La parlamentaria socialista criticó el recorte en el Fondo de Tierras y aguas indígenas en casi 30 mil millones de pesos, las rebajas en las becas indígenas, una importante rebaja al Programa de Desarrollo Territorial indígena (PDTI-Prodesal) y la disminución de 347 mil millones de pesos en el Plan Buen Vivir.
La diputada Mapuche Emilia Nuyado, denunció que el gobierno del presidente Kast busca debilitar derechos sociales de los Pueblos Indígena, al realizar importantes recortes a distintas políticas indígenas.
La parlamentaria manifestó su preocupación luego de conocer el presupuesto para el año 2027 donde “se rebajan en casi 30 mil millones de pesos, los recursos para la compra de tierras indígenas, lo que demuestra un total retroceso a lo que se ha ido trabajando en materia de reparación histórica al pueblo mapuche”.
“Además vemos como la pequeña agricultura familiar campesina e indígena sufre un impacto directo, bajando los recursos en todos los programas de Indap y en particular el Programa de Desarrollo Territorial Indígena que disminuye en casi 22 mil millones de pesos para las comunidades” , explicó la diputada Nuyado.
A esto se suma el impacto en la educación y en la niñez indígena con un “recorte de casi 3 mil millones de pesos en el programa de Becas Indígenas de la JUNAEB perjudicando directamente a miles de estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria de nuestros territorios”, explicó la diputada Nuyado.
Frente a estas cifras la legisladora señaló que “el ejecutivo claramente quiere debilitar los derechos y logros adquiridos por los pueblos indígenas. El presupuesto 2027 es la demostración del desprecio que hay desde el gobierno del presidente Kast y la ultraderecha hacia las naciones preexistentes”.
Finalmente, la diputada Emilia Nuyado advirtió que “estas rebajas se suman a los ya conocidos recortes a varios programas en materia de educación, como los Hogares estudiantiles y el programa “Yo Elijo mi PC”, recortes en Vivienda especialmente para aquellos que viven en campamentos, menos recursos en actividades de riego agrícola y el final del plan Buen Vivir. Por eso llamamos al gobierno a dar cumplimiento con el convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado chileno”, concluyó la parlamentaria.
