Periodista.
La Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, recientemente vinculado a los Pandora Papers, escándalo de probidad en el que se informó de movimientos de recursos financieros en paraísos fiscales, por el caso de la venta del proyecto minero Dominga. “Los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación», informó la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
Los documentos filtrados exponen presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal. La misma gestión financiera incluiría condiciones ambientales funcionales al negocio que serían atribución del ejecutivo. Los Pandora Papers también involucran a otros miembros de la élite chilena a través de 12 millones de documentos dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Además de la familia Piñera Morel, se suman empresarios ligados a los grupos Luksic, Délano Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, el albacea de Augusto Pinochet y empresarios dueños de isapres.
En el caso del escenario legal que afectaría al presidente Piñera, el abogado Rodrigo Medina, académico de la Escuela de Derecho de la Academia, cree que el largo historial de irregularidades financieras que antecede a la gestión del empresario en el Ejecutivo, ofrece una especie de precedente relevante. Con los antecedentes que existen e información que se sabe hasta el momento, se pueden vislumbrar algunos hechos que podrían ser constitutivos de delito, asegura. “En un principio las figuras penales que se podrían encontrar allí, con los antecedentes públicos hasta ahora conocidos, son cohecho, tráfico de influencias o negociación incompatible”.
“El cohecho es un ofrecimiento y a la vez una aceptación de recibir un beneficio de cualquier tipo, para que el funcionario público haga o deje de hacer algo que es propio de su cargo. Aquí hay un pago para que el presidente no haga algo y eso es lo propio de un cohecho. Eso se ve bastante claro, el tema es que, al parecer, estaría prescrito”, señala.
Sin embargo, “eventualmente, se podría entender que el presidente tiene un interés o podría haberse interesado en el sentido de considerar la posibilidad de aumentar su patrimonio. Y eso no estaría prescrito porque es algo que todavía está en acto”, cree Medina acerca de la posibilidad de imputar el delito de negociación incompatible. El abogado enfatiza, también, que Sebastián Piñera podría estar incurriendo en otro delito, estipulado en el artículo 240 BIS del Código Penal, que expresa que las penas “serán también aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en este para obtener una decisión favorable a sus intereses”. Es decir, tráfico de influencias.
Un antes y un después tras Pandora Papers
Ante este hito de la corrupción, disciplinas como la administración pública, la auditoría y la ética en los negocios también recogen la relevancia de una discusión relevante. El académico a cargo de la carrera de Auditoría en la UAHC, René González, ve una interesante oportunidad de reformar las prácticas financieras y la transparencia en materia de probidad. “Es momento de analizar, revisar y actualizar procedimientos, técnicas y herramientas utilizadas en la profesión, pero no hay que olvidar que contralores y auditores emiten una opinión respecto de la razonabilidad de estados de situación financiera, integridad de activos, pasivos, patrimonio y resultados de las organizaciones. Nos basamos en evidencia sustentable; por tanto, si no es por alguna casualidad, será difícil trabajar con entidades opacas y poco transparentes”, declara ante esta falta de zonas de claridad ante las cuales operar.
“La reforma de las prácticas financieras y la transparencia en materia de probidad de nuestras autoridades deben provenir también desde otras instancias. Deben provenir desde las personas en sus comportamientos éticos y probos, desde instancias de instrucción y perfeccionamiento profesional, desde las instituciones que tienen como primera prioridad el desarrollo y perfeccionamiento de personas profesionales formadas desde la ética y las buenas costumbres. Creo que el problema es más profundo y se requiere de una honda reflexión en cómo estamos preparando a nuestros futuros líderes y expertos”, señala ante la separación que los acusados quieren hacer entre autoridad y negocio personal.
Sobre esta misma diferenciación, el Doctor en Ética y Democracia, Álvaro Ramis, también considera que estamos ante un antecedente inédito. “No estamos ante un nuevo juicio político o un hecho referente a su gestión ejecutiva, sino que se trata de los negocios del señor Sebastián Piñera. No del presidente Piñera. Algo relevante de separar y que nos exige una identificación estricta entre el interés público y el privado como primera conclusión. En segundo lugar, y en ese mismo sentido, un Presidente de la República imputado por acciones personales no debería recurrir a la protección del aparato del Estado ni ampararse en la institucionalidad gubernamental para acudir en su defensa, sino defenderse como un ciudadano más”, advierte el también rector de la UAHC
El profesor René González señala, desde su experiencia, que la sociedad en general, de comerciantes, pequeña empresa, emprendedores independientes y ciudadanos -a diferencia de las elites empresariales- son quienes menos incurren en estas prácticas opacas. “Suelen ser las grandes organizaciones y parte de la elite empresarial, la de mayores recursos, las que recurren a cuerpos de expertos consultores para salvar conceptos de evasión y hacerlos pasar como planificación tributaria. Es lo que ha sucedido con el uso indebido de Paraísos Fiscales para eludir impuestos o el uso indiscriminado de boletas de honorarios ideológicamente falsas”, explica.
Sobre atajos a este tipo de vicios, los académicos de la UAHC sostienen que una nueva forma de entender, prácticas y proyectar los negocios, parece ser una solución viable. Particularmente a partir de los años formativos de estos/as profesionales. “Casos como lo que han revelado los Pandora Papers, nos instala el deber de formar personas con criterios de negocios diferentes al de las últimas décadas que ha llevado a que se imponga un prejuicio ante carreras económicas o de administración pública, por ejemplo, donde se presume la preparación para maximizar el interés privado. Hablamos de ingenieros/as comerciales, administradores/as y auditores/as que aporten con la capacidad de administrar bienes y recursos a favor de los intereses públicos, la sociedad y sus comunidades”, reflexiona Ramis.
