Periodista.
En las batallas casi diarias de las derechas por derrotar a como de lugar al Presidente Boric y su gobierno, el cruel asesinato de tres carabineros en Cañete, fue la excusa perfecta para aprovechar el momento de mostrarse ante los ciudadanos como los grandes defensores de Carabineros y FF.AA. Montaron un verdadero show al presentar, entre gallos y medianoche, una indicación reponiendo la justicia militar para enjuiciar a civiles y uniformados en casos en que ambos estén involucrados.
Tal parece que fue un paso medio en falso de las derechas, al menos en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada por Amarillos, Demócratas, Chile Vamos y Republicanos, durante la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), fracasó. Por ahora. Porque el intento continuará esta semana en el Senado, donde todo indica que podría aprobarse, gracias al acomodaticio voto de la senadora y líder del partido Demócratas, Ximena Rincón, que en el último tiempo no pierde oportunidad para hacer gestos favorables a sus actuales compañeros de ruta. Es que ese apoyo lo necesita imperiosamente para no desaparecer en el país y ella particularmente en la Cámara Alta en un futuro no tan lejano.
Cuando ocurrió la votación en Sala de la Cámara, donde se rechazó por apenas un voto – 72 a favor, 71 en contra–, quedó en evidencia que las derechas tienen todo el poder de los votos parlamentarios y solo por situaciones fortuitas no logran todo lo que quieren en ambas Cámaras. Ello es otra muestra más de lo difícil, sino imposible, que será aprobar las reformas del gobierno para beneficiar a los adultos mayores y para qué decir del pacto fiscal que se necesita para solventar, por ejemplo, los problemas en la salud de los chilenos.
Volver a los 80
Entonces, la situación vivida esta semana prendió todas las alarmas en los demócratas de verdad, conscientes del retroceso que ello representaba. Felizmente, en algunos la memoria no se ha perdido. Surgió de inmediato la imagen de lo ocurrido en la dictadura con la justicia militar, en aquella época tenebrosa por ejemplo, del tristemente recordado Fiscal Torres.
Para el ministro de Justicia, Luis Cordero, la moción presentada “es un gran retroceso en el sistema institucional». «Esta fuera de toda discusión, por cierto, que nosotros tenemos que dictar Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)». Y añadió que «las razones por las cuales puede intervenir la justicia militar son cualificadas. Habitualmente tienen que ver con delitos militares, no con delitos comunes. En el caso de tiempos de guerra eso es evidente. En de paz, en el caso de delitos comunes en que puede intervenir, lo que establece la legislación, es que son aquellos casos que ocurren dentro de un establecimiento militar o respecto de recursos militares».
El Secretario de Estado agregó que “la justicia militar tiene un sistema de organización que no garantiza imparcialidad e independencia». «Opera sobre la base de miembros de las FF.AA. que no tienen inamovilidad judicial. Entonces, descansa en un sistema extremadamente frágil, tan frágil que durante largos años los especialistas de todas las tendencias políticas han estado de acuerdo en que es un ámbito que hay que reformar». El Ejecutivo impuso reserva de constitucionalidad en el trámite. Era demasiado permitir una “justicia especial”, donde los acusados serían juzgados por miembros de la institución a la que pertenece el uniformado involucrado en un presunto delito.
Ante la aseveración de los parlamentarios de derecha en el sentido que reponer la justicia militar tendría por objeto “defender” a los uniformado en situaciones en que hayan debido utilizar la fuerza y sean sometidos a los tribunales, el periodista Rafael Cavada recordó en las redes sociales que ningún uniformado involucrado en situaciones como las descritas, ha sido encarcelado o se le ha quitado su trabajo, desde el año 2012. Ninguno. Ni siquiera quien fue acusado por los hechos de Panguipulli, quien quedó en libertad absoluta, porque su actuación se consideró “en defensa propia”.
Desconfianza en la justicia civil
Así las cosas, el diputado Andrés Jouannet, otrora “chascón” de la DC y hoy fervoroso militante más que de Amarillos, de la derecha, defendió con pasión la idea de reponer la justicia militar durante el debate de las RUF. No sólo eso. Al conocer las opiniones que comenzaron a entregar distintos militantes de su partido, enfatizó que “los diputados no podemos recibir órdenes de partido, porque eso es ilegal, aunque la opinión de los militantes es válida”. El diputado tozudamente defendió su posición frente a la ola de críticas que levantó su actuación.
En particular, la opinión de la hija del ex Presidente Aylwin, quien opinó en el chat de su partido: “Estoy completamente en desacuerdo con la idea de restablecer la justicia militar. Lo de la certeza para actuar de las FF.AA., que es el único argumento, devela desconfianza en la justicia civil y deseos de impunidad. Además, es remover un tema sobre el cual hubo 20 años de debate”. Y luego agregó: “lo peor es que el presidente del partido (Andrés Jouannet) aparece como vocero de la iniciativa”. Junto con eso, reclamó que “cuando pedí argumentos, salvo Iris (Boeninger), que tiene una opinión distinta y legítima pero no es de la directiva, contestó. No se puede funcionar bajo la discrecionalidad de criterio en un tema que nos involucra como partido. Para mí, este es un punto que me parece grave”.
Tomás Aylwin, por su parte, escribió: “Me gustaría plantear un tema que me preocupa profundamente: Amarillos por Chile es un partido de centro, que proviene principalmente de la Concertación, que (…) tuvo, entre sus objetivos y logros pasar a Carabineros y militares al conocimiento de la justicia civil. Parte de nuestra oposición al mamarracho plurinacional fue precisamente argumentando que nos resultaba inadmisible tener justicias paralelas (…) ¿Qué pasó aquí? Esto va directamente en contra de todo lo que hemos planteado los últimos 30 años”.
