abogado en 2004 y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes en 2009. Es miembro numerario del Opus Dei, organización ultra católica caracterizada por una formación religiosa exigente. Los numerarios asumen el compromiso de vivir en celibato y dedicar su vida al apostolado de la organización, habitualmente manteniendo sus profesiones. Y Silva ha hablado públicamente de esta pertenencia.
En el documental El Opus Dei en Chile: una cruzada silenciosa, de Marcela Said, explicó que su interés político incluía influir en las leyes para que fueran acordes con la moral. Esto es relevante, porque muestra que su concepción del derecho está relacionada con convicciones religiosas y filosóficas profundas.
En mayo de 2023, durante el proceso constitucional, Silva declaró públicamente que admiraba a Augusto Pinochet como estadista, lo que provocó fuertes críticas en el escenario político por su postura sobre los derechos humanos.
